Cohomological uniqueness, Massey products and the modular isomorphism problem for 2-groups of maximal nilpotency class

Let $G$ be a finite 2-group of maximal nilpotency class, and let $BG$ be its classifying space. We prove that iterated Massey products in H^*(BG;\F_2) do characterize the homotopy type of $BG$ among 2-complete spaces with the same cohomological structure. As a consequence we get an alternative proof of the modular isomorphism problem for 2-groups of maximal nilpotency class

All p-local finite groups of rank two for odd prime p

In this paper we give a classification of the rank two p-local finite groups for odd p. This study requires the analisis of the possible saturated fusion systems in terms of the outer automorphism group ant the proper F-radical subgroups. Also, for each case in the classification, either we give a finite group with the corresponding fusion system or we check that it corresponds to an exotic p-local finite group, getting some new examples of these for p = 3

Prototipat d'una Graph Neural Network

Aquest TFG consisteix en la implementació de dos optimitzadors de "Routing Matrix" disenyats per a minimitzar la làtencia d'una xarxa mitjançant la Graph Neural Network (GNN) de RouteNet, desenvolupada per un grup de recerca de la FIB.This Final degree project consists in the implementation of two Routing Matrix optimizers designed to minimize the delay in a network by using a new Graph Neural Network (GNN), RouteNet, developed by a FIB's research group

Poder judicial y jurisdicción en el estado social y democrático de derecho: la disponibilidad de recursos materiales a través de la oficina judicial

[Resumen] Se reflexiona acerca de la interrelación entre tres factores determinantes del ejercicio de la jurisdicción y, en particular, de la ejecución forzosa: primero, la función de tutela efectiva de derechos encomendada al Poder judicial (por ejemplo, en satisfacción del derecho del propietario de vivienda que ha obtenido a su favor una sentencia de desahucio a la ejecución de la misma en un plazo razonable); segundo, la exigencia de garantía de todos los derechos fundamentales que confluyen en el proceso (p. ej., del derecho del ocupante de vivienda a no ver vulnerada, con ocasión del lanzamiento, su vida privada, su salud o, como derecho instrumental de aquéllos, su derecho a la vivienda propiamente dicho) y tercero, la disponibilidad de recursos materiales para el ejercicio de la función jurisdiccional (que condicionará el grado en que es posible realizar el lanzamiento en un plazo razonable sin vulnerar al propio tiempo derechos fundamentales de los ocupantes). Se destaca la relevancia que en esta ecuación desempeña el principio de proporcionalidad. Se sugiere que el papel que en la gestión de los recursos a disposición de la administración de justicia ha de desempeñar la nueva organización de la oficina judicial española puede potenciar la función de tutela y garantía de los derechos fundamentales que corresponde a los tribunales

El lanzamiento de vivienda como proceso de ejecución con todas las garantías

En el proceso de desalojo de vivienda (lanzamiento) concurren derechos fundamentales del demandante-ejecutante (por ejemplo, el de propiedad o el derecho a la ejecución forzosa de la sentencia en plazo razonable) y del demandado (como aquellos que protegen su integridad física y su vida privada y familiar). Analizamos si corresponde a los tribunales, desarrollando procesos de ejecución, garantizar, empleando juicios de proporcionalidad, la eficacia de todos los derechos en presencia o s~ por el contrario, deben entregar la vivienda sin importar las consecuencias que esto ocasione a los ocupantes, dejando a otros poderes del Estado la responsabilidad de evitar que los derechos del acusado sean socavados. Concluimos que solo la primera opción permite calificar al lanzamiento como proceso debido, derecho humano y fundamental, y evita calificar la acción emprendida como desalojo forzoso, proscrito por el Derecho Internacional de los derechos humanos, la Constitución Española y la Ley de Enjuiciamiento Civil.In the process of eviction from house are involved applicant's fundamental rights (as the right to property and the right to enforcement within a reasonable time of judgments) and fundamental rights of the defendant (those which protect certain vital conditions as physical integrity or privacy, for example, and, of course, housing rights). The key issue is whether it is for the courts to develop judicial processes to give effect to all rights in presence (through proportionality analysis) or, conversely, whether the court should simply hand the property to the plaintiff, whatever the consequences for the occupants evicted, leaving to other branches of government the responsibility to avoid the defendant’s rights from being undermined. Only the first option constitutes a due process as a human and fundamental right that, simultaneously, avoid the forced eviction forbidden by the international human rights Law, the Spanish Constitution and the Civil Procedure Law