El contexto jurídico y político para la implantación de un documento de identidad europeo

Toda persona que posea la nacionalidad de un Estado miembro es automáticamente ciudadana de la Unión Europea. A los ciudadanos de la Unión se les reconocen importantes derechos, conocidos comúnmente como derechos de ciudadanía de la Unión. La Comisión Europea ha destacado que la falta de armonización de los carnés de identidad nacionales crea algunos obstáculos para el disfrute de los derechos de ciudadanía de la Unión. Según la encuesta del Eurobarómetro sobre la ciudadanía europea de 2012, el 18 % de los encuestados acogería favorablemente la implantación de un carné de identidad europeo además del carné de identidad nacional. En este contexto, el presente estudio tiene por objeto: evaluar el valor añadido de la implantación de un carné de identidad europeo; analizar la viabilidad jurídica y política y las dificultades de implantar un carné de identidad europeo operable, teniendo en cuenta el actual contexto legislativo y político; formular recomendaciones relacionadas con los componentes legales y técnicos necesarios para implantar un carné de identidad europeo operable. El estudio se centra principalmente en el ejercicio de los derechos políticos de la Unión, en el sentido de que evalúa el papel que podría desempeñar un carné de identidad europeo en el aumento de la participación de los ciudadanos de la Unión en los procesos decisorios a nivel europeo. El estudio se basa en trabajo documental1 y una consulta a partes interesadas2. El trabajo documental tenía como objetivo justificar la necesidad (o la no necesidad) de implantar un carné de identidad europeo evaluando el grado en que las diferencias en los marcos jurídicos de los Estados miembros ligadas a los carnés de identidad nacionales impiden el ejercicio de los derechos políticos de la Unión. Se constató que en todos los Estados miembros existen normas que garantizan que todos los ciudadanos de la Unión puedan ejercer sus derechos políticos de la Unión. Sin embargo, estas normas a veces no brindan las mismas condiciones a los no nacionales (ciudadanos de la Unión que residen en un Estado miembro distinto al suyo) que a los nacionales o son excesivamente complicadas. En el trabajo documental también se evaluaron las iniciativas anteriores y actuales relacionadas con los carnés de identidad (proyectos y programas de la Unión) y se concluyó que ninguna de ellas tenía como objetivo aumentar la participación de los ciudadanos en los procesos democráticos a nivel europeo. Esto podría significar que existe una laguna que debe subsanarse, especialmente porque en algunos Estados miembros cada vez se atribuyen más funcionalidades electrónicas a los carnés de identidad nacionales, que por ejemplo permiten votar a través de internet. Como ponen de relieve los documentos normativos a nivel internacional y europeo, las funcionalidades electrónicas podrían aumentar la participación democrática. Estas cuestiones podrían requerir una actuación a nivel de la Unión. Por lo tanto, se recomienda que el Parlamento Europeo, al debatir sobre la implantación de un carné de identidad europeo, examine en qué grado podría ofrecer dicho documento una solución viable a los problemas detectados. En paralelo al trabajo documental, se preguntó a las partes interesadas sobre la función/valor añadido que podría tener un carné de identidad europeo para reforzar los derechos políticos de la Unión y la finalidad de dicho documento en general. La mayoría de las partes interesadas (veintisiete de cuarenta y dos) se mostraban más bien dudosas acerca del valor añadido europeo de un carné de identidad europeo y pidieron que se recopilasen más datos relativos al papel que podría desempeñar dicho documento en el refuerzo de los derechos políticos de la Unión. También parecía ser un argumento común que esta iniciativa debería venir impulsada por la necesidad y ser respaldada por los ciudadanos de la Unión. Las quince partes interesadas restantes, que defendían el valor añadido europeo de un carné de identidad europeo, especificaron la posible finalidad de dicho documento. Solo una minoría de encuestados (cinco) podía visualizar una cierta función del carné de identidad europeo en el refuerzo de los derechos de participación democrática a nivel europeo. En consonancia con los objetivos del estudio, las actividades de investigación también esquematizaron la viabilidad jurídica de implantar un carné de identidad europeo. Los principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad determinan los límites del derecho de actuación de la Unión. Durante la comprobación del cumplimiento del primer principio, la investigación reveló que no existe stricto sensu una base jurídica en los Tratados para legislar en relación con el carné de identidad europeo con la única finalidad de aumentar la participación democrática de los ciudadanos de la Unión. La base jurídica para la actuación a nivel europeo se prevé en relación con el refuerzo de los derechos de libre circulación. Sin embargo, cabe señalar que los derechos de libre circulación no pueden considerarse de forma aislada a otros derechos de ciudadanía y, por ende, a los derechos políticos de la Unión. Todo límite que impida a los ciudadanos desplazarse por Europa pueda obstaculizar el pleno disfrute de los derechos políticos de la Unión, que se reconocen a todos los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia en la Unión. Asimismo, las dificultades asociadas al ejercicio de los derechos políticos de la Unión podrían disuadir a las personas de trasladarse al extranjero y repercutir así en el ejercicio del derecho a la libre circulación. En relación con el principio de subsidiariedad, la investigación reveló que existen dificultades que obstaculizan el ejercicio de los derechos de participación democrática por parte de los ciudadanos de la Unión y que no pueden superar solos los Estados miembros, por lo que parece necesaria una actuación a nivel de la Unión. De conformidad con el principio de proporcionalidad, se recomienda que, al configurar el carné de identidad europeo, el Parlamento Europeo evalúe si es la herramienta más adecuada y menos onerosa para resolver los problemas detectados. Durante la implantación del carné de identidad europeo podrían surgir algunas dificultades y problemas jurídicos relacionados con, por ejemplo, la protección de datos y la interoperabilidad. La protección de datos es una cuestión fundamental en todos los documentos que contienen datos personales. Habida cuenta de su objetivo aparente de aumentar la participación ciudadana en los procesos democráticos a nivel europeo, el carné de identidad europeo, si se implanta, posiblemente almacenará algunos datos personales. Además, la investigación reveló que los datos almacenados en los carnés de identidad son normalmente solo la «punta del iceberg» y que estos conjuntos de datos suelen estar vinculados a bases de datos. La regulación del acceso a los conjuntos de datos que contienen los carnés de identidad y las bases de datos y su control desempeña por tanto un importante papel en la protección de los datos. Al considerar estos aspectos, el Parlamento Europeo tendría que tener en cuenta las normas existentes sobre la protección de datos establecidas en la legislación primaria y secundaria. La interoperabilidad, que está regulada hasta cierto punto por el Reglamento (UE) n.º 910/2014, es un aspecto importante que debe tenerse en cuenta al implantar un carné de identidad europeo, especialmente si permitirá funcionalidades electrónicas. El carné de identidad europeo, si se introduce como complemento al carné de identidad nacional, tendría que ser interoperable con los sistemas de identificación electrónica de los Estados miembros que se vean afectados por su uso. En caso de que el carné de identidad europeo siga el modelo de los pasaportes europeos, permitiendo así la armonización de determinadas características de los carnés de identidad nacionales, tendrá que mejorarse la interoperabilidad de estos últimos. Teniendo en cuenta la variedad de actores que intervienen en los procesos decisorios a nivel europeo y, por ende, la plétora de intereses, es esencial que la adopción de cualquier iniciativa esté respaldada por una voluntad política suficiente. Tanto el trabajo documental como la consulta a las partes interesadas revelaron aspectos (como la falta de tradición de tener un carné de identidad nacional) que podrían influir en la postura de los Estados miembros. El Parlamento Europeo tendría que considerar estos aspectos durante el debate sobre la implantación de un carné de identidad europeo. Además de las mencionadas consideraciones políticas y jurídicas, el estudio pretendía describir algunos elementos prácticos que deben tenerse en cuenta al decidir sobre la implantación de este tipo de documento: Datos que van a almacenarse y tipo de contenido: la decisión sobre la cantidad y el tipo de datos que van a almacenarse en el carné de identidad es importante; el carné debe cumplir el cometido para el que se creó, pero al mismo tiempo debe proteger la privacidad del titular de los datos. También es importante comprobar el grado en que los conjuntos de datos que contiene el carné dependen de bases de datos o están conectados a ellas. Acceso a los datos: debe encontrarse un equilibrio entre el permiso de acceso a los datos y la protección de la privacidad de los datos de los usuarios. Posibles riesgos para la seguridad: la protección contra las amenazas a la seguridad es un elemento fundamental según casi todas las partes interesadas. Expedición y gestión de un documento de identidad europeo: es necesario aprobar normas claras sobre la expedición y la gestión del carné de identidad europeo. Esto debería extenderse a una decisión acerca de si la responsabilidad de la expedición del carné de identidad europeo debe centralizarse (responsabilidad atribuida a una única autoridad) o descentralizarse (responsabilidad atribuida a las autoridades a nivel nacional). Interacción del documento de identidad europeo con los documentos nacionales de identidad: el carné de identidad europeo podría sustituir a los carnés de identidad nacionales o coexistir con ellos. El uso de tecnologías de identificación electrónica: las partes interesadas abogaron por la inclusión de tecnologías de identificación electrónica en un posible carné de identidad europeo

Exploratory study of consumer issues in online peer-to-peer platform markets: final report

This is a report published by the European Commission. For re-use please see the publisher's terms and conditions.This study explores consumer issues in five online peer to peer platform markets: (Re)sale of Goods; Sharing/renting of goods, Sharing/renting accommodation; Sharing/hiring rides; and Odd jobs. The study estimates that 191m citizens across the EU-28 spend EUR 27.9 billion per year on online P2P platforms. Of this total, an estimated EUR 10.61 billion consists of platform revenues and revenues of third parties. The study defines three main peer-to-peer platform business models: (a) hosting of listings where platforms do not get involved in the peer to peer transaction (b) active management of transactions where platforms foster trust among peers to facilitate a larger number of transactions and (c) platform governed peer transactions where the platform sets one or more contractual terms for the peer-to-peer transaction and exercises control over the performance of the transaction. The study identifies five key consumer issues that emerge from this new kind of economy: (1) transparency and clarity regarding the nature of transactions concluded through online P2P platforms, applicable consumer rights and obligations, the applicable legal framework and its enforcement; (2) reliability of peer review and rating systems and accuracy of identity information provided on the platform; (3) discrepancy between exclusion of platform responsibility and liability for the performance of online P2P transactions and platform practices; (4) access to redress for peer consumers and peer providers; and (5) data use and data protection issues.This report was produced under the EU Consumer Programme (2014-2020) in the frame of a service contract with the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) acting under the mandate from the European Commission.Published versio

A blood atlas of COVID-19 defines hallmarks of disease severity and specificity.

Treatment of severe COVID-19 is currently limited by clinical heterogeneity and incomplete description of specific immune biomarkers. We present here a comprehensive multi-omic blood atlas for patients with varying COVID-19 severity in an integrated comparison with influenza and sepsis patients versus healthy volunteers. We identify immune signatures and correlates of host response. Hallmarks of disease severity involved cells, their inflammatory mediators and networks, including progenitor cells and specific myeloid and lymphocyte subsets, features of the immune repertoire, acute phase response, metabolism, and coagulation. Persisting immune activation involving AP-1/p38MAPK was a specific feature of COVID-19. The plasma proteome enabled sub-phenotyping into patient clusters, predictive of severity and outcome. Systems-based integrative analyses including tensor and matrix decomposition of all modalities revealed feature groupings linked with severity and specificity compared to influenza and sepsis. Our approach and blood atlas will support future drug development, clinical trial design, and personalized medicine approaches for COVID-19

Whole-genome sequencing of patients with rare diseases in a national health system

Most patients with rare diseases do not receive a molecular diagnosis and the aetiological variants and causative genes for more than half such disorders remain to be discovered1. Here we used whole-genome sequencing (WGS) in a national health system to streamline diagnosis and to discover unknown aetiological variants in the coding and non-coding regions of the genome. We generated WGS data for 13,037 participants, of whom 9,802 had a rare disease, and provided a genetic diagnosis to 1,138 of the 7,065 extensively phenotyped participants. We identified 95 Mendelian associations between genes and rare diseases, of which 11 have been discovered since 2015 and at least 79 are confirmed to be aetiological. By generating WGS data of UK Biobank participants2, we found that rare alleles can explain the presence of some individuals in the tails of a quantitative trait for red blood cells. Finally, we identified four novel non-coding variants that cause disease through the disruption of transcription of ARPC1B, GATA1, LRBA and MPL. Our study demonstrates a synergy by using WGS for diagnosis and aetiological discovery in routine healthcare

Global economic burden of unmet surgical need for appendicitis

Background There is a substantial gap in provision of adequate surgical care in many low- and middle-income countries. This study aimed to identify the economic burden of unmet surgical need for the common condition of appendicitis. Methods Data on the incidence of appendicitis from 170 countries and two different approaches were used to estimate numbers of patients who do not receive surgery: as a fixed proportion of the total unmet surgical need per country (approach 1); and based on country income status (approach 2). Indirect costs with current levels of access and local quality, and those if quality were at the standards of high-income countries, were estimated. A human capital approach was applied, focusing on the economic burden resulting from premature death and absenteeism. Results Excess mortality was 4185 per 100 000 cases of appendicitis using approach 1 and 3448 per 100 000 using approach 2. The economic burden of continuing current levels of access and local quality was US $92 492 million using approach 1 and$73 141 million using approach 2. The economic burden of not providing surgical care to the standards of high-income countries was $95 004 million using approach 1 and$75 666 million using approach 2. The largest share of these costs resulted from premature death (97.7 per cent) and lack of access (97.0 per cent) in contrast to lack of quality. Conclusion For a comparatively non-complex emergency condition such as appendicitis, increasing access to care should be prioritized. Although improving quality of care should not be neglected, increasing provision of care at current standards could reduce societal costs substantially

Global economic burden of unmet surgical need for appendicitis

Background There is a substantial gap in provision of adequate surgical care in many low- and middle-income countries. This study aimed to identify the economic burden of unmet surgical need for the common condition of appendicitis. Methods Data on the incidence of appendicitis from 170 countries and two different approaches were used to estimate numbers of patients who do not receive surgery: as a fixed proportion of the total unmet surgical need per country (approach 1); and based on country income status (approach 2). Indirect costs with current levels of access and local quality, and those if quality were at the standards of high-income countries, were estimated. A human capital approach was applied, focusing on the economic burden resulting from premature death and absenteeism. Results Excess mortality was 4185 per 100 000 cases of appendicitis using approach 1 and 3448 per 100 000 using approach 2. The economic burden of continuing current levels of access and local quality was US $92 492 million using approach 1 and$73 141 million using approach 2. The economic burden of not providing surgical care to the standards of high-income countries was $95 004 million using approach 1 and$75 666 million using approach 2. The largest share of these costs resulted from premature death (97.7 per cent) and lack of access (97.0 per cent) in contrast to lack of quality. Conclusion For a comparatively non-complex emergency condition such as appendicitis, increasing access to care should be prioritized. Although improving quality of care should not be neglected, increasing provision of care at current standards could reduce societal costs substantially