El Ejecutivo carece de facultad constitucional para regular el arbitramento y para señalar tarifas al arbitramento independiente

Durante el año 2007, el Gobierno colombiano reglamentó, a través del Ministerio del Interior, el procedimiento arbitral institucional y sus tarifas mediante los decretos 3626 de septiembre y 4089 de octubre de ese año. Estas normas no deben extenderse al arbitramento independiente, ya que este último tiene como fuente exclusiva a la voluntad contractual. Este artículo se referirá de manera sucinta a tres aspectos que deben aclararse para evitar equívocos. En primer lugar, la facultad que tiene o no tiene el Ejecutivo para reglamentar el arbitraje. En segundo lugar, la posibilidad que tiene o no tiene el Congreso de la República para delegar en el Ejecutivo la facultad de legislar sobre arbitramento, mediante la aprobación de facultades extraordinarias. Finalmente, la aplicación de estos decretos, mientras gozan de presunción de legalidad, al arbitramento voluntario e independiente.   In 2007, the Colombian government regulated, through the Ministry of the Interior, the procedure and fees for institutional arbitration through decrees 3626 and 4089 of September and October of that year. These regulations should not extend to independent arbitration, since the exclusive source for that type of arbitration is the will of the parties to a contract. This article will refer briefly to three aspects that should be clarified in order to avoid misunderstandings. First, whether the president has a right to regulate arbitration. Secondly, whether Congress can delegate to the executive the power to legislate on arbitration through extraordinary powers. Finally, the application of these decrees, as they are presumed legal, to voluntary and independent arbitration

El Ejecutivo carece de facultad constitucional para regular el arbitramento y para señalar tarifas al arbitramento independiente

In 2007, the Colombian government regulated, through the Ministry of the Interior, the procedure and fees fo r institutional arbitration through decrees 3626 and 4089 of September and October of that year. These regulations should not extend to independent arbitration, since the exclusive source for that type of arbitration is the will of the parties to a contrac t. This article will refer briefly to three aspects that should be clarified in order to avoid misunderstandings. First, whether the president has a right to regulate arbitration. Secondly, whether Congress can delegate to the executive the power to legisl ate on arbitration through extraordinary powers. Finally, the application of these decrees, as they are presumed legal, to voluntary and independent arbitrationDurante el año 2007, el Gobierno colombiano reglamentó, a través del Ministerio del Interior, el procedimiento arbitral institucional y sus tarifas mediante lo s decretos 3626 de septiembre y 4089 de octubre de ese año. Estas normas no deben extenderse al arbitramento independiente, ya que este último tiene como fuente exclusiva a la voluntad contractual. Este artículo se referirá de manera sucinta a tres aspecto s que deben aclararse para evitar equívocos. En primer lugar, la facultad que tiene o no tiene el Ejecutivo para reglamentar el arbitraje. En segundo lugar, la posibilidad que tiene o no tiene el Congreso de la República para delegar en el Ejecutivo la fac ultad de legislar sobre arbitramento, mediante la aprobación de facultades extraordinarias. Finalmente, la aplicación de estos decretos, mientras gozan de presunción de legalidad, al arbitramento voluntario e independiente

Vallejo Cabrera, Fabián.El Derecho de Huelga y Conceptos A fines. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. (2009), 246 pp.

No present

Comentario crítico de la reforma a la ley estatutaria de salud del año 2013

After Law 100 was passed in 1993, this act has been amended by many regulatory decrees, as well as several legal and constitutional reforms. This has been done with the intention of solving various problems that affect the general public, the medical profession, the financial sector, and the state as the healthcare system’s regulator. A new statutory law approved by Congress seeks to provide new solutions to these problems. This article critically a nalyzes the content of this law and draws conclusions on whether this law solves the problems of Colombia’s healthcare systemEn el transcurrir de los años, a partir de la Ley 100 de 1993, muchos han sido los decretos reglamentarios y las reformas legales y constitucionales introducidas a dicha normativa, en busca de la solución a los diferentes problemas para la población, para la profesión de la medicina, para el sector financiero y para el Estado mismo como regulador del sistema. Ahora se pretende mediante ley estatutaria aprobada por el Congreso de la República dar nuevas soluciones a esa problemática. Este artículo analiza de manera crítica el contenido de la ley aprobada y concluye si en verdad esta norma resuelve integralmente los problemas del sistema de salud en Colombia

Elements for a just Reform of an integrated Social Security System

El carácter de sistema de la seguridad social, exige la consideración integral de sus diversos componentes y la forma como se interrelaciona cada uno de ellos con el sistema y con cada uno de los demás componentes. Una propuesta de reforma a un sistema de seguridad social integral, en cualquiera de sus componentes, ha de incluir, así sea someramente, una información adecuada de los diferentes factores que inciden en su estado actual y cómo van a transformarse como consecuencia de la reforma que se propone. Una propuesta de reforma. Sin esta información puede generar falsas apreciaciones y graves consecuencias socioeconómicas y políticas.The systemic nature of Social Security, requires thecomprehensive consideration of its various components and theway how each of them relates to the system and each of the othercomponents. A proposal for reform of a system of integral Social Security, in any of its components, has to include, however briefly, an adequate information of the different factors that affect their current status and how they will be transformed as a result of the reform being proposed. A proposal of reform without this information can generate false appreciations and serious socio-economic and political consequences

Arbitramento voluntario Dificultades y oportunidades para su implementación en la solución alternativa de conflictos laborales. Aplicación en la jurisdicción laboral del circuito de Cali

El arbitramento voluntario, generalizado en asuntos civiles y comerciales, antes (1963-1978) era común para sustraer del conocimiento de la justicia ordinaria los conflictos jurídicos1 laborales generados en los despidos de trabajadores, con el objetivo de que la definición de lo justo o injusto de dicha medida fuera declarada por árbitros. Hoy el compromiso o arbitramento no es usual porque se desconoce su viabilidad legal. La investigación que originó este artículo logró identificar las causas por las cuales no se utiliza este mecanismo en Cali y propone fórmulas para fomentar su aplicación como alternativa para una pronta y debida justicia y adicionalmente descongestionar los despachos judiciales laborales. 

Estrategias de publicidad social. Coyunturas sociales como oportunidad de mejoramiento de valor responsable

Este libro invita a un grupo de autores, pertenecientes a tres grupos de investigación de distintas universidades, a enriquecer la reflexión sobre el papel que desempeña la publicidad social en las estrategias de responsabilidad social empresarial y cómo esto puede redundar en el mejoramiento del valor de marca. Las apreciaciones se encuadran en el escenario de posguerra o posconflicto que vive el País desde la firma de los Acuerdos de la Habana, entre el Estado colombiano y las FARC-EP