Dimensiones de la asistencia legal. Una propuesta de política pública para el Distrito Federal

La asistencia legal se ha aplicado a personas en situación económica desfavorable, con el fin de poner a su alcance el litigio y la ayuda profesional de abogados, sobre todo para asuntos relativos al Derecho penal. Sin embargo, este contexto se ha expandido a otros ámbitos para favorecer a otros usuarios y para incluir más disciplinas, de modo que se garantice el acceso a la justicia y por ende el debido proceso legal. Este artículo aborda el tema de la asistencia legal siguiendo su trayectoria y sus implicaciones políticas en el Estado de bienestar. Se analiza el régimen normativo de la asistencia legal en el Distrito Federal en el contexto de la Constitución y en comparación con los estándares internacionales, a fin de redefinir la defensoría de oficio y la asesoría jurídica en el Distrito Federal.Legal assistance has been applied to people in an adverse economic situation, in order to put at their disposal the professional help of lawyers, especially in matters related to criminal law and litigation. However, this context has expanded to other areas to help other users and to include more disciplines, so as to ensure access to justice and therefore due legal process. This paper addresses the issue of legal assistance, and it traces its trajectory and its political implications in the welfare State. The regulatory regime of legal assistance in Mexico City is analyzed in the context of the Constitution and in comparison with international standards, in order to redefine public defense and legal counseling in Mexico City

El debido proceso en la jurisdicción de responsabilidad penal de la adolescencia.

El presente estudio titulado "El debido proceso en la jurisdicción de responsabilidad penal de la adolescencia" consta de 3 capítulos, que le sirven de estructura. Pretende realizar un análisis de la jurisdicción y procedimientos relacionados a la responsabilidad penal de la adolescencia panameña, abarcando un período comprendido desde nuestras primeras legislaciones, que los consideraron como jurídicamente incapaces, encauzando asimismo los antecedentes históricos del modelo tutelar, hasta la aplicación de las normas legales panameñas desde su trayectoria inicial y culminando con el actual Texto Único no. S/N de I de septiembre de 2010, de la Ley 40 de 26 de agosto de 1999 del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, que comprende las modificaciones, adiciones y derogaciones aprobadas por la Ley no. 38 de 2000, Ley no. 46 de 2003, Ley no. 48 de 2004, Ley no. 15 de 2007, Ley no. 6 de 2010 y la Ley no. 32 de 2010, adoptando los requerimientos de la Convención sobre los Derechos del Niño. El interés prioritario de nuestro estudio se centra en el análisis y comprensión del debido proceso en la jurisdicción penal del adolescente regulado en el Texto Único sin, prestando una especial atención a que lo regulado en el mismo no violen los derechos y garantías que establecen la Convención sobre los Derechos del Niño y la presente ley, de manera que solo sean sancionados en la forma, con los procedimientos y de acuerdo con los fines establecidos en la misma

El proceso de adopción en Panamá y la protección del interés superior del menor bajo, el amparo de la Ley 61 de 12 de agosto de 2008.

El presente trabajo concerniente a la legislación sobre el Instituto Jurídico de la ADOPCIÓN, consagrada en la Ley 61 de 12 de agosto de 2008, es una Institución propia del derecho de menores y derecho de familia; y que desde tiempos antiguos, los Estados se han preocupado por los derechos de los niños, y hoy en día representa una institución encargada de la protección del menor y del adolescente, ya que son el futuro de cada nación. la presente investigación esta dirigida a estudiar y analizar la figura y el procedimiento de la Adopción a nivel nacional e internacional, sobre los convenios y otras leyes que aplican los Estados contratantes sobre los derechos del niño. En el capítulo primero, "Aspectos Generales", se desglosa el marco conceptual referente al planteamiento del problema, los antecedentes, importancia de la investigación, hipótesis; los objetivos, tanto generales como específicos, el alcance, limitaciones de la investigación y sus aportes. El segundo capítulo, "Marco Teórico", desarrolla el marco referencial que está compuesto por la reseña histórica del la adopción, teorías y doctrinas sobre la adopción, naturaleza jurídica de la adopción, diferencias con la filiación, diferencias con la legitimación, las formas y tipos de adopción, sujetos en el proceso de adopción, aspectos legales, la actuación del Estado como garante del interés superior del menor, Personas que otorgan el consentimiento para adopción de los niños y las niñas. El capítulo tercero, "Marco Metodológico", está relacionado con el tipo de investigación, la definición operacional de variables, las fuentes y sujetos de información, población y muestra, descripción de la instrumentación y el tratamiento de la información. En el capítulo cuarto, se presenta el análisis estadístico derivado de la información recabada de las encuestas y entrevistas. Finalmente, se señalan las conclusiones tendientes a destacar los aspectos relevantes de la investigación y están plasmadas algunas recomendaciones con el propósito de mejorar ciertas situaciones en el ámbito de esta investigadón

La apreciación técnico científica del peritaje psicológico en los delitos contra la integridad y formación sexual de los menores de edad

El trabajo rastrea la información existente sobre la apreciación técnico-científica del peritaje psicológico en materia de delitos contra la integridad y formación sexual de los menores de edad, con el fin de elaborar y dar a conocer el estado del arte correspondiente. Para ello, toma en cuenta los criterios de valoración probatoria regulados en el Código de Procedimiento Penal (CPP), en cual cada medio de prueba se describe de forma puntual y se hace especial referencia a la prueba pericial (art. 420 CPP). Estas pautas son de obligatorio seguimiento por parte del juez cuando evalúa las pruebas, sin que ello signifique una tarifa legal; por ello, se describen y analizan cada una de estas directrices, a saber: la idoneidad técnico-científica y moral del perito; la claridad y exactitud de sus respuestas; su comportamiento al responder; el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoye el perito; los instrumentos utilizados; y la consistencia del conjunto de respuestas

Los supuestos que toman en consideración jueces fiscales y personeros para la aplicación de medidas de protección en los delitos de violencia doméstica :estudio desarrollado en la Oficina Judicial y Ministerio Público de la provincia de Herrera

El estudio que se desarrolla, titulado LOS SUPUESTOS QUE TOMAN EN CONSIDERACIÓN JUECES, FISCALES Y PERSONEROS, PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN, EN LOS DELITOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, tiene como objetivo determinar los criterios que se utilizan para la aplicación de las medidas de protección a las víctimas en los casos de violencia doméstica. Para su desarrollo, se acude a una metodología investigativa basada en el método científico, considerando que es una investigación no experimental, que inicia como exploratoria, se manifiesta como descriptiva, pues describe un hecho desconocido y que hace uso de materiales y equipos básicos, utilizando las fuentes primarias y secundarias necesarias. Con el desarrollo de esta tesis, se aspira lograr en cada uno de los funcionarios del Sistema Penal Acusatorio, la motivación necesaria para participar del desarrollo de la propuesta, a fin de lograr establecer criterios que beneficien la optimización en la aplicación de las medidas de protección, específicamente, en los casos del delito de violencia doméstica

La apreciación técnico científica del peritaje psicológico en los delitos contra la integridad y formación sexual de los menores de edad

El trabajo rastrea la información existente sobre la apreciación técnico-científica del peritaje psicológico en materia de delitos contra la integridad y formación sexual de los menores de edad, con el fin de elaborar y dar a conocer el estado del arte correspondiente. Para ello, toma en cuenta los criterios de valoración probatoria regulados en el Código de Procedimiento Penal (CPP), en cual cada medio de prueba se describe de forma puntual y se hace especial referencia a la prueba pericial (art. 420 CPP). Estas pautas son de obligatorio seguimiento por parte del juez cuando evalúa las pruebas, sin que ello signifique una tarifa legal; por ello, se describen y analizan cada una de estas directrices, a saber: la idoneidad técnico-científica y moral del perito; la claridad y exactitud de sus respuestas; su comportamiento al responder; el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoye el perito; los instrumentos utilizados; y la consistencia del conjunto de respuestas

La actividad probatoria en el proceso penal panameño

El examen de los principios que rigen la actividad probatoria nos permite comprender la configuración que la misma presenta en nuestro proceso penal. Las distintas etapas que lo conforman implican la realización de actos propios a cada etapa. Quien resulte sometido al proceso, debe contar con el derecho fundamental a contrariar la prueba de cargo y proponer prueba de descargo. El Estado democrático de derecho exige la observancia plena de todas las garantías fundamentales con las que cuenta el imputado, no son concesiones ni cortesías, son imperativos que deben guiar la actividad de todos los operadores judiciales. La etapa preparatoria recaba elementos propios de investigación, los cuales sirven para lograr el enjuiciamiento si demuestran la existencia de la comisión de un ilícito y de la vinculación de alguna persona. La etapa de calificación es una etapa de filtro, en la cual se determina si los actos de investigación cumplen su función de mostrar un delito y la probable responsabilidad de quien resulte como sindicado. La etapa de juicio público, es la puesta en escena de la obra, donde quien acusa le corresponde el papel de destruir la presunción de inocencia y probar la culpabilidad y quien defiende sentar aunque sea la duda razonable, que mantiene incólume la presunción de inocencia. iv La Constitución correctamente aplicada no sucede a la Ley, por el contrario, prima sobre la Ley, al constituir sus garantías valores superiores sobre los cuales todos los cuerpos legales del ordenamiento positivo descansan. Más que la transformación de nuestro proceso, urge el cambio de actitud de dar preeminencia a los valores democráticos y derechos fundamentales por encima de cualquier cosa, para dar sentido al Estado de derecho en el que la responsabilidad penal no se presume sino que se prueba, por ser todo sujeto inocente hasta que en juicio público se demuestre lo contrario

El juicio de admisibilidad de las solicitudes probatorias por vía excepcional, dentro del ciclo de la audiencia del juicio oral, en el sistema penal acusatorio colombiano

Las solicitudes probatorias tienen su origen y reconocimiento en la Constitución Política de Colombia de 1991, determinadas por el enfoque político administrativo que se le ha dado al sistema punitivo dentro de un Estado Social de Derecho. Precisamente, cuando se establece la connotación de Estado Social de Derecho, se está teniendo en cuenta la finalidad que persigue “…en bien de esa sociedad, donde la Corte Constitucional, como lo expone el tratadista de derecho comparado, Diego Eduardo López Medina: “desde sus primeras sentencias insiste en que el fin u objeto fundamental de la Constitución Colombiana es lograr un “Estado Social de Derecho”, entendido como la obligación de interpretar los derechos fundamentales como principios”. Esta capacidad y oportunidad que tienen las partes e intervinientes en la etapa del juicio oral propia del sistema penal acusatorio colombiano con respecto a las solicitudes probatorias, tienen un fundamento teórico en las cuatro (4) tesis garantistas de Luigi Ferrajoli, en materia de derechos fundamentales12 y en el sistema penal acusatorio colombiano recibió aceptación de la Corte Constitucional, en la sentencia C-396 de 2007, en donde le permite al acusado contar con unos principios y reglas claras que le garanticen su presunción de inocencia y la libertad, avalados por el Estado a través de un juez de conocimiento

Conflicto normativo entre la legislación procesal penitenciaria y la aplicación del Sistema Penal Acusatorio

OBJETIVOS GENERALES: Identificar los conflictos, las problemáticas y dificultades de la legislación Penitenciaria (Ley 55 de 1 de octubre de 2003, que organiza el Sistema Penitenciario y el Decreto Ejecutivo N° 393 de 25 de Julio de 2005 que reglamenta el Sistema Penitenciario), ante la implementación del Sistema Penal Acusatorio (Ley 63 de 28 de agosto de 2008). Debatir si estos conflictos entre estas dos normativas afectan el fin del proceso penal en la fase de cumplimiento. Si se cumple con una verdadera rehabilitación a los privados de libertad conforme al programa progresivo-técnico que dirige la Junta Técnica Penitenciaria. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Aplicar los principios de la Legislación Penitenciaria (Ley 55 de 1 de octubre de 2003, que organiza el Sistema Penitenciario y el Decreto Ejecutivo N° 393 de 25 de Julio de 2005, que reglamenta el Sistema Penitenciario) y adaptarlos al Sistema Penal Acusatorio. Clasificar los pilares fundamentales de la legislación penitenciaria bajo el contexto de los Derechos Humanos conforme a la Organización de Naciones de Unidas. Analizar las consideraciones internacionales que se deben aplicar para una rehabilitación adecuada de los privados de libertad y velar por su vida, integridad física y salud integral. Describir las necesidades del sistema penitenciario para que los centros penitenciarios no se conviertan en universidades del crimen y cumplan sus funciones conforme a las nuevas exigencias internacionales

Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa : Nueva oportunidad para el tratamiento integral de los adolescentes y jóvenes infractores en el sistema penal

Este documento supone un enfoque global, desde el punto de vista social y educativo de los menores infractores. La Declaración destaca la necesidad de fomentar las medidas alternativas a la privación de libertad con pleno respeto a los derechos humanos de los infractores y promover su reinserción socio-laboral