La justicia constitucional del Ecuador en 2009

Se analiza algunos aspectos claves de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LGJCC), especialmente los relacionados al fortalecimiento o debilitamiento de las garantías constitucionales en el Ecuador. La LGJCC expresa en su articulado dos concepciones jurídicas antagónicas. Una de corte garantista, acorde con la Constitución, que busca desarrollar las garantías e instituciones constitucionales. Otra, restrictiva de las garantías, anclada en el formalismo y legalismo, y que se expresa en disposiciones de la misma ley de dudosa constitucionalidad. Se evalúan sintéticamente algunas de las principales garantías reguladas por la LGJCC y finaliza con una breve reflexión sobre la cultura constitucional en Ecuador

Las garantías de los derechos en 2010

Analiza la eficacia de las acciones tendientes a una mayor efectividad de las garantías jurisdiccionales. Concluye que los datos presentados evidencian aún profundas brechas entre la Constitución escrita y la situación real de los derechos y las garantías de las personas y los colectivos

El Tribunal Constitucional, el Congreso y la jurisdicción ordinaria en el desarrollo de las garantías de los derechos constitucionales en Ecuador

El presente ensayo plantea que las garantías de los derechos constitucionales en Ecuador son objeto de sistemáticas e ilegitimas restricciones las cuales tienen que ver al menos con dos fenómenos. Primero, lo que podría denominarse una reducción de la noción de garantía a la esfera jurisdiccional. Es decir la adopción de una noción mínima de garantía, que desconoce la función de normas y procedimientos constitucionales y otras instituciones, y en particular el legislativo, que configuran las garantías políticas y sociales. En segundo lugar la formalización y restricción de las garantías jurisdiccionales, pese a su reconocimiento constitucional. Así, en un primer momento de reformas constitucionales o procesos constituyentes estas garantías constitucionales se han establecido o ampliado. En un segundo momento, en que la legislación, la jurisprudencia, y en general la cultura jurídica dominante las han regulado, han tendido a restringirlas inconstitucionalmente; esta dinámica ha marcado especialmente al amparo

Derechos humanos y democracia: Complementariedades y tensiones

Democracia y Derechos Humanos son dos dimensiones relacionadas entre si de muy diversas formas. Pueden ser vistas como complementarias, pero también como realidades en fuerte tensión y hasta contradicción. En cuanto realidades complementarias, puede plantearse, aunque no sin discusión, que sólo procesos democráticos de decisión pueden legitimar políticamente estos derechos. Por tanto tales derechos, o al menos su vigencia, surgirían de la deliberación y el consenso de los afectados e interesados. Pero a su vez, los derechos también pueden ser vistos como condiciones indispensables para el ejercicio democrático. Así, libertades como las de pensamiento, expresión, reunión o asociación serían requisitos ineludibles no sólo para que pueda existir democracia sino para que ésta a su vez cree condiciones de justicia social. En cuanto realidades en tensión, los derechos humanos pueden ser vistos como límites a la democracia, especialmente si ésta última se entiende como voluntad política de la mayoría. Los derechos humanos, al expresar valores fundamentales quedarían sustraídos de las esferas tanto del mercado como del poder, integrando una zona de lo que no se discute. Los derechos humanos, en tal sentido erigirían, frente a estas mayorías coyunturales, vallas en principio infranqueables de defensa de las minorías y de los individuos frente a la mayoría. Estos derechos vienen a constituir lo que Ferrajoli ha llamado una democracia sustancial, esto es un sistema en el cual los principios formales de la democracia política sobre quién y cómo se decide, es decir el principio de soberanía popular y la regla de mayoría, quedan subordinados a principios sustanciales expresados en los derechos constitucionales, es decir subordinados a lo que no es lícito decidir y a lo que no es lícito no decidir

Justicia electoral y justicia constitucional en Ecuador

Definir la democracia no es solo un problema académico sino que es también ineludiblemente un acto político. Tantos y tan variados y a veces contrapuestos conceptos de supuestamente un mismo fenómeno nos develan la lucha subyacente respecto a algo que ha devenido en un símbolo de nuestra época. Hoy que la democracia ha alcanzado tanta legitimidad pese a sus límites y deficiencias no es sorprendente que cada sector político y académico busque precisar sus contenidos y alcances. Pero más que una reseña de los diversos conceptos de democracia lo que interesa en el presente ensayo es indagar las consecuencias institucionales de algunos conceptos prototípicos de democracia. Justamente, la dimensión política del concepto se muestra también en tales consecuencias, y entre éstas nos interesa aquí las relativas al tipo de jurisdicción electoral que se deriva de uno u otro concepto de democracia. El presente ensayo aborda esta temática en dos planos: primero en un plano teórico o doctrinal, al examinar las relaciones entre justicia electoral y derechos constitucionales; y segundo, en un plano empírico, al analizar el caso ecuatoriano tanto en su evolución histórica como en el actual modelo de la Función Electoral. En consecuencia las metodologías usadas son interdisciplinarias, como suele ser frecuente en temas de Derecho Electoral; en la parte doctrinal el énfasis metodológico se halla en los métodos jurídicos y los conceptos de la teoría política, mientras que la sección empírica recurre al análisis histórico y metodologías desarrolladas por la teoría de la división de poderes desarrolladas en la Ciencia Política

Límites constitucionales al poder del Ejecutivo

Esta investigación examina la forma como los estados de excepción, los referéndums y la reelección presidencial influyen sobre el poder del Presidente en varios países de América Latina. El análisis se realiza mediante el estudio comparado y crítico de varios casos de jurisprudencia constitucional de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y referencias más puntuales a otros países latinoamericanos. Los estados de excepción, los referéndums y, la reelección presidencial tienen en común el hecho de que su mal uso puede llevar a una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo, concentración que puede generar condiciones para la violación de los derechos de los ciudadanos y de la división de poderes. Por esta razón estas tres instituciones, aunque frecuentemente establecidas en las propias constituciones, generalmente son objeto a su vez de regulación y control constitucional. El presente estudio examina tales regulaciones y control con miras a destacar las relaciones entre presidencialismo, democracia y protección de derechos

Eficacia de las garantías constitucionales normativas y jurisdiccionales en Ecuador en el 2010

La investigación se concentra en la producción legislativa en el 2010 Y dentro de ella a algunas de las leyes, que se consideran relevantes para el ejercicio de derechos. Por otro lado, muy brevemente se específica, como información que debe ser compartida y conocida, normativa relevante para los derechos humanos y tratados internacionales que han sido ratificados por el estado ecuatoriano. Luego se exponen observaciones generales sobre el proceso legislativo. Una segunda sección del informe relativa a garantías jurisdiccionales estudia el funcionamiento de las mismas en base al análisis estadístico de 1815 procesos constitucionales en la provincia de Pichincha de Enero a Octubre del 2010. Los resultados tanto respecto a las garantías normativas como en a jurisdiccionales arrojan, pese a ciertos avances, un claro déficit en la eficacia de estas garantías, en contraste con la importancia que formalmente les da la Constitución del 2008

Eficacia de las garantías constitucionales

El capítulo uno presenta datos relativos a las garantías constitucionales jurisdiccionales durante el año 2011. Se examina información clave respecto al tipo de derechos reclamados, las características de quienes los reclaman, la forma cómo se decide y el tiempo que los jueces y cortes están utilizando para resolver estas posibles violaciones. La muestra incluye 2204 procesos constitucionales decididos en la provincia de Pichincha del 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2011, tanto por jueces de instancia como por salas de la Corte Provincial. Al igual que en el estudio de 2010, la base de datos fue construida a partir de la información de la página en línea de la Función Judicial de Pichincha. Las limitaciones de esta investigación a una provincia tienen relación con la ausencia de información o estadísticas suficientes sobre procesos constitucionales en otras provincias. En todo caso, a efectos de poder fundamentar un mayor grado de generalización, el presente estudio incluye una serie de consideraciones de orden cualitativo aplicables a nivel nacional. El capítulo dos, desde la perspectiva de los derechos humanos, determina si estos derechos inspiraron la producción normativa o si fueron otros intereses diversos y si es que la producción normativa fue aceptable en términos de carga de trabajo durante el año 2011 en Ecuador. Para valorar el trabajo legislativo además de la Constitución. Este capítulo está dividido en cuatro partes. En la primera se hace una reflexión entre los derechos y la producción normativa, para enfatizar la importancia del trabajo legislativo en un Estado constitucional de derechos y justicia. En una segunda sección, se elabora un análisis sobre los aspectos generales del desarrollo parlamentario. En la tercera parte se analiza la iniciativa legislativa. Finalmente, a manera de síntesis, se recogen las conclusiones que se derivan de la investigación