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    Reformas del Derecho administrativo para 2010: la difícil transposición de la directiva de servicios en España

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    Se exponen en este trabajo las principales consecuencias que tendrá para el Derecho administrativo español la adaptación de la Directiva 123/2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior. Para ello, tras recordar su polémica gestación, se comparan las previsiones de la norma europea con los proyectos de leyes de transposición (Ley «horizontal» y Ley «ómnibus»), señalándose algunas dificultades que pueden plantearse en el proceso como consecuencia del posible retraso en el cumplimiento de los plazos, la falta de sintonía con otras reformas, el aún escaso grado de implantación de la Administración electrónica, los defícits de cooperación administrativa en el Estado autonómico y la falta de desarrollo de la interoperabilidad en los niveles europeo e interno.This article explains the main consecuences of the implementation of the services directive in Spanish administrative Law. First, its debated gestation period is explained; second, the article compares the contents of the Spanish Law drafts with the european directive; and finally, several problems are indicated (delay, miss-coordination in the «Estado autonómico» and e-government deficits in Spain)

    Simplificació administrativa i administració electrònica: objectius pendents en la transposició de la Directiva de serveis

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    La transposició de la Directiva de serveis a Espanya obliga a dur a terme un ambiciós programa de simplificació administrativa, també requerit per les difícils circumstàncies econòmiques que passen les nostres administracions. Altres països europeus ens mostren reformes concretes que s'hi podrien aplicar, com l'agilitació procedimental, que també s'intenten aplicar a les comunitats autònomes. Tanmateix, diversos desafiaments claus de la simplificació continuen necessitant modificacions més profundes de la nostra Llei de procediment administratiu per realitzar l'eliminació d'abusos en les exigències documentals, evitar les dilacions procedimentals, acabar amb el silenci administratiu i millorar aspectes de l'Administració electrònica, com ara la interoperabilitat

    Rule of Law and Democracy: countermajority balance against authoritarian effects of polarization

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    Democracy and rule of law are complementary constitutional principles, not possible separately.   Constructive criticism of its shortcomings is acceptable, but the affirmation of its failure threatens the legitimacy of essential institutions for social coexistence. The academic approaches that confront democracy and the rule of law favor authoritarian reactions of an extremist nature, in a context of growing social polarization and risk of breakdown of democracy. Thus, jurists should provide solutions, and show courage and boldness in upholding core values. Also, should remember that Countermajority balances offset side effects of polarization

    A review of the classical principles of local public service

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    [ES]Este artículo propone una actualización de los principios clásicos del servicio público, desde su comprensión originaria y su importancia para los entes locales. La igualdad, continuidad y regularidad en su provisión deberían adaptarse a las circunstancias presentes, de acuerdo con la cláusula de progreso tecnológico. Así, prestaciones municipales clásicas (transporte, iluminación o servicios sociales y deportivos) podrían replantearse en clave de innovación.[EN]This paper proposes an update of the classical principles of public service, from its original understanding and its importance for local governments. Equality, continuity and regularity in its provision should be adapted to the present circumstances, in accordance with the technological progress clause. So, classical local services (transport, street lighting, sports or social assistance) could became innovative

    Acceso a la función pública autonómica y doctrina constitucional (Comentario a la STC de 11 de febrero de 1999)

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    [ES]Entre los requisitos de una buena constitución política se encuentran, sin duda, los principios de participación y de igualdad, enunciados conjuntamente en el artículo 6 de la Declaración de derechos del hombre y el ciudadano de 1789 («La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho a participar personalmente, o a través de sus representantes, en su formación. Debe ser la misma para todos, tanto cuando protege como cuando castiga. Siendo todos los ciudadanos iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad, y sin otra distinción que la de sus méritos y capacidad») y en el artículo 23 de nuestra Constitución («1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes»). Los derechos a participar en los asuntos públicos y a acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos, guardan una estrecha relación con el sistema democrático. La interpretación del artículo 23.2 (2) lo considera manifestación específica de la igualdad ante la ley, como pone de relieve la STC 86/1987, de 2 de junio, y resalta su conexión con los principios de mérito y capacidad, como recuerda la STC 193/1987, de 9 de diciembre

    ¿Por qué deberían estudiar historia los ministros?

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    [ES]Comentario al libro "Responsabilidad ministerial en la época isabelina" de Alejandro Nieto Garcí

    La codificación del procedimiento administrativo en América Latina: un hito más (Paraguay)

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    [ES]Una nueva ley de procedimiento administrativo es siempre un acontecimiento para el derecho público. La tramitación del proyecto legislativo en el Congreso de la Nación paraguaya nos da la oportunidad de participar en su mejora, además de mencionar iniciativas recientes en otros países (El Salvador). En todas estas normas latinoamericanas se observa la inspiración del derecho español, proyectada también sobre la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, aprobada por el CLAD y la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 2013
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