El juicio político en la Constitución ecuatoriana (Tema Central)

El presente estudio ofrece un análisis sobre el juicio político como una de las instituciones de un Estado de Derecho en el que la responsabilidad y el control de los gobernantes y los órganos del poder público es efectivizada indirectamente a través del ejercicio de la facultad fiscalizadora del Congreso Nacional. Como antecedente, el autor inicia con el estudio de la facultad de inspección o la información documentaria del Congreso Nacional, así denominada por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para señalar al juicio político como la consecuencia del incumplimiento del funcionario a este requerimiento, a más de este caso, describe el autor los requisitos numéricos para instruir el juicio político, oportunidad, procedimiento, causales, los sujetos pasivos, que son analizados individualmente. Para el efecto el autor se remite a datos históricos, legislación nacional y comparada, y doctrina. La exposición incluye también comentarios de interpretación y un colofón con conclusiones y fundados comentarios

La Asamblea Constituyente (Tema Central)

Mucho se ha escrito, por lo menos en el Ecuador, sobre reformas constitucionales concretas, pero muy poco sobre la institución misma de la reforma constitucional, al punto que no se la ha distinguido del cambio de Constitución. Al respecto, se revisará entonces lo que han sido las asambleas constituyentes en el Ecuador y en el Derecho comparado, y su relación con la Asamblea Nacional que estuvo en funciones desde el 20 de diciembre de 1997 hasta el 8 de mayo de 1998, con la finalidad de determinar su naturaleza jurídica y las competencias que, en estricto Derecho, pudo ejercer

Balance de las principales reformas laborales de la última década: un análisis sistemático

La exploración académica que presentamos, tiene una especial connotación coyuntural puesto que se encuentra enmarcada dentro de acontecimientos que han alterado el desenvolvimiento de la economía nacional, como por ejemplo la bonanza petrolera, cuyos extraordinarios ingresos en los últimos años representaron un monto igual al recibido por los últimos cinco gobiernos. Para el ciudadano de a pie, este tipo de acontecimientos debieron proyectar manera positiva en la economía de nuestro país. Sin embargo, el excesivo gasto público tuvo un efecto inverso y no logró fomentar el crecimiento económico ni el empleo. Según el Observatorio de Política Fiscal (2017), el expresidente dejó un déficit de dos mil ochenta y un millón de dólares. Esta cifra se incrementa si se consideran la deuda pública y la exterior, que totalizan trece mil cuatrocientos noventa y dos millones de dólares. Esta cifra representa el 28.8 por ciento del PIB y cuantificada equivale a 40.465 millones de dólares. Ciertamente, una parte de estos fondos (públicos) sirvió para el incremento de empleados públicos (que pasaron de 457.469 en el 2007 a 672420 en el 2017). Además, se produjo un aumento vertiginoso de entidades gubernamentales: 22 ministerios con 6 ministerios coordinadores y 13 secretarías (lo que representa un total de 41 entidades burocráticas).209-24