Objeciones presidenciales

Desde el nacimiento del Ecuador como Estado, en virtud de la Constitución de 1830, se adoptó el sistema de gobierno republicano presidencialista, el mismo que se ha desarrollado en el transcurso de las diecisiete constituciones que han regido los destinos del país, sin contar con la Carta no promulgada en 1938 por don Aurelio Mosquera Narváez, a la sazón Presidente de la República elegido por la misma Asamblea Constituyente que elaboró el texto constitucional reseñado. Tal vez la Carta Fundamental que un tanto se aparta del sistema es la de 1929, sin embargo de lo cual el régimen no dejó de ser presidencialista.Desde el nacimiento del Ecuador como Estado, en virtud de la Constitución de 1830, se adoptó el sistema de gobierno republicano presidencialista, el mismo que se ha desarrollado en el transcurso de las diecisiete constituciones que han regido los destinos del país, sin contar con la Carta no promulgada en 1938 por don Aurelio Mosquera Narváez, a la sazón Presidente de la República elegido por la misma Asamblea Constituyente que elaboró el texto constitucional reseñado. Tal vez la Carta Fundamental que un tanto se aparta del sistema es la de 1929, sin embargo de lo cual el régimen no dejó de ser presidencialista

El control de constitucionalidad de los tratados internacionales

Este ensayo se referirá, principalmente, al control preventivo y obligatorio que sobre instrumentos internacionales realiza el Tribunal Constitucional de conformidad con la Constitución ecuatoriana.Se abordarán tópicos relativos a la ausencia de control a posteriori de los tratados internacionales, en virtud de la naturaleza misma de estos actos, y el vigente sistema de control previo que, en determinadas ocasiones, resultaría insuficiente, debido a la regulación constitucional sobre la materia.Este ensayo se referirá, principalmente, al control preventivo y obligatorio que sobre instrumentos internacionales realiza el Tribunal Constitucional de conformidad con la Constitución ecuatoriana.Se abordarán tópicos relativos a la ausencia de control a posteriori de los tratados internacionales, en virtud de la naturaleza misma de estos actos, y el vigente sistema de control previo que, en determinadas ocasiones, resultaría insuficiente, debido a la regulación constitucional sobre la materia

Los órganos de la Función Legislativa

Este ensayo se destina al estudio de la organización de la Función Legislativa, que actualmente se integra por dos órganos: el Congreso Nacional y la Comisión de Legislación y Codificación, el primero de carácter político y el segundo de una naturaleza netamente técnico - jurídica, en ambos casos, tanto por su integración como por sus funciones.Este ensayo se destina al estudio de la organización de la Función Legislativa, que actualmente se integra por dos órganos: el Congreso Nacional y la Comisión de Legislación y Codificación, el primero de carácter político y el segundo de una naturaleza netamente técnico - jurídica, en ambos casos, tanto por su integración como por sus funciones

Mecanismos de impugnación de los dictámenes del Procurador General del Estado (Tema Central)

Este artículo busca generar debate académico sobre la naturaleza jurídica de los pronunciamientos del Procurador General del Estado en el Ecuador, y determinar si se trata de un acto normativo, de un acto administrativo, de un acto de simple administración, de un acto complejo o de un acto de naturaleza sui géneris, asunto que nos permitirá establecer a su vez la o las vías de impugnación de estos pronunciamientos, sean estas acciones constitucionales como de inconstitucionalidad de acto normativo, de acto administrativo o de amparo, o las acciones contencioso administrativas objetiva o de anulación, o subjetiva o de plena jurisdicción

El juicio político en la Constitución ecuatoriana (Tema Central)

El presente estudio ofrece un análisis sobre el juicio político como una de las instituciones de un Estado de Derecho en el que la responsabilidad y el control de los gobernantes y los órganos del poder público es efectivizada indirectamente a través del ejercicio de la facultad fiscalizadora del Congreso Nacional. Como antecedente, el autor inicia con el estudio de la facultad de inspección o la información documentaria del Congreso Nacional, así denominada por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para señalar al juicio político como la consecuencia del incumplimiento del funcionario a este requerimiento, a más de este caso, describe el autor los requisitos numéricos para instruir el juicio político, oportunidad, procedimiento, causales, los sujetos pasivos, que son analizados individualmente. Para el efecto el autor se remite a datos históricos, legislación nacional y comparada, y doctrina. La exposición incluye también comentarios de interpretación y un colofón con conclusiones y fundados comentarios

La Asamblea Constituyente (Tema Central)

Mucho se ha escrito, por lo menos en el Ecuador, sobre reformas constitucionales concretas, pero muy poco sobre la institución misma de la reforma constitucional, al punto que no se la ha distinguido del cambio de Constitución. Al respecto, se revisará entonces lo que han sido las asambleas constituyentes en el Ecuador y en el Derecho comparado, y su relación con la Asamblea Nacional que estuvo en funciones desde el 20 de diciembre de 1997 hasta el 8 de mayo de 1998, con la finalidad de determinar su naturaleza jurídica y las competencias que, en estricto Derecho, pudo ejercer

Una revisión sobre los derechos políticos en los documentos internacionales de derechos humanos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Political rights are themselves one of the main cores of human rights, since they only find fertile soil in a democracy. Having this in mind, since many decades the idea of political rights, beyond active suffrage, has gained ground in the countries, which has led to a great contribution by international human rights documents and the jurisprudence of international courts, as the Inter-American Court of Human Rights. In this sense, this article reviews this set of rights from its normative perspective in the international arena, which is complemented by the analysis of decisions issued by the Inter-American Court of Human Rights. To achieve this, it made a documentary and jurisprudential review on the topic.Los derechos políticos son en sí uno de los pilares centrales de los derechos humanos, ya que solo encuentran suelo fértil en una democracia. Ante esto, hace muchas décadas que la idea de derechos políticos, más allá del sufragio activo, ha ganado terreno en los países, lo que ha derivado en una gran contribución por parte de los documentos internacionales de derechos humanos y de la jurisprudencia de cortes internacionales, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, este artículo revisa este conjunto de derechos desde su perspectiva normativa en el ámbito internacional, lo que se complementa con el análisis de decisiones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para lograrlo, se hizo una revisión documental y jurisprudencial sobre el tema

Balance de las principales reformas laborales de la última década: un análisis sistemático

La exploración académica que presentamos, tiene una especial connotación coyuntural puesto que se encuentra enmarcada dentro de acontecimientos que han alterado el desenvolvimiento de la economía nacional, como por ejemplo la bonanza petrolera, cuyos extraordinarios ingresos en los últimos años representaron un monto igual al recibido por los últimos cinco gobiernos. Para el ciudadano de a pie, este tipo de acontecimientos debieron proyectar manera positiva en la economía de nuestro país. Sin embargo, el excesivo gasto público tuvo un efecto inverso y no logró fomentar el crecimiento económico ni el empleo. Según el Observatorio de Política Fiscal (2017), el expresidente dejó un déficit de dos mil ochenta y un millón de dólares. Esta cifra se incrementa si se consideran la deuda pública y la exterior, que totalizan trece mil cuatrocientos noventa y dos millones de dólares. Esta cifra representa el 28.8 por ciento del PIB y cuantificada equivale a 40.465 millones de dólares. Ciertamente, una parte de estos fondos (públicos) sirvió para el incremento de empleados públicos (que pasaron de 457.469 en el 2007 a 672420 en el 2017). Además, se produjo un aumento vertiginoso de entidades gubernamentales: 22 ministerios con 6 ministerios coordinadores y 13 secretarías (lo que representa un total de 41 entidades burocráticas).209-24