Inteligencia artificial y responsabilidad penal

RESUMEN. La aparición de agentes inteligentes artificiales que pueden realizar conductas socialmente significativas exige prever un código normativo que determine en qué condiciones es admisible la interacción social de tales agentes. El derecho penal está en condiciones de afrontar los problemas iniciales que esa cuestión exige. El código que contiene las instrucciones que regulan la actuación del ente artificial presenta más similitudes de las aparentes con los códigos de conducta que rigen el comportamiento de las personas; y cuando la actuación de un agente artificial pueda ser delictiva, el código no puede obviar los mandatos y prohibiciones penales. El grado de inteligencia que permita superar el ?umbral de responsabilidad? del agente artificial inteligente no es una cuestión que corresponda determinar exclusivamente a los programadores.ABSTRACT. The emergence of artificial intelligent agents that can perform behaviors socially significant demands require a normative code that determines under what conditions the social interaction of such agents is admissible. Criminal law is able to face the initial problems that that question demands. The code that contains the instructions that regulate the performance of the artificial entity shows more similarities than the apparent ones with the codes of conduct that govern the behavior of the people; and when the ac-tion of an artificial agent can be criminal, the code cannot ignore the criminal mandates and prohibitions. The degree of intelligence that allows the intelligent artificial agent to "exceed the threshold of responsibility" is not a question that should be exclusively determined by the programmers

Redistributing wealth and tax crime

Aceptando que la estructura típica del art. 305.1 CP no se ajusta al paradigma de los delitos de dominio, se sugiere convertir la finalidad de redistribución de la riqueza propia de los sistemas tributarios de los Estados democráticos y sociales ?como el que diseña nuestra Constitución- en el referente valorativo que cumpla las funciones asignadas al bien jurídico protegido. Esta razón legitimante permite configurar el delito contenido en el art. 305.1 CP como un delito de infracción de deber, en el que la realización de la conducta típica (defraudar en sus distintas modalidades) cumple el tipo sin que sea necesario probar el perjuicio para la Hacienda Pública (como resultado naturalístico) y permite explicar la introducción de un límite mínimo a la cuantía defraudada y las atenuantes y agravantes específicas por razón de la cuantía. Además, esta razón legitimante también sirve para limitar el Ius puniendi, con lo que se superarían las objeciones teóricas a los delitos de infracción de deber en relación con el delito tributario.Accepting that the typical structure of art. 305.1 CP does not fit the paradigm of ?domain crimes?, it is suggested to convert the purpose of redistribution of wealth, typical of the tax systems of democratic and social States -such as the one designed by our Constitution- in the reason that legitimizes the criminal intervention. This legitimizing reason allows to configure the crime contained in art. 305.1 CP as a crime of infraction of duty, in which the performance of the typical conduct (fraud in its different forms) meets the type without it being necessary to prove the damage to the Public Treasury (as a naturalistic result) and allows explaining the introduction of a minimum limit to the amount defrauded and the mitigating and aggravating factors specific to the amount. In addition, this legitimating reason also serves to limit the Ius puniendi, thereby overcoming the theoretical objections to the crimes of breach of duty in relation to the tax crime.PID2019-107974RB-I0

Delitos de tráfico ilegal de personas, objetos o mercancías.

RESUMEN. En el presente artículo hemos tratado de revisar los argumentos de política criminal de los que hemos denominado delitos de tráfico de personas, objetos o mercancías. Para ello se han seleccionado un grupo de delitos que reúnen características típicas comunes, todos ellos destinados a impedir o limitar la participación en actividades relacionadas con un determinado ámbito comercial o mercado en sentido estricto. Hemos comprobado que, pese a la similitud formal de los diferentes tipos de delitos, los bienes jurídicos en los que la intervención penal se fundamenta son de lo más variado, así como los «objetos» de dicho comercio. Una breve revisión histórica de los primeros delitos relacionados con el tráfico de personas, objetos o mercancías pone de manifiesto que las tentaciones del titular de Ius Puniendi de regular —bajo la amenaza de una pena— ciertos intercambios de bienes y servicios (sexo, drogas, moneda…) es antigua, pero nuestra legislación histórica muestra con poco recato los intereses económicos a los que atiende —los delitos relativos a la prostitución han quedado fuera de esta investigación por sus especialidades—. El incremento exponencial de los delitos de tráfico de personas, objetos o mercancías producido durante el siglo XX, que se mantiene en este siglo XXI, debe relacionarse con la globalización de la economía y del Derecho Penal. Más aún: con el Derecho Penal de la globalización que, hemos visto, es básicamente un Derecho Penal económico con tintes de un Derecho Penal del riesgo, etiquetas, todas ellas, que tratan de designar problemas jurídicos sobre una misma realidad vista, quizá, desde distinta perspectiva. Los problemas de técnica jurídica propios de los delitos económicos en la actualidad son los problemas de los delitos que estamos analizando e, incluso, el concepto de Derecho Penal económico se adecúa perfectamente al contenido de estos tipos penales, lo que nos conduce a afirmar que éstos son propiamente delitos económicos, con los que comparten todas las características típicas, lo que abre nuevas perspectivas para su revisión y estudio —entre otros—, a los delitos de tráfico de drogas (supuestamente contra la Salud Pública); tráfico de órganos (supuestamente contra la Salud) o tráfico de armas (supuestamente contra el Orden Público). El presente artículo plantea que los delitos de tráfico de personas, objetos y mercancías están legislativamente destinados a prohibir o controlar un proceso comercial que se oculta bajo bienes jurídicos consolidados doctrinalmente (e incluso constitucionalmente), que las modalidades de conducta típicas tienen como finalidad facilitar la prueba —con merma de garantías, lo que es propio de un modelo penal autoritario—. Doctrinal y jurisprudencialmente se legitima la intervención penal en estos ámbitos en bienes jurídicos colectivos que se vinculan automáticamente con estructuras típicas de mera actividad y, como consecuencia, con delitos de peligro abstracto, en un círculo de categorías dogmáticas complejas que se interrelacionan en una argumentación sobre la que penden serias dudas. En este momento se estudian los bienes jurídicos protegidos, desde una perspectiva político criminal y dogmática, dejando para una publicación posterior la revisión de su relación con las estructuras típicas (delitos de peligro, delitos de mera actividad) y el concepto de autoría que subyace a los delitos que hemos seleccionado bajo la común denominación de delitos de tráfico de personas, objetos y mercancías.ABSTRACT. In this article we review the arguments of Criminal Policy of which we have called crimes of trafficking in persons, objects or goods. For this, it have been selecting a group of crimes that meet common features —structures, verbs, etc.—. These crimes try to prevent or limit commercial activity in a particular area. Despite the formal similarity of the different types of crimes, we found that social interests in which criminal law is based are quite varied, as well as the «objects» of the trade. A brief historical review of the oldest crimes trading related shows that the state seeks to regulate (under threat of a penalty) certain exchanges of goods and services for a long time. But in our historic legislation does not hide economic interests it serves —crimes related to prostitution have been left out of this research for its specialties—. The exponential increase of crimes of trafficking in persons, objects or goods produced in the twentieth century, which remains in the current century, must relate to the globalization of the economy and the Criminal Law. Moreover, the Criminal Law of Globalization is basically an economic Criminal Law: An Economic Criminal Law with the characteristics of a Criminal Law of a Risk Society. All this labels seek to appoint legal problems on the same reality view, perhaps, from different perspective. The problems of economic crimes today are identical to those we are discussing and even the concept of economic criminal law can clarify these crimes. So we can say that we are facing genuine economic crimes. This opens new perspectives for review and study, among others, to drug trafficking crimes (supposedly against Public Health); organ trafficking crimes (supposedly against Health) or arms trafficking crimes (supposedly against Public Order). This article argues that crimes of trafficking in persons, objects and goods are legislatively intended to prohibit or control a commercial process that is hidden under other legal goods or social interests legally and constitutionally protected. Alike, it is stated that these kinds of conduct are intended to facilitate that the prosecutor prove beyond a reasonable doubt that the accused person committed a criminal offence. In these areas, Jurisprudence legitimises the criminal intervention of Criminal Law in collective legal goods which are automatically linked to conduct crimes and, therefore, with crimes of abstract danger. But this argument will be questioned in this article. This research focuses on the study of protected legal goods. In a later publication will review its relationship with the typical structures (danger crimes, conduct crimes…) and, also the concept of authorship behind the crimes we have selected under the common denomination of crimes of trafficking in persons, objects and goods

Criminal-law protection of the genome and the pre-embryo: Comparative analysis and alternative proposal

RESUMEN: En un análisis de Derecho comparado, se distinguen dos modelos para la regulación penal de conductas relacionadas con la utilización de ingeniería genética y con técnicas de reproducción asistida: España y diversos Estados de Latinoamérica, como México, Honduras o Colombia, entre otros, introducen estos delitos en el Código penal; en tanto que otros Estados europeos (Alemania, Italia) o norteamericanos (EEUU, Canadá) los incorporan a leyes especiales, con penas más graves que los Estados que optan por el modelo codificado. Aunque los delitos en concreto son distintos, prácticamente todos tipifican delitos de alteración del genotipo y muchos contienen delitos de clonación o de la producción de armas biológicas con técnicas de ingeniería genética, en tanto que otras figuras delictivas gozan de menor predicamento. El análisis de las distintas opciones legislativas y políticocriminales ayuda a analizar críticamente y a sugerir posibles modalidades típicas alternativas a la legislación penal española, en concreto, a los arts. 159 y 160 CP.ABSTRACT: Two models of criminal regulation of crimes related to the use of genetic engineering and assisted reproduction techniques are distinguished in a comparative law analysis: Spain and several Latin American States (Mexico, Honduras or Colombia, among others) introduce these crimes in the Penal Code. Some European States (Germany, Italy) or North Americans (USA, Canada) incorporate them into special laws. It is observed that there are more crimes and with greater penalties in the special laws. Practically in all these states, the alteration of the genotype is a crime, as well as cloning or manufacturing biological weapons with techniques of genetic engineering. But there are no more similarities. The analysis of the different legislative and political-criminal options allows a critical review of Spanish criminal legislation. Finally, alternatives to articles 159 and 160 of the Spanish criminal code are suggested.El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación I+D+I DER2016-77228-P

Clonal chromosomal mosaicism and loss of chromosome Y in elderly men increase vulnerability for SARS-CoV-2

The pandemic caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2, COVID-19) had an estimated overall case fatality ratio of 1.38% (pre-vaccination), being 53% higher in males and increasing exponentially with age. Among 9578 individuals diagnosed with COVID-19 in the SCOURGE study, we found 133 cases (1.42%) with detectable clonal mosaicism for chromosome alterations (mCA) and 226 males (5.08%) with acquired loss of chromosome Y (LOY). Individuals with clonal mosaic events (mCA and/or LOY) showed a 54% increase in the risk of COVID-19 lethality. LOY is associated with transcriptomic biomarkers of immune dysfunction, pro-coagulation activity and cardiovascular risk. Interferon-induced genes involved in the initial immune response to SARS-CoV-2 are also down-regulated in LOY. Thus, mCA and LOY underlie at least part of the sex-biased severity and mortality of COVID-19 in aging patients. Given its potential therapeutic and prognostic relevance, evaluation of clonal mosaicism should be implemented as biomarker of COVID-19 severity in elderly people. Among 9578 individuals diagnosed with COVID-19 in the SCOURGE study, individuals with clonal mosaic events (clonal mosaicism for chromosome alterations and/or loss of chromosome Y) showed an increased risk of COVID-19 lethality

La aplicación retroactiva de la norma de planeamiento urbanístico en el art. 319 CP

La opinión doctrinal y jurisprudencial mayoritaria en la doctrina española considera que los apartados 1º y 2º del art. 319 CP contienen sendas leyes penales en blanco fruto de la remisión que implica la expresión «no autorizable». Según esta interpretación, el juez penal deberá acudir al Plan de ordenación correspondiente para determinar si la construcción, edificación o proyecto de urbanización es susceptible de ser autorizada o si se prevé que en el futuro lo pueda ser, en cuyo caso la conducta, aunque no cuente con autorización, no será típica. Igualmente en cuanto que ley objeto de remisión, la norma administrativa de planeamiento se integra en el tipo como ley penal y, por tanto, debe ser aplicada retroactivamente cuando sea favorable para el reo. Desde una perspectiva de política criminal esta solución es insatisfactoria. En este artículo se analiza si otra solución dogmáticamente fundamentada es posible. La revisión de la estructura típica del art. 319.1 y 2 CP en relación con la doctrina de los elementos lingüísticos del tipo pone de manifiesto que la remisión contenida en estos preceptos no es una ley penal en blanco y, por tanto, la norma de planeamiento no puede ser tratada como lex mitior.Jurisprudence and criminal Literature in the Spain considers that paragraphs 1 and 2 of Article 319 CP contain blank criminal Laws result of the referral that involves the expression «not approvable ». According to this interpretation the criminal court must look to the appropriate urban plan to determine whether the construction, building or urbanization Project is likely to be approved or is expected that in future it may be, in which case it wil not be a criminal conduct. Furthermore, if the urban planning law is integrated as criminal law, it should be applied retroactively if favorable to the defendant. From a criminal policy perspective this solution is unsatisfactory. In this article we analyze if another solution is possible. The revision of the structure of the article 319.1 y 2 CP in relation to the theory of linguistic elements of crime shows that the remission contained in these precepts is not a blank criminal law and therefore the urban planning law can not be treated as lex mitior

La aplicación retroactiva de la norma de planeamiento urbanístico en el art. 319 CP

RESUMEN. La opinión doctrinal y jurisprudencial mayoritaria en la doctrina española considera que los apartados 1º y 2º del art. 319 CP contienen sendas leyes penales en blanco fruto de la remisión que implica la expresión «no autorizable». Según esta interpretación, el juez penal deberá acudir al Plan de ordenación correspondiente para determinar si la construcción, edificación o proyecto de urbanización es susceptible de ser autorizada o si se prevé que en el futuro lo pueda ser, en cuyo caso la conducta, aunque no cuente con autorización, no será típica. Igualmente en cuanto que ley objeto de remisión, la norma administrativa de planeamiento se integra en el tipo como ley penal y, por tanto, debe ser aplicada retroactivamente cuando sea favorable para el reo. Desde una perspectiva de política criminal esta solución es insatisfactoria. En este artículo se analiza si otra solución dogmáticamente fundamentada es posible. La revisión de la estructura típica del art. 319.1 y 2 CP en relación con la doctrina de los elementos lingüísticos del tipo pone de manifiesto que la remisión contenida en estos preceptos no es una ley penal en blanco y, por tanto, la norma de planeamiento no puede ser tratada como lex mitior.ABSTRACT. Jurisprudence and criminal Literature in the Spain considers that paragraphs 1 and 2 of Article 319 CP contain blank criminal Laws result of the referral that involves the expression «not approvable ». According to this interpretation the criminal court must look to the appropriate urban plan to determine whether the construction, building or urbanization Project is likely to be approved or is expected that in future it may be, in which case it wil not be a criminal conduct. Furthermore, if the urban planning law is integrated as criminal law, it should be applied retroactively if favorable to the defendant. From a criminal policy perspective this solution is unsatisfactory. In this article we analyze if another solution is possible. The revision of the structure of the article 319.1 y 2 CP in relation to the theory of linguistic elements of crime shows that the remission contained in these precepts is not a blank criminal law and therefore the urban planning law can not be treated as lex mitior

Delitos de tráfico ilegal de personas, objetos o mercancías

En el presente artículo hemos tratado de revisar los argumentos de Política Criminal de los que hemos denominado delitos de tráfico de personas, objetos o mercancías. Para ello se han seleccionando un grupo de delitos que reúnen características típicas comunes —estructuras típicas y verbos típicos, entre otros—, todos ellos destinados a impedir o limitar la participación —en sentido laxo— en actividades relacionadas con un determinado ámbito comercial o mercado en sentido estricto. Hemos comprobado que, pese a la similitud formal de los diferentes tipos de delitos, los bienes jurídicos en los que la intervención penal se fundamenta son de lo más variado, así como los «objetos» de dicho comercio. Una breve revisión histórica de los primeros delitos relacionados con el tráfico de personas, objetos o mercancías pone de manifiesto que las tentaciones del titular de Ius Puniendi de regular —bajo la amenaza de una pena— ciertos intercambios de bienes y servicios (sexo, drogas, moneda…) es antigua, pero nuestra legislación histórica muestra con poco recato los intereses económicos a los que atiende —los delitos relativos a la prostitución han quedado fuera de esta investigación por sus especialidades—. El incremento exponencial de los delitos de tráfico de personas, objetos o mercancías producido durante el siglo XX, que se mantiene en este siglo XXI, debe relacionarse con la globalización de la economía y del Derecho Penal. Más aún: con el Derecho Penal de la globalización que, hemos visto, es básicamente un Derecho Penal económico con tintes de un Derecho Penal del riesgo, etiquetas, todas ellas, que tratan de designar problemas jurídicos sobre una misma realidad vista, quizá, desde distinta perspectiva. Los problemas de técnica jurídica propios de los delitos económicos en la actualidad son los problemas de los delitos que estamos analizando e, incluso, el concepto de Derecho Penal económico se adecúa perfectamente al contenido de estos tipos penales, lo que nos conduce a afirmar que éstos son propiamente delitos económicos, con los que comparten todas las características típicas, lo que abre nuevas perspectivas para su revisión y estudio —entre otros—, a los delitos de tráfico de drogas (supuestamente contra la Salud Pública); tráfico de órganos (supuestamente contra la Salud) o tráfico de armas (supuestamente contra el Orden Público). El presente artículo plantea que los delitos de tráfico de personas, objetos y mercancías están legislativamente destinados a prohibir o controlar un proceso comercial que se oculta bajo bienes jurídicos consolidados doctrinalmente (e incluso constitucionalmente), que las modalidades de conducta típicas tienen como finalidad facilitar la prueba —con merma de garantías, lo que es propio de un modelo penal autoritario—. Doctrinal y jurisprudencialmente se legitima la intervención penal en estos ámbitos en bienes jurídicos colectivos que se vinculan automáticamente con estructuras típicas de mera actividad y, como consecuencia, con delitos de peligro abstracto, en un círculo de categorías dogmáticas complejas que se interrelacionan en una argumentación sobre la que penden serias dudas. En este momento se estudian los bienes jurídicos protegidos, desde una perspectiva político criminal y dogmática, dejando para una publicación posterior la revisión de su relación con las estructuras típicas (delitos de peligro, delitos de mera actividad) y el concepto de autoría que subyace a los delitos que hemos seleccionado bajo la común denominación de delitos de tráfico de personas, objetos y mercancías.In this article we review the arguments of Criminal Policy of which we have called crimes of trafficking in persons, objects or goods. For this, it have been selecting a group of crimes that meet common features —structures, verbs, etc.—. These crimes try to prevent or limit commercial activity in a particular area. Despite the formal similarity of the different types of crimes, we found that social interests in which criminal law is based are quite varied, as well as the «objects» of the trade. A brief historical review of the oldest crimes trading related shows that the state seeks to regulate (under threat of a penalty) certain exchanges of goods and services for a long time. But in our historic legislation does not hide economic interests it serves —crimes related to prostitution have been left out of this research for its specialties—. The exponential increase of crimes of trafficking in persons, objects or goods produced in the twentieth century, which remains in the current century, must relate to the globalization of the economy and the Criminal Law. Moreover, the Criminal Law of Globalization is basically an economic Criminal Law: An Economic Criminal Law with the characteristics of a Criminal Law of a Risk Society. All this labels seek to appoint legal problems on the same reality view, perhaps, from different perspective. The problems of economic crimes today are identical to those we are discussing and even the concept of economic criminal law can clarify these crimes. So we can say that we are facing genuine economic crimes. This opens new perspectives for review and study, among others, to drug trafficking crimes (supposedly against Public Health); organ trafficking crimes (supposedly against Health) or arms trafficking crimes (supposedly against Public Order). This article argues that crimes of trafficking in persons, objects and goods are legislatively intended to prohibit or control a commercial process that is hidden under other legal goods or social interests legally and constitutionally protected. Alike, it is stated that these kinds of conduct are intended to facilitate that the prosecutor prove beyond a reasonable doubt that the accused person committed a criminal offence. In these areas, Jurisprudence legitimises the criminal intervention of Criminal Law in collective legal goods which are automatically linked to conduct crimes and, therefore, with crimes of abstract danger. But this argument will be questioned in this article. This research focuses on the study of protected legal goods. In a later publication will review its relationship with the typical structures (danger crimes, conduct crimes…) and, also the concept of authorship behind the crimes we have selected under the common denomination of crimes of trafficking in persons, objects and goods