Justicia para los que no se acogen a los acuerdos de paz

Después de la firma del tratado de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Gobierno nacional anunció el inicio de la fase conocida como postconflicto. Esto es, la transición entre la situación problemática y la recuperación de un estado de normalidad. Una realidad que asoma tímidamente, pero con posibilidad de perderse en la maraña de las tesis de los inconformes. En efecto, el acuerdo solo es realidad con un grupo de los rebeldes, porque unos no acordaron y otros, aunque firmaron, se apartaron con subterfugios. Surgen así dos alternativas para poner punto final al conflicto: acuerdos de paz con sabor a derrota, o seguir con una ofensiva fratricida hasta la victoria. Como el acuerdo no los alcanza a todos, aparece la guerra, por lo que es preciso que el Estado, mediante una política criminal coherente, tome las riendas de la situación. Ese es el alcance de esta invitación, la justicia para lograr la paz frente a los disidentes y grupos criminales. Queda proscrito el uso de las armas. La propuesta se fundamenta en instrumentos ensayados anteriormente por Colombia y otros países en escenarios similares que pueden ayudarnos a superar años de conflict

Ciencia Odontológica 2.0

Libro que muestra avances de la Investigación Odontológica en MéxicoEs para los integrantes de la Red de Investigación en Estomatología (RIE) una enorme alegría presentar el segundo de una serie de 6 libros sobre casos clínicos, revisiones de la literatura e investigaciones. La RIE está integrada por cuerpos académicos de la UAEH, UAEM, UAC y UdeG

Capítulo 8. Políticas públicas para proteger el desarrollo integral y la unidad familiar de niños y niñas entre cero y tres años, hijos de mujeres recluidas en el centro penitenciario de Picaleña en Ibagué

La Corte Constitucional, al resolver varias tutelas, encontró diversas situaciones problemáticas en las cárceles del país. Mediante la Sentencia T-388 de 2013 decidió emprender acciones para tratar de mediar en la crisis. Si bien el centro de reclusión Coiba-Picaleña no tiene los síntomas de gravedad de los demás de su especie, se consideró que la sociedad civil debía estar atenta a una eventual crisis.Una de las situaciones que nos inquietó fue la de los niños, entre cero y tres años, que permanecen en prisión con sus madres, porque la Constitución Política de Colombia, en el Artículo 44, consagra los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y corresponde al Estado velar porque sean una realidad y no un discurso. Entre otros derechos se predican: el tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado, el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.Con sano criterio, el presente artículo concibe una investigación que nos permita identificar la situación de los infantes recluidos en prisión en compañía de sus madres, como ocurre en la penitenciaria de Picaleña en Ibagué. El proyecto se convierte además en una oportunidad para examinar las normas penales y procesales penales que se ocupan de la mujer en estado de embarazo, durante el parto y después de este, con el fin de que el niño o niña crezca en familia, por lo menos en los primeros años. Se propicia la ocasión para reclamar un trato especial para las mujeres gestantes, lactantes y en proceso de crianza de sus hijos en el tiempo en prisión, para que esta situación sea una de las alternativas de remisión de la pena.The Constitutional Court, through guardianships, has detected several problematic situations in the prisons of the country. Through Sentence T-388 of 2013, the Court decided to take action to try to mediate the crisis. Although the Coiba-Picaleña detention center does not have the serious symptoms of others of its kind, it was considered that civil society should be alert to an eventual crisis.One of the situations that worried us was that of children, between zero and three years old, who remain in prison with their mothers. Because with respect to children and adolescents, the Political Constitution of Colombia (Art. 44) enshrines fundamental rights. Among others, because it is of interest for the present work, to have a family and not be separated from it, care, love, education and culture, recreation and free expression of opinion.With sound judgment, the present project intends to conceive a research that allows us to identify the situation of infants held in Picaleña. The effectiveness of protection policies at the national, departmental and regional levels during the time they remain with their mothers in prison and the effects they generate in the mother-child relationship and with the family outside the penitentiary. The project also becomes an opportunity to examine the criminal and criminal procedural norms that deal with pregnant women, during and after childbirth, in order that family growth, at least in the first years, be a reality and not mere rhetoric. It will be the opportunity to demand special treatment for pregnant women, nursing and in the process of raising their children as a means to discount the prison sentence

Maternidad entre rejas: una mirada desde la legislación, la jurisprudencia y la experiencia en un centro penitenciario

“La política criminal colombiana ha sido desarticulada, reactiva, volátil, incoherente, ineficaz, sin perspectiva de Derechos Humanos y supeditada a la política de seguridad nacional. La política criminal colombiana ha abandonado la búsqueda del fin resocializador de la pena, lo que a su vez genera mayor criminalidad, pues ese abandono contribuye a convertir los establecimientos de reclusión, en verdaderas “universidades del delito” (Sentencia T-762 de 2015). Duras palabras, las del Tribunal Constitucional que nos invitan a reflexionar sobre los avatares que la legislación colombiana afronta en materia de privación de libertad. De manera especial cuando se aplica a mujeres en etapa de gestación o con hijos entre cero y tres años, y que además deben cumplir en reclusión intramural la pena o permanecer en detención preventiva.In the opinion of the Constitutional Court, in the T-762 ruling of 2015: “Colombian criminal policy has been disjointed, reactive, volatile, incoherent, ineffective, without perspective of Human Rights and subject to the national security policy. Colombian criminal policy has abandoned the search for the end of victimization of punishment, which in turn generates greater crime, because that abandonment contributes to converting detention facilities into real “universities of crime”. Hard words, from the Constitutional Court that invite us to reflect on the vicissitudes that the Colombian legislation faces in terms of deprivation of liberty. Especially when it is applied to women in pregnancy or with children between zero and three years and who must also serve the sentence in intramural detention or remain in preventive detention

Política criminal y abolicionismo, hacia una cultura restaurativa

Este libro es el producto de las investigaciones realizadas durante el año 2017 que fueron presentadas en el Congreso internacional: “Perspectivas críticas de la política criminal y el abolicionismo”, donde se generaron reflexiones sobre la cultura del castigo y se plantearon las distintas alternativas abolicionistas. La publicación está dividida en dos partes, la primera parte del libro se denomina “De la cultura de castigo a una cultura restaurativa”, la cual contiene cinco capítulos que abordan desde una perspectiva crítica el punitivismo de la política criminal y el uso excesivo de la sanción privativa de la libertad. De igual forma explora la justicia transicional y la justicia restaurativa como posibles alternativas a la política criminal retributiva y una forma de promover la reconstrucción de los lazos sociales rotos. La segunda parte del libro titulada, “Los efectos de la política criminal punitivista en la población vulnerable”, contiene ocho capítulos que analizan la exclusión, el estigma y la marginalización que sufren mujeres, grupos indígenas, adultos mayores privados de la libertad y cuando cumplen su pena y recuperan la libertad, por lo cual surge la necesidad de generar transformaciones donde se transite hacia escenarios de reconciliación, la desnaturalización del punitivismo y el reconocimiento de la dignidad humana

I simposio Internacional sobre Investigación en la enseñanza de las ciencias

Edición 202

Global variation in postoperative mortality and complications after cancer surgery: a multicentre, prospective cohort study in 82 countries

© 2021 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an Open Access article under the CC BY-NC-ND 4.0 licenseBackground: 80% of individuals with cancer will require a surgical procedure, yet little comparative data exist on early outcomes in low-income and middle-income countries (LMICs). We compared postoperative outcomes in breast, colorectal, and gastric cancer surgery in hospitals worldwide, focusing on the effect of disease stage and complications on postoperative mortality. Methods: This was a multicentre, international prospective cohort study of consecutive adult patients undergoing surgery for primary breast, colorectal, or gastric cancer requiring a skin incision done under general or neuraxial anaesthesia. The primary outcome was death or major complication within 30 days of surgery. Multilevel logistic regression determined relationships within three-level nested models of patients within hospitals and countries. Hospital-level infrastructure effects were explored with three-way mediation analyses. This study was registered with ClinicalTrials.gov, NCT03471494. Findings: Between April 1, 2018, and Jan 31, 2019, we enrolled 15 958 patients from 428 hospitals in 82 countries (high income 9106 patients, 31 countries; upper-middle income 2721 patients, 23 countries; or lower-middle income 4131 patients, 28 countries). Patients in LMICs presented with more advanced disease compared with patients in high-income countries. 30-day mortality was higher for gastric cancer in low-income or lower-middle-income countries (adjusted odds ratio 3·72, 95% CI 1·70–8·16) and for colorectal cancer in low-income or lower-middle-income countries (4·59, 2·39–8·80) and upper-middle-income countries (2·06, 1·11–3·83). No difference in 30-day mortality was seen in breast cancer. The proportion of patients who died after a major complication was greatest in low-income or lower-middle-income countries (6·15, 3·26–11·59) and upper-middle-income countries (3·89, 2·08–7·29). Postoperative death after complications was partly explained by patient factors (60%) and partly by hospital or country (40%). The absence of consistently available postoperative care facilities was associated with seven to 10 more deaths per 100 major complications in LMICs. Cancer stage alone explained little of the early variation in mortality or postoperative complications. Interpretation: Higher levels of mortality after cancer surgery in LMICs was not fully explained by later presentation of disease. The capacity to rescue patients from surgical complications is a tangible opportunity for meaningful intervention. Early death after cancer surgery might be reduced by policies focusing on strengthening perioperative care systems to detect and intervene in common complications. Funding: National Institute for Health Research Global Health Research Unit

Effects of hospital facilities on patient outcomes after cancer surgery: an international, prospective, observational study

© 2022 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an Open Access article under the CC BY 4.0 licenseBackground: Early death after cancer surgery is higher in low-income and middle-income countries (LMICs) compared with in high-income countries, yet the impact of facility characteristics on early postoperative outcomes is unknown. The aim of this study was to examine the association between hospital infrastructure, resource availability, and processes on early outcomes after cancer surgery worldwide. Methods: A multimethods analysis was performed as part of the GlobalSurg 3 study—a multicentre, international, prospective cohort study of patients who had surgery for breast, colorectal, or gastric cancer. The primary outcomes were 30-day mortality and 30-day major complication rates. Potentially beneficial hospital facilities were identified by variable selection to select those associated with 30-day mortality. Adjusted outcomes were determined using generalised estimating equations to account for patient characteristics and country-income group, with population stratification by hospital. Findings: Between April 1, 2018, and April 23, 2019, facility-level data were collected for 9685 patients across 238 hospitals in 66 countries (91 hospitals in 20 high-income countries; 57 hospitals in 19 upper-middle-income countries; and 90 hospitals in 27 low-income to lower-middle-income countries). The availability of five hospital facilities was inversely associated with mortality: ultrasound, CT scanner, critical care unit, opioid analgesia, and oncologist. After adjustment for case-mix and country income group, hospitals with three or fewer of these facilities (62 hospitals, 1294 patients) had higher mortality compared with those with four or five (adjusted odds ratio [OR] 3·85 [95% CI 2·58–5·75]; p<0·0001), with excess mortality predominantly explained by a limited capacity to rescue following the development of major complications (63·0% vs 82·7%; OR 0·35 [0·23–0·53]; p<0·0001). Across LMICs, improvements in hospital facilities would prevent one to three deaths for every 100 patients undergoing surgery for cancer. Interpretation: Hospitals with higher levels of infrastructure and resources have better outcomes after cancer surgery, independent of country income. Without urgent strengthening of hospital infrastructure and resources, the reductions in cancer-associated mortality associated with improved access will not be realised. Funding: National Institute for Health and Care Research