El nuevo régimen español de arbitraje: orígenes y perspectivas

The New Spanish Arbitration Act is inspired upon the UNCITRAL Model Law of 1985 and it also takes into account several breakthroughs, which have taken place concerning arbitration since 1985 in the UNCITRAL, as well as in the countries surrounding Spain. The two objectives of the New Act are: on the one hand, to provide an efficient dispute resolution method which can be used by corporations as well as by citizens and which can relieve ordinary courts of their workload; on the other hand its objective is also to transform Spain into an attractive seat for arbitration, above all concerning Latin America. A monist system is put in place, applying the same legal regime to both domestic arbitration and to international arbitration, which is defined for the first time. The main advantages of the New Act lie in the fact that international arbitration is favored by way of some provisions, which make it more flexible. Less requisites are demanded for the capacity to be arbitrator and ordinary courts are allowed to intervene only in very specific cases, where the power (potestas) of the State is needed. Furthermore, concerning the powers of the arbitrator, the New Act enacts the kompetenz- kompetenz principle, which empowers the arbitrator to decide upon its own competence, is now made law. On the other hand, complete freedom is given to parties to choose the law applicable to the merits of the case, in international arbitration, and to choose the procedural norms, with the only limit of imperative norms of the Act. Another substantial advantage lies in the fact that the provisional enforcement of awards is now allowed, when a decision about the challenge of the award is still pending. La nueva ley Española de Arbitraje 60/2003 está inspirada en la ley modelo de la UNCITRAL de 1985 y recoge además diversos avances que se han producido en materia de arbitraje desde 1985, tanto en la UNCITRAL como en los países de nuestro entorno. Los dos objetivos de la nueva ley son, por un lado, proporcionar un método eficaz de resolución de disputas que pueda ser utilizado tanto por empresas como por particulares y que pueda descargar de trabajo a los tribunales ordinarios y por otro, que España se convierta en una atractiva sede de arbitrajes, sobre todo en el ámbito latinoamericano. En la ley se prevé un sistema monista, aplicando el mismo régimen tanto al arbitraje doméstico como al internacional, que es definido por primera vez. Las principales ventajas de la nueva ley residen en que se favorece el arbitraje internacional, con algunos preceptos que lo hacen más flexible. Se exigen menos requisitos para ser árbitro y para la validez del convenio arbitral y del laudo que se dicte. Se dan más poderes a los árbitros y sólo se permite la intervención de los órganos judiciales ordinarios en casos muy específicos, donde sea necesaria la potestas del Estado. Asimismo, en relación con los poderes del árbitro, la nueva ley positiviza el principio kompetenz-kompetenz, que da al árbitro competencia para decidir sobre su propia competencia. Por otro lado, se da una completa libertada a las partes para elegir las normas jurídicas aplicables al fondo del asunto, en los arbitrajes internacionales y para decidir las normas de procedimiento, con el único límite de las normas imperativas de la ley. Otra ventaja sustancial es que se permite la ejecución provisional de los laudos, estando pendiente la decisión sobre una acción de nulidad.

La inmunidad de Jurisdicción de la Santa Sede frente a reclamaciones por abusos a menores en los Estados Unidos

Among the many cases commenced against the Catholic Church for alleged sexual abuse of minors by priests and members of religious orders, a number of cases have been taken directly against the Holy See and the Pope themselves. Both former and latter have used the defence afforded by sovereign immunity and immunity of the head of state. To be accepted, as it has been in fact the case, the sovereign immunity of the Holy See must be shown, among other factors, to rest on proof that the priests and bishops of the United States cannot be regarded as “employees” of the Holy See for the purposes of the Foreign Sovereign Immunities Act. This in turn prompts the question of the nature of the relationship –under canon law and in practice– between the central government of the Church and priests and bishops in their dioceses.Entre los muchos casos iniciados contra la Iglesia Católica por supuestos abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes y miembros de órdenes religiosas, algunos casos han estado dirigidos contra la Santa Sede y el Papa mismos. Estos últimos han interpuesto, como defensa, la inmunidad soberana y la inmunidad del jefe del estado. Para ser aceptada, como lo ha sido, la inmunidad soberana de la Santa Sede debe descansar, entre otras cosas, sobre la prueba de que los sacerdotes y obispos de los Estados Unidos no pueden ser considerados “empleados” de la Santa Sede, a los efectos de la Foreign Sovereign Immunities Act, lo que a su vez plantea la cuestión de cuál es la relación, conforme a Derecho canónico y en la práctica, entre el Gobierno de la Iglesia y los sacerdotes y obispos en sus diócesis

La inmunidad de Jurisdicción de la Santa Sede frente a reclamaciones por abusos a menores en los Estados Unidos

Among the many cases commenced against the Catholic Church for alleged sexual abuse of minors by priests and members of religious orders, a number of cases have been taken directly against the Holy See and the Pope themselves. Both former and latter have used the defence afforded by sovereign immunity and immunity of the head of state. To be accepted, as it has been in fact the case, the sovereign immunity of the Holy See must be shown, among other factors, to rest on proof that the priests and bishops of the United States cannot be regarded as “employees” of the Holy See for the purposes of the Foreign Sovereign Immunities Act. This in turn prompts the question of the nature of the relationship –under canon law and in practice– between the central government of the Church and priests and bishops in their dioceses.Entre los muchos casos iniciados contra la Iglesia Católica por supuestos abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes y miembros de órdenes religiosas, algunos casos han estado dirigidos contra la Santa Sede y el Papa mismos. Estos últimos han interpuesto, como defensa, la inmunidad soberana y la inmunidad del jefe del estado. Para ser aceptada, como lo ha sido, la inmunidad soberana de la Santa Sede debe descansar, entre otras cosas, sobre la prueba de que los sacerdotes y obispos de los Estados Unidos no pueden ser considerados “empleados” de la Santa Sede, a los efectos de la Foreign Sovereign Immunities Act, lo que a su vez plantea la cuestión de cuál es la relación, conforme a Derecho canónico y en la práctica, entre el Gobierno de la Iglesia y los sacerdotes y obispos en sus diócesis