El concepto de actividad peligrosa en el derecho administrativo colombiano

Hasta ahora, la práctica judicial ha identificado o catalogado algunas actividades como peligrosas, como los combustibles, los explosivos, las redes de energía, la conducción de vehículos y aeronaves, las armas de fuego, los hospitales psiquiátricos, las fumigaciones aéreas, los gases residuales, entre otras. Lista que no es taxativa y que puede verse ampliada de forma considerable si tenemos en cuenta la situación de alta peligrosidaden la que viven muchas poblaciones colombiana

Jurisprudencia constitucional y territorio

As to territory, the 1991 Political Constitution puts an end to political centralism -a characteristic of the 1986 Constitution-, and it strengthens administrative decentralization, initiated in 1986 with the popular election of mayors.This article analyzes the work undertaken by the Constitutional Court over that which refers to territorial ordinance as well as to the administrative decentralization, where local communities will become forgers of their own destinies, with the indispensable help from the central establishment.En cuanto al territorio se refiere, la Constitución Política de 1991 pone fin al centralismo político, característico de la Constitución de 1886, y fortalece la descentralización administrativa, iniciada en 1986 con la elección popular de alcaldes.El presente artículo analiza el trabajo realizado por la Corte Constitucional, tanto en lo referido al nuevo ordenamiento territorial como a la descentralización administrativa, donde las comunidades locales serán forjadoras de sus destinos, con la indispensable ayuda del ente central

Hacia un reconocimiento europeo del principio de igualdad en materia educativa

Extracto de la tesis doctoral "el financiamiento de la libertad de la educación en Francia" Laureada por la Universidad Soborna, premiada por el Senado francés como mejor tesis del año en el área de ciencias de la educación, recientemente publicada en París, L.G.D.J. Esta publicación fue coronada por la Academia francesa como mejor libro del año en el área de las ciencias sociales y políticas

La indeterminación de la noción de acto terrorista

En Colombia, la Academia no le ha dado la suficiente importancia al tema del terrorismo, sabiendo de antemano que la definición normativa no es todavía muy clara y que la lucha por detener ese flagelo es deplorable: los resultados son precarios y las herramientas para hacerle frente son claramente insuficientes. Para una mejor protección de la población civil en nuestro país, será necesario avanzar cada vez más en elaboración de una adecuada definición sobre terrorismo, la cual deberá tener en cuenta la importante diferencia entre terrorismo criminal y político. No se puede olvidar que aparte de la necesaria indemnización de las víctimas, surge un necesario juicio de responsabilidades que pueden llevar a los autores de terrorismo político a un juicio penal por la violación del derecho internacional humanitario. Aparte de la responsabilidad que se les puede atribuir por el daño ecológico puro, causado por actos terroristas, contra la torres de energía, los oleoductos y las embarcaciones o naves aéreas. Otro muy distinto es el juicio penal que se le puede seguir a los autores de actos terroristas de tipo crimina

La responsabilidad extra-contractual del Estado por error judicial en Colombia

The handling given to the extra-contractual responsibility of the State because of a jurisdictional error in Colombia has been a mere jurisprundential one, since there has were no norms that would regulate such a responsability. The 1991 Colombian Political Constitution, in article 90, clearly consecrated the patrimonial responsibility of the State.This norm does not explicitly refer to the judicial activity yet upon referring to public authorities, it is understood that it may be fit to predicate such a responsability unto those members that exercise judicial activities. The Constitutional Court and the State Council were in charge of explaining the reach of the constitutional norm and fixing the parametres for the adequate development of article 90 of the Constitution.El tratamiento que se le ha dado en Colombia a la responsabilidad extra-contractual del Estado por error jurisdiccional ha sido meramente jurisprudencial, ya que no existía una norma que regulara dicha responsabilidad. La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 90, consagró de forma clara la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta norma no se refiere expresamente a la actividad judicial pero al referirse a las autoridades públicas se entiende que cabe predicar tal responsabilidad para los órganos que ejercen actividades judiciales. Fueron la Corte Constitucional y el Consejo de Estado los encargados de explicar el alcance de la norma constitucional y de fijar los parámetros para desarrollar adecuadamente el artículo 90 de la Constitución

El control de la legalidad de los actos administrativos en Colombia

En Colombia, el respeto por el principio de legalidad se impone sobre el gobierno que debe basar sus decisiones sobre una norma judicial superior. El acto legislativo es ilegal cuando no tiene respeto por la jerarquía positiva contrario a la ley positiva. Por eso, la adhesión constante a la ley de la actividad administrativa es una garantía de estabilidad y seguridad judicial para los ciudadanos. No podría existir alguna otra manera de evitar la excesiva arbitrariedad del poder y el orden judicial inestable. El acto administrativo ilegal es aún más interesante cuando se ha emitido bajo las excepcionales circunstancias de urgencia. El acto es ilegal pero los resultados son positivos o necesarios. La pregunta principal es: ¿es posible en la Ley Colombiana suspender el acto administrativo para proteger el sistema judicial? En la primera parte de este trabajo, analizaré o discutiré quiénes son los encargados de la legalidad administrativa en Colombia; en la segunda, observaré las condiciones de regularidad de dicho acto administrativo

Fundamentos Ideológicos de nuestra historia republicana

Colombia cuenta, desde 1821, con unos claros fundamentos ideológicos que fundan el Estado social de derecho, consagrado en la Constitución de 1991. La libertad, la igualdad, la justicia, la moralidad pública y la educación son los pilares fundamentales que soportan nuestras instituciones desde hace ya casi dos siglos. Estos ideales no han podido ser desarrollados adecuadamente y por ello siguen vigentes cuando se habla de un Estado social democrático, con división de poderes y una adecuada reforma agraria

El rol institucional de la Corte Constitucional

The Constitutional Jurisprudence about fundamentalsocial rights, most of which carry with them economicalinterests, is an example of culture transformation notonly political but legal and its sensibilization regardingthe basic needsand the politic priority of seriously takingthe effective acknowledgmentof people’s rights. On theother hand, the constitutional jurisprudence has beendesigning and putting into practice a mothern conceptionof the Statein wich the compliance of the State’s socialduties occupies a central place in the reorganization of thepublic institutions. Nevertheless, such a drastic changeunavoidably brings along incongruities and deferementsin the jusrisprudential politics of the Court.La jurisprudencia constitucional sobre derechos sociales fundamentales, que en su gran mayoría conllevan intereses económicos, es una muestra de la transformación de la cultura tanto política como jurídica y su sensibilización respecto de las necesidades básicas y la prioridad política de tomarse en serio el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha venido diseñando y poniendo en práctica una concepción moderna del Estado en la que el cumplimiento de los deberes sociales del mismo ocupa un lugar central en la reorganización de las instituciones públicas. Sin embargo, un cambio tan drástico conlleva indefectiblemente incongruencias y desfases en la política jurisprudencial de la Corte

La distancia entre el discurso jurídico y la práctica del aborto en Colombia

La concepción originaria de la Corte Constitucional, respecto de si el nasciturus es poseedor o no del derecho absoluto a la vida, ha ido cambiando gradualmente a medida que han ido pasando las sentencias que han estudiado el tema. No se ha llegado a la idea de considerar que el derecho a la vida se posee, al igual que todos los derechos fundamentales, desde el nacimiento, sin embargo, sí ha ido calando en la Corte la idea que el derecho a la vida del nasciturus, si es que este lo posee, no es absoluto y por eso en ocasiones debe ceder frente a los derechos de la mujer. 'El derecho al aborto y La tolerancia en el discurso iusfilosófico y la vigencia del pensamiento liberal en América Latina' son trabajos de investigación en donde se hace manifiesto el uso del término tolerancia en los diferentes sectores de poder de la sociedad y como argumento de aceptación a la diferencia, por lo tanto, para un país como Colombia, es particularmente problemático que el aborto admita una tolerancia en sentido positivo, esto porque la influencia del discurso religioso es tan fuerte que coarta las decisiones públicas aun en desmedro de las políticas de salud. Por esto se hace necesario elaborar un discurso conciliador entre el estamento político y los pronunciamientos dogmáticos de la iglesia católica en Colombia en lo que al aborto se refiere

El concepto de actividad peligrosa en el derecho administrativo colombiano

Hasta ahora, la práctica judicial ha identificado o catalogado algunas actividades como peligrosas, como los combustibles, los explosivos, las redes de energía, la conducción de vehículos y aeronaves, las armas de fuego, los hospitales psiquiátricos, las fumigaciones aéreas, los gases residuales, entre otras. Lista que no es taxativa y que puede verse ampliada de forma considerable si tenemos en cuenta la situación de alta peligrosidad en la que viven muchas poblaciones colombiana