La no discriminación entre trabajadores temporales e indefinidos como ejemplo en el orden social

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Asunto De Diego Porras (14 de septiembre de 2016) alteró significativamente la aplicación judicial de las normas sobre régimen extintivo de los contratos temporales en España. La relevancia y los efectos de la sentencia imponen un análisis de las reacciones a dicho pronunciamiento, una valoración de su repercusión en la práctica judicial y una crítica a la técnica jurídica empleada por el Tribunal europeo en dicho pronunciamiento. Las posteriores sentencias de 5 de junio de 2018 del TJUE, que rectifican la doctrina de aquel pronunciamiento, determinan sin duda una vuelta a la situación originaria. Pero lo ocurrido con este episodio de la doctrina judicial europea brinda la ocasión para reflexionar sobre los efectos, no siempre positivos, de la tutela multinivelThe ruling of the European Court of Justice in the De Diego Porras case (14 September 2016) significantly altered the judicial application of the rules on the termination of temporary contracts in Spain. The relevance and effects of the judgment call for an analysis of the reactions to that judgment, an assessment of its impact on judicial practice and a critique of the legal technique employed by the European Court in that judgment. The subsequent judgments of 5 June 2018 of the ECJ, which rectify the doctrine of that pronouncement, undoubtedly determine a return to the original situation. In addition this episode of European judicial doctrine provides an opportunity to reflect on the effects, not always positive, of multi-level protectio

“Cause” in collective dismissals

According to Spanish law, the definition of collective dismissal, as in Directive 98/59,makes reference to three primary elements: the numerical/quantitative element, the temporal element andthe causal element. This latter, the identification of the causes that may justify the collective dismissal,has been the most controversial element in Spain. This study analyzes the legal definition of the causesof these collective dismissals, specifically focusing on the economic causes. It also considers the judicialcontrol of these collective redundancies

Marco laboral de la descentralización productiva. Problemas y propuestas de reforma

For a long time, productive decentralisation has been the natural way to organise productive activity in firms. The legal regime governing labour relations in decentralised productive systems centres around article 42 in the Statute of Workers’ Rights, a precept whose basic tenets have barely changed in forty years since it was first enacted. However, the problems associated to interpreting and applying these norms to contractors and subcontractors and the disparity with respect to illegal cession or business succession justify the need to reconsider the law. In addition, the precariousness and deterioration of labour conditions for contractor and subcontractor employees, favoured by a normative framework which permits firms to apply their own conventional norms and the deficiency of the legal regime regarding the contracting companies’ responsibilities, also demand we re-examine the legal framework. This study specifically analyses these questions, referring in the end to the different labour reform proposals presented thus far and an assessment of their feasibility.La descentralización productiva es, en la actualidad y desde hace tiempo, el modo natural de organización de la actividad productiva en las empresas. El régimen jurídico de la prestación de trabajo en los sistemas productivos descentralizados se articula esencialmente en torno al artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores; un precepto cuyas líneas fundamentales apenas han resultado alteradas durante los 40 años de vigencia del estatuto. Los problemas de interpretación y aplicación de la regulación del trabajo en contratas y subcontratas y los desajustes que plantea su conexión con la cesión ilegal o la sucesión de empresas justifican, por sí mismos, la necesidad de un replanteamiento en su configuración. La precarización y la degradación de las condiciones laborales de los trabajadores de las contratas y subcontratas, favorecidas por un marco normativo que posibilita la aplicación de normas convencionales propias y la insuficiencia del régimen de responsabilidades de la empresa principal, reclaman también una revisión del marco normativo. Estas cuestiones se analizan en este estudio, con una referencia final a las distintas propuestas de reforma que se han barajado hasta el momento y una valoración sobre su viabilidad

El nuevo régimen de reducción de jornada y de suspensión de contratos por causas ETOP y por fuerza mayor. Una apuesta por la estabilidad y la formación en el empleo

Although the reform of temporary employment regulation files was not contemplated in the labor regulation reform plans, the experience accumulated during the COVID-19 health pandemic has prompted the reform of art. 47 ET in order to incorporate some measures that have been shown to be particularly effective. The novelties in said regulation respond to the purpose of designing an ERTE model that operates as a useful and agile instrument for managing temporary crises that affect companies, as an alternative mechanism to job destruction decisions and as an opportunity to improve the professional qualification of workers. The study analyzes, in particular, the tools that allow these purposes to be met - the flexibility of the processing and management of ERTEs, the commitment to the training of workers, the preference for the reduction of working hours compared to the suspension of contracts and financial aid to ERTEs. The effect that the entry into force of the reform of art. 47 ET generated on ERTEs alive or in process as of December 31, 2021.Aunque la reforma de los expedientes temporales de regulación de empleo no estaba contemplada en los planes de reforma de la normativa laboral, la experiencia acumulada durante la pandemia sanitaria del COVID-19 ha impulsado la reforma del art. 47 ET con la finalidad de incorporar algunas medidas que se han revelado especialmente eficaces. Las novedades en dicha regulación responden a la finalidad de diseñar un modelo de ERTE que opere como instrumento útil y ágil para la gestión de las crisis temporales que afectan a las empresas, como mecanismo alternativo a decisiones de destrucción de empleo y como oportunidad para mejorar la cualificación profesional de las personas trabajadoras. En el estudio se analizan, en particular, las herramientas que permiten atender a dichas finalidades -la flexibilización de la tramitación y gestión de los ERTE, la apuesta por la formación de los trabajadores, la preferencia por la reducción de jornada frente a la suspensión de contratos y las ayudas económicas a los ERTE-. Se analiza también el efecto que la entrada en vigor de la reforma del art. 47 ET genera sobre los ERTE vivos o en tramitación a fecha 31 de diciembre de 2021

Ley 2/2023, de protección de los informantes. Problemas aplicativos desde una perspectiva laboral

Law 2/2023, of February 20, has as its main purpose to promote the culture of information and protect people who report the commission of infractions or crimes. The Act has a major impact on the framework of labour relations. On the one hand, because it imposes on companies the obligation, hitherto non-existent, to implement an internal Whistleblower channel so that, among other people, their own workers can report crimes or infractions that they know about their work. On the other hand, because it incorporates a battery of measures aimed at protecting these reporting or reporting workers against possible reprisals. The analysis of the Law from this labor perspective reveals the existence of numerous questions and interpretative doubts. These pages address some of these issues (protected subjects, legal classification of acts of retaliation, duration of protection of the informant, delimitation of the companies obliged to have an internal whistleblowing channel, possibility or not of sharing a single channel between the companies of a group of companies, legal regime of the person responsible of the channel...), offering guidelines for its resolution.La Ley 2/2023, de 20 de febrero, tiene como finalidad principal fomentar la cultura de la información y proteger a las personas que informan o denuncian la comisión de infracciones o delitos. La Ley tiene un gran impacto sobre el marco de las relaciones laborales. Por una parte, porque impone a las empresas la obligación, hasta ahora inexistente, de implementar un canal interno de información o denuncia para que, entre otras personas, sus propios trabajadores puedan comunicar delitos o infracciones que conozcan con motivo de su trabajo. Por otra, porque incorpora una bateria de medidas dirigidas a proteger a estas personas trabajadoras informantes o denunciantes frente a posibles represalias. El análisis de la Ley desde esta perspectiva laboral desvela la existencia de numerosos interrogantes y dudas interpretativas. En estas páginas se abordan algunas de estas cuestiones (sujetos protegidos, calificación jurídica de los actos de represalia, duración de la protección del informante, delimitación de las empresas obligadas a disponer de canal interno de denuncias, posibilidad o no de compartir un único canal entre las emrpesas de un grupo de sociedades, regimen jurídico del responsable del canal…), ofreciendo pautas para su resolución