El presente ensayo plantea que las garantías de los derechos constitucionales en Ecuador son objeto de sistemáticas e ilegitimas restricciones las cuales tienen que ver al menos con dos fenómenos. Primero, lo que podría denominarse una reducción de la noción de garantía a la esfera jurisdiccional. Es decir la adopción de una noción mínima de garantía, que desconoce la función de normas y procedimientos constitucionales y otras instituciones, y en particular el legislativo, que configuran las garantías políticas y sociales. En segundo lugar la formalización y restricción de las garantías jurisdiccionales, pese a su reconocimiento constitucional. Así, en un primer momento de reformas constitucionales o procesos constituyentes estas garantías constitucionales se han establecido o ampliado. En un segundo momento, en que la legislación, la jurisprudencia, y en general la cultura jurídica dominante las han regulado, han tendido a restringirlas inconstitucionalmente; esta dinámica ha marcado especialmente al amparo
