Transformación en la gestión pública de las ejecuciones extrajudiciales

Colombia ha sido un país golpeado por el flagelo de la violencia, específicamente por el conflicto armado que ha perdurado por más de 55 años, y donde siguen vigentes algunas organizaciones y grupos armados insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Celis, 2017). No obstante, en 2016 al final de un proceso largo, que termino con un pacto en la “Habana – Cuba”, donde se firmó el acuerdo para lograr una paz estable y duradera, entre el gobierno colombiano representado por el presidente de turno el señor “Juan Manuel Santos Calderón” y una guerrilla más antigua de Latinoamérica, “las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP)” (Santos & Jimenéz, 2016). Un período trágico de combate entre estos grupos al margen de la ley, dejarían como saldo más de 8.731.105 víctimas del conflicto armado interno, según cifras registradas en el Registro Único de Víctimas (Unidad Para las Víctimas , 2018). La búsqueda de la paz en el marco del conflicto armado interno ha sido la consigna de los diferentes gobiernos de turno, verbigracia, el proceso de negociación entre el Gobierno del presidente Virgilio Barco y el Movimiento 19 de Abril (M-19). En el mismo sentido se desmovilizó el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y el Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT) (Fisas, 2010). Lo anterior puede ser considerado como los antecedentes históricos en la búsqueda de la construcción de un país en paz para los colombianos. En esa misma búsqueda, en el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango se adelantó un escenario de negociación con la guerrilla de las FARC-EP, en San Vicente del Caguán, en Florencia Caquetá. (Aguilera Peña, 2014). Pero, desafortunadamente no pudo concluir por no cumplirse lo que se estaba acordando en el proceso de negociación entre el gobierno y la insurgencia de las FARC (Lozano Guillen, 2001). En este contexto, con el desarrollo del Plan Colombia en el gobierno de Andrés Pastrana, así como la expansión del fenómeno del paramilitarismo y la imposición de las políticas de “seguridad democrática” en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, condujo al “repliegue y decaimiento militar de las FARC (Aguilera Peña, 2014, pág. 174). Así las cosas, ya en el gobierno del exmandatario Álvaro Uribe, se implementa una política institucional como complemento de la Política de Seguridad Democrática, denominada también como “Directiva Ministerial Permanente Nº. 29 de 2005”, la cual “desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley […]”. Este instrumento jurídico e institucional tuvo vigencia en el periodo ministerial del Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, hoy expresidente de Colombia. En este documento se plasmaron los beneficios y prerrogativas para los agentes de las Fuerzas Armadas que presentaran “positivos” ante sus superiores, es decir, golpes concretos y eficaces a las estructuras delincuenciales, especialmente a las guerrillas colombianas, presentadas ante los medios de comunicación como grupos terroristas, por el gobierno Uribe (Pataquiva García, 2009) En ese contexto se evidenció un fenómeno socio jurídico en contra de la población civil, como fueron las ejecuciones extrajudiciales, denominadas en el ámbito periodístico como “falsos positivos” (Sentencia T- 535 de 2015). Dichas prácticas que aún permanecen en la actualidad se traducen en crímenes ejecutados por agentes del Estado contra la población civil, de manera selectiva y sistemática, en el marco del conflicto armado interno colombiano (Ojeda & Chaparro , 2018). En virtud de lo anterior, se presentó ante la opinión pública a guerrilleros dados de baja en combate, cuando realmente eran civiles que no tenían relación alguna con grupos guerrilleros. “La Comisión Colombiana de Juristas juega un papel importante se destacan los informes de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales” (“falsos positivos” )“estos son elevados a instituciones nacionales como internacionales sobre temas de la coyuntura que afectan las libertades y el sistema garantista” (Carvajal, 2009, p.197) Como se puede evidenciar, esas prácticas se dan por fuera del marco constitucional del Estado social de derecho, cuyo fundamento se encuentra en el respeto por la dignidad del ser humano, como lo consagra el Estado colombiano (Art. 1 Constitución Política de Colombia). Dentro de los fines del Estado democrático colombiano, se consagra la garantía de los derechos fundamentales, proteger la vida, honra entre de los asociados, lo que en otras palabras sería la obligación de un país que pretende consolidar un escenario de paz. El devenir histórico de la violencia en Colombia ha demostrado que los agentes encargados de la seguridad de la comunidad son los perpetradores de crímenes de lesa humanidad (Alston, 2010, pág. 13). Este fenómeno fue puesto al descubierto por las inquietudes e interrogantes que se hicieron en especial los familiares de las víctimas del municipio de Soacha, Cundinamarca (Bruno & Carrillo, 2009), en donde días antes sus familiares habían sido ultimados por un “tiro de gracia” (Comisión Colombiana de Justistas , 2012, pág. 11) y presentados como comandantes o guerrilleros de frentes de las FARC. Por ende, la comunidad internacional, tuvo un interés particular en esclarecer los móviles de las muertes de 22 casos denunciados que tenían un soporte jurídico (FEDES, 2010, pág. 75). Estas investigaciones pudieron evidenciar que, los crímenes de lesa humanidad de las ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar en el marco de la Política de Seguridad Democrática, en el periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez, donde se articuló todo un sistema de acciones, instrumentos e instituciones, con el propósito de dar a conocer resultados de victorias contra los grupos insurgentes, a costa de la población civil que puso las víctimas. Para ello, fue necesario, articular los dispositivos de gestión a partir de la institucionalidad, como desde las prácticas por Agentes (Fuerza Armada), como la orquestación de los medios de comunicación, cuyo propósito fue imponer el régimen de gobierno, así como el pensamiento político de seguridad nacional, direccionado a partir de políticas antiterroristas de los Estados Unidos (Atehortúa Cruz & Rojas Rivera, 2009). Lo anterior se tradujo en que, desde las directrices gubernamentales, así como desde los altos mandos del Ejército y las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de la población civil, se desarrolló toda una serie de actuaciones tanto como para la materialización de las ejecuciones extrajudiciales, como también el desdibujamiento y ocultamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros del ejército. En este orden de ideas, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, manifestó ante la opinión pública que las víctimas eran militantes de la guerrilla, situación que condujo a desconocer los derechos fundamentales como a la honra y el buen nombre. A su vez, no sólo se dieron las prácticas de ejecuciones extrajudiciales, en el marco del conflicto armado interno colombiano, sino que se convirtió en una estrategia de silenciamiento en contra de todo aquel que no estuviera de acuerdo con las políticas implementadas por el presidente de aquel entonces. Esta contextualización sirve para señalar cómo estas lógicas políticas se han perpetuado a fuerza de sangre y con el derramamiento de lágrimas de los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos” y desapariciones forzadas, perpetradas por órganos de la fuerza armada/pública en representación del Estado de Derecho. Aún se dan situaciones de impunidad en lo atinente con la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, a pesar de que desde el 2017 mediante el acuerdo 01 de 2017 se estableció la Jurisdicción Especial para la Paz. En consecuencia, se nota un esfuerzo inusitado por construir herramientas eficaces en favor de los derechos humanos de “las víctimas del conflicto armado interno”, donde más que una reparación económica, los familiares de las víctimas vean materializada la justicia, reparación, verdad y garantías de no repetición. Por lo anterior el Estado colombiano ha tenido que asumir la responsabilidad de los falsos positivos cometidos a nivel nacional durante el periodo de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2010. Es importante tener en cuenta que Colombia forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales y el Estatuto de Roma de Corte Penal Internacional, instrumentos internacionales que como Estado nación está en la obligación de someterse. (Alston, 2010) No obstante, que los Tratados, Convenios Internacionales, “Declaración Universal de los Derechos Humanos” forman parte del bloque de constitucionalidad, en relación con la responsabilidad del Estado, así como la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas “falsos positivos”, no se evidencia una real actuación jurisdiccional y sí que menos política para que no exista el fenómeno constante en Colombia como lo es la impunidad. Razón por la cual, ha tenido que haber intervención de organismos internacionales y de Organizaciones No Gubernamentales ONG`S, en la aclaración de los hechos de las ejecuciones de Soacha. Esto teniendo en cuenta que desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2009-2011, se realizó un trabajo por el Movimiento de Reconciliación (FOR) & la Coordinación Colombia -Europa -Estados unidos (CCEEU) de importancia que tuvo incidencia en la disminución de prácticas de ejecuciones extrajudiciales, condicionando al Estado Colombiano el apoyo internacional (FOR & CCEEU, 2014, págs. 99-100). Así, se puede inferir como suposición que fueron los dispositivos los que garantizaron la expansión, de un lado, de esta política a nivel nacional y trasnacional, la naturalización de la violación a los derechos humanos, lo que desbordó el tejido social, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, lo que dio lugar a la movilización de víctimas del conflicto, exigiendo su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, que se pone también como política de respuesta al daño causado a la sociedad desde un mecanismo de protección, por la ineficacia en los procedimientos, investigación y juzgamientos respecto a las causas, circunstancias, móviles que dieron lugar a las ejecuciones hechas por los miembros del ejército nacional, se nota una impunidad que desborda todo entendimiento. En estos hechos se configura una responsabilidad penal por parte de aquellos que incurrieron en los crímenes de lesa humanidad como en los casos de Soacha, pero a su vez una responsabilidad institucional, la cual se entiende en términos de reparación integral, justica, verdad, y garantías de no repetición. (CIDH, 2013). De ahí la necesidad de construir mecanismos pertinentes y eficaces en la búsqueda de resarcir a los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, teniendo en cuenta los instrumentos e instancias internacionales, pero también el fortalecimiento de las instituciones encargadas de evitar la configuración del delito de impunidad, como la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la máxima autoridad de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado. (Sentencia NR 38757 de 2016). Por lo narrado en líneas anteriores, y con un gran compromiso por los derechos en defensa de aquellos que han sido “víctimas del conflicto” armado interno, es pertinente dar respuesta a la siguiente pregunta frente a la cual gravita la presente investigación, a saber: desde la Política de Seguridad Democrática, la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas, ¿cuál sería la respuesta más eficaz ante la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en el caso de los falsos positivos? Para dar respuesta al interrogante planteado que posibilite tener elementos de juicio para hacer una aproximación a una propuesta que pueda servir no sólo a la comunidad académica, operadores judiciales, sino también a los familiares de las víctimas, en la concreción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Para dar cumplimiento a lo anterior, se trazó como objetivo general el analizar desde una perspectiva crítica la Política de Seguridad Democrática, así como la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas, tienen una notoria incidencia en los dispositivos de gestión, en la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el municipio de Soacha. Por lo tanto, fue necesario plantear desde una metodología cualitativa, los siguientes objetivos específicos, que a la postre se presentan como capítulos del trabajo investigativo. En este orden de ideas, se propuso hacer un acercamiento a las realidades de las ejecuciones extrajudiciales específicamente en el municipio de Soacha, abordado en el primer capítulo, titulado “Aproximaciones al fenómeno de los falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) en el municipio de Soacha”. El capítulo aborda un rastreo de prácticas y modus operandi de los perpetradores de las ejecuciones extrajudiciales contra los jóvenes del municipio de Soacha, teniendo como presupuesto investigativo los datos arrojados por el Centro de Investigación de Educación Popular (CINEP). Esto permitió entender las lógicas macabras y desbastadoras de las prácticas de las “ejecuciones extrajudiciales” perpetradas por los agentes de la “Fuerza Pública”, en el periodo de 2002-2010, se manifestaron de manera selectiva y sistemática, convirtiéndose en una política de Estado. (Observatorio de Derechos Humanos y derecho humanitario Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, 2012, p. 7). Por ello, se concluye la responsabilidad del estado colombiano en asistir a las víctimas, teniendo en cuenta los supuestos de “verdad, justicia reparación y garantías de no repetición”. Seguidamente, para asumir una postura crítica y reflexiva de “los crímenes de lesa humanidad”, en especial lo tocante a “las ejecuciones extrajudiciales” y desaparición forzada en el marco del conflicto armado interno, que se propuso como segundo objetivo específico, establecer desde una aproximación epistemológica y teórica, los elementos propios para reparar a las víctimas de “ejecuciones extrajudiciales, consolidar a partir de las siguientes categorías de análisis: “ejecuciones extrajudiciales”, desaparición forzada, Ley de Justicia y Paz, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, así como la comprensión de las dinámicas de los dispositivos de gestión. Lo anterior se puede evidenciar en el segundo capítulo, intitulado “Concreciones epistemológicas: Una mirada crítica y teórica a los presupuestos jurídicos de los delitos de lesa humanidad”. Este apartado fue desarrollado a partir de una método de análisis del discurso (Foucault, 1996), una interpretación epistemológica de las categorías que se constituyen en el derrotero epistemológico del presente trabajo investigativo. Así, se puede evidenciar el lugar de enunciación, como la aproximación a un desarrollo epistemológico de los elementos lógicos de la tesis, donde se ha tenido en cuenta la metodología cualitativa congruente en el análisis de los presupuestos teóricos, doctrinales y jurisprudenciales. Por ende, se puede evidenciar los elementos que permiten proponer una posible solución al problema de las víctimas de los falsos positivos, específicamente del municipio de Soacha, en el contexto de los dispositivos de gestión, que aún tienen vigencia en la institucionalidad del Estado social de derecho. Finalmente, el capítulo que tiene como desarrollo el tercer objetivo específico, se propuso a manera de desenlace y sugerencia, Identificar los elementos necesarios para reparar a los sujetos de derecho “las víctimas” de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, teniendo en cuenta los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, así como los aportes que hacen los teóricos y la jurisprudencia. Por lo tanto, finalmente terminar con “Conclusiones y recomendaciones esenciales”, se plasman los elementos necesarios para una reparación integral en el marco de los dispositivos de gestión del Estado social de derecho”, así como las sugerencias como aporte de la comunidad académica, pero también a los operarios judiciales y a los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, del municipio de Soacha, Cundinamarca. Para dar cuenta de lo anterior, fue necesario abordar el problema planteado desde una perspectiva crítica, inscrito en el paradigma de la investigación socio jurídica (Mariño Rojas, 2011), desde un estudio de la observación de la realidad entorno a víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, se pudo evidenciar los diferentes problemas y carencias que sufren los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Ello se puede constatar, al hacer una interpretación de las realidades desde un acercamiento empírico-analítico contextual de los familiares de las víctimas, de sus narrativas respecto a cómo se asume y vive la verdad de los hechos perpetrados por agentes del Estado contra sus seres queridos. Este punto que trasciende lo teórico y se materializa en una realidad concreta (Bunge, 1999), pretendió, más que hacer una interpretación jurídica normativa, analizar los dispositivos de gestión dentro de la política gubernamental del expresidente “Álvaro Uribe Vélez”, en la fase comprendida de (2002 a 2010). En un sentido más amplio, el objeto de este tipo de investigación socio jurídica lo constituye la relación entre el Derecho y Estado, el poder político, las realidades sociales y la falta de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Al tenor de lo ya dicho, y llevado a cabo la metodología cualitativa debe llevarse a cabo un análisis de tipo teórico, documental y descriptivo, dando posible desarrollo al problema expuesto objeto de investigación, a manera de probar la real reparación integral a los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, así como también el modus operandi del sistema institucional político y jurídico en la materialización de las prácticas de perpetración de estos crímenes. Así las cosas, fue necesario hacer uso de la hermenéutica jurídica, lo que posibilitó asemejar instrucciones acertadas de la dogmática jurídica, así como evidenciar los elementos necesarios para la construcción de una propuesta encaminada a la reparación de familiares de las víctimas de “las ejecuciones extrajudiciales” (Gadamer, 1998, p. 364) de los jóvenes del municipio de Soacha. Esta herramienta facilitó realizar el ejercicio claro al acercamiento al problema social existente, en especial las reglas y dispositivos de gestión que se construyeron con el propósito de legitimar e invisibilizar las prácticas cometidas, de manera selectiva y sistemática por parte de los militares de la Fuerza Pública. La metodología abordada de modelo cualitativo, puesto que: “intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva” (Bonilla, Rodríguez y Sehk, 2013, p. 119). Al interactuar en la comprensión del fenómeno de crímenes de Estado, posibilita evidenciar desde una mirada interdisciplinar, indagar por la posición que debería asumir el Estado frente a la reparación de las víctimas. De tal modo, el método inductivo permitió efectuar un análisis del asunto genéricamente de esta dificultad social, para poder determinar y hacer la aproximación contextual y fáctica del caso específico de los jóvenes comprometidos en estos hechos. En este orden de ideas, para poder hacer un análisis crítico de los mecanismos tanto jurídicos como institucionales, así como las prácticas sistemáticas de los homicidios, fue preciso recurrir al método de análisis discursivo planteado por Michel Foucault (1996) y Tun A. Van Dijk (1999). Esta metodología permite evidenciar las falencias, los propósitos reales y las lógicas a las que respondieron la Política de Defensa y Seguridad Democrática, en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Por lo tanto, se tuvo como estrategia metodológica la recolección de datos a través de la construcción del estado del arte, pero a su vez, el análisis de las narrativas de los familiares de las víctimas (Fundación para la Educación y el Desarrollo, 2010). Esto posibilitó entender el plan gestado por los miembros pertenecientes a la institución, que constitucionalmente debería garantizar la seguridad. Ahora bien, por el resultado presentado a manera estratégica, se pude decir que el camino de esta investigación es cualitativo, teniendo en cuenta que hace análisis de fuentes históricas, narrativas, teóricas y doctrinales, las cuales permitieron tener un panorama más amplio respecto del flagelo de los mal llamados falsos positivos. Por ende, el tipo de investigación es descriptivo, ya que se forja una narrativa de lo acontecido, pero también se hace análisis discursivo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. A manera de conclusión, se dirá que las próximas líneas es el fruto del trabajo no sólo personal, sino el acumulado de un trabajo de múltiples defensores de derechos humanos tanto líderes sociales como académicos, que se han preocupado por generar un recuento del escenario de paz y reconciliación entre los

Caracterización de los eventos adversos presentados por Bupivacaína reportados en la ciudad de Bogotá entre 2015-2018

97 páginas : gráficasThe AL can produce adverse reactions of varying degrees and different levels, despite the safety profile of local anesthetics, Bupivacaine (BVC) as a long-term local anesthetic is indicated in subarachnoid anesthesia to perform Interventions in lower extremities, perineum, lower abdomen; Normal vaginal delivery and Caesarean section and reconstructive surgery of the lower extremities. However, multiple cases reported and different clinical studies have indicated that the bupivacaine is indicated in anesthesia of processes dental by infiltration or blocking truncal. Its main drawback is its potential cardiotoxicity. This article is elaborate in order to make known the information obtained through a study of adverse events reported in the city of Bogotá between the years 2015-2018, resulting in the bupivacaine generates more RAM type therapeutic failure and are presented More cases in women than in men according to the great use that is given in procedures directed to the female gender, but without representing a high index of risk related to the use of this medicineLos AL pueden producir reacciones adversas de distinto grado y diferentes niveles, pesar del perfil de seguridad de los anestésicos locales, la Bupivacaina (BVC) al ser un anestésico local de larga duración está indicado en anestesia subaracnoidea para efectuar intervenciones en extremidades inferiores, perineo, abdomen inferior; parto vaginal normal y cesárea y cirugía reconstructiva de las extremidades inferiores. Sin embargo, múltiples casos reportados y diferentes estudios clínicos han indicado que la bupivacaina está indicada en anestesia de procesos odontológicos por infiltración o bloqueo troncular. Su principal inconveniente es su potencial cardiotoxicidad. Este artículo se elaboró con el fin de dar a conocer la información obtenida a través de un estudio de eventos adversos reportados en la ciudad de Bogotá entre los años 2015-2018, dando como resultado que la Bupivacaina genera más RAM de tipo fallo terapéutico y se presentan más casos en mujeres que en hombres de acuerdo con el gran uso que se le da en procedimientos dirigidos al género femenino, pero sin representar un alto índice de riesgo relacionado al uso de este medicamentoIncluye bibliografíaPregradoQuímico(a) Farmacéutic

Educación física rural: diseño de una propuesta didáctica pertinente para el contexto

Con el presente trabajo se pretende formular el documento correspondiente al proyecto escolar ambiental (PRAE) para institución denominada INSTITUCION EDUCATIVA LA FLORESTA IEF ubicada en Mosquera Cundinamarca, a través del análisis de aspectos ambientales significativos y promulgación de programas de ahorro y uso eficiente de los recursos que permitan llegar a una gestión ambiental pertinente logrando un mejor desempeño ambiental de la misma y educar a la comunidad en consumo responsable y cuidado de su entorno. La metodología empleada para la realización de este trabajo se basa en la toma de datos directos por medio de la observación y análisis documental institucional, junto con la revisión de la normatividad ambiental vigente. Permitiendo con ello conocer infraestructura de la institución, actividades realizadas por la misma, las condiciones ambientales del entorno, algunas condiciones de riesgo, aspectos ambientales significativos; condiciones y análisis que contribuyen a la creación de la malla curricular transversal que permita direccionar a la comunidad educativa al cuidado del entorno siendo esta una herramienta fundamental para la implementación de este proyecto. La educación física en la actualidad “se considera un área obligatoria para el nivel primario, pues permite que los alumnos desarrollen destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su vida diaria”. (MEN, 2018), por tal razón para que éstas se desenvuelvan, es necesario tener en cuenta el contexto y trabajar a través de él para conseguir los objetivos propuesto. En concordancia con la normatividad nacional, la secretaria de Educación de Bogotá garantiza la enseñanza de la Educación Física como un Área básica en los procesos de enseñanza aprendizaje, los cuales se desarrollan en contexto urbano y rural, como lo es el caso particular del Colegio Campestre Jaime Garzón IED, ubicado en el páramo más grande del mundo, zona rural de Bogotá, allí se desarrollan labores propias del campo y conservación del territorio. Los estudiantes viven en veredas y fincas, que, por temas de distancia y difícil acceso, impiden el desarrollo de actividades deportivas, recreación y tiempo libre de forma extraescolar, pues su interacción con los compañeros se reduce a la jornada escolar. En la actualidad, el plan de estudios de Educación Física de esta Institución se encuentra alineado a los parámetros curriculares, pedagógicos y didácticos propios del Área. Sin embargo, en algunas sedes del Colegio, no se cuenta con el material didáctico y deportivo para garantizar la adecuada practica de esta disciplina; así mismo, teniendo en cuenta la condición rural de esta zona, nace la necesidad de crear estrategias didácticas en donde las practicas lúdicas, recreativas y deportivas se adecuen al contexto territorial, social y cultural, propias de esta zona, para potencializar los ambientes de aprendizaje con arraigo cultural, ya que, actualmente los programas de educación física, entrenamiento deportivo, actividad física y tiempo libre que se desarrollan en el sector, no responden a las necesidades del entorno, por el contrario, estos son tomados desde los ya existentes en la zona urbana de la Ciudad.Physical education today "is considered a compulsory area for the primary level, since allows students to develop motor, cognitive and affective skills essential for their lives daily”. (MEN, 2018), for this reason, for these to develop, it is necessary to take into account the context and work through it to achieve the proposed objectives. In accordance with national regulations, the Secretary of Education of Bogotá guarantees the teaching of Physical Education as a basic area in the teaching-learning processes, the which are developed in urban and rural context, as is the particular case of the Colegio Campestre Jaime Garzón IED, located in the largest páramo in the world, a rural area of ​​Bogotá, where they develop work of the field and conservation of the territory. The students live in villages and farms, which, due to issues of distance and difficult access, prevent the development of sports activities, recreation and free time outside of school, since their interaction with classmates is reduced to the day school. At present, the Physical Education curriculum of this Institution is aligned to the curricular, pedagogical and didactic parameters of the Area. However, in some locations of the College, there is no teaching and sports material to ensure adequate practice of this discipline; Likewise, taking into account the rural condition of this area, the need to create didactic strategies where playful, recreational and sports practices are adapt to the territorial, social and cultural context, typical of this area, to enhance the environments of learning with cultural roots, since, currently, physical education programs, sports training, physical activity and free time that take place in the sector, do not respond to the needs of the environment, on the contrary, these are taken from those already existing in the area city ​​urban

Ecorregiones dulceacuícolas de Colombia: una propuesta para la planificación territorial de la región trasandina y parte de las cuencas del Orinoco y Amazonas

Colombia is a geographically diverse country mainly due to the andean terrain, wich creates a river system that combines different orders of drainages, physiography and water types, located in four areas or basins: Caribbean, Pacific, Orinoco and Amazon. Hydrographic areas or basins are classified based on the watershed and have been treated regionally only in terms of political division to manage watersheds sections.Colombia es un país geográficamente heterogéneo debido principalmente a la orografía andina, la cual propicia una red hidrográfica que combina diferentes órdenes de drenajes, fisiografías y tipos de agua, ubicados en cuatro vertientes: Caribe, Pacífico, Orinoquia y Amazonia. Las zonas hidrográficas o cuencas están clasificadas con base en la divisoria de aguas y han sido tratadas de forma regional solamente en términos de división política para manejar las cuencas por secciones. Una clasificación regional de los ecosistemas dulceacuícolas que conjugue tanto este criterio geográfico como uno biológico, no existe para Colombia, por lo que la planeación territorial y los tomadores de decisiones no contemplan los ecosistemas acuáticos como una unidad en sus pautas de manejo. Por ello, el objetivo de esta investigación fue proponer unidades hidrobiológicas continentales con un criterio hidrogeográfico y biológico, para lo cual se reagruparon las zonas hidrográficas oficiales de acuerdo a la composición íctica, la interpretación de la red de drenaje y las características geomorfológicas de las cuencas. Se proponen 28 ecorregiones: seis para la región Caribe, ocho para la Andina, cinco para la Pacífica y nueve cisandinas (cuatro Amazonas y cinco Orinoco). Estas ecorregiones pueden usarse como una herramienta de planificación territorial

Range extension of the critically endambersngered true poison-dart frog, Phyllobates terribilis (Anura: Dendrobatidae), in western Colombia

The poison-dart frog Phyllobates terribilis is currently classified as endangered or critically endangered due to its extremely restricted geographic distribution and intensive smuggling by pet traffickers. Based on molecular data, we here report two new localities representing a 60 km northward extension of its previously recognized range. The identity of other Phyllobates populations in western Colombia is discussed, as well as the current morphological criteria used to distinguish P. terribilis and the similar P. bicolor

Análisis de los posibles impactos del Centro de Gestión Empresarial Mariano - CEGEM, en la ciudad de Pasto

This article presents a review of the multiple potential impact of the establishment of the Centro de Gestión Empresarial Mariano, CEGEM [Mariano Center for Business Management] in Pasto, Nariño, on a social and economic level. It begins with a discussion of the concept of development economics, which is defined as a set of public and private practices that foster economic development in a region, a country or, as in this case, in the city of Pasto, thus favoring the desire to invest, innovate, launch, receive training, and work. The purpose is to gather a critical mass of production factors to initiate sufficient economic growth to bring about, in particular, noticeable improvement of the quality of life of the region involved. This not only involves an increase in the per capita income and a reduction of poverty in southern region of Colombia, but also encompasses the following legitimate goals: better education, an improved level of health and nutrition, less poverty, a cleaner environment, greater equality of opportunities, more personal freedom, and a more fruitful cultural life. Consequently, this study of business development associated with the establishment of the CEGEM provides an analysis of the social and economic impact in order to determine the impact of the creation of this center.Este artículo presenta un análisis de los posibles impactos, en lo social y en lo económico, con la puesta en marcha del Centro de Gestión Empresarial Mariano – CEGEM, de Pasto, el cual parte del concepto de la economía del desarrollo que es el conjunto de prácticas públicas y privadas que promueven el desarrollo económico de un país o de una región, en este caso de la ciudad de Pasto, favoreciendo la propensión a invertir, innovar, emprender, formarse y trabajar el objetivo es reunir una masa crítica de factores de producción para iniciar un crecimiento económico suficiente que aporte en especial, una mejora sensible al nivel de vida de la zona en cuestión. Lo anterior implica un aumento del ingreso per cápita y una reducción de la pobreza en el sur de Colombia, pero, a la vez, comprende como fines legítimos en sí mismos, una educación mejor, un mayor nivel de salud y nutrición, menos pobreza, un medio ambiente más puro, más igualdad de oportunidades, mayor libertad personal y una vida cultural más fructífera. Por tanto, este estudio sobre el desarrollo empresarial a través de la puesta en marcha del CEGEM, analiza el impacto social y el impacto económico, con el fin de conocer cómo incide la creación del Centro

Una mirada gerencial al Sistema de Seguridad Social en Salud de Colombia, período 1993-2013

CD-T 362.106 8 S55; 92 pEn el año de 1.993 con la Ley 100, se estableció un modelo de salud públicoprivado en donde se determina y define la participación de múltiples agentes para operar y gestionar la salud de los Colombianos, conformando lo que se conoce como el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que hoy 21 años después presenta una crisis que lleva por lo menos 3 o 4 años haciendo pensar a unos y otros que el “sistema colapsó” y que por tanto el modelo debe ser revaluado, revisado, modificado o incluso cambiadoUniversidad Libre Seccional Pereir

Hepatitis necrótica infecciosa de los ovinos (enfermedad negra). Descripción de un caso.

La hepatitis necrótica de los ovinos, es una enfermedad aguda y fatal ocasionada por el Clostridium novyi, cuya acción es favorecida por las lesiones hepáticas que producen las formas inmaduras de la Fasciola hepática en su migración hacia los conductos biliares. El presente estudio, caracteriza la enfermedad de acuerdo con su sintomatología, lesiones macroscópicas, microscópicas y se identifica el germen causal mediante la técnica de inmunofluorescencia directa en tejidos y cultivos. Se considera que la enfermedad existe en el país, pero posiblemente por el desconocimiento de la misma, los ovinocultores no informan sobre su presencia, se espera estimular su notificación y diagnóstico dada su importancia, además de que se indican algunas pautas para su controlOvinos-Ganado ovino - Ovis arie

Evaluación de peces demersales e ictioplancton en el mar Caribe de Colombia, incluyendo condiciones oceanográficas parte I: crucero INPA-VECEP/UE/DEMER/9507 (julio de 1995)

Working in the framework of the Resource Research Unit of the INPA-VECEP/UE Fishing Program of the Colombian Caribbean coast, we carried out the first of three oceanographic cruises in order to assess the status of the demersal fish availability. The survey took place on July 9th-25th 1995 in the area that extends from Puerto Estrella (La Guajira) to Cape Tiburon, Gulf of Uraba (Chocó), between the outside border of the artesanal fishery zone and the 200 m depth line. The highest average density of demersal fishes (2.82 t/mn2) was recorded in the Central zone. Lower densities were recorded in the NE (1.75 t/mn2 ) and SW (0.79 t/mn2)zonas. The stratified density for the entire area was 1.34 ± 0.38 t/mn2 (P=95%), for an estimated biomass of 7110 ± 2026 t. The snappers (Lutjanidae) were the dominant group, followed by the porgies (Calamus spp.). According to previous evaluations, these results reveal low abundance of demersal resources in the study area, during the cruise period. This low availability was coupled by the weakening of the seasonal upwelling in the Guajira Peninsula. The NE zone was characterized by higher zooplankton biomass, fish larvae and figh eggDentro del contexto del plan operativo de la Unidad de Investigación de Recursos Pesqueros del Programa de Pesca INPA-VECEP/UE del 9 al 25 de julio de 1995 se realizó el primero de tres cruceros dirigidos a evaluar los recursos de peces demersales en en el área del Caribe colombiano comprendida entre Puerto Estrella (La Guajira) y Cabo Tiburón (Golfo de Urabá), entre el límite exterior actual de la pesca artesanal y la isóbata de los 200 m de profundidad (plataforma externa y talud continental). Se efectuaron 38 estaciones de pesca, 44 oceanográficas y 44 de ictioplancton. La mayor densidad promedio de peces demersales (2.82 t/mn²) correspondió a la zona Central y densidades menores se registraron en las zonas Nororiental (1.75 t/mn²) y Suroccidental (0.79 t/mn²). La densidad media estratificada para toda el área fue de 1.34 ± 0.38 t/mn² (I.C. 95%), lo que significó una biomasa estimada de recursos demersales de 7110   2026 t. El grupo dominante fue el de los Pargos (Lutjanidae), seguido por los cachicachis (Calamus spp.). De acuerdo con estudios previos, los resultados revelan una abundancia relativamente baja de recursos demersales en la franja del litoral Caribe evaluada, durante la época del crucero. Esta baja disponibilidad estuvo enmarcada en unas condiciones oceanográficas caracterizadas por la pérdida de intensidad del afloramiento estacional de la Península de La Guajira. La zona Nororiental mostró una tendencia a presentar los mayores porcentajes de estaciones con abundancias altas de biomasa zooplanctónica, huevos de peces y larvas de peces.&nbsp

Complejo enteritis mucoide del conejo, 2: Interrelación causal de las aflatoxinas y el C. perfringens.

Se realizan 3 ensayos biológicos para esclarecer el papel del Clostridium perfringens y de aflatoxinas en el complejo enteritis mucoide del conejo, para los 2 primeros ensayos se utilizan 24 animales de 40 días de edad, 12 conejos por ensayo, distribuídos al azar en grupos de 3 animales por jaula, para administrarles vía oral aflatoxina B1 en las siguientes concentraciones: 50, 100, 150 y 350 p.p.b. El experimento dura 20 días. En el tercer ensayo, a 9 conejos se les administra vía oral cantidades conocidas de toxinas C. perfringens. No se demuestra la presencia de C. perfringens en el contenido gastrointestinal de gazapos desde el nacimiento hasta los 40 días, momento a partir del cual se observa un incremento progresivo del mismo. Las observaciones clínicas y las alteraciones macro y microscópicas encontradas en los 2 grupos de conejos que recibieron 50 p.p.b. de aflatoxina B1, permiten determinar que al menos la aflatoxina actúa como causa predisponente de la enfermedad, facilitando la proliferación de otros microorganismos en el tubo digestivo como el C. perfringens y el E. coli, los cuales vendrían a complicar el cuadro clínico-patológico. Los grupos de animales que recibieron concentraciones de la micotoxina superiores a 100 p.p.b. desarrollaron un cuadro de aflatoxicosis entre sub-aguda y crónica. En caso de presentarse un brote de la enfermedad, se aconseja cambiar de inmediato el alimento, adicionando a la nueva dieta antibióticos tipo clortetaciclinaCunicultur