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    EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN: UN TEMA DE EDUCACIÓN

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    El Derecho de Acceso a la Información Pública, es un derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1; en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Particular del Estado de México. La importancia de una educación en Derechos Humanos, pero sobre todo en la importancia de que los ciudadanos tengan acceso a la información pública, siendo, el Derecho de Acceso a la Información el derecho humano a tutelar. Con base en mi experiencia, el derecho humano al accedo a la información, aún se encuentra en trámite, esto en razón de que los Sujeto Obligados, se encuentran (aun) renuentes a entregar información que es pública, podríamos dar un sin número de ejemplos, sin embargo en este artículo solo mencionare algunos. Dando como resultado que el Derecho de Acceso a la Información, es un derecho humano constreñido en nuestra constitución y con legislación específica, aunado a que, la sociedad como sujetos obligados debemos tenemos conciencia de nuestro entorno, es por eso la importancia de la educación como pilar fundamental para el acceso a la información pública dentro del comportamiento de la sociedad.La presente obra se enfoca en la relación de la educación con el derecho al acceso la información, derecho humano que cuenta la sociedad a estar informado sobre el actuar del Estado. Esto, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual indica que es la garantía fundamental que toda persona tiene a atraerse de información, a informar y a ser informada. Así pues, debido a la complejidad del término "educación", se hace necesario el empleo de distintas perspectivas de análisis para lograrlo, por lo cual, vamos a utilizar el enfoque desde el área de los Derechos Humanos, vinculado en el Derecho de Acceso a la Información, esto, en razón de la importancia de la educación en Derechos Humanos a su vez en el Derecho de Acceso a la Información

    ACCIÓN PÚBLICA PARA EVITAR EL CONSUMO DE DROGAS: CÓMO ASEGURAR LA FUNCIÓN GUBERNAMENTAL EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO

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    El surgimiento del consumo de las drogas, es un problema social iniciado en los años 60 y en forma masiva se inicia con la marihuana durante la década de los 70, llevando a cabo los Estados acciones para prevenir el problema, y combatir el narcotráfico y fue en los 80, que irrumpe el tráfico de cocaína. os Derechos Humanos, son un conjunto de atribuciones y facultades que son inherentes a la naturaleza de la persona humana, reconocidos o no por la ley, pero que son necesarios para el desarrollo integral del individuo. Desde una visión holística los Derechos Humanos tienen múltiples referentes, no pueden ser reducidos a una dimensión: Pueden entenderse como producto histórico; como códigos éticos; como respuestas a necesidades sociales, como producto de decisiones económicas y políticas; y como normas jurídicas. El derecho y la ética hay que desprender motivos de meditación y acción para el quehacer cotidiano en el ámbito de la salud y el jurídico. El estudio del ejercicio médico, desde el punto de vista ético en México, se ha hecho principalmente por los médicos, no por los juristas. A aquéllos ha correspondido una indagación profunda y rigurosa respecto de la proximidad y tratamiento de la vida, del contenido ético de las profesiones involucradas. El creciente consumo de drogas a nivel mundial ha llevado a los Estados a que se tomen medidas que frenen este problema, sin embargo a pesar de las políticas públicas implementadas el consumo ha ido en ascenso de acuerdo con los datos reportados por los observatorios nacionales como internacionales, las instituciones de salud y de seguridad en México. El impacto a nivel nacional y en el Estado de México sobre consumidores de drogas ilegales, es significativo y requieren intervención urgente. El reconocimiento de la salud como derecho se está asegurando que el objeto y fin del derecho queden protegidos y se garanticen; y que las obligaciones que adquieren los Estados respecto a este derecho no puedan ser considerados como deberes transitorios susceptibles a ser removidos de acuerdo a las nuevas políticas económicas o sociales impuestas. Más bien las estrategias que un Estado quiera establecer deberán ser diseñadas de manera que se respeten y cumplan los deberes adquiridos con el reconocimiento del derecho. En especial, 32 porque la base que sostiene a la salud como derecho humano está ligada a la existencia misma del ser humano y a su completo desarrollo. En el Estado de México, el Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional de la entidad el 31 de marzo de 2014 presentó una iniciativa con la cual reforma el Código de Procedimientos Penales, con la cual se adicionó al Título Octavo el Capítulo V, denominado Suspensión Condicional del Procedimiento a Prueba para Personas con Adicciones, medida que vino a impulsar la creación de los Tribunales de Tratamiento de Adicciones. Iniciativa que fue aprobada por la Legislatura del Estado, con la cual a partir de 2014, el Estado de México cuenta con este modelo de justicia. La justicia terapéutica es una perspectiva que considera la ley como una fuerza social que produce comportamientos y consecuencias. A veces, estas consecuencias caen dentro del área que denominamos “terapéutica”; en otras oportunidades, se producen consecuencias anti terapéuticas. Los Juzgados o Tribunales de Tratamiento de Drogas, constituyen mecanismos de justicia alternativa, para que las personas que cometen delitos no graves, bajo la influencia de alguna droga legal o ilegal, reciba un tratamiento contra las adicciones, en lugar de una pena privativa de la libertad. Dentro de los objetivos de estos juzgados está la reducción de la reincidencia delictiva, las recaídas en el consumo de drogas y la sobrepoblación de las instituciones carcelarias. Los principios de la justicia terapéutica incluyen: la intervención judicial permanente, monitoreo o supervisión cercana, respuesta inmediata a la conducta, integración del tratamiento con los procesos judiciales, tratamientos multidisciplinarios y colaboración de la comunidad y las organizaciones gubernamentales. Estos principios son utilizados por las cortes especializadas en su funcionamiento. 33 Estos tribunales han sido criticados en México porque no han mostrado la efectividad que se esperaba, los participantes no cumplen con los tratamientos (ya sea por falta a alguna cita o no pasar la prueba antidopaje) son encarcelados y muchas veces el tiempo resulta ser mayor que los que no participaron en el programa.El consumo de drogas ilegales cada día se incrementa en un porcentaje considerable a nivel nacional e internacional, diferentes estudios han demostrado que éste consumo se ha dado en mayor medida en poblaciones jóvenes, lo que ha demostrado la ineficacia en las medidas adoptadas por los gobiernos para combatir esta problemática, que se ha convertido en un problema de salud pública y que las políticas implementadas en esta materia han sido insuficientes. El problema mundial de las drogas, se define en las Declaraciones de Naciones Unidas: la declaración Política de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésimo periodo ordinario de sesiones (1998), y la Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas de la Comisión de Estupefacientes (2009) como: el cultivo, la producción, la fabricación, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, incluidos los estimulantes de tipo anfetamínico, el desvío de precursores y actividades delictivas conexas.1 Por su parte la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), agencia especializada de la Organización de Estados Americanos establece en su Estrategia Hemisférica sobre Drogas, que el problema de las drogas, incluyendo sus costos políticos, económicos, sociales y ambientales, constituye un fenómeno complejo, dinámico y multicultural que impone un desafío a los Estados y a sus gobiernos, lejos de constituir una preocupación local o regional, este problema exige ser abordado de forma integral, equilibrada y multidisciplinaria y requiere, al hacerlo, la responsabilidad común y compartida de todos los Estados2 La información que proporcionan los organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC)3, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual nuestro país es parte desde el 7 de noviembre de 1945, sobre la problemática a nivel mundial sobre el consumo de drogas ilícitas, expone la magnitud del problema multidisciplinario al que nos enfrentamos, mismo que representa un gran reto para todos los países el poder disminuir estas cifras y que a pesar de las medidas implementadas por los Estados no se ha reducido. El problema de las drogas en Europa también ha tenido un ascenso de acuerdo con el Informe Europeo sobre Drogas 2016, elaborado por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA)4, cuyos datos se refieren al 2014, aunque es racionalmente estable no deja de constituir un problema de las agendas públicas, al representar un problema de salud pública. En nuestro país el problema de consumo de drogas ilegales no deja de ser preocupante, si se revisan las estadísticas sobre la prevalencia de la demanda que han tenido todos estos estupefacientes. La salud pública centra su análisis en el problema de las drogas a nivel poblacional5, apoyándose para ello en un conjunto de disciplinas que incluyen las ciencias biomédicas básicas, sociales, económicas, ambientales, políticas y poblacionales, la salud pública busca identificar las necesidades de salud en una población y sus factores determinantes, así como la organización de la respuesta en servicios integrales con base definida de población. Además, el enfoque de salud pública busca asegurar que los daños asociados con las intervenciones de control no sobrepasen los daños de las sustancias mismas. Las cifras sobre prevalencia de consumo de alguna droga, ofrecen una idea del alcance del problema, pero no dan un panorama completo sobre el impacto que tiene sobre la salud y la sociedad. Desde la perspectiva de la salud, el uso de alcohol y otras drogas constituye factores de riesgo importantes para la salud, lo cual se refleja principalmente en días vividos sin salud, pero también y de manera creciente, en la mortalidad.6 El surgimiento del consumo de las drogas, es un problema social iniciado en los años 60 y en forma masiva se inicia con la marihuana durante la década de los 70,7 llevando a cabo los Estados acciones para prevenir el problema, y combatir el narcotráfico y fue en los 80, que irrumpe el tráfico de cocaína

    PERSPECTIVA PSICOSOCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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    Hoy en día es imprescindible abordar el problema de los derechos desde una perspectiva holística que integre la posición que el individuo ocupa en la sociedad y el impacto de los hechos sociales sobre su persona. Esta perspectiva va por lo tanto más allá del enfoque clásico de las violaciones a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos sino, también incluye sus derechos económicos, sociales y culturales. Cualquier enfoque de tipo holístico debe entender al ser humano en su ambiente, social, cultural, natural y en función a todas las estructuras existentes, por más sutiles que sean o invisibles que parezcan. Precisamente este libro permite apreciar la dimensión amplia y compleja del ser en sociedad y las interacciones que de ambas partes se generan y las ramificaciones que producen. No es un ejercicio fácil y los editores de este volumen han logrado un salto cuántico al poder congregar en un solo espacio miradas que en otras circunstancias podrían haber sido opuestas y hasta contrarias a nuestra comprensión de problemas que, en efecto, tienen raíces comunes. El libro está dividido en 5 secciones, El espíritu de los tiempos actuales y los Derechos Humanos, Construcción ciudadana y ejercicio de los Derechos Humanos, Violaciones a Derechos Humanos, victimizaciones y su atención, Ejercicio de los Derechos Humanos y situaciones disruptivas y Defensa y defensores de Derechos Humanos.Manuel Gutiérrez Romero Jessica Ruiz Magañ

    Gender Gap in Parental Leave Intentions: Evidence from 37 Countries

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    Despite global commitments and efforts, a gender-based division of paid and unpaid work persists. To identify how psychological factors, national policies, and the broader sociocultural context contribute to this inequality, we assessed parental-leave intentions in young adults (18–30 years old) planning to have children (N = 13,942; 8,880 identified as women; 5,062 identified as men) across 37 countries that varied in parental-leave policies and societal gender equality. In all countries, women intended to take longer leave than men. National parental-leave policies and women’s political representation partially explained cross-national variations in the gender gap. Gender gaps in leave intentions were paradoxically larger in countries with more gender-egalitarian parental-leave policies (i.e., longer leave available to both fathers and mothers). Interestingly, this cross-national variation in the gender gap was driven by cross-national variations in women’s (rather than men’s) leave intentions. Financially generous leave and gender-egalitarian policies (linked to men’s higher uptake in prior research) were not associated with leave intentions in men. Rather, men’s leave intentions were related to their individual gender attitudes. Leave intentions were inversely related to career ambitions. The potential for existing policies to foster gender equality in paid and unpaid work is discussed.Gender Gap in Parental Leave Intentions: Evidence from 37 CountriespublishedVersio

    Gender Gap in Parental Leave Intentions: Evidence from 37 Countries

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    Despite global commitments and efforts, a gender-based division of paid and unpaid work persists. To identify how psychological factors, national policies, and the broader sociocultural context contribute to this inequality, we assessed parental-leave intentions in young adults (18–30 years old) planning to have children (N = 13,942; 8,880 identified as women; 5,062 identified as men) across 37 countries that varied in parental-leave policies and societal gender equality. In all countries, women intended to take longer leave than men. National parental-leave policies and women’s political representation partially explained cross-national variations in the gender gap. Gender gaps in leave intentions were paradoxically larger in countries with more gender-egalitarian parental-leave policies (i.e., longer leave available to both fathers and mothers). Interestingly, this cross-national variation in the gender gap was driven by cross-national variations in women’s (rather than men’s) leave intentions. Financially generous leave and gender-egalitarian policies (linked to men’s higher uptake in prior research) were not associated with leave intentions in men. Rather, men’s leave intentions were related to their individual gender attitudes. Leave intentions were inversely related to career ambitions. The potential for existing policies to foster gender equality in paid and unpaid work is discussed

    Higher COVID-19 pneumonia risk associated with anti-IFN-α than with anti-IFN-ω auto-Abs in children

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    We found that 19 (10.4%) of 183 unvaccinated children hospitalized for COVID-19 pneumonia had autoantibodies (auto-Abs) neutralizing type I IFNs (IFN-alpha 2 in 10 patients: IFN-alpha 2 only in three, IFN-alpha 2 plus IFN-omega in five, and IFN-alpha 2, IFN-omega plus IFN-beta in two; IFN-omega only in nine patients). Seven children (3.8%) had Abs neutralizing at least 10 ng/ml of one IFN, whereas the other 12 (6.6%) had Abs neutralizing only 100 pg/ml. The auto-Abs neutralized both unglycosylated and glycosylated IFNs. We also detected auto-Abs neutralizing 100 pg/ml IFN-alpha 2 in 4 of 2,267 uninfected children (0.2%) and auto-Abs neutralizing IFN-omega in 45 children (2%). The odds ratios (ORs) for life-threatening COVID-19 pneumonia were, therefore, higher for auto-Abs neutralizing IFN-alpha 2 only (OR [95% CI] = 67.6 [5.7-9,196.6]) than for auto-Abs neutralizing IFN-. only (OR [95% CI] = 2.6 [1.2-5.3]). ORs were also higher for auto-Abs neutralizing high concentrations (OR [95% CI] = 12.9 [4.6-35.9]) than for those neutralizing low concentrations (OR [95% CI] = 5.5 [3.1-9.6]) of IFN-omega and/or IFN-alpha 2

    In-situ estimation of ice crystal properties at the South Pole using LED calibration data from the IceCube Neutrino Observatory

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    The IceCube Neutrino Observatory instruments about 1 km3 of deep, glacial ice at the geographic South Pole using 5160 photomultipliers to detect Cherenkov light emitted by charged relativistic particles. A unexpected light propagation effect observed by the experiment is an anisotropic attenuation, which is aligned with the local flow direction of the ice. Birefringent light propagation has been examined as a possible explanation for this effect. The predictions of a first-principles birefringence model developed for this purpose, in particular curved light trajectories resulting from asymmetric diffusion, provide a qualitatively good match to the main features of the data. This in turn allows us to deduce ice crystal properties. Since the wavelength of the detected light is short compared to the crystal size, these crystal properties do not only include the crystal orientation fabric, but also the average crystal size and shape, as a function of depth. By adding small empirical corrections to this first-principles model, a quantitatively accurate description of the optical properties of the IceCube glacial ice is obtained. In this paper, we present the experimental signature of ice optical anisotropy observed in IceCube LED calibration data, the theory and parametrization of the birefringence effect, the fitting procedures of these parameterizations to experimental data as well as the inferred crystal properties.</p

    TRY plant trait database – enhanced coverage and open access

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    Plant traits - the morphological, anatomical, physiological, biochemical and phenological characteristics of plants - determine how plants respond to environmental factors, affect other trophic levels, and influence ecosystem properties and their benefits and detriments to people. Plant trait data thus represent the basis for a vast area of research spanning from evolutionary biology, community and functional ecology, to biodiversity conservation, ecosystem and landscape management, restoration, biogeography and earth system modelling. Since its foundation in 2007, the TRY database of plant traits has grown continuously. It now provides unprecedented data coverage under an open access data policy and is the main plant trait database used by the research community worldwide. Increasingly, the TRY database also supports new frontiers of trait‐based plant research, including the identification of data gaps and the subsequent mobilization or measurement of new data. To support this development, in this article we evaluate the extent of the trait data compiled in TRY and analyse emerging patterns of data coverage and representativeness. Best species coverage is achieved for categorical traits - almost complete coverage for ‘plant growth form’. However, most traits relevant for ecology and vegetation modelling are characterized by continuous intraspecific variation and trait–environmental relationships. These traits have to be measured on individual plants in their respective environment. Despite unprecedented data coverage, we observe a humbling lack of completeness and representativeness of these continuous traits in many aspects. We, therefore, conclude that reducing data gaps and biases in the TRY database remains a key challenge and requires a coordinated approach to data mobilization and trait measurements. This can only be achieved in collaboration with other initiatives

    Outcomes from elective colorectal cancer surgery during the SARS-CoV-2 pandemic

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    This study aimed to describe the change in surgical practice and the impact of SARS-CoV-2 on mortality after surgical resection of colorectal cancer during the initial phases of the SARS-CoV-2 pandemic
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