Las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde la perspectiva de la prensa europea

Public relations strategies based on dramatization are key tools to achieving success in electoral campaigns. Press offices play a fundamental role as theatre directors, turning their leaders into great actors. What at first glance would look like a theatrical performance is, more than ever, what happened in the US presidential elections. Newspapers are intensifying the use of visual elements to reinforce the news. This research paper analyses 2,463 articles from eight digital newspapers in four countries to learn about the impact of visuals and dramatization on the European press. It seems paradoxical that the progressive newspapers devoted more articles to Trump than the conservative newspapers. A lack of time on the part of the journalists? What is certain is that the visuals prepared by Trump’s press office and his perfectly designed public appearances, were reproduced by the media. The study shows that the progressive newspapers analysed have contributed to giving Trump greater visibility in Europe

Improving future teachers’ digital competence using active methodologies

Contemporary society demands a university education based on active and participatory educational models that enable the development of competences, with digital competence being amongst the most demanded ones. This work presents the results of an educational innovation at the university level. It intends to analyse whether the implementation of an active methodology supported by technological tools in a virtual classroom contributes to students’ digital development. A quantitative methodology with a pre-experimental pretest-posttest design was used. The sample comprised 30 students studying the Curriculum Design module on the Biology and Geology Specialism of the Master’s in Teacher Training at the Universidad Internacional de la Rioja. The results show an improvement in the five areas of the digital competence specified by the Common Framework for Teachers’ Digital Competence (MCCDD) established by Spain’s National Institute of Educational Technologies and Teacher Training (INTEF), with a large effect size. It is concluded that the educational experiment implemented has enabled an increment in the level of digital competence of future teachers

Alimentación, Higiene y Salud: Manual para Maestros

Si estás interesado en el libro consíguelo en www.amazon.esLa mejor garantía para lograr un buen estado de salud y bienestar es adoptar una dieta saludable, seguir las oportunas medidas higiénicas y mantener un adecuado nivel de actividad física. De ahí que la formación en alimentación, higiene y salud de los educadores resulte tan importante, puesto que la escuela se ha convertido en un lugar clave para que el niño adquiera los hábitos saludables que van a perdurar a lo largo de toda su vida. Este manual pretende ser una guía sobre la educación en hábitos saludables para los docentes, que en su quehacer diario debe cumplir una importante función: educar para la salud a las generaciones futuras, fomentar una infancia y una adolescencia saludables, para que tengan una vida mejor y más larga. En sus manos está el desarrollo de una población más sana, más longeva y con mayor calidad de vida. Todos los temas se abordan desde una perspectiva eminentemente práctica, para que el docente pueda adquirir los conocimientos necesarios y sea capaz de organizar actividades en el aula para trabajar estos contenidos con sus alumnos. Para ello se incluyen las secciones denominadas «Consejos para el aula» y «Actividades para el aula», con recomendaciones y ejercicios para desarrollar en clase la temática de cada capítulo

La perspectiva de género: el discurso de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

Toward the end of the 1970s, the process of establishing an institutional framework dedicated to the protection of women’s rights began in Colombia. This process has been characterized by a constant transformation of the national mechanism structure and, at the same time, by the changes in the priorities that said process has placed on the national agenda in relation to the empowerment of women. This article seeks to analyze, in light of the content of international pressures and visions regarding women’s rights, the overall institutional adjustment and the related support for the transformation undertaken by the Presidential Council for Women’s Equality (CPEM). Accordingly, taking into account the priorities outlined in the international framework, it intends to identify the référentiel from which the cpem has been promoting the inclusion of women in the national public policy agenda. Desde finales de los años setenta el Estado colombiano inició el proceso de configuración de la institucionalidad dedicada a la protección de los derechos de las mujeres. Dicho proceso se ha caracterizado por una constante transformación de la estructura del mecanismo nacional y, a la vez, por los cambios en las prioridades que este ha puesto en la agenda nacional en relación con el adelanto de las mujeres. El presente artículo buscará analizar, a la luz del contenido de las exigencias y visiones internacionales en materia de los derechos de las mujeres, el ajuste institucional y el sustento de la transformación de la acción de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM). Así, teniendo en cuenta las prioridades esbozadas en el referencial internacional, se pretende identificar los referenciales a partir de los cuales la cpem ha venido impulsando la inclusión del tema de las mujeres en la agenda pública nacional

Importance of public relations for the reputation in a Smart Tourist Destination. A proposal of a sustainable model

Importancia de las relaciones con los públicos en la reputación en un destino turístico inteligente. Propuesta de un modelo sostenible Importance of public relations for the reputation in a Smart Tourist Destination. Resumen Los destinos turísticos han experimentado cambios importantes en la última década como resultado de los avances en las Tecnologías de la Comunicación y la Información. Surgen así los destinos turísticos inteligentes que facilitan la interacción y la integración entre turistas y los ciudadanos facilitándoles una experiencia de calidad y sostenible para el destino. Como elemento innovador se propone en esta investigación la reputación como herramienta clave en la gestión de la competitividad de un destino turístico inteligente. Un método cualitativo aplicado a informantes claves de España y Reino Unido ha permitido elaborar un "modelo de evaluación de la reputación del destino" que incluye como factores: Brand Image Management, calidad de servicios, calidad de la experiencia y los sentimientos e Internet Service System for Tourist. Los resultados son útiles para responsables del diseño de políticas públicas, empresas turísticas y la comunidad universitaria

Estudio sobre la visualización de la información bibliográfica en el opac del sistema de bibliotecas de la Universidad de los Andes

Profesional en Ciencia de la Información - Bibliotecólogo (a)Pregrad

aplicación app

Aplicación de las Asociaciones Público-Privadas en proyectos de infraestructura social en el departamento de Cundinamarca (2021 – 2022). En la mayoría de los países, la provisión de servicios de infraestructura es responsabilidad del sector público. Dependiendo de la estructura política y administrativa del país, la legislación puede regir los sectores de infraestructura en diferentes niveles de gobierno local, provincial y nacional. Y generalmente, se requiere alguna forma de autoridad gubernamental para permitir la participación privada en el desarrollo de infraestructura (Zúñiga, 2022). Siendo necesarias disposiciones legales para procesar, promover y facilitar la participación privada, en muchos países los procedimientos relacionados con la participación del sector privado son complejos, numerosos y dispersos en muchos instrumentos diferentes, a menudo poco claros en muchos temas y no tienen un plazo fijo para su finalización. Particularmente, el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas (en adelante A.P.P) puede dispersarse entre muchos instrumentos que incluyen el derecho de contratos privados, el derecho de sociedades, el derecho tributario, el derecho laboral, el derecho de la competencia, el derecho de protección al consumidor, el derecho de insolvencia, el derecho del sector de infraestructura, el derecho de propiedad, el derecho de inversión extranjera, la propiedad intelectual, ambiental, Ley o Normas de contratación pública, Ley de adquisición o apropiación y muchas otras Leyes, o como se direcciona en este documento desde las bases del derecho administrativo (Ibagón y Santofimio, 2018). Según Zúñiga (2022), después de la crisis financiera de 2008, se ha observado un creciente interés en las Asociaciones Público-Privadas (A.P.P.) tanto en países desarrollados como en desarrollo. Dado que los gobiernos se enfrentan a limitaciones de recursos públicos y espacio fiscal, mientras reconocen la importancia de invertir en infraestructura para fomentar el crecimiento económico, están recurriendo cada vez más al sector privado como una fuente alternativa adicional de financiación para cubrir el déficit de financiación. Aunque la atención reciente ha estado centrada en el riesgo fiscal, actualmente los gobiernos se asocian con el sector privado por diversas razones, tales como: • Utilizar las A.P.P. como un medio para incorporar tecnología e innovación del sector privado con el fin de mejorar la prestación de servicios públicos mediante una mayor eficiencia operativa. • Estimular al sector privado para que entregue proyectos dentro del plazo previsto y dentro del presupuesto acordado. • Establecer una certidumbre presupuestaria al determinar los costos presentes y futuros de los proyectos de infraestructura a lo largo del tiempo. Es importante destacar que estas asociaciones entre el sector público y privado pueden ofrecer soluciones beneficiosas para ambas partes, al tiempo que contribuyen al desarrollo de infraestructuras cruciales para el bienestar económico y social de los países involucrados. En efecto utilizar las A.P.P como una forma de desarrollar las capacidades del sector privado local a través de empresas conjuntas con grandes empresas internacionales, genera oportunidades de subcontratación para empresas locales en áreas como obras civiles, obras eléctricas, gestión de instalaciones, servicios de seguridad, servicios de limpieza, servicios de mantenimiento. Las Asociaciones Público-Privadas (A.P.P.) constituyen una vía gradual para involucrar cada vez más al sector privado, especialmente empresas extranjeras, en cooperación con las empresas estatales y el gobierno. El propósito de esta estructuración es garantizar la transferencia de habilidades, permitiendo así que los contratistas locales mejoren sus capacidades profesionales y, a largo plazo, tengan la oportunidad de exportar sus conocimientos a través de licitaciones para diversos proyectos. En relación a lo expuesto esta tesis de investigación para optar al grado de maestrante busca reflexionar que las A.P.P podrían aportar al desarrollo de la región del Departamento de Cundinamarca en diferentes niveles de gobierno, como medios para que los municipios se desarrollen y se de curso a los objetivos de sostenibilidad del milenio y se responda a las innumerables necesidades de sus ciudadanos. En cuanto al planteamiento del problema, en Colombia hace años el Departamento Nacional de Planeación- DNP ha venido apoyando la Participación Privada en Infraestructura – PA.P.P, como una medida administrativa para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados. En cifras como muestra la figura 1 en los últimos veinticinco años la inversión ha superado los novecientos billones de pesos y esto ha permitido invertir en infraestructura pública como las mejoras de vías terciarias, construcción de hospitales, colegios, plantas de tratamientos, satisfaciendo las básicas de los ciudadanos. Como señala el Departamento Nacional de Planeación- DNP (2021); El país ocupa el 2º puesto por su capacidad para desarrollar A.P.P según el Infrascope 2019 (Chile ocupa 1° lugar), superando al promedio de los países de la región (LAC) en todas las categorías de medición. Esto, en parte gracias a la expedición de la Ley 1508 de 2012 (p.6). Esto ha proyectado el desarrollo de las entidades territoriales, haciendo asequible los mecanismos eficientes y sofisticados acceder a la infraestructura pública y a los servicios que esa infraestructura puede prestar, de hecho, a la fecha según el Departamento Nacional de Planeación- DNP (2021); “Colombia ocupa el 2º lugar a nivel mundial para el desarrollo de proyectos bajo el esquema de A.P.P, según el ranking del Banco mundial en 2019, después de un empate del primer lugar entre Reino Unido y Australia” (p.6). Esto porque históricamente, las asociaciones público-privadas se han justificado por la escasez de recursos de los de la administración para financiar grandes obras públicas destinadas a la población de bajos ingresos. Ante esto, la unión entre entidades privadas y públicas proporciona la posibilidad de llevar a cabo estos proyectos de manera más eficiente, ya que el sector privado dispone de medios más ágiles para hacerlo. De acuerdo con el Registro Único de Asociaciones Público-Privadas (RUA.P. P) de 2021, el Distrito Capital de Bogotá lidera con 61 proyectos, representando el 21,18 % del total de proyectos vigentes (288). En segundo lugar, se encuentran los departamentos de Antioquia con 36 iniciativas (12,50 %), Bolívar con 29 (10,07 %), Santander con 26 (9,03 %) y Cundinamarca con 22 (7,64 %) (página 6). Según la figura 2, en el año 2021, el departamento de Cundinamarca solo tenía en progreso 1 proyecto de A.P.P. en etapa de factibilidad, mientras que 4 proyectos se encontraban en fase de prefactibilidad. Este hallazgo se debe considerar cuando se revisan las cifras del diagnóstico del departamento según ejes estratégicos, para el último mandato publicado por la Gobernación de Cundinamarca (2019) siendo el último informe publicado, esto en el entendido que la verdadera situación de vías de acceso, los cambios climáticos que no son los esperados, la débil estructura presupuestal para la adquisición de equipo con la tecnología y demás condiciones que afectan el desarrollo en parte a cualquier proyecto en infraestructura. Esto indica que en el caso del Departamento de Cundinamarca, las Asociaciones Público-Privadas (A.P.P.) podrían generar un estímulo en la economía, al hacer que la región sea más competitiva al mejorar su infraestructura facilitadora, al tiempo que impulsan las industrias relacionadas con el desarrollo de dicha infraestructura, como la construcción, el equipamiento y los servicios de apoyo. Además, estas A.P.P. podrían suplementar las capacidades limitadas del sector público para hacer frente a la creciente demanda de desarrollo de infraestructura. Al mismo tiempo, permitirían obtener un valor a largo plazo mediante una adecuada transferencia de riesgos al sector privado a lo largo de todo el ciclo del proyecto, desde el diseño y la construcción hasta las operaciones y el mantenimiento. Al respecto según la Banca de Desarrollo Territorial (2022) la colaboración público-privada facilita los proyectos a gran escala, como las infraestructuras, ya que el sector privado dispone de medios más ágiles para su realización, además de limitar el riesgo derivado de retraso, ya que el mismo sector contrae una obligación de resultado. Otro beneficio expuesto por autor es el del valor del dinero, que se consigue mediante una asignación eficiente del riesgo. Además, como el proyecto es financiado por el sector privado, no se depende de la deuda pública para hacerlo. Por último, este también fomentaría nuevas inversiones y minimizaría los costes del Estado. Por lo relacionado se presenta como pregunta de investigación: 3. Establecer el aporte al desarrollo del Departamento de Cundinamarca de las Asociaciones Público-Privadas a la luz del principio de proporcionalidad de acuerdo con el método de las cinco justificaciones que direcciona el Departamento Nacional de Planeación. Como hipótesis se identificó que la participación de las A.P.P por parte del Departamento de Cundinamarca potencia el desarrollo de la región al generar herramientas para mejorar el desempeño administrativo, la inversión para infraestructura y que esto impacta el saneamiento básico y el cuidado de las comunidades. Por el contexto expuesto la metodología de esta tesis se orienta en el paradigma sociocrítico, esto es, en la teoría crítica con génisis en conocer y comprender la realidad práctica integrando conocimiento de entidad trasversal. Este modelo de investigación es par de la hermenéutica histórica. De ahí que se pone de relieve que este prototipo de investigación cuestiona la neutralidad de otra ciencia y por ello promueve la reflexión individual. De ahí que se afirma que este paradigma sociocriticó tiene como objetivo la visión de superar ideas de carácter limitante (Hernández y Torres, 2018). Como señala Concepción (2019), la planificación de investigación conlleva a generar procedimientos de recopilación, análisis y mezcla de investigaciones con el objeto de entender y comprender el tema de la investigación, de ahí que es necesario mezcla procesos de investigación ya sean cualitativos o cuantitativos esto, con el propósito de ampliar la credibilidad de los hallazgos. Fundamentos teóricos de las Asociaciones Público-Privadas y su incidencia en el Departamento de Cundinamarca La colaboración público-privada se define como una relación contractual a largo plazo en la que el Estado y el sector privado establecen acuerdos para desarrollar infraestructuras públicas y servicios sociales (Castillo y Bustos, 2021). En el campo del derecho administrativo, las Asociaciones Público-Privadas (A.P.P.) son consideradas una forma importante de organización híbrida que, si se aplica adecuadamente en la atención primaria, el diseño y la gestión de políticas estatales, puede garantizar la implementación de soluciones innovadoras a problemas complejos mediante la combinación de diferentes mecanismos institucionales (Zúñiga, 2022). A nivel global como indica la Banca de Desarrollo Territorial (2022) las A.P.P son un enfoque preferido para suministrar infraestructuras públicas a gran escala, en las condiciones de formación de un nuevo tipo de relaciones, Estado - sector privado – sociedad, por ello están surgiendo nuevas formas y nuevos elementos que transforman los mecanismos de las A.P.P. Las características básicas de las A.P.P son los participantes de públicos, privados y de la sociedad civil en los países donantes y receptores, que comparten recursos, riesgos y responsabilidades entre los socios, dependiendo del grado de asociación basado en el compromiso y a su vez en tipo de relación; como la contractual. De manera que la organización de la asociación en función de la forma y la toma de decisiones, alineación y consideración del contexto y la normativa locales, deben responder al objetivo común orientado de promover avance en los países del mundo en vía de desarrollo con la función específica de la asociación de generar efectos sostenibles en forma de un impacto duradero para las regiones, más allá de la asociación en si (Alfaro y Hernández, 2019). Así pues, muchos países han promulgado instrumentos legales y regulatorios especiales y han enmendado sus leyes existentes del sector de infraestructura. La legislación también puede desempeñar un papel importante para facilitar la emisión de licencias y permisos que puedan ser necesarios para la implementación del proyecto (González, 2021). Estos incluyen licencias para establecer una empresa por parte del concesionario, licencia para la exploración y extracción de recursos minerales, permisos de trabajo para extranjeros, permisos de importación licencia de equipos y otros suministros, permisos de construcción, así como asignación de espectro de radiofrecuencia para transmisión de telecomunicaciones y televisión. Con relación a los instrumentos legales especiales pueden especificar los tipos de modelos de A.P.P permitidos, las condiciones generales para estos modelos, las pautas sobre acuerdos de riesgo compartido, la provisión de incentivos financieros y de otro tipo, y pueden brindar detalles sobre la identificación, aprobación y adquisición de proyectos, incluida la negociación de contratos y la celebración de contratos, los acuerdos y arreglos de implementación en los órganos administrativos del gobierno (Castillo y Bustos, 2021). No obstante, los instrumentos legales de muchos países no brindan detalles sobre los acuerdos de asociación y el proceso administrativo, cabe señalar que particularmente en el caso de Colombia, las leyes que se relacionan a la A.P.P son la Ley 1508 de 2012, el Decreto 2767 de 2012, la Resolución DNP 3656 de 2012, la Ley 1593 de 2012 y el Decreto 1793 de 2021 son uno de esos efectos jurídicos que pueden definir la división de responsabilidades entre diferentes niveles de gobierno. A continuación, la figura 3 agrupa el marco normativo nacional para las A.P.P. En complemento a lo expuesto la Sentencia C-346 cito; De acuerdo con los principios constitucionales señalados y la jurisprudencia de esta Corporación, el Legislador está facultado para prohibir la celebración de contratos de asociaciones público-privadas en el último año de gobierno de las autoridades territoriales. En síntesis, la regla de derecho que contiene la norma acusada no desconoce la autonomía de las entidades territoriales, pues se trata de una restricción que pertenece a la órbita de configuración legislativa, ya que tiene como finalidad garantizar la planeación ordenada, para que los gobernadores y alcaldes ejecuten sus programas con la suficiente antelación, a fin de: (i) hacerlos compatibles con los planes de desarrollo, y (ii) evitar que los gobiernos locales comprometan vigencias futuras, para que quienes los sucedan puedan ejecutar sus propios programas de gobierno. En consecuencia, se declarará la exequibilidad de la norma acusada. (Corte Constitucional, Sentencia C-346, 2017, p.1) Instando a que lo entes territoriales respondan a las necesidades de saneamiento básico de sus comunidades de forma ordenada y regulada por la gestión territorial descrita en planes de desarrollo para la vigencia cursada, sin comprometer los rublos de próximas administraciones. De otro lado Sentencia C-207/19 señalo; Dadas las características propias de los contratos de A.P.P y de concesión de obras de infraestructura vial, en que la mayor parte del capital en riesgo pertenece a terceros de buena fe y en particular al ahorro captado del público, las restituciones a que haya lugar en los casos en que se declare la nulidad absoluta de uno de estos contratos se regirán bajo la regla general de la protección de la buena fe, y por lo tanto, deben dirigirse primordialmente a satisfacer el pago de las deudas que el proyecto haya adquirido con terceros de buena fe. (Corte Constitucional, Sentencia C-207, 2019, p.1). Ya que las A.P.P puede definirse en términos generales como un acuerdo contractual entre el gobierno y una empresa privada destinado a financiar, diseñar, implementar y operar instalaciones y servicios de infraestructura que tradicionalmente proporcionaba el sector público. Incorpora la asignación óptima de riesgos entre las partes, minimizando los costos mientras se cumplen los objetivos de desarrollo del proyecto. Por lo tanto, el proyecto debe estructurarse de tal manera que el sector privado obtenga una tasa de rendimiento razonable de su inversión. Si bien las A.P.P ofrece ventajas monetarias y no monetarias para el sector público, abordan los recursos de financiación limitados para infraestructura local o proyectos de desarrollo del sector público, lo que permite la asignación de fondos públicos para otras prioridades locales. Es un mecanismo para distribuir los riesgos del proyecto tanto al sector público como al privado, porque está orientado a que ambos sectores obtengan una mayor eficiencia y procesos de implementación de proyectos en la prestación de servicios al público. Lo que es más importante, A.P.P hace hincapié en la relación calidad-precio, centrándose en la reducción de costes, una mejor asignación de riesgos, una implementación más rápida, servicios mejorados y la posible generación de ingresos adicionales. Por ello cuando existen visos de corrupción o mal manejo de los recursos según la jurisprudencia, por ejemplo, para la Sentencia C-207/19 entes como la contraloría deben intervenir la A.P.P, finalizarla o pausarle en pro del bien general. En este escenario para la línea de Conpes 3961 sobre lineamientos de política de riesgo contractual del estado para proyectos de sistemas férreos de pasajeros cofinanciados por la nación. Los distintos Conpes, tales como el Conpes 4000, el Conpes 4028, el Conpes 4047 y el Conpes 4060, definen lineamientos de política de riesgo contractual del Estado para proyectos aeroportuarios, infraestructura en vías fluviales y canales navegables, sistemas férreos de carga y proyectos de infraestructura de transporte sostenible con participación privada en el país (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2022). En función de diversas razones, el gobierno puede optar por promulgar una ley de Asociaciones Público-Privadas (A.P.P.) o una ley de concesiones. Esto puede tener como propósito otorgar prioridad a un proceso de desarrollo, contratación y revisión de proyectos de A.P.P. que prevalezca sobre las leyes sectoriales existentes, o bien, establecer un marco institucional claro para el desarrollo, contratación e implementación de A.P.P. Las leyes de A.P.P también se pueden usar para cerrar las brechas en las leyes de un país anfitrión que pueden necesitar proyectos de A.P.P de infraestructura exitosos, como permitir la concesión de derechos de intervención a los prestamistas y requerir procesos de adquisición abiertos y justos. Estas modificaciones pueden estar plasmadas en una ley sectorial, o en el caso de contrataciones, una ley de contrataciones o competencia, o pueden estar incluidas en una ley general de concesiones o A.P.P. Este sitio incluye enlaces a orientación sobre la redacción de leyes de A.P.P de concesión y ejemplos de leyes de A.P.P promulgadas. Si bien la orientación y los ejemplos pueden ser útiles, cada ley de concesión A.P.P necesita una redacción cuidadosa para que sea coherente con las leyes existentes del país anfitrión. Los redactores legales deben lograr un equilibrio entre establecer reglas básicas que fomenten la transparencia e imponer restricciones generales que puedan impedir que los equipos de licitación logren una buena relación calidad-precio o soluciones sensatas al licitar proyectos de A.P.P. La Ley de las A.P.P en Colombia (Ley 1508 de 2012) en; Artículo 1. Definición. Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio (Ley 1508 de 2012, art.1). El propósito del asesoramiento proporcionado es contribuir al establecimiento de un marco legal que promueva la inversión privada en infraestructura pública. Se busca lograr un equilibrio entre facilitar y estimular la participación del sector privado en proyectos de infraestructura, al mismo tiempo que se atienden diversas preocupaciones de interés público del país anfitrión. Desde el año 2012 hasta la fecha, se ha sugerido el lenguaje legislativo contenido en sus disposiciones modelo sobre proyectos de infraestructura con financiamiento privado. Siendo de interés primordial porque el mecanismo administrativo de implementación del proyecto de A.P.P depende del sistema de gobierno y de la estructura administrativa general, y del régimen legal relativo a las A.P.P. Como estos elementos varían de un país a otro, el mecanismo administrativo también varía de un país a otro (Rodríguez, 2020). Entonces por esto según el sistema de un país, la implementación de proyectos de A.P.P puede requerir la participación de varias autoridades en varios niveles de gobierno, donde la autoridad para adjudicar contratos de A.P.P y aprobar acuerdos contractuales generalmente está centralizada en una autoridad separada (Beltrán, 2017). De donde se infiere que generalmente, las agencias sectoriales a nivel nacional y departamental c

Distancia recorrida en la prueba de caminata de seis minutos en población adulta sana en la organización Clínica General del Norte

Introducción: La prueba de caminata en 6 min (PC6M) es una una prueba de ejercicio submáxima de carga continua no invasiva, reproducible, validada y de bajo costo; la ATS en 2002 estandarizó la ecuación de Troosters para calcular los predichos teniendo en cuenta variables como edad, talla y sexo. Actualmente en diferentes ciudades de Colombia, estos predichos no son aplicables. Materiales y métodos: Se realizo un estudio descriptivo transversal con 100 pacientes hombre y mujeres sanos entre los 18-80 años en una institución de salud de la ciudad de Barranquilla a quienes se les aplicó la PC6M. Resultados y discusión: En el grupo total el promedio de la mejor distancia recorrida fue de 499,8 ± 83,6 m, siendo 483,1 ± 61,6 metros en mujeres y 533,7 ± 109,7 metros en hombres p<0,05); los cuales no guardan relación con los valores obtenidos en ciudades principales de Colombia: Walteros et al. de 658,9 m; en el caso de los hombres y 592.75 m en mujeres en la ciudad de Bogotá, Viola et al. con 602.7 m en el caso de mujeres y 672.4 m en hombres también en Bogotá y Rosero et al. 616 m en mujeres y 666 m en hombres en Cali. Conclusiones: Las ecuaciones estandarizadas en la actualidad para la PC6M sobrestiman los metros caminados por la población sana, entre las edades de 18-80 años de la institución de salud de Barranquilla estudiada.Universidad Libre Seccional Barranquilla -- Facultad de Ciencias de la Salud -- Especialización en Medicina Intern