Evaluación del desempeño judicial: el caso de la justicia jurisdiccional en México (2007-2017)

Se examina el desempeño del Consejo de la Judicatura Federal, integrante del Poder Judicial de la Federación de México en el contexto de la reforma del Presupuesto basado en Resultados para observar si, cualitativamente y cuantitativamente existió algún impacto derivado de la implantación de esta metodología. En ese tenor, esta tesis examina el presente y la contribución a un área inusualmente analizada por la doctrina de la administración orientada al poder judicial, conexión emanada de los efectos de introducir una reforma dentro de los modelos que implican nuevos conceptos dentro del estado de derecho y el entendimiento de instituciones judiciales desde la óptica presupuestal, del desempeño y de la percepción respecto al accionar del sector justicia.En particular para la realización de esta investigación, se utiliza estadística judicial emanada de un estudio de caso diacrónico para contextualizar y posteriormente conocer la evolución que deriva en el servicio de impartición de justicia federal, al tiempo que se propone una metodología de carácter descriptivo respecto a los primeros capítulos, cuantitativo en cuanto a la formulación de indicadores de desempeño judicial a la par de la comprobación de las hipótesis de investigación, y cualitativa respecto al intento de ofrecer resultados de percepción, impacto y medición de la calidad, relacionada con la opinión observada de instituciones judiciales en general y de los jueces en específico..

Descentralización, instituciones y organizaciones: trayectoria en Colombia

Se tiende a contemplar la descentralización como una decisión que se toma en una coyuntura, y a evaluar sus resultados a partir de los efectos que se producen desde dicho hito. Aunque en los estudios no se asume la descentralización actual como un hecho emergente, es decir, como un hecho sin precedentes, si se le atribuyen las características que actualmente tiene, a las reformas de la década de los ochenta del siglo XX y a la Constitución de 1991, que dieron como resultado la que se considera la etapa con mayor descentralización de la República de Colombia. Antes de tales reformas, a las divisiones territoriales no se les reconoce un rol específico y determinante en la construcción y consolidación del Estado de Colombia. Visto así, la descentralización en Colombia es un proceso relativamente joven, de un poco más de 30 años. No obstante, los estudios sobre la descentralización en esas décadas no permiten observar cómo evolucionaron las reglas y organizaciones de la descentralización en el Estado Colombiano, de forma que se contribuya en la explicación del actual diseño de la descentralización y su desempeño La presente tesis doctoral titulada “Descentralización, Instituciones y Organizaciones. Trayectoria en Colombia”, tiene como como objeto de investigación, las instituciones, organizaciones de la descentralización en Colombia en el periodo de la República 1821 a 2014. El objetivo principal es identificar los elementos que contribuyen a la explicación y comprensión del rol jugado por las divisiones territoriales en la construcción y consolidación del Estado Colombiano, así como la configuración organizacional de la descentralización que resultó en dicho proceso. Los objetivos específicos de la investigación fueron: explorar, describir y analizar las instituciones que configuraron el poder público en la República de Colombia y su relación con las divisiones territoriales, desde el nacimiento de la República hasta el presente; identificar la trayectoria de las formas organizacionales que han actuado en la descentralización en Colombia desde el inicio de la República y que determinaron la actual configuración organizacional de la descentralización; e identificar la configuración de reglas y organizaciones que ejercen la vigilancia y el control de gestión fiscal y resultados de la descentralización en Colombia..

Situación financiera de la movilidad urbana en Buenos Aires, 2015-2021

El escenario de la movilidad urbana en América Latina y el  Caribe es dinámico. Hay una creciente tasa de motorización, con tendencia a aumentar a medida que se incremente el ingreso per cápita, las manchas urbanas continúan expandiéndose en periferias de baja densidad poblacional y la búsqueda de una movilidad más sostenible ha impulsado las pruebas en materia electrificación del transporte público y los compromisos para su implementación. La evolución tecnológica y la digitalización están cambiado las necesidades y los modos de desplazamiento, lo que se ve acelerado por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), que ha dificultado la sostenibilidad financiera de los sistemas y cuyos impactos pueden ser de largo plazo. Para implementar un gran impulso para la movilidad es preciso conocer las fuentes usuales de recursos para los sistemas de transporte público de pasajeros y las políticas tarifarias de estos. El objetivo de este estudio es ampliar la comprensión de las condiciones de financiamiento de los modos de transporte público colectivo, en bicicleta y a pie en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Resumen .-- Introducción .-- I. El transporte automotor de pasajeros .-- II. El transporte ferroviario de pasajeros, de superficie y subterráneo .-- III. Inversiones de capital y su financiamiento .-- IV. Medidas orientadas a la gestión de la demanda de vehículos particulares .-- V. El transporte en el gasto de los hogares .-- VI. Reflexiones finales

La contratación de interés público en el Estado Social: marco constitucional y rendimiento jurídico

[ES] En la presente investigación se aborda la necesidad de comprender los contratos de interés público, como una figura existente en la Constitución Política de Colombia que contribuye a beneficiar a un sector de la población que se encuentra en condiciones vulnerables o de inferioridad. Para ver el aporte de estos en la sociedad, se hará referencia al contexto histórico que explica sus orígenes y la diferenciación con otros medios convencionales, para continuar con un miramiento de la reglamentación de esta figura y análisis de los llamados decretos autónomos o constitucionales. Así mismo, se resalta la importancia de utilizar de manera correcta la modalidad especial del contrato de interés público, evitando con ello responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias. Posteriormente, se efectúan algunas reflexiones sobre la reglamentación del artículo 355 de la Constitución Política Colombiana, finalizando con algunas conclusiones y propuestas principales en relación con la investigación. De este modo, se pretende acercar al lector a la sensibilización de la aplicación de esta Constitución Política Colombiana modalidad contractual que contribuye a mitigar las condiciones de inequidad, propendiendo en estas líneas por una mayor justicia social

Análisis de política: el proceso de formulación del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, 1993-2010

La investigación parte del reconocimiento de que los problemas relacionados con los contenidos, actualizaciones y modificaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS) no corresponden necesariamente a un problema técnico, sino que se encuentran en el centro de intensos debates políticos, que trasciende la esfera de lo puramente médico. Por esta razón, a partir del enfoque de las Coaliciones Promotoras (CP), el Institucionalismo Histórico (HI) y la Sociología Histórica (SH), la investigación se propuso establecer la forma como influyen los actores (sociales, económicos y políticos) de las CP en la definición de las políticas públicas que determinan la formulación y actualización del POS en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia. Se encontró que los procesos y debates sobre la actualización del POS se inscribieron en la fundamentación ideológica neoliberal y la aplicación de los principios económicos neoclásicos que se aplicaron a nivel más general en la reforma del SGSSS que inspiraron la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007 y demás decretos reglamentarios. Fue notorio de esta manera, el dominio de la coalición que concibe la salud como factor económico y el interés por la sostenibilidad financiera del sistema, así como la interposición del interés privado por encima de los derechos de las personas.Abstract. The investigation stems from the recognition that the problems related to the content, updates and modifications to the Mandatory Health Plan (MHP) does not necessarily correspond to a technical problem, but is in the center of intense political debate that transcends the sphere of purely medical. Therefore, effective approach Advocacy Coalition Coalitions (AC), Historical Institutionalism (HI) and Historical Sociology (SH), the investigation sought to establish how actors (social, economic and political) of influence AC in the definition of public policies that determine the formulation and updating of MHP in the General System of Social Security Health (GSSSH) in Colombia. We found that the processes and debates about upgrading MHP enrolled in the neoliberal ideological foundation and application of neoclassical economic principles applied more generally in GSSSH that inspired reform of Law 100 of 1993, the 1122 Le 2007 and other regulatory decrees. It was noticeable in this way, the domain of the coalition that sees health as an economic factor and the interest for the financial sustainability of the system and bringing the private interests above the rights of individuals.Doctorad

Cambios en los modelos de financiación interna y eficiencia en la Universidad

Las administraciones públicas en general y las instituciones universitarias en particular, han sufrido cambios significativos en los modelos de gestión propiciados por los cambios económicos, políticos, sociales y culturales de nuestra Sociedad, necesarios para la supervivencia de este tipo de instituciones y para la adaptación, entre otros, a los modelos educativos, basados en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. El primero de estos cambios llega con la transferencia de las competencias en materia universitaria a las Comunidades Autónomas, convirtiéndose el sistema universitario español en un sistema descentralizado, transferencia que comenzó con la Ley de Reforma Universitaria de 1983, y en la actualidad está regulada por la Ley Orgánica de Universidades (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.) La autonomía llevó a las Universidades, al igual que su descentralización, a tener que llevar a cabo cambios en su gestión, pues ya no solo dependían de la financiación del Gobierno central. Las comunidades Autónomas con competencias en materia de enseñanza instauraron el sistema incrementalista, el cual suponía que la subvención global de cada año se obtenía mediante el incremento de la cuantía del año anterior, pero este modelo, al existir cada vez un número mayor de Universidades y Titulaciones, entró en crisis, debido al conflicto que existía continuamente entre las Universidades y sus Administraciones Autonómicas. Por ello, a principios de los años 90, para solucionar estos problemas se comienzan a introducir las tendencias internacionales en financiación universitarias en los países de la OCDE, los cuales caminaban hacia la búsqueda de una mayor competencia y calidad (OCDE, 1990). Los nuevos modelos de gestión y financiación consistían en establecer mediante criterios estándares una financiación básica, al tiempo que es complementada con recursos ligados a la consecución de determinados resultados (Williams, 1992). En nuestro país fue la Comunidad Autónoma de Valencia la pionera en poner en marcha en 1994 un modelo de financiación de estas características, que rompe con la fuerte tradición incrementalista de años anteriores. Además, a finales de este mismo año, el Consejo de Universidades publica un informe sobre financiación universitaria, en el que entre otras cosas se recogen algunos de los criterios para la asignación de recursos, ya recogidos en el Modelo de Financiación Valenciano. Varias son las Comunidades Autónomas que siguieron esta estela y ponen en marcha mecanismos de financiación con el fin de incrementar la competencia y la calidad de las Universidades, Comunidades como Cataluña, Andalucía, Canarias o Galicia. La Comunidad Autónoma de Andalucía no es ajena a este proceso, por cuanto los equipos de gobierno de sus Universidades han perfilado un esquema metódico para distribuir la mayoría de los fondos destinados a la enseñanza superior. Estos nuevos sistemas de financiación por resultados persiguen que los Sistemas Universitarios se basen, al igual que los Sistemas Universitarios europeos, en los pilares de competencia y calidad. En definitiva, el objetivo de estos sistemas de financiación es que las Universidades Españolas sean más eficientes, en sus tres ramas docencia, investigación y gestión. En las CCAA donde se sigue este modelo mixto de financiación, la financiación ordinaria básica es aquella encaminada a cubrir los gastos corrientes en los que debe incurrir la Universidad para desarrollar sus actividades de docencia, investigación y transferencia del conocimiento, la cual se calcula en función de los outputs de las respectivas Universidades. Respecto a la financiación ordinaria condicionada, esta es establecida en función del grado de cumplimientos de unos objetivos prefijados por cada Universidad. Con la financiación ligada a objetivos se busca la mejora de la calidad en todos los ámbitos de actividad de las universidades, por lo que se fija en función del cumplimiento de unos objetivos preestablecidos, siendo necesario definir un conjunto de indicadores que permitan medir el cumplimiento de dichos objetivos. Los nuevos modelos de financiación implantados por las Comunidades Autónomas españolas pretenden cumplir con los principios generales básicos de suficiencia financiera, equidad y eficiencia del sistema, añadiendo los principios de transparencia y control de los fondos públicos. Las CCAA han introducido estos nuevos modelos de financiación ligados a resultados, los han materializados a través de los denominados Contratos Programa. Los Contratos Programa plantean una serie de objetivos a cumplir por las universidades y unos indicadores para medir el cumplimiento de dichos objetivos. Estos modelos de financiación, no sólo se han implantado a nivel de Gobiernos de las CCAA y las Universidades públicas de sus respectivas CCAA, sino que se han implantado dentro de las Universidades públicas como modelos de financiación interna, buscando el mismo objetivo, pero a nivel interno, es decir, lograr cumplir con los principios de suficiencia financiera, equidad y eficiencias del sistema, así como lograr la transparencia y el control de los fondos de los que se dispone. Universidades como la de Cádiz, Almería, Granada, Valencia, Jaume I, Politécnica de Cataluña o la Politécnica de Madrid son algunos ejemplos de instituciones de educación superior que en los últimos años distribuyen los fondos de los que disponen entre sus Centros y Departamentos basándose la filosofía de consecución de resultados, aunque de manera diferente y buscando con ello además facilitar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Universidad en el Contrato Programa firmado con la administración de la Comunidad Autónoma a la que pertenece. No obstante se desconoce si estos cambios en los modelos de financiación han dado lugar a una mejora de la eficiencia de las Universidades. En línea con la anterior cuestión, se planteó el primer objetivo de esta tesis doctoral: Estudiar cómo se ha comportado la eficiencia de una Universidad, en concreto de sus Departamentos, ante la implantación de los Contratos Programas como modelo que liga financiación a resultados. Para cumplir con este primer objetivo, se analizara si estos nuevos mecanismos de financiación logran su finalidad, a través del estudio del caso de la Universidad de Cádiz, donde se instauró en el año 2003 la financiación por objetivos, como modelo de financiación interna para los Departamentos que la componen, analizando si realmente en los años siguientes a los cambios, estos Departamentos han logrado comportarse de manera más eficiente que a lo largo de los años precedentes a dicho cambio, y si esta eficiencia se ha mantenido, o no, en el tiempo. Para lograr este objetivo se empleará la metodología Data Envelomenta Analysis y los Índices de Productividad de Malamquist. La Universidad de Cádiz implantó los Contratos Programa como fórmula de financiación interna en el curso 2004/2005 y durante dos cursos consecutivos, consideró esta fórmula de financiación opcional para los Departamentos, por lo que no era vinculante para recibir la financiación. Sin embargo, a partir del curso 2006/2007, y tras un cambio de equipo de gobierno, la financiación ligada a resultados se convierte en obligatoria para todos los Departamentos y Centros de la Universidad, convirtiéndose en un requisito necesario para recibir la financiación por parte de los Departamentos la firma y cumplimiento de los objetivos establecidos en la Normativa Anual de los Contratos Programas. Este primer objetivo general se concreta con los siguientes subobjetivos: 1. Analizar el comportamiento de la eficiencia de los distintos Departamentos de la Universidad de Cádiz una vez implantados los modelos de financiación interna que asocian dicha financiación al cumplimiento de unos objetivos. En concreto, tras la introducción de los Contratos Programas no vinculantes, en el curso 2003-2004 como fórmula que supedita los compromisos y objetivos a conseguir por parte de los Departamentos de la Universidad con la financiación recibida. 2. Analizar el comportamiento de la eficiencia de los Departamentos de la Universidad de Cádiz una vez implantados los modelos de financiación interna que asocian dicha financiación al cumplimiento de unos objetivos; en concreto, tras la introducción de los Contratos Programas vinculantes para todos los Departamentos de la Universidad, a partir del curso 2007-2008 como fórmula que supedita los compromisos y objetivos a conseguir por parte de los Departamentos de la Universidad con la financiación recibida. Por tanto, la presente tesis doctoral, a través de la evaluación de la eficiencia tras el cambio en los modelos de financiación interna ligados a resultados, materializados en los Contrato Programa, pretende profundizar en el análisis de un campo poco desarrollado hasta el momento y para el que no existen antecedentes de trabajos empíricos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Una vez estudiado los cambios de eficiencia a través de los indicadores preestablecidos por la Universidad de Cádiz para medir los resultados obtenidos por parte de los Departamentos para cada una de los objetivos a cumplir, vamos a proceder a contrastar la validez de estos indicadores en su conjunto para medir el rendimiento de cada uno de los Departamentos para las dos funciones principales, docencia e investigación, y si existen relaciones causales entre ellos. El segundo objetivo de la presente tesis doctoral será diseñar y validar empíricamente un Balanced Scorecard, como herramienta de medida integradora. Un Balanced Scorecard que nos permita, no solo medir el rendimiento de las actividades docente e investigadoras de los Departamentos, sino también establecer relaciones causales entre los indicadores de los contratos Programa de la UCA y corroborar los resultados obtenidos en el capítulo anterior. Para validar el Balanced Scorecard de los Departamentos de la Universidad de Cádiz estableceremos hipótesis de relaciones de eficiencia entre las perspectivas que lo conforman, empleando el Data Envelopment Analysis (DEA). Una vez validado dicho BSC, estudiaremos las relaciones causales entre los indicadores que lo integran mediante el Mapa Estratégico

Semilleros de Investigación 2016

El Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, Unijus, promueve y apoya el desarrollo e implementación de programas y proyectos que aporten al conocimiento de la realidad nacional e internacional y de las instituciones jurídicas, políticas y sociales. Por tal motivo, es fundamental el apoyo constante a la formación de semilleros de investigación en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Sede Bogotá, así como la consolidación de los semilleros ya existentes. Mediante la Convocatoria n.° 30 de 2016 fueron seleccionadas dieciocho propuestas de investigación integradas por un total de sesenta estudiantes, vinculados a un total de trece grupos de investigación. Este número de Investigaciones en Construcción se divide en cuatro secciones temáticas: 1) investigaciones sobre el posconflicto, desde sus multiples matices; 2) conflictividades y derechos ambientales con estudios de caso en diversos puntos de la geografía nacional; 3) asuntos sociojurídicos referentes a temáticas propias de nuestra realidad social; y 4) análisis de problemáticas del país y de las regiones desde la perspectivas política y de las políticas públicas. De este modo, se demuestra el interes continuo de la academia y sus integrantes por las problematicas sociales, determinando el modo en que las teorías jurídicas y políticas pueden contribuir a la construcción de nuevas propuestas para su solución. La presente publicación está compuesta por los artículos que resultaron de los proyectos aprobados.Sección I. Víctimas del conflicto armado colombiano en tránsito a sujetos democráticos: el derecho a la verdad como eje reparador (2011-2016) Grupo de investigación Colectivo de Estudios Poscoloniales/Decoloniales en América Latina, Colectivo (Copal). En este artículo, se analiza el contenido esencial del derecho a la verdad, para determinar si los mecanismos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y en el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” cumplen los estándares internacionales y si garantizan el derecho a la verdad para las víctimas. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección del profesor Camilo Alberto Borrero García. Conflictividad territorial en el Catatumbo. Un horizonte intercultural por construir Grupo de investigación Relaciones Interétnicas y Minorías Culturales. Este artículo realiza una aproximación a las conflictividades interculturales originadas por el choque de las territorialidades campesinas e indígenas presentes en la región del Catatumbo (Norte de Santander). Para ello, se identifican los actores que habitan y disputan este territorio, caracterizando la problemática desde sus diferentes variables y los condicionantes que impiden el desarrollo del proyecto intercultural propuesto. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección del profesor Edgar Alberto Novoa (q. e. p. d.). La representación de las Farc-ep en la prensa colombiana. Análisis de las noticias de El Tiempo y El Espectador en el marco de los diálogos de paz en La Habana (2012-2016) Grupo de investigación Cultura Jurídico-Política, Instituciones y Globalización. Este artículo analiza el discurso de los medios masivos de comunicación en Colombia, puntualmente de la prensa escrita (El Tiempo y El Espectador). Se realiza un acercamiento al conflicto armado con las Farc-ep y el papel de los medios de comunicación y se reflexiona en torno al papel que estos tienen en la representación de los diversos actores políticos frente a la sociedad civil. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección del profesor Oscar Eduardo Mejía Quintana. Democracia e insurgencia. Una mirada a las propuestas para la reconfiguración de la democracia de dos movimientos insurgentes armados (eln y m-19) en Colombia entre 1979 y 2016 Grupo de investigación Seguridad y Defensa. Estudia las propuestas para la reconfiguración de la democracia en Colombia de dos movimientos insurgentes armados (eln y m-19) entre 1979 y 2016. Mediante una revisión documental de archivo, y el estudio interpretativo de los discursos existentes, recopila entrevistas e historias de vida de militantes de estos grupos, reconstruyendo las críticas a la democracia en Colombia hechas por el eln y el m-19. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección del profesor Carlos Medina Gallego. Reparación de víctimas en el sistema de la Corte Penal Internacional: obstáculos y deficiencias Grupo de investigación Grupo de Estudios Penales, Conflicto y Política Criminal. Este artículo busca identificar la participación de las víctimas, las formas de reparación y la relación de la Corte Penal Internacional con los Estados, con el fin de identificar sus obstáculos y deficiencias. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección del profesor José Francisco Acuña Vizcaya.Sección ii Conflictividad ambiental urbana y de aguas en Bogotá Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (Gidca). Este trabajo investiga los conflictos ambientales redistributivos en la ciudad de Bogotá, centrándose en las diversas maneras de apropiación, acceso y goce del agua. Con este fin, este análisis se sustenta en una indagación teórica y en un estudio de casos en las localidades de Ciudad Bolívar, Suba y San Cristóbal. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección del profesor Gregorio Mesa Cuadros. Conflictividad ambiental en La Guajira: derecho al agua Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (Gidca). Esta investigación busca determinar las principales falencias de los proyectos implementados por el Gobierno nacional, que no han permitido superar la crisis ambiental en La Guajira, situación que afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos, principalmente el derecho fundamental al agua. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección del profesor Gregorio Mesa Cuadros. Consecuencias ambientales de las actividades mineras de carbón en Tibú, Norte de Santander, en el periodo 2002-2015 Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (Gidca). El posicionamiento de la minería, como pilar fundamental de la economía colombiana en los últimos gobiernos, y la preocupación por las consecuencias ambientales de la minería y la extracción de recursos energéticos son los temas abordado en este artículo. Esta investigación toma como caso de estudio el municipio de Tibú en Norte de Santander. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección del profesor Gregorio Mesa Cuadros.Sección iii Análisis sobre la implementación de la oralidad en la administración de justicia en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Grupo de investigación de Relaciones Interétnicas y Minorías Culturales. El trabajo de campo realizado en Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pretendió conocer las dificultades de la implementación de la oralidad en la administración de justicia en ese departamento y las estrategias para mitigar el impacto del bilingüismo en las distintas instancias judiciales del circuito de San Andrés. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección del profesor Edgar Alberto Novoa Torres (q. e. p. d.). Hacia una aproximación económico-jurídica de la maternidad subrogada y su regulación Semillero La maternidad subrogada en Colombia. Por medio de un enfoque jurídico-económico se realiza un análisis de la maternidad subrogada, como técnica de reproducción humana asistida, una práctica social no regulada normativamente en el Estado colombiano; así como la concepción de la familia y los constructos sociales de las relaciones cotidianas. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección de los profesores Luis Arturo Suárez Pacheco y Marcela González Sandoval. Responsabilidad médica: un estudio desde la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado Grupo de Investigación para la Articulación del Derecho Civil y los Derechos Económicos Sociales y Culturales, Giadesc. Con este estudio se aborda la discusión de la responsabilidad médica, tanto cívil como estatal, dada desde el ámbito de las altas Cortes del sistema jurídico colombiano, buscando la compresión conceptual de la responsabilidad médica, tanto como sus implicaciones y potencialidades. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección del profesor José Guillermo Castro Ayala. La interpenetración de la justicia transicional y la justicia ordinaria: estudio orientado a la complejidad sobre la seguridad jurídica y el debido proceso Semillero La interpretación de la justicia transicional y la justicia ordinaria. Con este artículo se estudia cómo la Jurisdicción Especial para la Paz (jep) cumplí- ria, o no, con la materializar el derecho a la justicia de las víctimas del conflicto armado colombiano. Asimismo, indaga los modos en que el Estado deberá garantizar tanto los derechos de las víctimas como los de los victimarios que se sometan a ella. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección del profesor Héctor Henrique Quiroga Cubillos. Inconstitucionalidad del artículo 6° de la Ley 1121 del 2008 de teletrabajo, por la vulneración de principios de derecho laboral contenidos en la Constitución Política de Colombia Grupo de investigación Escuela de Justicia Comunitaria (ejcun). Este artículo analiza el teletrabajo, como una nueva modalidad de empleo en Colombia y sus posibles beneficios en la expansión del empleo, pero también los retos de su implementación y las afectaciones laborales que implicaría. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección del profesor Edgar Ardila Amaya. Discursos mediáticos sobre el delito de cuello blanco Grupo de investigación Escuela de investigación en criminología mediática, justicia penal y política criminal “Luis Carlos Pérez”. Desde un análisis criminológico, este artículo aborda las lógicas y discursos mediáticos que subyacen a los delitos de cuello blanco, particularmente al desfalco de Interbolsa. Para este análisis, se tomaron las noticias de dos medios colombianos, en el periodo 2012- 2013, en razón de la importancia que estos dieron a este caso. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección del profesor Estanislao Escalante Barreto. Derecho administrativo para el posconflicto: hacia una administración transicional Grupo de investigación Derecho Constitucional y Derechos Humanos. En este artículo se realiza una revisión de los conceptos de administración pública y se define una administración para la transición, así como las posibles consecuencias de su implementación, en el contexto de los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y las Farc-ep y de ejecución de lo acordado en La Habana, Cuba. Este semillero estuvo bajo la dirección del profesor Andrés Abel Rodríguez Villabona.Sección IV ¿Por qué TransMilenio en Bogotá está en crisis? Grupo de Investigación Presidencialismo y Participación. Hace un análisis de la implementación del sistema de buses de tránsito rápido (btr) en Bogotá —mediante la creación de la empresa de transporte Tercer Milenio TransMilenio s. a.— y los problemas que este presenta: alto precio de los pasajes, ineficacia para satisfacer la demanda creciente, protestas, bloqueos, largas filas, problemas de corrupción, entre otros. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección del profesor Miguel Angel Herrera Zgaib. Impactos económicos, políticos y jurídicos de la crisis de la caída de los precios del petróleo desde 2014 en Colombia, Argentina y Venezuela Grupo de Investigación Grupo de Estudio Economía Digna (Geed). Con esta investigación se analiza el impacto de la crisis en los sectores político, econó- mico y judicial de estos países en el el periodo 2012-2016, tomando el caso de Colombia, Venezuela y Argentina, países que dependen de la producción de hidrocarburos, en especial del petróleo. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección del profesor Daniel Alberto Libreros Caicedo. Diagnóstico de implementación del Código País de Mejores Prácticas Corporativas: el mejoramiento de la arquitectura de control y el problema de la agencia en las juntas directivas Grupo de Investigación Arbitraje Nacional e Internacional (ani). Esta investigación se centra en un diagnóstico de la implementación de las medidas recomendadas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas Colombia (Código País) en las entidades emisoras de valores. El semillero de investigación estuvo bajo la dirección del profesor Fredy Andréi Herrera Osorio

El arbitraje desde la perspectiva del derecho a la tutela efectiva en Ecuador

Esta investigación está orientada al estudio del arbitraje doméstico ecuatoriano desde el prisma de la vigencia del derecho constitucional a la tutela efectiva. La hipótesis que sirvió como punto de partida para este estudio es que, dada la naturaleza jurisdiccional atribuida a las funciones de los árbitros en el ordenamiento jurídico nacional, el arbitraje se configura como un cauce para el ejercicio del derecho a la tutela efectiva; pero, para que la tutela que dispensa el sistema arbitral ecuatoriano sea realmente efectiva, resultan imprescindibles una serie de reformas que inciden en cada uno de los grandes momentos comprendidos en el el íter del ejercicio de este derecho de protección: acceso a la justicia, desarrollo del proceso con garantías suficientes para los justiciables y ejecución del laudo. En este orden de ideas, el primer capítulo aborda la discusión del arbitraje como cauce para el ejercicio del derecho a la tutela efectiva. El segundo capítulo se concentra en la relación entre acceso a la justicia y arbitraje, con énfasis en la restricción para este derecho que se presenta en el caso de sometimiento a arbitraje en situaciones de asimetrías estructurales de poder de negociación, así como en el análisis de dos supuestos que constituyen obstáculos para el acceso a la justicia arbitral: uno de carácter procesal, relativo a la ausencia de reglas claras sobre casos especiales de legitimación ad causam – principalmente legitimación de partes no signatarias, sucesores del convenio arbitral y terceros–, y otro, de índole sociecómico, consistente en los costos del arbitraje como impedimento para acceder a la administración de justicia en sede arbitral. El tercer capítulo se orienta a determinar los elementos del debido proceso arbitral y establecer sus particularidades. Parte importante de este capítulo es el análisis de los vacíos del régimen de la acción de nulidad del laudo arbitral, garantía del debido proceso arbitral. Adicionalmente, plantea el debate de la procedencia de la acción extraordinaria de protección como garantía jurisdiccional constitucional sobre laudos arbitrales y busca una solución frente a los problemas que se originan por la multiplicación de espacios de control estatal sobre los laudos. Finalmente, el cuarto capítulo se concentra en los principales vacíos del régimen de ejecución de laudos arbitrales

La protección constitucional del medio ambiente sano en Colombia

[ES] Teniendo como referente la Constitución Política de 1991, el derecho al medio ambiente sano, se distingue al ser considerado como un derecho colectivo de “tercera generación” pues fue el interés del constituyente derivado, en incorporar el aspecto ambiental de manera transversal en el ordenamiento superior, al estar relegado este tema en la Constitución de 1886, siendo indispensable en acatar el compromiso del reconocimiento y protección al derecho a gozar de un medio ambiente sano, asumido en la Conferencia de Estocolmo y posteriormente devino en la Declaración de Río, la necesidad de incluir un modelo de desarrollo sostenible, efectivamente, Colombia entró a la vanguardia de las otras constituciones del mundo al insertar este “nuevo derecho” en más de treinta y cuatro artículos constitucionales lo que según la Sentencia T-411/92, la ha denominado como una “Constitución ecológica, verde o ambiental”, además de ser progresista en sus pronunciamientos. Así las cosas, transitamos dentro del estudio investigativo en un análisis de temas trascendentales como: las categorías de los derechos, aspectos jurídicos legales del desarrollo del medio ambiente, las acciones constitucionales, el activismo judicial de la Corte Constitucional colombiana y luego concluir, con la jurisprudencia constitucional sobre medio ambiente sano en Colombia. Es en este contexto, donde surge el planteamiento: ¿Cómo puede un derecho de tercera generación que ha sido vulnerado y cuya vía procesal son las acciones populares, acudir a través de la acción de tutela para buscar su protección en sede judicial?. Así las cosas, el estado de la cuestión del presente estudio investigativo, se centró en analizar las diferentes tendencias adoptadas en la protección ambiental por la Corte Constitucional desde el periodo comprendido entre el 4 de julio de 1991 hasta el día 4 de agosto 2014, iniciando con la Sentencia T-403/92, y finalizando con la Sentencia T-197/14, dada la delimitación del problema de estudio elegido, que permite identificar los supuestos teóricos y jurídicos directamente relacionados con el objeto de investigación, allí se tomó una muestra representativa de 359 pronunciamientos de esa alta Corporación, enfocando nuestro análisis específicamente en las acciones de tutela, sin dejar de lado, las Sentencias de Constitucionalidad, Sentencias de Unificación y Autos, para lograr identificar cinco líneas jurisprudenciales dentro del medio ambiente sano, cuya fluctuación se dio inicialmente como un derecho fundamental, transitó a la teoría de la conexidad, siguió a tener una doble titularidad de los derechos subjetivos y colectivos, posteriormente acogió de nuevo la fundamentalidad pero bajo la preceptiva de instrumentos internacionales y finalmente indicar, la equivalencia en fundamentalidad de derechos y la transversalidad del medio ambiente con los demás derechos prestacionales