[Resumen] Se reflexiona acerca de la interrelación entre tres factores determinantes del ejercicio de la jurisdicción y, en particular, de la ejecución forzosa: primero, la
función de tutela efectiva de derechos encomendada al Poder judicial (por ejemplo, en satisfacción del derecho del propietario de vivienda que ha obtenido a su favor una sentencia de desahucio a la ejecución de la misma en un plazo razonable); segundo, la exigencia de garantía de todos los derechos fundamentales que confluyen en el proceso (p. ej., del derecho del ocupante de vivienda a no ver vulnerada, con ocasión del lanzamiento, su vida privada, su salud o, como derecho instrumental de aquéllos, su derecho a la vivienda propiamente dicho) y tercero, la disponibilidad de recursos materiales para el ejercicio de la función jurisdiccional (que condicionará el grado en que es posible realizar el lanzamiento en un plazo razonable sin vulnerar al propio tiempo derechos fundamentales de los ocupantes). Se destaca la relevancia que en esta ecuación desempeña el principio de proporcionalidad. Se sugiere que el papel que en la gestión de los recursos a disposición de la administración de justicia ha de desempeñar la nueva organización de la oficina judicial española puede potenciar la función de tutela y garantía de los derechos fundamentales que corresponde a los tribunales
