Desarrolla un panorama del trabajo de la Defensoría del Pueblo en sus ejes de protección y promoción de derechos. En materia de protección presenta cifras de las atenciones brindadas a nivel nacional y provincial, destacando aquellas peticiones que tienen alcance nacional. En promoción de derechos presenta los procesos de educación y formación, investigación, incidencia y transparencia. Presenta los informes temáticos desarrollados y el resultado del monitoreo defensorial respecto de la información pública

Defensoría del Pueblo de Ecuador

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La Constitución ecuatoriana en su art. 215, señala que la DPE tiene comofunción la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador, asícomo la defensa de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas que estén fueradel país. Este mandato implica que el rol de la DPE es tutelar los derechos consti-tucionales, que abarcan incluso los derechos de la naturaleza; lo que significa unreto (conceptual y operativo) para su protección y promoción.El abordaje defensorial se circunscribe a sus dos áreas misionales; por unaparte, la protección de derechos, y por otra, la promoción de los mismos, cuyoejercicio nos permite ver el estado de situación de los derechos humanos y de lanaturaleza.La protección de los derechosDesde este escenario, la DPE ha venido organizando su trabajo de pro-tección de derechos a partir de las Delegaciones Provinciales, como también desdela Dirección Nacional de Protección. Para el presente artículo, abordaremos am-bos escenarios de forma diferenciada, a fin de tener una mirada lo más amplia po-sible de la situación de los derechos humanos y de la naturaleza en el Ecuador.Nota del compilador: Sistematización elaborada por la Dirección Nacional de Promoción de DerechosHumanos y de la Naturaleza, la Coordinación Nacional de Educación y Promoción, y la Defensoríadel Pueblo de Ecuador. Derechos humanos yDefensoría del Pueblode EcuadorDefensoría del Pueblo de Ecuador132 Programa Andino de Derechos Humanos, compiladorAsí, durante el año 2011,1 las delegaciones provinciales han atendido 33.129asesoramientos e ingresado 19.089 peticiones para trámite defensorial; de estas úl-timas, 8.442 son peticiones relativas a derechos de consumidores y usuarios, cen-tradas especialmente en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos ySanto Domingo; le siguen en importancia las peticiones de vigilancia del debidoproceso (1.815) ubicadas básicamente en las provincias de Guayas, Pichincha,Manabí, Imbabura y Azuay; de la misma manera, tenemos las peticiones referen-tes al acceso a la información pública (779), con preponderancia en MoronaSantiago, Sucumbíos y Carchi; los derechos de la naturaleza y derechos ambien-tales se encuentran en cuarto lugar con 198 peticiones, ubicadas en su mayor parteen las provincias de Manabí, Orellana, Pichincha, Sucumbíos, Guayas, Imbabura,Loja, Azuay y Zamora; luego encontramos el seguimiento de sentencias de garan-tías constitucionales (77), ubicadas en su mayoría en las provincias de El Oro yGuayas; así como las acciones de protección (43), centradas en Guayas, Bolívar yCañar; medidas cautelares (20), principalmente en las provincias de Cañar, Guayas,Morona Santiago, Esmeraldas y Santo Domingo; hábeas corpus (17), principal-mente en Esmeraldas, Napo, Azuay, Loja y Pichincha; hábeas data (7), en Pastaza,Sucumbíos, Morona Santiago y Guayas; revisión de sentencias de garantías juris-diccionales ante la Corte Constitucional (5), principalmente en las provincias deEl Oro y Loja; amicus curiae (4), en las provincias de Zamora Chinchipe, Pastaza,Esmeraldas y Loja; acciones por incumplimiento (2), en Cotopaxi y Santa Elena;acciones ciudadanas (2), en Cañar y Santa Elena, y acciones extraordinarias de pro-tección (1) en la provincia de Santo Domingo.Si bien esta descripción de las peticiones recibidas por las 24 delegacionesprovinciales tienen un carácter cuantitativo (y que no se expresan necesariamenteen derechos violentados o garantías jurisdiccionales interpuestas, sino más bienes una combinación de ambas), nos da pistas de las principales situaciones de de-rechos humanos que se han vulnerado en 2011, así como la aplicación de garan-tías constitucionales.Como se puede apreciar de los datos presentados, encontramos que lo re-ferente a derechos de consumidores y usuarios es el principal rubro de demanda,lo cual puede tener como explicación que, desde la promulgación de la Ley Orgánicade Defensa del Consumidor (LODC), donde se le da la facultad a la DPE de co-nocer y pronunciarse motivadamente sobre reclamos y quejas de consumidores yusuarios (art. 81 de la LODC), se ha ido generando una cultura institucional y ciu-dadana de ver a la DPE, como la instancia apropiada y única para el tratamientode estas peticiones. Aunque en los últimos años se viene impulsando un procesoInforme sobre derechos humanos, Ecuador 2011 133de redefinición institucional hacia otros ámbitos de derechos humanos, así comode aplicación de garantías constitucionales.Las peticiones de vigilancia al debido proceso corresponden al segundo ru-bro de importancia; con respecto a esto, se puede señalar que esta demanda de vi-gilancia procesal puede deberse, en gran medida, a la desconfianza que existe dela población en general en torno al sistema de justicia o al incumplimiento de lasnormas del sistema jurídico por parte de los agentes judiciales.En cuanto a derechos de la naturaleza y ambiente, 2011 fue un año endonde las demandas de comunidades, pueblos y nacionalidades fueron evidentesfrente a iniciativas de explotación petrolera y minera, así como concesiones parala industria extractivista.En cuanto a la aplicación de la acción de hábeas corpus, este expresa lasituación de violación del derecho a la libertad e integridad personal presente, so-bre todo, en casos de privación de libertad a personas de otro origen nacional,inmigrantes, solicitantes de asilo o asilados/as, lo cual devela una inadecuada po-lítica en materia migratoria y la persistencia de una legislación que no respondea los estándares constitucionales. En este rubro, aparecen también los casos de clí-nicas y centros de adicciones y del denominado proceso de “deshomosexualiza-ción” que retienen en contra de su voluntad a quienes supuestamente están entratamiento.En esta misma línea de peticiones de aplicación de garantías jurisdiccio-nales, encontramos acciones de protección, habeas data, revisión de sentencias degarantías jurisdiccionales; amicus curiae (figura que ha permitido a la DPE actuarsobre el fondo de las causas y aportar con la administración de justicia para quese resuelvan los casos que llegan a sus dependencias con una perspectiva cada vezmás cercana a los derechos humanos);2 acciones por incumplimiento (cuya basees el irrespeto e incumplimiento de las normas del sistema jurídico, lo que evidenciala limitada cultura social y jurídica no solo de los agentes estatales, sino de la so-ciedad misma);3 acciones ciudadanas y acciones extraordinarias de protección, locual nos da una referencia de cómo la población en general empieza a hacer usode las garantías constitucionales asumiendo que estas son el camino más eficaz paratutelar los derechos; aunque, si lo vemos en un contexto más amplio, su aplica-ción sigue siendo aún limitada por el desconocimiento que existe en torno a lasgarantías constitucionales. El otro escenario de trámite de peticiones es la Dirección Nacional deProtección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, que a través de sus coordi-naciones4 recepta peticiones que tienen un alcance y/o trascendencia nacional y134 Programa Andino de Derechos Humanos, compiladorque durante el período julio 2010-junio 20115 receptaron un total de 466 peticio-nes, de las cuales: • el 47,8% son investigaciones defensoriales relacionadas con acciones u omi-siones de instancias que prestan servicios públicos o privados de interés social;• el 27,4% es vigilancia del debido proceso; la vigilancia procesal más significa-tiva se la realiza en sede judicial que representa un total de 85 casos, mientrasque la vigilancia procesal en sede administrativa implicó atender 43 casos. Detodas estas, el 44% han sido resueltas y el 56% se encuentran en proceso, locual evidencia un avance significativo en el seguimiento de las causas;• el 16% son garantías jurisdiccionales. De estas, 42,6% tienen relación conel derecho a la libertad e integridad personales, 17,3% con el derecho al tra-bajo, 8% con la tutela judicial efectiva, 5,3% tanto con el derecho a la igual-dad como con el de no discriminación, y, con el mismo porcentaje, con elderecho a una vida sin violencia en lo público y lo privado; • el 7,7% son proyectos de resolución de recursos de revisión, en los cualesse constata que el principal derecho demandado es el del trabajo con un 25%del total de casos; el derecho a la salud, 11,1%; 8,3% lo comparten los de-rechos a la igualdad y no discriminación, debido proceso, derechos de usua-rios; ambiente y naturaleza.Promoción de derechosLos procesos de educación, formación; así como de investigación, inci-dencia y transparencia impulsados por la DPE, dan cuenta de un estado de situa-ción de los derechos, que mencionamos a continuación.Educación y promociónLa educación y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza buscagenerar actitudes que garanticen la participación activa en la práctica cotidiana. Porlo tanto, esta es la instancia encargada de la implementación de procesos de edu-cación continua y de promoción de derechos que busca modificar concepciones,actitudes y prácticas para disminuir la vulneración de derechos en el país. Las ac-ciones generadas desde la DPE en este sentido durante 2011 fueron:Informe sobre derechos humanos, Ecuador 2011 135• Elaboración de cartillas y material promocional en derechos humanos y de-rechos de la naturaleza (derechos humanos en la Constitución ecuatoriana;derechos humanos y rol de la DPE; derechos de consumidores y usuarios;compra de bienes o contrato de servicios con tarjetas de crédito; prevenciónde la tortura; transparencia y Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a laInformación Pública (LOTAIP); agua y derechos de la naturaleza).• Realización de talleres de capacitación a nivel nacional en: justicia indígena,derecho humano al agua, admisibilidad de casos de derechos humanos, rolde la DPE, garantías constitucionales, derechos colectivos, derechos de con-sumidores y usuarios.• Charlas, talleres y conferencias, a nivel nacional, realizadas por petición deorganizaciones e instituciones que trabajan en derechos humanos en tornoa: justicia indígena, derecho humano al agua, admisibilidad de casos de de-rechos humanos, rol de la DPE, garantías constitucionales, derechos colec-tivos y derechos de consumidores y usuarios.• Colocación de carpas informativas que permiten el encuentro y el diálogocon la población, así como el asesoramiento en diversos temas de compe-tencia de la DPE.• Participación en campañas de instituciones y organizaciones que trabajanen derechos humanos; entre estas, las campañas de derechos de consumi-dores, no discriminación, convivir en solidaridad, celebración de la decla-ración universal de los derechos humanos y derechos del adulto mayor.Informes temáticosLos informes temáticos buscan identificar y poner en conocimiento la si-tuación de los derechos a nivel nacional, y esclarecer las obligaciones del Estadofrente a estos. Estos informes permiten identificar poblaciones de alta vulnerabi-lidad en el ejercicio de sus derechos, y por lo tanto proponer políticas públicas quepermitan protegerlos y formular un sistema de prevención para atender conflic-tos que afecten a una población específica. Durante 2011, se ha iniciado el desa-rrollo de los siguientes informes temáticos:• El agua como un derecho humano.• Situación del pueblo afroecuatoriano.• Criminalización y movilidad humana.• Derechos humanos de las personas en movilidad humana.136 Programa Andino de Derechos Humanos, compilador• Los escenarios de la criminalización a defensores y defensoras de derechoshumanos y de la naturaleza en Ecuador.• Consulta previa y derecho de participación.Transparencia y acceso a la información públicaLa LOTAIP fue establecida por primera vez en el Ecuador en la Constituciónde 1998, pero no es sino hasta 2005 en donde se crea el Reglamento de la Ley Orgánicade Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta Ley señala que la información pública es un derecho de los ciudada-nos y ciudadanas y establece que es el Estado el que debe garantizarlo. De esta ma-nera, todas las instituciones, organizaciones, entidades o personas jurídicas que re-ciben fondos del Estado deben proporcionar información, la cual debe convertirseen información pública y de libre acceso para la ciudadanía, salvo ciertas excep-ciones establecidas por la misma Ley.La DPE es la entidad encargada de la recepción y monitoreo de la infor-mación pública según lo establece la LOTAIP, donde se señala que la DPE tienecomo competencias la promoción y vigilancia de esta Ley, el precautelar la cali-dad de la información, el patrocinio de acciones de acceso a la información pú-blica cuando esta ha sido negada, así como de dictaminar correctivos cuando lainformación entregada por las instituciones no sea clara.La LOTAIP, en su art. 12, establece la obligación de las instituciones pú-blicas, personas jurídicas de Derecho público o privado y demás instituciones quereciben fondos del Estado de presentar, hasta el último día laborable de marzo decada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la in-formación pública, que deberá cumplir con lo siguiente:• información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligacio-nes que le asigna esta Ley;• detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cadauna de ellas;• informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reser-vada.En cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución y por la Ley, la DPEdurante el año 2011 receptó 1.167 informes de entidades del sector público o pri-Informe sobre derechos humanos, Ecuador 2011 137vado que por delegación reciben fondos del Estado; que, comparado con los da-tos de 2010, significa que el cumplimiento de la LOTAIP creció en un 100% (de545 a 1.167).Para el adecuado manejo de esta información, se han construido herra-mientas que permitan el correcto cumplimiento de la Ley; se ha diseñado el mó-dulo de control informático denominado Sí Transparencia; así como también sehan realizado jornadas de capacitación dirigidas a servidores públicos de las dis-tintas funciones del Estado y a integrantes de las juntas parroquiales y tenenciaspolíticas.Notas1. Datos proporcionados por la Adjuntía Segunda de la Defensoría del Pueblo, Plantilla matrizde casos atendidos a nivel nacional por las Delegaciones Provinciales de la DPE, período enero-diciembre 2011, Quito, DPE, documento sin publicar.2. Defensoría del Pueblo de Ecuador, Informe anual Defensor del Pueblo de Ecuador, agosto 2010-julio 2011, Quito, DPE, 2011, p. 51.3. Ibid.4. Coordinación Nacional de Protección Prioritaria; Coordinación Nacional de Derechos Econó -micos, Sociales y Culturales; Coordinación Nacional de Derechos de la Naturaleza y Ambiente.5. La siguiente información y análisis se realiza en base al documento: Defensoría del Pueblo deEcuador, Informe Anual Defensor del Pueblo de Ecuador, agosto 2010-julio 2011, Quito, DPE,2011, p. 46 y 47.

Derechos humanos y Defensoría del Pueblo de Ecuador

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