From dangerous citizens to foreign criminals: effects on human rights and state sovereignty of recent international and European responses to the terrorist threat

The so-called “terrorist diaspora” of Foreign Terrorist Fighters (FTFs) to their countries of residence after the defeat of Daesh is a primary concern not only for European countries, but also for the international community as a whole. Some studies have been focused on the causes of this phenomenon and its effects. However, less attention has been paid to the effects of counter-terrorism measures. Since Resolution 1373, the United Nations Security Council has been developing a binding global framework against terrorism, and Resolution 2178 is the icing on this cake. This framework, accepted by many regional organizations such as the European Union and the Council of Europe, forces States to adopt measures against FTFs in areas of criminal, administrative and civil law. Firstly, these measures affect individuals because of the restrictions imposed on certain fundamental rights, such as privacy or freedom of movement. Secondly, a radical interpretation of these measures followed by its unilateral adoption can cause anarchy in the international relations between the States of origin of FTFs and the States of destination. For instance, measures preventing the movement of terrorists can be translated into the expulsion of residents or nationality deprivation, driving them to countries with less capabilities to deal with this risk. A strategy which, at the end, will increase instability in a globalised world. For these reasons, this paper proposes that the global and European frameworks against FTFs should be used as a tool to coordinate efforts, and not as a justification to defend short-term national security interests to the detriment of long-term international security.La denominada «diáspora» de combatientes terroristas extranjeros (CTE) a sus países de residencia tras la derrota del Daesh es una preocupación no sólo para los Estados europeos, sino también para la comunidad internacional en su conjunto. Varios estudios se han centrado en las causas de este fenómeno y sus efectos. Sin embargo, menos atención se ha prestado a los efectos de las medidas antiterroristas adoptadas. Desde la Resolución 1373, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha desarrollado un marco global de lucha contra el terrorismo, y la Resolución 2178 es la guinda de este papel. Este marco, aceptado por múltiples organizaciones regionales como la Unión Europea y el Consejo de Europa, obliga a los Estados a adoptar diversas medidas contra los CTE en materia de derecho penal, administrativo y civil. En primer lugar, estas medidas afectan a los individuos ya que imponen restricciones en ciertos derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad o a la libre circulación. En segundo lugar, una interpretación radical de estas medidas seguidas de una adopción unilateral puede causar la anarquía en las relaciones internacionales entre los Estados de origen de los CTE y los Estados de destino. Por ejemplo, las medidas que buscan prevenir la circulación de terroristas pueden traducirse en la expulsión de residentes o en la revocación de su nacionalidad, guiándolos hacia países con menos capacidades para lidiar con este riesgo. Una estrategia que, al final, incrementará la inestabilidad en un mundo globalizado. Por estas razones, este estudio propone que el marco global y europeo contra los CTE debe ser utilizado como una herramienta para coordinar esfuerzos, y no como una justificación para defender intereses de seguridad nacional a corto plazo en detrimento de la seguridad internacional a largo plazo

The EU Directive in combating terrorism and the criminalization of travelling: ajustified exception to the free movement of persons?

Over the past few years, the phenomenon of foreign terrorist fighters has deeply influenced criminal law. The United Nations, the Council of Europe and the European Union have called upon States to criminalise certain conducts linked to the behaviour of these criminals, such as travelling abroad for terrorist purposes. These measures have been considered by many as an unjustified restriction on the free movement of persons guaranteed by several human rights instruments. Taking into account that the development of EU criminal law is based on the assumption that every member State has an adequate system of protection of fundamental rights, this criticism cannot be ignored. In this sense, an analysis of relevant case law on the restrictions of freedom of movement is highly useful to understand the position of the judiciary on the matter, and to identify possible difficulties in implementing these restrictions of free movement in national systems.UNIVERSIDAD DE GANTEUniversidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech

¿Cazador o presa en la telaraña del terror? la UE en la lucha contra el ciberterrorismo

Seminario especializado organizado por la Universidad Carlos III de MAdrid en colaboración con la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y Relaciones InternacionalesEl uso de las nuevas tecnologías ha avanzando de forma imparable en las últimas décadas, y con ello el uso que hacen de ellas los grupos terroristas. El caso más claro es el de Internet, plataforma que es usada de forma cada vez mayor para la comisión de actos delictivos. De forma contraria a la que pudiera pensarse, el mayor uso de Internet por estos grupos no es para realizar ataques directos contra infraestructuras críticas sino para colgar contenidos ilegales en la red. Es por ello que el desarrollo de medidas en el ámbito de la seguridad es esencial para eliminar los actos terroristas en Internet. El papel que juega la UE para ayudar a combatir esta amenaza global es esencial dadas las competencias que tiene atribuidas en materia del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech

A new presumption for the autonomous concept of ‘court or tribunal’ in article 267 TFEU ECJ 29 march 2022, case C-132/20, Getin Noble Bank

This study was conducted during a research stay at the Centre for European Law of the Free University of Brussels and is part of the research project led by the author under the title ‘Judicial harmonisation of European public law through the technique of the autonomous concepts (EULOGOS)’, financed by the University of Málaga. Funding for open access charge: Universidad de Málaga

Sin confianza no hay cooperación: el inclumplimiento de los derechos y valores europeos por los estados miembros y su impacto en el principio reconocimento mutuo en materia penal

El proceso de integración protagonizado por la Unión Europea ha buscado desde sus inicios la eliminación de las barreras físicas y jurídicas entre los Estados miembros. Esta integración fue en sus inicios exclusivamente económica, con el objetivo de crear un mercado interior en el que personas, bienes, servicios y capitales circulasen con la mayor libertad. El éxito logrado en la integración económica se ha extendido a nuevos ámbitos que complementan y refuerzan este proceso, tales como el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho, el desarrollo de los derechos sociales, la unión bancaria, la elaboración de políticas migratorias o el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Sin embargo, esta integración también ha potenciado un fenómeno negativo: la libre circulación de criminales y la internacionalización de los crímenes. Así, el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) fue creado para asegurar la libertad de movimiento y ofrecer un alto nivel de protección a los ciudadanos. Entre otras políticas, como asilo o migración, el ELSJ incluye la lucha contra la criminalidad y la competencia para desarrollar ciertas normas en materia penal. Esta competencia se ha mostrado vital para la supervivencia del proceso de integración, ya que ha permitido a los Estados miembros (EM) cooperar en la lucha contra los crímenes transnacionales más graves. El ELSJ se presenta como «la versión jurídica del universal binomio “libertad-seguridad”, pretendiendo esencialmente la libre circulación de personas en un espacio europeo de seguridad y justicia». Un binomio que, en tiempos de crisis como los de la amenaza terrorista, se ve peligrosamente inclinado a favor del elemento securitario, hasta el punto de que «el ELSJ adquiere un significado distintivo, porque las funciones de seguridad se convierten en una condición previa para la existencia del mercado interior».Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech

El interés de la justicia en el Estatuto de Roma: un análisis a partir del asunto de Afganistán

El primer acercamiento jurisprudencial en las dos décadas de historia de la Corte Penal Internacional (cpi) al requisito del “interés de la justicia” ha generado fuertes críticas de la doctrina y la sociedad civil. Frente a la interpretación restrictiva del concepto de “interés de la justicia”, defendida de manera abstracta por un importante sector doctrinal, la Sala de Cuestiones Preliminares en la situación de Afganistán dio sentido a este concepto a través de una polémica interpretación extensiva, la cual no ha sido rechazada de forma explícita por la Sala de Apelaciones. El presente trabajo analiza los elementos jurídicos y económicos presentes en esta interpretación expansiva para determinar las luces y sombras que se pueden causar a la hora de tomar una decisión de tal calado como la de determinar qué constituye el “interés de la justicia”

The “supreme court” of Facebook: a new step towards justice without the state

El presente estudio introduce al lector la naturaleza y funcionamiento del “Tribunal Supremo” de Facebook como un nuevo medio de resolución alternativa de conflictos en línea. La falta de regulación del Estado del mundo virtual, y en concreto de las redes sociales, ha favorecido la crea­ción de sistemas de “justicia privada” con el objetivo de ofrecer a los usuarios soluciones más rápidas y eficientes a sus conflictos. Este fenómeno, limitado inicialmente a para proteger los derechos de propie­dad, se ha extendido a los derechos de la personalidad, la libertad de expresión y la libertad de empresa. La aparición de órganos no jurisdiccionales especializados en esta materia ofrece importantes ventajas como alternativa a la tradicional “justicia pública”, lo cual puede guiarnos en un futuro hacia una recon­ceptualización del ejercicio de la abogacía en la que sea necesaria una formación en la lex electronica y los procedimientos que se aplican en las redes sociales.This study introduces the reader to the nature and functioning of the “Supreme Court” of Facebook, as a new online method of alternative dispute resolution. The lack of State regulation in the virtual world has benefited the development of new systems of “private justice” offering its users faster and more effective solutions to their conflicts. This phenomenon, initially limited to protecting property rights, has evolved including personality rights, freedom of expression and freedom of business. The raise of non-jurisdictional organs specialized in this subject offers important advantages as an alternative to the traditional “public justice”, which can lead us in the future to a reconceptualization of the legal practice, in which the training on lex electronica and social media procedures will be a must

El papel de los tribunales nacionales en el control de las medidas de lucha contra el terrorismo

¿Qué deber de control constitucional tiene el poder judicial frente a las medidas de lucha contra el terrorismo aprobadas en situaciones de crisis? Varias son las teorías que coinciden en una misma respuesta: los tribunales no deberían actuar en este contexto. Según esta postura, el potencial dañino de un ataque terrorista es tan alto cualquier intento por evitarlo no debe ser obstaculizado en sede judicial. Y ello por dos razones: ni los jueces tienen un grado de conocimiento en seguridad nacional comparable al de los expertos gubernamentales, ni están sujetos a una responsabilidad democrática en la que se les penalice en las urnas por tomar una decisión errónea. No obstante, y salvo algunas excepciones, lo cierto es que los tribunales constitucionales sí han realizado un control de la compatibilidad de las medidas de lucha contra el terrorismo con los derechos fundamentales de la persona. En países como Estados Unidos, Israel, Reino Unido o, más recientemente, Francia, los tribunales no han dudado en anular las decisiones del ejecutivo y del legislativo en materia antiterrorista. Aunque empleando distintos términos, todos ellos han coincidido en resolver los casos mediante la aplicación de un test de proporcionalidad entre la seguridad que otorga la medida, por un lado, y el daño que produce en el disfrute los derechos fundamentales, por otro (tales como el derecho a la privacidad o a la libertad de expresión).Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. Universidad Autonoma de Barcelon

De ciudadanos peligrosos a criminales extranjeros: efectos en los derechos humanos y la soberanía estatal de las recientes medidas internacionales y europeas frente a la amenaza terrorista

La denominada «diáspora» de combatientes terroristas extranjeros (CTE) a sus países de residencia tras la derrota del Daesh es una preocupación no sólo para los Estados europeos, sino también para la comunidad internacional en su conjunto. Varios estudios se han centrado en las causas de este fenómeno y sus efectos. Sin embargo, menos atención se ha prestado a los efectos de las medidas antiterroristas adoptadas. Desde la Resolución 1373, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha desarrollado un marco global de lucha contra el terrorismo, y la Resolución 2178 es la guinda de este papel. Este marco, aceptado por múltiples organizaciones regionales como la Unión Europea y el Consejo de Europa, obliga a los Estados a adoptar diversas medidas contra los CTE en materia de derecho penal, administrativo y civil. En primer lugar, estas medidas afectan a los individuos ya que imponen restricciones en ciertos derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad o a la libre circulación. En segundo lugar, una interpretación radical de estas medidas seguidas de una adopción unilateral puede causar la anarquía en las relaciones internacionales entre los Estados de origen de los CTE y los Estados de destino. Por ejemplo, las medidas que buscan prevenir la circulación de terroristas pueden traducirse en la expulsión de residentes o en la revocación de su nacionalidad, guiándolos hacia países con menos capacidades para lidiar con este riesgo. Una estrategia que, al final, incrementará la inestabilidad en un mundo globalizado. Por estas razones, este estudio propone que el marco global y europeo contra los CTE debe ser utilizado como una herramienta para coordinar esfuerzos, y no como una justificación para defender intereses de seguridad nacional a corto plazo en detrimento de la seguridad internacional a largo plazo.Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech

El interés de la justicia en el Estatuto de Roma: un análisis a partir de las decisiones en la situación de Afganistán

El primer acercamiento jurisprudencial en las dos décadas de historia de la Corte Penal Internacional al requisito del “interés de la justicia” ha generado fuertes críticas por la doctrina y la sociedad civil. Frente a la interpretación restrictiva del concepto de “interés de la justicia” defendida de manera abstracta por la doctrina mayoritaria, su traslado al mundo real por la Sala de Cuestiones Preliminares se ha materializado a través de una polémica interpretación extensiva que no ha sido rechazada de forma explícita por la Sala de Apelaciones. El presente trabajo analiza los elementos jurídicos, políticos y económicos presentes en esta interpretación expansiva para determinar las luces y sombras de su valoración a la hora de tomar una decisión de tal calado como la de qué constituye el “interés de la justicia”