La repercusión y documentación de los gastos procesales

Resumen El ordenamiento procesal español, separándose de los principios que regulaban la tasación de costas en el Derecho Romano y posteriormente en el Proceso Común, se ha caracterizado desde su origen por la separación de dos cuestiones que originariamente estuvieron unidas, las relativas a la condena en costas y la tasación de costas, defiriendo la determinación de estas últimas a un funcionario extraño a la carrera judicial a través de un incidente marcado acusadamente por su carácter inquisitivo. Si esta opción centenaria del legislador español se ha mostrado muy eficiente, se sigue observando, sin embargo una profunda confusión entre estas dos cuestiones. Tal confusión ha dado lugar a una tendencia a hipertrofiar los gastos procesales, como consecuencia tanto, de la dispersión de los pronunciamientos de condena como de la concatenación de dichos pronunciamientos. Se pretende abordar las consecuencias de todo ello y el alcance que las últimas reformas puedan tener para corregir estas disfunciones

La búsqueda y conservación de los datos informáticos en el Derecho norteamericano E-discovery

The incorporation of electronically stored information to lawsuit is one of the most pressing issues in American law. The enormous volume of information contained in the computer media has implied a review of the parties’ procedural rights and duties, to create a special duty of care to preserve information. The change that were made law by amendment of December 2006 and continues by amendment of January last year 2009, has led now, that this duty will be contravened not only when the parties face to a particular process but also when it is expected that it can take place. As a result of which, this duty purely procedural, it has been extended to all areas of law like the protection of personal data, accounting issues, administrative matters, etc. given that the judicial prosecution of these matters can be always possible.La incorporación de la información electrónicamente almacenada al proceso, es una de las cuestiones más candentes en el derecho norteamericano. El enorme volumen de información que contienen los soportes informáticos y la mutabilidad de sus contenidos han determinado una reconsideración de los derechos y deberes de las partes en el proceso, creando un especial deber de diligencia en la preservación de este tipo de información. El cambio que se opera, tras la reforma procesal de diciembre de 2006 y que se continúa en enero del año 2009, se centra en que dicho deber se verá conculcado no sólo cuando las partes se enfrentan a un concreto proceso sino también cuando resulte previsible que este tenga lugar. De este modo, este deber que surge en el ámbito estrictamente procesal, se ha hecho extensivo a todos los ámbitos del derecho desde la protección de los datos de carácter personal, a los aspectos contables, administrativos, etc… atendida la eventualidad de la judicialización de las cuestiones que a aquellos se refiere

La correlación entre la tasación de costas y el pronunciamiento en costas

La condena en costas en el ordenamiento jurídico español viene caracterizada por la limitación del principio contradictorio, defiriendo a un funcionario extraño a la carrera judicial la formación del título ejecutivo que habilite para la exacción de los gastos causados en el seno del proceso. Si esta opción centenaria del legislador español se ha mostrado muy eficaz, tales previsiones resultan sin embargo oscurecidas por la falta de claridad en la correlación de la condena en costas con la regulación del importe de los gastos causados realizada por el secretario judicial, haciéndole proclive tanto a la dispersión de los pronunciamientos de condena como a la concatenación de dichos pronunciamientos

Responsabilidad médica y lex artis

Tesis inédita presentada en la Universidad Europea de MadridUE

La Entrada y registro del domicilio de las personas jurídicas voluntariamente consentida por sus administradores

La Ley de la Fiscalía Europea ha ampliado las prerrogativas de la fiscalía para llevar a efecto la entradas y registros al amparo de las normativas de cumplimiento de las empresas. Esta norma prevé como escenario natural de este tipo de diligencias la colaboración de los responsables de las empresas. Sin embargo, la extensión de la función legitimadora del consentimiento a este tipo de diligencias es limitada por razón de la afectación de los intereses de tercero. La propia norma es consciente de estas limitaciones y establece ámbitos de exclusión en el que el consentimiento de los detentadores de los espacios afectados no resulta bastante para legitimar el registro de sus instalaciones. Se aborda en el presente trabajo la extensión y alcance de los diversos intereses afectados más allá de lo que pueda entenderse como protección domiciliaria de las personas jurídicas