Derechos humanos y Defensoría del Pueblo de Ecuador

Desarrolla un panorama del trabajo de la Defensoría del Pueblo en sus ejes de protección y promoción de derechos. En materia de protección presenta cifras de las atenciones brindadas a nivel nacional y provincial, destacando aquellas peticiones que tienen alcance nacional. En promoción de derechos presenta los procesos de educación y formación, investigación, incidencia y transparencia. Presenta los informes temáticos desarrollados y el resultado del monitoreo defensorial respecto de la información pública

El Sistema Anticorrupción Peruano: diagnóstico y desafíos. Reporte La Corrupción en el Perú N°2

La corrupción afecta a las instituciones del Estado, la labor de los funcionarios y la vida cotidiana de los ciudadanos. Lejos de ser un fenómeno aislado que se circunscribe solo a las altas esferas del poder político o económico, es clara también su incidencia en los derechos de la gente, el desarrollo del país y la reducción de la pobreza (Defensoría del Pueblo, 2013; Robinson, 1998) . De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el costo anual de la corrupción alcanza casi el 2% del producto bruto interno (PBI) mundial (FMI 2016: 5). Si se aplica este porcentaje al PBI peruano (S/ 648.719 millones), se obtiene la cifra de S/ 12.974 millones como costo anual de la corrupción. Este monto representa aproximadamente el 9% del presupuesto nacional para el año 2017, monto equiparable al que el Estado destina para la salud (10%) y mayor a lo invertido en protección social (4%), el orden público y la seguridad (7%), y la justicia (4%). La Defensoría del Pueblo se encuentra comprometida con el desafío de luchar contra la corrupción desde la perspectiva del ciudadano. La corrupción socava las bases del sistema democrático y afecta la legitimidad de las instituciones. Asimismo, vulnera derechos y genera una crisis de valores en la sociedad. Enfrentar este flagelo requiere voluntad política, capacidades y acciones concretas y coordinadas, basadas en evidencia. En esa línea se inserta nuestra labor

El Sistema Anticorrupción Peruano: diagnóstico y desafíos. Reporte La Corrupción en el Perú N°2

La corrupción afecta a las instituciones del Estado, la labor de los funcionarios y la vida cotidiana de los ciudadanos. Lejos de ser un fenómeno aislado que se circunscribe solo a las altas esferas del poder político o económico, es clara también su incidencia en los derechos de la gente, el desarrollo del país y la reducción de la pobreza (Defensoría del Pueblo, 2013; Robinson, 1998) . De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el costo anual de la corrupción alcanza casi el 2% del producto bruto interno (PBI) mundial (FMI 2016: 5). Si se aplica este porcentaje al PBI peruano (S/ 648.719 millones), se obtiene la cifra de S/ 12.974 millones como costo anual de la corrupción. Este monto representa aproximadamente el 9% del presupuesto nacional para el año 2017, monto equiparable al que el Estado destina para la salud (10%) y mayor a lo invertido en protección social (4%), el orden público y la seguridad (7%), y la justicia (4%). La Defensoría del Pueblo se encuentra comprometida con el desafío de luchar contra la corrupción desde la perspectiva del ciudadano. La corrupción socava las bases del sistema democrático y afecta la legitimidad de las instituciones. Asimismo, vulnera derechos y genera una crisis de valores en la sociedad. Enfrentar este flagelo requiere voluntad política, capacidades y acciones concretas y coordinadas, basadas en evidencia. En esa línea se inserta nuestra labor

Análisis del Decreto Supremo Nº 004-2008-ED, que aprueba "Políticas Sectoriales para la Contratación de Personal Docente en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y Educación Técnicoproductiva"

Profundiza en el análisis de la razonabilidad y proporcionalidad de la medida de pertenencia al tercio superior de méritos en los estudios superiores como requisito de acceso a la función pública docente que contempla la norma. Esta medida en relación con el derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, pero haciendo énfasis también en una perspectiva de establecimiento y continuidad de una clara política de Estado en materia de mejora de la calidad de la educación pública. Con este objetivo, el informe contiene una descripción inicial de algunos avances que se han ido generando para configurar una política pública en materia educativa. Luego se analizan aspectos relacionados con la constitucionalidad de la norma que establece los criterios para la contratación, así como las posibles consecuencias de su inaplicación en el ámbito regional. Finalmente, al amparo de nuestro mandato constitucional formulamos recomendaciones a las diversas instituciones del Estado involucradas en la problemática

Análisis de la legalidad de la prohibición establecida para las universidades del país de expedir duplicados de diplomas de grados y títulos universitarios en aplicación del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios, aprobado mediante Resolución Nº 636-97-ANR

El 20 de junio de 1997, la Asamblea Nacional de Rectores – ANR aprobó mediante Resolución Nº 636-97-ANR del 20 de junio de 1997, el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios, cuya Disposición Transitoria Tercera prohíbe a las universidades del país expedir duplicados de diplomas de grados académicos o títulos universitarios. Hasta antes de la entrada en vigencia del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Universitarios, existía una práctica extendida en dichos centros de estudios por la cual sólo se entregaban duplicados de diplomas de grados académicos o títulos profesionales en cumplimiento de un mandato judicial y, en ciertos casos, previo pago de una tasa administrativa, tal como sucedía con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aunque inicialmente también se exigía en esta universidad un mandato judicial para acceder a ello. En la actualidad, y a partir de la vigencia de la Resolución Nº 636-97-ANR, todas las universidades del país se sujetan a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de dicha norma, por ser de cumplimiento obligatorio; es decir, no se expiden duplicados de diplomas de grados o títulos universitarios, otorgándose sólo constancias que acreditan haber optado el grado, el título o la entrega del diploma respectivo. Debido a que dicha prohibición podría estar vulnerando principios constitucionales además de los derechos de los graduados y titulados por las universidades peruanas, la Defensoría del Pueblo inició una investigación sobre el particular, a partir de los pedidos de intervención mencionados, cuyas conclusiones se presentan en el presente informe

Compendio : normas Básicas sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Tomo 2

El compendio presenta cuatro capítulos. En el primero, se muestran algunas consideraciones básicas en materia de niñez y adolescencia. El segundo capítulo contiene el índice analítico que ha sido elaborado sobre la base de los principales derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. El objetivo de dicho índice es facilitar la búsqueda y ubicación de las normas legales, así como los artículos correspondientes que regulan los derechos de la niñez y la adolescencia. Finalmente, en el tercer y cuarto capítulo se incluyen los textos de las normas internacionales y nacionales a las que se hace referencia en el índice analítico, respectivamente

Primera supervisión del Plan de Municipalización de la Gestión Educativa : aportes para su implementación

El Plan de Municipalización de la Gestión Educativa propone transferir la gestión educativa a las municipalidades distritales –que se encuentran en el nivel más cercano de la población– y, por lo tanto, con mayores posibilidades de adecuar la prestación del servicio educativo a las necesidades de la población escolar y a la realidad de sus localidades. El informe busca contribuir a que este nuevo modelo de gestión educativa garantice la mejora de la calidad educativa en el país y se constituya en una oportunidad para superar los niveles de inequidad educativa existentes

Regulating mobility in the Peruvian Andes: road safety, social hierarchies and governmentality in Cusco's rural provinces

Significant developments in road safety regulation have taken place in Peru during recent years, reflecting international efforts to reduce worldwide fatalities and injuries. A series of measures has sought to bring about transformations in governmentality among passengers on public transport. Seen ethnographically, these have had uneven success on the ground. In rural provinces of Cusco, situated histories and sociologies of mobility have sometimes led to ambivalence, unobtrusive resistance or reinforcement of discriminatory attitudes. This article explores how reception of the regulations has been refracted through class, ethnic and geographical divisions within Peruvian society, and argues for both the applied and theoretical utility of anthropological study of road safety governance

Gratuidad en las escuelas públicas : un compromiso pendiente

Evalúa el cumplimiento de la gratuidad de la enseñanza pública primaria y plantea las medidas pertinentes que debe adoptar el Estado para alcanzar el pleno ejercicio de este derecho