Revocatoria de mandato en Perú: diseño institucional y resultados de su aplicación

Since the end of the 80s, after the decline of the Welfare States and the rise of the Hearing Democracy, a large part of Western democracies entered a phase of “crisis of representation”. Faced with this scenario, several Latin American countries undertook constitutional reforms in which, among other changes, citizen participation mechanisms were incorporated, such as the recall. This tool of societal accountability allows citizens to dismiss elected representatives through voting. Peru incorporated it in its Constitution of 1993 together with other instruments of direct democracy, although with limited scope to the authorities of the regional and local levels. This country was emblematic in the continent in terms of the frequency and number of times it used the recall, although not always with desirable results in terms of citizen control and overcoming legitimacy crises of the rulers. On the contrary, its undue and excessive use has caused problems of local governance. This article analyzes the institutional design of the recall in Peru and its results, both positive and negative, for the democratic quality and institutional stability.Desde fines de la década de 1980, tras la decadencia de los Estados de Bienestar y el auge de la democracia de audiencia, gran parte de las democracias occidentales ingresaron en una fase de “crisis de la representación”. Frente a dicho escenario, varios países latinoamericanos emprendieron reformas constitucionales en las que, entre otros cambios, se incorporaron mecanismos de participación ciudadana, como la revocatoria de mandato. Esta herramienta de accountability societal permite a los ciudadanos destituir a representantes electos a través del voto. Perú la incorporó en su Constitución de 1993 junto con otros instrumentos de democracia directa, aunque con alcance limitado a las autoridades de los ámbitos regional y local. Este país fue emblemático en el continente en cuanto a la frecuencia y cantidad de veces que utilizó el revocatorio, si bien no siempre con resultados deseables en términos de control ciudadano y superación de crisis de legitimidad de los gobernantes. Por el contrario, su uso indebido y en exceso ha provocado problemas de gobernabilidad a nivel local. En el presente artículo se analiza el diseño institucional de la revocatoria de mandato en Perú y sus resultados de aplicación, tanto positivos como negativos, para la calidad democrática y la estabilidad institucional

Revocatoria de mandato en Perú: diseño institucional y resultados de su aplicación

Desde fines de la década de 1980, tras la decadencia de los Estados de Bienestar y el auge de la democracia de audiencia, gran parte de las democracias occidentales ingresaron en una fase de “crisis de la representación”. Frente a dicho escenario, varios países latinoamericanos emprendieron reformas constitucionales en las que, entre otros cambios, se incorporaron mecanismos de participación ciudadana, como la revocatoria de mandato. Esta herramienta de accountability societal permite a los ciudadanos destituir a representantes electos a través del voto. Perú la incorporó en su Constitución de 1993 junto con otros instrumentos de democracia directa, aunque con alcance limitado a las autoridades de los ámbitos regional y local. Este país fue emblemático en el continente en cuanto a la frecuencia y cantidad de veces que utilizó el revocatorio, si bien no siempre con resultados deseables en términos de control ciudadano y superación de crisis de legitimidad de los gobernantes. Por el contrario, su uso indebido y en exceso ha provocado problemas de gobernabilidad a nivel local. En el presente artículo se analiza el diseño institucional de la revocatoria de mandato en Perú y sus resultados de aplicación, tanto positivos como negativos, para la calidad democrática y la estabilidad institucional

Oposición política derecho comparado entre el país de Colombia, Ecuador y Perú

La presente investigación tiene como objeto de estudio el tema concerniente a la oposición política desde el derecho comparado entre los países de Colombia, Ecuador y Perú. Con el fin de obtener un escenario jurídico frente al amparo legal, constitucional, doctrinal y jurisprudencial sobre la participación democrática de los partidos contrarios a la administración política que ostenta el poder en cada Estado, así como las garantías particulares para hacer uso de este derecho intrínseco del ser humano, dado el aspecto individual y/o grupal del “pensar diferente” o del tener un razonamiento contrario a un grupo del poder de manera crítica y cuestionable, para así, objetivamente establecer una conclusión comparativa entre los aspectos actuales positivos y negativos de cada país, al igual que establecer el progreso en el desarrollo normativo frente a dicho escenario, para determinar qué Estado ostenta la democracia participativa como forma de gobierno

Proceso inmediato y ejecución de sentencias en delito de omisión de asistencia familiar en distrito judicial de Lima Norte, 2021

La presente investigación ha tenido por finalidad explicar las deficiencias del Proceso Inmediato en la ejecución de sentencias en delito de Omisión de Asistencia Familiar . Para lograr este objetivo se diseñó un estudio basado en el paradigma interpretativo, con enfoque cualitativo. La investigación según su propósito fue básica o pura, de diseño fenomenológico y no experimental - transversal, donde el escenario de estudio fue la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Los participantes fueron ocho expertos, dentro de los cuales estuvieron Jueces Especializados, representantes del Ministerio Publico, Especialistas y Asistentes de Juzgado y abogados especialistas en temas de familia y asistencia familiar. La técnica fue la entrevista y el instrumento la guía de entrevista con la cual se recolectó información sobre el fenómeno estudiado. Se llegó a la conclusión que los procesos inmediatos están bajo los criterios de racionalidad y eficacia y tienen el propósito de dar celeridad a los procesos en los casos que no presentan complejidad o mayor investigación como la omisión a la asistencia familiar en donde basta el incumplimiento de la sentencia alimentaria para que la parte afectada solicite la incoación del proceso inmediato

La incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial en el Perú, 2022

En el presente trabajo de investigación se abordará la problemática del uso de la figura de incapacidad moral permanente del Presidente de la República como causal de vacancia presidencial; siendo esta una figura indeterminada o ambigua en la cual el Congreso de la República en las últimas dos décadas ha comenzado a utilizar esta figura. Por lo que, se ha planteado establecer los parámetros que definan la institución constitucional de incapacidad moral permanente del Presidente de la República y determinar las garantías mínimas del debido proceso en el procedimiento de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. En ese mismo sentido, la investigación se realizó mediante recopilación de información, fichas bibliográficas, análisis y explicación de los antecedentes de la incapacidad moral permanente en las doce constituciones peruanas, para poder determinar las interpretaciones o definiciones que se le ha podido dar en la constitución y en los casos que se aplicaron. Del mismo modo analizar el modelo Presidencialista Atenuado peruano si es compatible con la figura de incapacidad moral permanente como actualmente está siendo interpretado y si dicho procedimiento de vacancia presidencial se respetan las garantías mínimas del debido proceso a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, sería conveniente una reforma constitucional y desarrollo de los procedimientos en sede parlamentaria con el respeto de los derechos humanos

Vulneración del interés superior del niño en función a la conversión de la pena y acuerdo reparatorio en el decreto de urgencia N°008-2020

La presente investigación establece como problema la existente vulneración del interés superior del niño frente a la conversión de la pena y el Acuerdo Reparatorio del Decreto de Urgencia N.º 008-2020, es por ello que se ha establecido como objetivo general Determinar la vulneración del interés superior del niño en la conversión de la pena y Acuerdo Reparatorio en el Decreto de Urgencia N.º 008-2020, cabe señalar que toda la investigación se realizó a través de una metodología de tipo cuantitativo, con una población establecida por Abogados especialistas en derecho penal, jueces y fiscales con un total de 50 expertos en la materia, los cuales permitieron concluir que se ha logrado determina que a través de la convención de la pena sobre el acuerdo reparatorio del decreto de urgencia N° 008-2020 se vulnera rotundamente el interés superior del niño, el cual ha sido demostrado por la misma legislación, el cual señala que el objetivo de este decreto es reducir el contagio masivo del Covidd-19 dentro de los centros penitenciarios, teniendo en cuenta que solo está destinado a las personas recluidas por el delito de omisión a la asistencia familiar, sin embargo no toman en cuenta la responsabilidad del pago de las pensiones alimenticias en el futuro para el adecuado desarrollo del menor.TesisCiencias jurídica

Suspensión de la ejecución de la pena en el delito de omisión a la asistencia familiar Lima Norte, 2021

El propósito de la presente investigación fue analizar si se lleva a cabo un adecuado control en la etapa de ejecución de la pena por el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. La investigación fue básica, de diseño fenomenológico y no experimental, el escenario de estudio fue el Distrito Judicial y fiscal de Lima Norte y demás operadores del sistema de impartición de justicia. Participaron ocho expertos, dentro de los cuales estuvieron Jueces Especializados, representantes del Ministerio Publico, entre otros. La técnica que se empleó para recopilar la información sobre el fenómeno objeto de estudio fue la entrevista. Se llegó a la conclusión que no se lleva a cabo un adecuado control de los casos que se encuentran en etapa de ejecución, en especial en los casos por el delito de omisión a la asistencia alimentaria, donde se destacó que uno de los principales factores se seria la sobrecarga procesal de las fiscalías penales

Eficacia en la ejecución de la pena de prestación de servicios comunitarios en los juzgados penales de Lima Norte, 2022

El objetivo general fue analizar la eficacia de la ejecución de la pena de prestación de servicios comunitarios en los juzgados penales de Lima Norte. La metodología estuvo enmarcada de acuerdo al paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, de tipo básico y diseño fenomenológico. Se empleó la técnica de la entrevista, aplicando el instrumento de la guía de entrevista semi estructurada; habiendo participado en la investigación tres jueces, tres fiscales y tres abogados litigantes que laboran en la jurisdicción de Lima Norte. Se obtuvo como resultado general que existen deficiencias en el cumplimiento de las funciones que desempeñan las instituciones encargadas de la ejecución de la pena de prestación de servicios comunitarios (Poder Judicial, Ministerio Público e INPE – Dirección de Medio Libre). Concluyéndose que se advirtió un defectuoso o limitado control por parte de estas instituciones, que ha incidido desfavorablemente en la debida eficacia de la ejecución de la pena de prestación de servicios comunitarios

El Delito de Omisión a la Asistencia Familiar y el Interés Superior del Niño en el Distrito Judicial de Ventanilla 2018

La presente investigación ha sido realizada con el objetivo de Identificar la relación que existe entre el Interés Superior del Niño con el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el Distrito Judicial de Ventanilla 2018. Para la realización de este trabajo, se utilizó un enfoque cualitativo, el diseño empleado fue el de teoría fundamentada, asimismo se empleó el muestreo no probabilístico para las entrevistas. Asimismo ha sido importante la experiencia personal de los servidores del Estado que laboran en el Poder Judicial, complementado con la revisión de normas nacionales e internacionales sobre el Delito de Omisión a la asistencia Familiar y del Principio de Interés Superior del Niño. Como muestra se considerado a cuatro operadores de justicia un Magistrado y tres Especialistas de la Corte Superior de Ventanilla, para poder obtener un resultado verídico. Por último se concluye que es preciso tener en cuenta que el principio de interés superior del niño debe proteger los derechos fundamentales del menor ante los delitos de omisión a la asistencia familiar

Proporcionalidad sancionatoria de la procuraduría general de la nación, frente a Servidores Públicos elegidos popularmente

A la luz de los resultados arrojados por la investigación, se encuentra que hay una preponderancia de aquellos expertos que opinan que las sanciones aplicables a los servidores públicos de elección popular, en los casos en que se les sancione por faltas relacionadas con el cargo que ejercen, no debe ser estrictamente la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, sin embargo se encuentra que hay otros que manifiestan lo contrario, es decir solo sería predicables en materia disciplinaria la destitución y la inhabilidad, lo que permite observar que la mayoría, está en desacuerdo con las sanciones que se prevén en materia disciplinaria, lo que da vestigios de la inconformidad frente a las sanciones y su desproporcionalidad, esto último sustentando bajo el resultado arrojado frente a la limitación de la potestad disciplinaria discrecional del procurador. Ahora bien, la aplicación de una segunda instancia en materia disciplinaria fue cuestionada por los especialistas por cuanto no se garantiza de manera real y efectiva el cumplimiento del derecho al debido proceso, lo que indica que no hay duda con respecto a implementas este principio en materia disciplinaria. Esto, que conjugado al panorama de sanciones permite deducir que la desproporcionalidad es manifiesta. A su vez, en el análisis de la tercera categoría se desprende la división del proceso disciplinario y el proceso penal, puesto que el resultado denota una igualdad numérica entre quienes apoyan o no la sanción penal como requisito para la destitución, dejando la aplicación preferencial de orden sucesivo como preponderante. Ahora bien, la aplicación del test de proporcionalidad en materia disciplinaria se hace necesarios por cuanto es un mecanismo eficaz que permite que se realicen adecuaciones típicas que no solo se basen en fundamentos de carácter subjetivo y que efecto tengan una verdadera incidencia en la determinación del deber funcional del servidor público.Por otra parte, el control Administrativo disciplinario y las circunstancias de las medidas sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación, se tienden a caracterizar por la desproporcionalidad de las medidas sancionatorias, en un Estado Social de Derecho, la función pública cumple una labor de vital importancia, por tanto, aquellos servidores popularmente electos al ser quienes representan la voluntad del pueblo y en quienes recae su confianza, son sujetos de protección, pues es en virtud de dicha calidad como representantes de la voluntad popular, que aquellas decisiones que los afecten directamente respecto de su función pública, afectan los intereses legítimos de aquellos que a través de un ejercicio democrático lo invistieron con tal autoridad.El servidor público debe ser riguroso y atender a los principios de la administración publica en cada una de sus conductas. Es la falta al deber de la observancia de principios como la eficacia y eficiencia, buena fe, moralidad entre otros que conllevan a la rigurosidad de la sanción, no obstante, dicha rigurosidad y potestad sancionatoria ejemplar no pueden desconocer el principio básico de proporcionalidad, que enmarca la decisión administrativa emitida por el ente sancionador. La aplicación de las sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación, vistas desde el informe de gestión de la misma, revela un desconocimiento de normas de rango superior tal como el artículo 4 de la Constitución Política colombiana, que establece la soberanía popular de la Nación. En un Estado Social y Democrático de Derecho no puede ser plausible la forma como se establece la potestad del Procurador, ya que los funcionarios del Estado están incurriendo en una indebida aplicación de la norma y desconociendo la aplicación de principios constitucionales, entre los que se cuentan los Derechos fundamentales de aquellos servidores que se han visto afectados y las circunstancias en que se han dado los procesos disciplinarios. Dichos procesos permiten evidenciar que la PGN realiza un control político que es caracterizado por la desproporcionalidad, pues tiene como sustento el control administrativo preferente que le ha sido reconocido constitucionalmente, razón por la cual las consecuencias del mismo, no pueden tener los alcances que ha tenido. Figuras jurídicas como la Procuraduría General de la Nación, al no ser elegidas por voto popular y tener tan gran poder sancionatorio, pueden llegar a desconocer voluntades declaradas democráticamente. La desproporción en los fallos del procurador, puede llegar a atentar contra el derecho a elegir y ser elegido, consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, así como al artículo 4 de la constitución que establece la soberanía popular de la Nación, razón por la cual debe establecerse, en qué casos la potestad del Procurador resulta excedidaIn light of the results of the investigation, it is found that there is a preponderance of those experts who believe that the sanctions applicable to public servants of popular election, in cases in which they are sanctioned for faults related to the position they hold. , it should not be strictly the dismissal and inability to hold public office, however it is found that there are others who state otherwise, that is, it would only be predicable in disciplinary matters the destitution and the inability, which allows observing that the majority is in disagreement with the disciplinary sanctions that are foreseen, which gives vestiges of the nonconformity against the sanctions and their disproportionality, the latter sustaining under the result thrown up against the limitation of the discretionary disciplinary power of the prosecutor. However, the application of a second instance in disciplinary matters was questioned by the specialists because real and effective compliance with the right to due process is not guaranteed, which indicates that there is no doubt regarding the implementation of this principle in matter disciplinary This, that conjugated to the panorama of sanctions allows to deduce that the disproportionality is manifest. In turn, the analysis of the third category reveals the division of the disciplinary process and the criminal process, since the result denotes a numerical equality between those who support or not the criminal sanction as a requisite for dismissal, leaving the preferential application of successive order as preponderant. However, the application of the proportionality test in disciplinary matters is necessary because it is an effective mechanism that allows for typical adjustments that are not only based on subjective grounds and that have a real impact on the determination of duty. functional of the public server. On the other hand, the disciplinary Administrative control and the circumstances of the sanctioning measures of the Attorney General's Office, tend to be characterized by the disproportionality of the sanctioning measures, in a Social State of Law, the public function fulfills a vital task importance, therefore, those servants popularly elected to be those who represent the will of the people and in whom trust falls, are subjects of protection, because it is by virtue of that quality as representatives of the popular will, that those decisions that affect them directly Regarding their public function, they affect the legitimate interests of those who, through a democratic exercise, invested it with such authority. The public servant must be rigorous and attend to the principles of public administration in each of his behaviors. It is the failure to comply with principles such as effectiveness and efficiency, good Faith, morality among others that lead to the strictness of the sanction, however, such rigor and exemplary sanctioning power can not ignore the basic principle of proportionality, which frames the administrative decision issued by the sanctioning body. The application of the sanctions by the Attorney General's Office, seen from the management report of the same, reveals a lack of knowledge of higher standards such as Article 4 of the Colombian Political Constitution, which establishes the popular sovereignty of the nation. In a Social and Democratic State of Law, the manner in which the Procurator's power is established can not be plausible, since State officials are committing an undue application of the norm and ignoring the application of constitutional principles, among which are the fundamental rights of those servers that have been affected and the circumstances in which the disciplinary processes have taken place. These processes make it possible to show that the PGN carries out a political control that is characterized by disproportionality, since it has as a basis the preferential administrative control that has been constitutionally recognized, which is why the consequences of it can not have the scope it has had. Legal figures such as the Attorney General's Office, by not being elected by popular vote and having such a great sanctioning power, may come to ignore democratically declared wills. The disproportion in the decisions of the prosecutor, may even threaten the right to elect and be elected, enshrined in Article 40 of the Political Constitution of Colombia, as well as article 4 of the constitution that establishes the popular sovereignty of the Nation, reason why it should be established, in which cases the power of the Attorney is exceede