Menores separados: el dilema entre el interés general y el interés individual en la aplicación del Derecho Migratorio de la Unión Europea

Separating children traveling accompanied by a nonfamily adult is a current practice serving the general purpose of fighting against sexual exploitation, minor trafficking, or general crime prevention. However, such a routine response could violate a minor’s right to family life or preclude an attempted migration to reunification. Although no specific normative framework exists for this migratory category, we will draw our analysis of the conflicting interests by resorting to human rights case law. On the one hand, the expansion of the legally recognized concept of family must help protect interpersonal bonds not based on biological relationships, according to the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union. On the other hand, restrictions to the right to family life can be taken for fighting against crime, although a goal of general prevention may not comply with human rights standards on the limitation of rights. The required balance between conflicting interests can be established by resorting to the best interests of the minor. To conclude, we argue that this category could certainly benefit from a concerted, common legislative action at the level of the European Union when revisiting the migration legal regime, alongside operational measures at national, regional, and local levels.La separación de los niños que viajan acompañados de un adulto con el que no tienen un vínculo biológico o familiar en sentido legal supone una práctica habitual como forma de protección frente al tráfico de personas. Sin embargo, puede constituir una vulneración del derecho a la vida de familia de un menor o impedir un intento de reunificación familiar. Los menores separados constituyen una categoría no regulada jurídicamente de forma autónoma. Sin embargo, el examen de los intereses legales contrapuestos puede llevarse a cabo a partir de la jurisprudencia europea de derechos humanos. De un lado, la expansión del concepto de familia sancionado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite proteger vínculos no exclusivamente biológicos. De otro lado, el objetivo de prevención general —lucha contra el tráfico o la trata— no es suficiente por sí mismo para garantizar el respeto de los requisitos de las limitaciones de derechos. El equilibrio entre interés público e individual debe alcanzarse a través de la individualización del interés superior del menor. Para concluir, se proponen medidas normativas y de aplicación, tanto a nivel de la Unión Europea como nacional, regional y local.Regional Government of Andalusia ERDF 2014–2020European Union ERDF 2014–202

Unilateralismo -¿institucional?- de la Unión Europea en la gestión de intereses globales: el comercio de cuotas de emisión aérea, un cas d'espèce en la reducción de emisiones contaminantes como mecanismo de protección delmedio ambiente

ID Congreso: 2056834

A relação entre direito de assistência consular e direitos humanos: uma contribuição europeia para a humanização do direito internacional

In the context of Article 36.1 (b) of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations (VCCR’63) interpretation by the International Court of Justice and the Inter-American Court of Human Rights, this paper helps to clarify how European Law developments reinforce a renewed understanding of Article 36 VCCR ’63 as regards its interaction with Human Rights Law. How could a developing case law of the European Court of Human Rights linking individual consular rights with several different rights guaranteed by the European Convention on Human Rights—along with the European Union’s quasi-constitutional normative approach, including consular rights within citizenship rights and due process common guarantees—condition the strongly State-centred interpretation of Article 36 VCCR ’63 by the International Court of Justice? The need for a reflection on an interpretative framework for a possible evolutionary, practice-based and teleological approach is highlighted by the recent ICJ’s decision on the Jadhav case (India v. Pakistan).No contexto da interpretação do Artigo 36.1 (b) da Convenção de Viena sobre Relações Consulares (VCCR'63) de 1963 pela Corte Internacional de Justiça e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, este artigo ajuda a esclarecer como os desenvolvimentos do Direito Europeu reforçam a entendimento renovado do Artigo 36 VCCR '63 no que diz respeito à sua interação com o direito internacional dos direitos humanos. Como poderia uma jurisprudência em desenvolvimento do Tribunal Europeu dos Direitos do Humanos ligando os direitos consulares individuais a vários direitos diferentes garantidos pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos - juntamente com a abordagem normativa quase constitucional da União Europeia, incluindo direitos consulares dentro dos direitos de cidadania e devido processo legal garantias comuns - condicionam a interpretação fortemente centrada no Estado do Artigo 36 VCCR '63 pela Corte Internacional de Justiça? O artigo objetiva enfatizar a necessidade de uma reflexão sobre um parâmetro para uma possível interpretação evolutiva, baseado numa abordagem prática e teleológica da decisão da Corte Internacional de Justiça no caso Jadhav (Índia v. Paquistão)

El principio de proporcionalidad en Derecho público francés

Eulalia W. Petit de Gabriel es la traductora de este artículo de Xavier Philipp

Gobernanza multinivel y gestión de los fondos estructurales en Andalucía. ¿Realidad o quimera?

Este trabajo pretende poner de manifiesto la necesidad de debatir el modelo de gestión aplicado a la política de cohesión en España y, en concreto, en Andalucía. Mientras se discute a nivel comunitario la mejora del modelo de gobernanza europeo (Libro Blanco de la Comisión sobre la Gobernanza Europea, 2001), la realidad española se caracteriza por un modelo centralizado. Ello desfigura en cierto sentido el reparto competencial establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía. El Comité de las Regiones subraya la relevancia de la gobernanza multinivel para aproximar la Unión Europea a los ciudadanos. De ello se ha hecho eco la presidencia española del Consejo durante el primer semestre de 2010. El Comité de las Regiones entiende la gobernanza multinivel como “la acción coordinada de la Unión, los Estados miembros y los entes regionales y locales, basada en la asociación y destinada a elaborar y aplicar las políticas de la Unión Europea” (Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la Gobernanza Multinivel, 2009). Para el Comité de las Regiones la política de cohesión es el paradigma de la gobernanza multinivel. En esta política se encuentran implicados, o deben estarlo, los distintos niveles de gobierno. El estudio llevado a cabo ha analizado las exigencias comunitarias en las que se traduce este concepto de gobernanza multinivel en la política de cohesión, como es el caso del principio de asociación o partenariado. Este principio exige que tanto la definición del marco estratégico y los programas operativos como su aplicación incorporen a las administraciones locales y regionales y a los interlocutores económicos y sociales. Este principio, también conocido como partenariado, es un contrapeso al protagonismo del gobierno central del Estado en la política comunitaria. Al mismo tiempo, la normativa que rige los fondos estructurales (fondos afectos a la política de cohesión, como son el Fondo Social Europeo, FSE, y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER) establece expresamente que deberá respetar el equilibrio y distribución competencial establecido en cada Estado miembro, sin que la planificación y ejecución de esta política de cohesión pueda suponer un ataque al mismo. Tras este examen de la normativa comunitaria, el estudio analiza el modelo de relación entre la Administración General del Estado y la Administración Autonómica para la elaboración del marco estratégico de referencia nacional y los programas operativos de cada fondo destinado a Andalucía. Estos documentos son el cuadro en el que se insertan las actuaciones que se llevarán a cabo con los fondos estructurales. Definen las prioridades y líneas de actuación. En esta fase ascendente –o de elaboración del marco estratégico y de planificación– se detecta una relación de mera consulta entre el Estado y la Administración autonómica. El modelo es dirigido y monopolizado por la Administración General del Estado, incluso en la elaboración de los programas operativos para Andalucía, como ponen de manifiesto los estudios del European Policies Research Centre. El análisis del modelo aplicado a la gestión de los programas operativos en Andalucía (fase descendente) permite afirmar la insuficiente participación autonómica. Una muestra de ello es el Programa Operativo del Fondo Social Europeo-Andalucía. En el mismo, el 100% de la financiación es gestionada por la Comunidad Autónoma. El 100% de la cofinanciación es aportada por la Comunidad Autónoma. No obstante, las autoridades de gestión y de certificación están encomendadas a la Administración General del Estado. De la agilidad de la gestión y de la certificación dependen los pagos y su calendario por parte de la Comisión Europea. El análisis comparado de otros modelos –nacional y europeos– permite concluir que aún queda camino por recorrer. El modelo de gestión de la política agrícola comunitaria en España o el modelo de gestión de la política de cohesión de otros países miembros con una estructura de descentralización política similar a la española, muestran las posibilidades de una mayor descentralización. Ello implica que el modelo de gobernanza aplicado en Andalucía para la política de cohesión puede aún desarrollarse para que la relación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma sea más equilibrada. Al mismo tiempo, redundaría en un modelo más acorde con el reparto de competencias previsto en la Constitución y el Estatuto de Autonomía. La presidencia española del Consejo de la Unión (1 de enero a 30 de junio de 2010) ha recogido el guante del debate sobre la gobernanza multinivel. Ha organizado diversas reuniones en el marco de la política de cohesión territorial en las que se ha abordado el tema. Si se tiene en cuenta la práctica analizada en este estudio, se revela incoherente el planteamiento político de la presidencia. Por ello, las declaraciones e intenciones de la presidencia española permiten confiar en un fortalecimiento del modelo de gobernanza multinivel. Ello permitirá consolidar el reparto competencial en España, en todo aquello que afecta a asuntos de la Unión Europea. La Unión Europea tiene por delante un importante reto: definir la política de cohesión para el período 2014-2020. A ello contribuye la Estrategia Europa 2020 recién presentada por la Comisión y comenzada a debatir por el Consejo Europeo. Los cambios en la estrategia de cohesión implican importantes retos para Andalucía. Esta Comunidad Autonóma ha salido ya de la situación socio--económica en la que se encontraba y que le hacía beneficiaría de una cuota significativa de los fondos estructurales. Es tiempo de que consolide su estrategia de crecimiento económico basada en el conocimiento. Con ello podrá nuevamente situarse en el centro de una futura política de cohesión alineada, de una u otra forma, con la Estrategia Europa 2020, y centrada, por tanto, en el crecimiento innovador, sostenible y socialmente equilibrado

¿Derecho a la autodefensa o defendido por obligación? (Des)control del margen de apreciación y fragmentación entre sistemas de garantía de derechos humanos

El derecho a defenderse a uno mismo ha sido objeto de pronunciamientos contradictorios por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos en relación con los casos presentados por el Sr. Correia de Matos contra Portugal entre 1999 y 2018. Las divergencias afectan a la naturaleza misma de la autodefensa como parte del derecho de defensa, una de las garantías mínimas del proceso penal, consagrado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los Estatutos de los Tribunales penales internacionales. Igualmente, la diferencia de pronunciamientos afecta al método y profundidad de control de las limitaciones permitidas a los Estados por los respectivos órganos de control. En un contexto de pluralismo de modelos y normas nacionales de esta modalidad de defensa, animado por la aplicación de la defensa del propio acusado en un número significativo de procesos ante los Tribunales penales internacionales, el estudio trata de analizar en particular el planteamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el marco de la noción de fragmentación del derecho internacional de los derechos humanos como riesgo (temporal) en el proceso de la interpretación evolutiva de los derechos.Autodefentsarako eskubidea ala obligazioz egindako defentsa? Hautemate marjinaren (des)kontrola eta giza eskubideen berme sistemen arteko zatiketa. Nork bere burua defendatzeko eskubidea erabaki kontrajarrien objektu izan da Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren eta Giza Eskubideen Komitearen aldetik Correia de Matos jaunak Portugalen kontra 1999 eta 2018 urteen artean aurkezturiko kasuei dagokienez. Desadostasunek autodefentsaren izaera berari eragiten diete, defentsarako eskubidearen parte den heinean, prozesu penalaren gutxieneko bermeetako bat, Giza Eskubideen Europako Hitzarmenean, Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunean eta nazioarteko Auzitegi penalen Estatutuetan jasota dagoena. Erabakien desadostasunak dagozkien kontrol organoek Estatuei ontzat ematen dizkieten kontrolaren metodo eta sakontasunari buruzko mugei ere eragiten die. Defentsa modalitate honi buruzko eredu eta arau nazional anitzen testuinguruan, nazioarteko Auzitegi penalen aitzinean eman diren kasuen kopuru esanguratsuak adoretua, ikerketa honek zera aztertu nahi du: Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren planteamendua, giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen zatiketaren nozioaren esparruan, non zatiketa hau arriskua (aldi baterakoa) den eskubideen interpretazio ebolutiboaren prozesuan.The right to represent one-self has been subject to contradictory pronouncements by the European Court of Human Rights and the Human Rights Committee in relation to the cases submitted by Mr. Correia de Matos against Portugal between 1999 and 2018. Divergences affect to the very nature of self-defence as part of the right of defence, as one of the minimum guarantees of the criminal process, enshrined in the European Convention on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the International Criminal Tribunals’ Statutes. Likewise, the difference in pronouncements affects the method and type of control of the limitations allowed to the States by the respective human rights control bodies. In a context of pluralism of national models and norms of this type of defence, encouraged by a significant number of pro se proceedings before the international criminal courts, the study tries to analyse specifically the European Court of Human Rights’ approach, in the framework of the recurrent notion of fragmentation of international human rights law as a (temporary) risk in the process of an evolutionary interpretation of human rights.Le droit de se défendre a fait l’objet de décisions contradictoires de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité des droits de l’homme du fait des affaires soumis par M. Correia de Matos contre le Portugal entre 1999 et 2018. Les divergences affectent la nature même de l’auto-défense en tant qu’élément du droit à la défense, l’une des garanties minimales du processus pénal, droit consacré par la Convention européenne des droits de l’homme et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et dans les Statuts des cours pénales internationales. De même, ces décisions divergent en raison de la méthode et l’étendue du contrôle des limitations établies par les différents organes de contrôle du respect des droits de l’homme. Dans un contexte de pluralisme des modèles et normes nationaux de ce type de défense, animé par le recours à la défense de l’accusé lui-même dans un grand nombre de procédures devant les juridictions pénales internationales, l’étude tente notamment d’analyser l’approche de la Cour européenne de droits de l’homme dans le cadre de la notion de fragmentation du droit international des droits de l’homme en tant que risque (temporaire) dans le processus d’interprétation évolutive des droits

Separated Minors or the Dilemma between General and Individual Interest in European Union Migration Law Compliance

Separating children traveling accompanied by a nonfamily adult is a current practice serving the general purpose of fighting against sexual exploitation, minor trafficking, or general crime prevention. However, such a routine response could violate a minor’s right to family life or preclude an attempted migration to reunification. Although no specific normative framework exists for this migratory category, we will draw our analysis of the conflicting interests by resorting to human rights case law. On the one hand, the expansion of the legally recognized concept of family must help protect interpersonal bonds not based on biological relationships, according to the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union. On the other hand, restrictions to the right to family life can be taken for fighting against crime, although a goal of general prevention may not comply with human rights standards on the limitation of rights. The required balance between conflicting interests can be established by resorting to the best interests of the minor. To conclude, we argue that this category could certainly benefit from a concerted, common legislative action at the level of the European Union when revisiting the migration legal regime, alongside operational measures at national, regional, and local levels. Received: 31 July 2022 Accepted: 05 October 202