El poder ejecutivo en el proyecto de estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos

Se estudian los principios inspiradores del Estatuto en su proyección organizativa y posteriormente se ocupa de los caracteres del sistema de Gobierno, la regulación del poder ejecutivo, la formación y composición de los órganos del poder ejecutivo y el protagonismo de la comisión permanent

La inactividad del legislador autonómico

Sumario: I. Introducción. II. Aspectos jurídicos y políticos de la inactividad del legislador autonómico. III. Inactividad legislativa y lagunas del ordenamiento. IV. Inactividad legislativa y omisión legislativa. V. Inactividad legislativa autonómica y supletoriedad del Derecho estatal. VI. La supletoriedad como mecanismo de garantía de las competencias del Estado para la fijación de las bases en cada materia. VII. La necesaria autocrítica

Ideología, tecnocracia y liberalismo

Partiendo del análisis de la orientación reciente de la política nacional el autor reflexiona sobre el problema de democracias parlamentarias. Cuestiona ¿desde una perspectiva que pretende incentivar discusión política¿, qué ocurre con la misma política a través del papel relevante de la ideología, la tecnocracia y el liberalismo. Lo que supone polemizar sobre el discurso economicista, el problema del liderazgo político y la crisis de las Instituciones modernas

La garantía jurisdiccional del Concierto Económico

Azterlan honetan azaltzen da zein izan daitekeen jurisdikzio-kontrolik egokiena, foru-arauen gainean, arau horien izaera juridiko berezia kontuan hartuta. Egileak proposatzen du Konstituzio Auzitegiari modu esklusiboan erreserbatzea arau horien gaineko kontrola; horrela, saihestu daiteke aurkaratze-araubidea irekiegia izatea, eta, aldi berean, egonkortasun eta segurtasun juridikoak berma daitezke. Arazoa da, edonondik begiratuta ere, foru-arauak legeekin parekatu behar izatea. Parekatze hori lortu ahal izateko, hainbat mekanismo daude, eta egileak mekanismo horiek aztertu eta balioesten ditu, luze eta sakon. Egilearen aburuz, horretarako arau-tresnarik aproposena da Konstituzio Auzitegiari buruzko Lege Organikoaren 27.2 artikulua aldaraztea.In this investigation, the issue of what is the most appropriate judicial review in respect of provincial regulations; and the taking into account of the legal nature of same is raised. The author proposes to reserve for the Constitutional Court under its exclusive jurisdiction the control of these regulations, so as to avoid an excessively open impugnation of the system and therefore, to procure stability and legal security. The problem, however, lies in the required parity of provincial regulations to the laws. The mechanisms to achieve such parity are diverse, and the author makes an in-depth analysis and examination. In his opinion, the most appropriate policy instrument lies in the amendment of Article 27.2 of the LOTC [Organic Law of the Constitutional Court].En este estudio, se plantea cuál es el control jurisdiccional más adecuado para las normas forales, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de las mismas. El autor propone reservar al Tribunal Constitucional con carácter exclusivo el control sobre dichas normas, para evitar un régimen impugnatorio excesivamente abierto, y, por tanto, procurar estabilidad y seguridad jurídica. El problema radica, sin embargo, en la necesaria equiparación de las normas forales a las leyes. Los mecanismos para conseguir dicha equiparación son diversos, y el autor los analiza y enjuicia en profundidad. A su juicio, el instrumento normativo más adecuado pasa por la modificación del artículo 27.2 de la LOTC

Derechos humanos y atención sanitaria ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

La atención sanitaria y el derecho a la salud no está contemplados como derechos fundamentales autónomos en el ordenamiento español. Tampoco están previstos como tales en las constituciones de otros países del entorno ni en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). No obstante, su directa conexión con los derechos a la vida, a la integridad personal, a la intimidad y a otros que sí lo están ha dado lugar a una rica y variada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que destaca su insistencia en las obligaciones, negativas y positivas, que han de observar los Estados para garantizar su efectividad. Tanto en el plano de la legislación, como en el de la organización y gestión de sus sistemas de salud. Ya se trate de centros públicos o privados, incluyendo las instalaciones penitenciarias, asistenciales, educativas, etc. en las que se encuentren personas a su cargo por cuya salud han de velar. Forma parte esencial de dichas obligaciones positivas el deber de investigar las denuncias y, en su caso, perseguir y depurar las responsabilidades de los causantes de las violaciones de los derechos asociados a la salud. Es crucial a estos efectos la existencia de un sistema de recursos que permita a los interesados reaccionar frente a las lesiones que consideren haber sufrido y la garantía efectiva de un poder judicial independiente. Tiene especial importancia la doctrina del TEDH sobre las situaciones que rodean al principio y el fin de la vida (aborto, pruebas prenatales, tratamientos experimentales, eutanasia) ya que en ellas se plantea con singular intensidad el alcance del margen de apreciación de los Estados en la aplicación de las mencionadas obligaciones al ponderar los bienes jurídicos en juego. Con respecto a estas obligaciones, también es destacable la nueva figura de las sentencias piloto, que permite afrontar más satisfactoriamente los déficits estructurales que ocasionan la multiplicación de las vulneraciones del CEDH haciendo recaer en los Estados el deber de corregirlos a través de las medidas normativas, organizativas o de otra índole que sean precisas. Igualmente, contribuirá a una adecuada ponderación de los bienes jurídicos que concurren en esas situaciones difíciles en las que todavía no existe un consenso en los Estados signatarios del CEDH, el novísimo control de convencionalidad, mediante el que los altos tribunales pueden solicitar del TEDH una opinión sobre la adecuación de sus normas a las exigencias del CEDH

La mayoría simple en la adopción de acuerdos del Consejo General del Poder Judicial

Majority and democracy are normally linked to each othe, together with freedom and self-determination. Democratic freedom must be representative for all citizens, therefore is ruled by means of a simple majority system except for some specific situations when additional support is required (absolute majority). The Consejo General del Poder Judicial is in the midst of this majority ins and outs, which has adapted its decision procedures, in order to increase consensus as well as to prevent obstructions. Is in these changes where divergent interpretations have emerged.Mayoría y democracia son dos ideas que van de la mano, junto con la libertad y la autodeterminación individual. La libertad democrática ha de ser representativa para todos los ciudadanos y precisamente por ello se rige por un sistema de mayorías simples, salvo casos concretos y excepcionales que requieren de un refuerzo añadido (mayoría absoluta). En este entresijo de mayorías se encuentra el Consejo General del Poder Judicial, que ha visto modificadas sus formas de toma de decisión, tanto en aras de reforzar el consenso como para evitar el bloqueo del órgano. Son precisamente estos cambios los que han dado lugar a interpretaciones divergentes en torno a esta idea

Reforma estatutaria y protección de datos personales

En el siguiente texto, el autor plantea una serie de cuestiones relativas a la oportunidad de incluir en las reformas de los diferentes estatutos de las Comunidades Autónomas previsiones específicamente dedicadas al derecho fundamental de autodeterminación informativa, así como la posibilidad de reformular la distribución competencial que resulta de la vigente LOPD al objeto de incrementar las atribuciones autonómicas