Analiza la eficacia de las acciones
tendientes a una mayor efectividad de las garantías jurisdiccionales. Concluye que los datos
presentados evidencian aún profundas brechas entre la Constitución escrita y la
situación real de los derechos y las garantías de las personas y los colectivos

Grijalva Jiménez, Agustín

Grijalva Jiménez, Agustín Modesto

Repositorio UASB-DIGITAL

Programa Andino de Derechos HumanoscompiladorDEVELANDO EL DESENCANTOInforme sobre derechos humanosEcuador 2010Quito, 2011UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ECUADORPROGRAMA ANDINO DE DERECHOS HUMANOS, PADHToledo N22-80 •Apartado postal: 17-12-569 • Quito, EcuadorTeléfonos: (593 2) del 322 8085, 299 3600 • Fax: (593 2) 322 8426 ww w.uas b.e du.ec • uasb@uasb.edu.ecEDICIONES ABYA-YALAAv. 12 de Octubre 1430 y Wilson •Apartado postal: 17-12-719 • Quito, EcuadorTeléfonos: (593 2) 256 2633, 250 6247• Fax: (593 2) 250 6255www.abyayala.org • editorial@abyayala.orgA pesar del decidido fortalecimiento de las garantías jurisdiccionales en laConstitución de 2008, las prácticas y la cultura judicial, así como parte de la legis-lación actual apuntan en un sentido contrario: una orientación formalista y res-trictiva de la protección de derechos. Así, la acción de protección, como antes su -cedía con el amparo, se halla concentrada en problemas laborales de policías, mi -litares y funcionarios públicos, mostrando incluso crecientes niveles de restric-ción, debido a la exigencia legal de agotar primero otros recursos. En efecto, 7 decada 10 procesos corresponden a acciones de protección, y éstas tienden a con-centrarse en unos pocos derechos; se puede, por tanto, plantear la hipótesis de quelas demás garantías están siendo subutilizadas, lo que obedecería a un escasoconocimiento de las mismas por parte de la población y cada vez mayor descon-fianza en jueces y juezas.El carácter residual que la Ley de Garantías Jurisdiccionales ha dado a laacción de protección ha determinado una alta tasa de rechazo en primera instan-cia: se niegan 8 de cada 10 casos; en muchos de los cuales el juez argumenta queel accionante tiene otras vías. Lo mismo sucede en cuanto a las apelaciones antela Corte Provincial: se rechazan 9 de cada 10; lo cual podría implicar una alta des-protección de los derechos constitucionales. El examen cualitativo de casos evi-denció un patrón de utilización de la acción extraordinaria de protección, en losúltimos meses del año 2010, como un mecanismo casi automático de impugna-ción, tras la negativa a la apelación de la acción de protección. De esta forma, seplantea la hipótesis de que un mal funcionamiento de las garantías constitucio-nales ante la justicia ordinaria produzca una saturación de acciones extraordina-rias de protección ante la Corte Constitucional.Las garantías de losderechos en 2010Agustín GrijalvaEl hábeas corpus, con frecuencia, es tramitado por los jueces como un pro-ceso de la justicia ordinaria, sin atender a su urgencia y simplificación, lo cualderiva en una débil protección del derecho a la libertad y del debido proceso. Elpredominio de acciones de protección en la Policía y de hábeas corpus en loscasos de alimentos genera una utilización mucho mayor de estas garantías porparte de hombres que de mujeres.Las medidas cautelares, pese a su utilidad para la protección de derechos,no están siendo utilizadas suficientemente por los operadores jurídicos. La con-dición marginal de las medidas cautelares (3,46 %) revela que existe confusiónpor parte de los peticionarios para solicitarlas, independiente o conjuntamentecon la acción de protección; la mayoría de peticiones de medidas cautelares sonnegadas y apenas un 12,5% son aceptadas, lo que puede deberse, en parte, a queéstas eran innecesarias y los jueces las denegaron; pero otra posibilidad, ésta máspreocupante, es que los jueces no estén brindando una adecuada protección dederechos.Los tiempos para el trámite de estas garantías son aún excesivos respecto alos máximos establecidos constitucional y legalmente, lo cual es contrario a sucarácter oportuno y efectivo, orientando al establecimiento de medidas urgentesy de reparación integral, como establece la Constitución. La carga procesal de losjueces de primer nivel y de los tribunales no puede justificar esta demora puestoque los datos indican que estos jueces conocen sólo de uno a dos procesos cons-titucionales por mes. Esta carga procesal es mayor en el caso de las cortes provin-ciales.En definitiva, es urgente profundizar en el análisis y sobre todo en las accio-nes tendientes a una mayor efectividad de las garantías jurisdiccionales. Los datospresentados evidencian aún profundas brechas entre la Constitución escrita y lasituación real de los derechos y las garantías de las personas y los colectivos.42 Programa Andino de Derechos Humanos, compilador

Las garantías de los derechos en 2010

Analiza el desarrollo de las garantías jurisdiccionales a partir de una muestra de procesos decididos en la provincia de Pichincha. Evidencia que la acción de protección es la garantía más utilizada, seguida del hábeas corpus y el hábeas data. Constata una tendencia decreciente del porcentaje respecto al total de garantías en los casos de la acción de protección y habeas data, mientras que la interposición de habeas corpus se ha incrementado; establece que la mayoría de accionantes proviene del sector público; confirma la tendencia judicial restrictiva de garantías y derechos, y devela el incumplimiento de los plazos legales, concluye señalando los límites que existen para la efectividad de las garantías y para el aseguramiento de los derechos humanos de la población

A partir de una muestra de 2.204 procesos constitucionales decididos enla provincia de Pichincha, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2011, se ana-liza el desarrollo que han tenido las garantías jurisdiccionales en ese año. Graciasa la disponibilidad de datos similares para 2010, se presenta una comparación sis-temática con los datos correspondientes a 2011, que permite observar su evolu-ción en el tiempo.En ambos años se aprecia que la acción de protección es la garantía sobrela cual existen el mayor número de procesos constitucionales, seguida del hábeascorpus y el hábeas data. Las demás garantías, en 2011, al igual que sucedió en 2010,continúan teniendo un uso comparativamente marginal.Contrariamente a la percepción generalizada de una progresiva judiciali-zación que incluiría el constante incremento de acciones de protección, el númerorelativo de estas entre 2010 y 2011; es decir, el porcentaje respecto al total de ga-rantías interpuestas en cada año, disminuyó en 7,65 %. Esta tendencia decrecientese registró también en el caso del hábeas data, la acción extraordinaria de protec-ción y la acción de acceso a la información pública. En contraste, el número rela-tivo de hábeas corpus entre 2010 y 2011 se incrementó en 8,25 % y el de las me-didas cautelares en 1,98 %. Y en términos de números absolutos, el mayor incre-mento lo registra el hábeas corpus, con 247 causas más para 2011, lo que equivalea 63% (ver artículo “Balance de la situación de derechos humanos 2011”, gráficos7, 8 y 9).Nota del compilador: El presente estudio fue financiado por el Fondo de Investigaciones de la Uni -versidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.Las garantías de los derechos en 2011Agustín Grijalva60 Programa Andino de Derechos Humanos, compiladorEn cuanto al tipo de accionante de las garantías, la tendencia general de2010, se mantuvo en 2011; es decir, la mayoría de accionantes, especialmente deacciones de protección, provienen del sector público, particularmente de la PolicíaNacional. Sin embargo, estos disminuyeron levemente en 2011, y otros accionan-tes del sector público, generalmente empleados públicos, registraron algún aumento.Se evidencia así que persiste la confusión entre justicia contencioso-administra-tiva y justicia constitucional, pues muchas de estas acciones deberían ser resueltasfundamentalmente por jueces administrativos.Un hecho que llama la atención sobre los accionantes públicos de garan-tías es el ligero incremento que registran las acciones jurisdiccionales promovidaspor el Defensor del Pueblo en 2011. Sin embargo, estas no alcanzan sino al 2% deltotal general de garantías. Esta situación, pese al avance registrado, plantea im-portantes retos para que esta institución se pueda convertir en un referente im-portante para la protección de derechos humanos en el país.Y en relación a los accionantes privados, persiste en 2011 la tendencia re-gistrada en 2010, de una alta tasa de personas naturales como accionantes; sin em-bargo, en términos porcentuales, este tipo de accionante decrece y a la par se evi-dencia un incremento significativo en la activación por parte de abogados/as, lo queevidenciaría una tendencia a la re-formalización de los procesos de garantías.Un hecho que resulta preocupante es la persistencia en la baja tasa de ac-tivación de garantías por parte de grupos sociales organizados, particularmente or-ganizaciones de derechos humanos, quienes para 2011 han reducido su tasa de ac-tivación. Sin embargo, un hecho positivo en 2011 es el aumento porcentual queregistra otro tipo de organizaciones sociales.En relación al género, la gran mayoría de accionantes de garantías en 2010y 2011 son hombres. En cuanto a las mujeres, entre los dos años, se evidencia unadisminución porcentual pues en 2010 las mujeres representaban 24,92% y en 2011,llegaron a 17,15%. Esta tendencia muestra que el sesgo de género, que se identi-ficó en el informe de 2010, persiste.En cuanto a los derechos demandados, se mantiene la tendencia registradaen 2010, de que los derechos de protección y entre ellos particularmente el debidoproceso y las garantías para la privación de la libertad son los que con mayor fre-cuencia reclaman las personas al interponer acciones jurisdiccionales, particular-mente acciones de protección y hábeas corpus. En cambio otros derechos, comolos del buen vivir, los derechos civiles, derechos políticos o derechos colectivos sonreclamados muy marginalmente.En relación a la carga procesal, se mantienen las tendencias ya encontra-das en 2010; en 2011, el promedio fue de dos causas mensuales. A nivel de salasInforme sobre derechos humanos, Ecuador 2011 61de la Corte Provincial, este promedio es mayor, pues llega a unas ocho mensuales.Se confirman así, datos de 2010, en el sentido de que el número de garantías cons-titucionales que procesan los juzgados en modo alguno es tan alto o inmanejablecomo a veces se presenta ante la opinión pública.En relación al grado de aceptación de la acción de protección, se confirmaque la tendencia judicial restrictiva de garantías y derechos que se registró en 2010se ha mantenido e incluso acentuado durante 2011, pues nueve de cada diez ac-ciones de protección interpuestas son negadas, cuando en 2010 fueron ocho de cadadiez. Esta tendencia desmiente la percepción pública de que los jueces actualmenteconceden con gran liberalidad acciones de protección.En relación a la acción de hábeas corpus, casi ocho de cada diez accionesfueron aceptadas en 2011. De este modo, no solo el número de hábeas corpus sinola tasa de aceptación de los mismos se incrementó entre 2010 y 2011, lo que de-vela una preocupante incidencia de la detención ilegal y arbitraria.El número tanto absoluto como relativo de hábeas corpus presentados porpadres varones detenidos por problemas de alimentos aumentó de 2010 a 2011.Este hecho interpela a los operadores de justicia y a los generadores de políticaspúblicas en la materia; es necesario tomar medidas para que estas detenciones nosigan incrementándose y al mismo tiempo se haga respetar los derechos de los ni-ños, niñas y adolescentes.Las acciones de hábeas corpus por deportaciones se han multiplicado porcinco entre 2010 y 2011. Este aumento evidencia tendencias preocupantes en losprocedimientos de deportaciones que, en todos los casos, se hacen sin boleta dedetención, excediendo plazos constitucionales o dictando resoluciones de depor-tación que derivan en detenciones prolongadas por falta de recursos para trasla-dar a los deportados fuera del país, en una franca demostración de prácticas decriminalización de algunos grupos de población inmigrante (colombiana, cubanay africana).El número de medidas cautelares interpuestas aumentó entre 2010 y 2011,mientras el número de medidas cautelares negadas disminuyó. Un examen cualita-tivo revelaría si esto implica un funcionamiento más adecuado de este procedimiento. Los tiempos de trámite de la acción de protección del hábeas corpus y delhábeas data continúan ubicándose por sobre los tiempos máximos legales, y ade-más han aumentado respecto al año 2010. Esta es una tendencia preocupante por-que indica que no hay procesos de progresiva eficiencia en el funcionamiento delas garantías que puedan brindar adecuada protección a los derechos en general yal debido proceso en particular. Sin embargo, las salas de la Corte Provincial dePichincha muestran una disminución de los tiempos para resolver; esta evolución62 Programa Andino de Derechos Humanos, compiladorpositiva, pese a una mayor congestión de causas que entre los jueces de primer ni-vel, muestra que es posible ser más eficiente en la protección de derechos cuandose crean condiciones institucionales adecuadas.Los tiempos de apelación de garantías constitucionales en la Corte Provincialde Pichincha han disminuido entre 2010 y 2011. Esta es una buena noticia, aun-que contraste con la tendencia indicada de aumento de tiempos para el trámite degarantías en la primera instancia. Esta disminución muestra que es posible lograrmayor agilidad en la tramitación de estos procesos constitucionales.En conclusión, las grandes tendencias registradas en el año 2010, sobre elfuncionamiento de las garantías se mantienen en 2011, ello devela los límites quetodavía existen para su efectivo funcionamiento y para el aseguramiento y resta-blecimiento de los derechos humanos de la población.

Las garantías de los derechos en 2011

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2132/1/DH-Inf-2010-4-Grijalva-Las%20garant%c3%adas.pdf

Las garantías de los derechos en 2010

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