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Gobernanza territorial y conflictos entre Estado y pueblos indígenas: una perspectiva comparada de Ecuador y Bolivia. Versión final
Existe una creciente tensión y conflictividad entre la lógica estatal de un tipo de uso y
explotación de la naturaleza, en regiones ecológicamente frágiles y culturalmente sensibles
como la Cuenca Amazónica, y la necesidad del propio Estado por generar excedentes o
ganancias económicas que les permitan satisfacer las crecientes demandas de la población.
Aquella tensión demanda la búsqueda de varios equilibrios y acuerdos, que en la historia
reciente de países como Ecuador y Bolivia parecen estar lejanos. Por el momento entran en
tensión los derechos [individuales, colectivos y de la naturaleza] y la razón de Estado.
También entran en contradicción las lógicas territoriales del Estado y las demandas
indígenas subnacionales, que plantean reconocimiento y derechos autonómicos. En esa
dirección también se sobreponen el interés del Estado por sintetizar y expresar la “voluntad
colectiva” existente en el conjunto de la nación, la perspectiva nacionalista de gobiernos de
amplia base popular, frente a los derechos, demandas y expectativas represadas de pueblos
ancestrales, cuya existencia depende del control e integridad de sus espacios de vida o de
sus territorios. Alrededor de las interrogantes, ¿de qué manera los Estados –ecuatoriano y
boliviano- están garantizando la vigencia plena (o no) de los derechos de los pueblos
indígenas? ¿Y hasta qué punto al hacerlo, contradicen y alteran el modelo económico vigente
basado en la extracción de recursos primarios? el presente texto, a lo largo de cuatro
acápites, intenta esbozar algunos elementos de respuesta, de cara a facilitar y promover
una reflexión colectiva, crítica y urgente
Justicia comunitaria y pluralismo jurídico en América Latina: una panorámica de cuarto de siglo
Desarrollar un balance crítico del impacto del Convenio 169 de la OIT y sus repercusiones
en el ámbito del pluralismo jurídico y la justicia comunitaria en América Latina constituye
un desafío complejo. Durante buena parte del siglo XX, muchos países ni siquiera reconocían
que a lo interno de sus territorios existían pueblos indígenas u originarios. La huella y la
herida colonial simplemente estaban vigentes.
La época en que se aprueba el Convenio 169 de la OIT coincide con el auge neoliberal y el
multiculturalismo en la región, pero también con la emergencia a la escena política de un
vigoroso movimiento indígena. ¿Ha cambiado la situación de los pueblos indígenas desde
entonces hasta ahora? ¿Se han reconocido su condición de pueblos y culturas diferenciadas,
y junto con ello, de sus instituciones, autoridades y prácticas de administración de justicia?
¿Ha sido suficiente impulsar cambios en el campo jurídico para afectar una matriz colonial
de poder que excluye, invisibiliza y controla al mismo tiempo?
Sin duda respuestas a fondo a estas y otras interrogantes rebasan por completo los alcances
del presente texto. Apenas se pretende desarrollar un primer esbozo de la situación, a manera
de un balance urgente. Hay algunos trabajos y estudios (algunos de ellos citados) que
muestran de manera más específica el camino recorrido. La interrogante central que anima
estas líneas gira en torno a, ¿cuáles son los principales avances y dificultades existentes en
torno a la justicia comunitaria y el pluralismo jurídico a raíz de la ratificación y vigencia del
Convenio 1609 de la OIT en algunos países de América Latina?
Para responder a esta pregunta, el texto presenta una panorámica y retrospectiva, y está
organizado en cinco ítems centrales: a) situación de los pueblos indígenas antes de la
aprobación del Convenio 169 de 1989; b) los (principales) efectos y repercusiones generadas
por la aprobación del Convenio 169 en el ámbito de la justicia comunitaria; c) las reformas
constitucionales y legales, especialmente en relación al pluralismo jurídico y la justicia
comunitaria; d) un repaso de algunas de la agenda de políticas públicas en torno a tema; y
finalmente e) la situación de las mujeres indígenas y la justicia comunitaria
Ecuador
Ecuador’s total population numbers some 15,682,792 inhabitants, and
includes 14 nationalities accounting for around 1,100,000 people, all
joined together in a series of local, regional and national organisations.
60.3% of the Andean Kichwa live in six provinces in the Central-North
Mountains; 24.1% live in the Amazon region and belong to ten nationalities;
7.3% live in the Southern Mountains; and the remaining 8.3% live in
the Coastal region and the Galapagos Islands. 78.5% still live in rural areas
and 21.5% in urban areas.
The current Constitution of the Republic recognises the country as a
“…constitutional state of law and social justice, democratic, sovereign,
independent, unitary, intercultural, multinational and secular”. Over the
last five years, the country has undergone a series of political and institutional
reforms. At the same time, however, enforcing and guaranteeing
the collective rights recognised in the Constitution has become a challenge
to the process, and a permanent point of disagreement between
the government, headed by the economist Rafael Correa, and the indigenous
social organisations. The government’s economic action has been
largely marked by an opening up of the extractive industries - oil, copper
and gold - to foreign investment, either of Chinese or Belarussian origin,
or from other Latin American countries such as Brazil, Chile or Argentina.
This has resulted in risk to and impacts on the territorial and cultural integrity
of various indigenous peoples, and an uncertainty created around the
true validity of the broad collective rights enshrined in the Constitution
Ecuador
En Ecuador la población total es de 15.430.577 habitantes y los pueblos indígenas
representan alrededor de 1 millón 100 mil habitantes. El 78,5% habita
en el área rural.
La Constitución de la República vigente reconoce al país como un “…
Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. De igual manera,
Ecuador se constituyó en el primer país en el mundo en reconocer derechos
a la naturaleza en su Carta Magna e incorporar en su texto central principios
ancestrales como el “Sumak Kawsay” (Vida límpida y en armonía)
Ecuador
En Ecuador, la población total es de 15.682.792 habitantes, donde existen 14
nacionalidades que suman cerca de 1 millón 100 mil habitantes y están aglutinadas
en un conjunto de organizaciones locales, regionales y nacionales. El
60,3 % de los Kichwa andinos vive en 6 provincias de la Sierra Centro-Norte;
el 24,1% habita en la Amazonía y comprende 10 nacionalidades; el 7,3% de
los Kichwa andinos habita la Sierra Sur; y el 8,3% restante habita en la región
Costa y las Islas Galápagos. El 78,5% habita aún en el sector rural y el 21,5%
en el sector urbano.
La Constitución de la República vigente reconoce al país como un “…
Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. Durante el último
quinquenio, el país ha vivido un conjunto de reformas políticas e institucionales
aunque, al mismo tiempo, la vigencia y garantía de los derechos colectivos
reconocidos en la Carta Magna se han convertido en un desafío para el
proceso y en un punto de permanente desencuentro entre el gobierno, encabezado
por el economista Rafael Correa, y el conjunto de organizaciones
sociales indígenas. La apertura a capitales ligados a las industrias extractivas,
de petróleo, cobre u oro -sean de origen chino, bielorruso o de otros
países latinoamericanos como Brasil, Chile o Argentina-, ha marcado buena
parte del accionar económico del gobierno, con el consiguiente riesgo e impactos
a la integridad territorial y cultural de varios pueblos indígenas, y a la
incertidumbre generada en torno a la vigencia real de los amplios derechos
colectivos consagrados en la Constitución
State Policies, Territories and Rights of Indigenous Peoples in Ecuador (1983-2012)
This work seeks to reconstruct the dynamics of the agreements and disagreements
between the State and the indigenous peoples in Ecuador, emphasising particularly on
two key elements: first, the indigenous peoples participation and exercise of their
political rights, in particular the right to self-government and autonomy within their
jurisdictions; and secondly, indigenous peoples’ degree of direct influence on public
policies’ formulation and implementation, specially those directly affecting their
territories, including the exploitation of natural resources.
In Ecuador, during this historical period, the state has gone through three major
moments in its relationship with indigenous peoples: neo - indigenism associated to
developmentalism (1980-1984); multiculturalism associated to neoliberalism (1984-
2006) as one of the dominant trends over the period; and the crisis of neoliberalism and
the search for national diversity and interculturalism associated to post- neoliberalism
(2007-2013). Each has had a particular connotation, as to the scope and methods to
respond to indigenous demands. In this context, this research aims to answer the central
question: how has the Ecuadorian State met the demands of the indigenous movement
in the last three decades, and how has it ensured the validity of their gradually
recognized rights? And how and to what extent by doing so, it contradicts and alters the
existing economic model based on the extraction of primary resources
Conflictos socioambientales o los escenarios urgentes para las ciencias sociales ecuatorianas en el Siglo XXI
Hace poco se presentó en un acto público una trilogía de libros referen tes a "Prevención y Tratamiento de Conflictos Socioambientales y Políticas Públicas". La publicación es el resultado de un esfuerzo compartido, colectivo y puntual entre la Universidad Politécnica Salesiana, a través de docentesinvestigadores de la carrera de Gestión para el Desarrollo Local, el equipo de técnicos de la Subsecretaría de Diálogo Social de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana -la principal entidad auspiciantey Editorial Universitaria Abya-Yala. A esa tarea se incorporaron investigadores de otras entidades como el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) y las fundaciones ECOCIENCIA y Futuro Latinoamericano (FFLA). Más allá de una novedad de estantería esta publicación invita a reflexionar y debatir en torno a los procesos conflictivo-socioambientales en marcha en el país, a los requerimientos conceptuales, metodológicos e institucionales alrededor de una gestión o tratamiento de los conflictos asociados a la explotación o aprovechamiento de bienes de la naturaleza, que estén acordes a la vigencia y garantía plena de derechos humanos fundamentales (tanto individuales como colectivos) y en particular al rol del Estado y el tipo de respuestas que éste brinda. Precisamente ese campo de exigencias nos remite a un ejercicio de exploración de posibles hipótesis o respuestas tentativas a varias interrogantes centrales presentes en este debate: ¿Cómo dar cuenta de manera objetiva a la dinámica de conflictos socioambientales? ¿Cuál es el locus desde el cuál es posible aquello? ¿Son adecuadas las herramientas conceptuales y metodológicas que se utilizan para tratar conflictos en condiciones de diversidad cultural, exclusión y gran asimetría? ¿En qué medida la forma como se tratan estos conflictos fortalece la capacidad de control del Estado sobre los territorios y las poblaciones locales
Territorialidades, Autonomía y Conflictos
El tema del libro que Pablo Ortiz-T nos ofrece es de altísima relevancia académica y al mismo tiempo política, a saber: crisis de la forma de organización geográfica del poder en el sistema mundo moderno-colonial, del Estado territorial, base del sistema inter-estatal que aún nos gobierna. Y no lo hace con una “teoría teórica” (Bourdieu) o desde un “punto cero” (Castro-Gómez), sino en diálogo con los Kichwa de Pastaza desde la Amazonía ecuatoriana, en medio de su lucha por autonomía territorial y autogobierno.
La elección teórico-política de Ortiz-T. por un enfoque intercultural revela la fina crítica que el autor formula de los abordajes multiculturales y post-modernos que, según el autor, permanecen prisioneros de sus fundamentos eurocéntricos, sobre todo por no enfrentar la cuestión de las relaciones de poder implícitas en las relaciones entre pueblos y culturas. Su crítica a los esencialismos indigenistas y neo-indigenistas demuestra a partir de una intensa relación local/regional apunta a las necesidades del mundo contemporáneo en crisis, de buscar otras configuraciones territoriales donde la necesaria relación supralocal de cada lugar, aldea, poblado, ciudad, territorio y sus territorialidades no vacíen el poder de cada lugar, aldea, poblado, ciudad o territorio. Es dentro de ese proceso continuo de territorialización que el autor nos habla y nos convoca
20 años de movimiento indígena en Ecuador: entre la protesta y la construcción de un Estado plurinacional
El último tramo de la historia ecuatoriana evidencia la confrontación abierta entre
dos mundos, vinculando dialécticamente al oprimido y al opresor: los pueblos
y nacionalidades indígenas y los afrodescendientes frente a una sociedad mestiza
dominante. No se trata solo de un problema de exclusión y asimetrías, sino también
del desconocimiento sobre cómo superar la triple agresión de la que son
víctimas los primeros: el despojo, la discriminación y el desprecio.
La cultura dominante ha propugnado por la integración de los pueblos
indígenas, para que estos asuman los códigos de conducta, de consumo y de
intelección del mundo propios de la sociedad occidental. Aunque muchos
indígenas van acogiendo tales patrones por una dinámica de sobrevivencia,
en general se resisten a la asimilación cultural y a la pérdida de sus respectivas
identidades. Ello se puso de presente con el levantamiento de junio de 1990,
que marcó el inicio de un proceso orientado a la liberación de los pueblos
indígenas. En el campo de las percepciones sociales, ese acontecimiento representa
el inicio del tránsito de una visión racializada de lo indígena, al reconocimiento
de la existencia de culturas diferentes.
En efecto, la lucha del movimiento indígena en las últimas décadas se
desarrolla en el marco de la recuperación o reafirmación de sus identidades y
para ello, construyó formas complejas de organización y de interpelación al
proyecto de configuración del Estado-nación. Estas formas de interpelación
le dan sentido y constituyen el eje en torno al cual gira toda la trama de relaciones
entre el Estado y las nacionalidades indígenas del Ecuador, frecuentemente
tensas y conflictivas (Guerrero, 2000; Bretón, 2001; Carroll, 2002;
Beck y Mijeski, 2001)
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