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El surgimiento de las organizaciones estatales de control ambiental en el Ecuador (1930‐1960)
Este trabajo pretende documentar los cambios en la organización y las políticas estatales respecto al
ambiente a mediados del siglo XX. Para ello nos hemos concentrado en la revisión de los informes
ministeriales entre 1925 y 1960, que es la época en que nacen silenciosamente las organizaciones e
instituciones ambientales antes de la eclosión pública de discursos y preocupaciones ecológicas
entre los años 1960 y 1990. En efecto, en 1959 se creó el Parque Nacional Galápagos, con la decisiva
influencia de científicos naturalistas del mundo. Puede considerarse ese año como el inicio de una
nueva etapa que incluirá la aprobación de la Ley de Prevención de la Contaminación (1976), el
nacimiento de Fundación Natura (1978), la creación de la mayor parte de las áreas protegidas del
país (1979), y la Ley Forestal y de Vida Silvestre (1981). El moderno enfoque ambiental del Estado
surgió en ese período inmediatamente posterior. Al situarnos en el período anterior a la plena
formalización de las políticas públicas ambientales, buscamos mostrar distintas vertientes y
corrientes que confluirán en el proceso de “institucionalización” de las preocupaciones por la
protección ambiental en el Estado ecuatoriano hacia los años 1950.
El interés que guía esta indagación preliminar es el de mostrar el proceso de formación de los
mecanismos de “gobierno” del patrimonio natural del país, es decir, los medios e instrumentos que
sirven para regular tanto el acceso como el uso de dicho patrimonio para fines humanos. Tanto en
políticas públicas como en ciencias sociales, se detecta un creciente interés en la consideración de
los sistemas de “gobernanza” del patrimonio ambiental aunque el término es todavía objeto de
muchas controversias y se usa para indicar combinaciones variables de mecanismos de participación
social, presencia empresarial y regulación estatal.4 Por nuestra parte, este artículo se concentra en la
formación de las organizaciones estatales encargadas de llevar a cabo la vigilancia, el control y la
regulación de acceso y uso al patrimonio ambiental del país. La hipótesis general de la que partimos
es que a partir de las primeras décadas del siglo XX se han ido desarrollando paulatinamente
mecanismos que progresivamente desplazan una parte del control de los medios de manejo del
patrimonio ambiental del país desde una serie de actores privados y comunitarios hacia el Estado.
Aunque la parte del control ambiental que se desplaza es pequeña, no es en modo alguno
desdeñable
La orden de prisión a Rafael Correa y las denuncias de corrupción. Una interpretación: análisis de coyuntura, Ecuador
“Confíen en mí”: entre el 30 de septiembre y la consulta popular
Durante los últimos cuatro meses, la crisis policial desplazó gran parte de los
ejes del debate político y social en el país. Esquemáticamente, este último
período se puede dividir en dos momentos y un interludio: hasta el fin del año
2010, mientras el gobierno intentaba normalizar las relaciones con los
uniformados sin renunciar a su política de restructuración institucional, arreció
una campaña política y mediática contra el gobierno centrada en el temor a la
delincuencia y la exigencia de reforzar la seguridad ciudadana. Durante esos
dos meses, por primera vez desde su llegada al poder, la agenda política
estuvo marcada por la oposición y no por el gobierno. Entre enero y febrero de
2011, en un giro notable, gracias a la decisión presidencial de convocar a una
consulta popular, el gobierno reconquistó la iniciativa política sobre el tema y
cambió el eje de la discusión nacional hacia las preguntas y el nuevo proceso
electoral. En el vértice de este giro político, a inicios de enero, el régimen
ciudadano cumplió cuatro años en funciones, un récord de longevidad en un
país que no ha visto gobiernos que terminen su mandato desde 1996. Durante
ese breve interregno, en la discusión pública dominaron los balances globales
de logros y dificultades. Este breve informe hará un análisis de esos tres
momentos y tentará una lectura de su significado
La participación ciudadana en Ecuador (2009-2012)
La Constitución de 2008, menciona 86 veces la palabra “participación”. El
presidente Rafael Correa ha dicho repetidas veces que busca construir una “democracia
verdaderamente representativa y mucho más participativa”.1 El objetivo de
este artículo es describir algunos de los mecanismos institucionales previstos por
el Gobierno de la “revolución ciudadana” para promover en la práctica esa participación
a nivel nacional2 y mostrar alguna evidencia disponible sobre su funcionamiento
concreto en los últimos años.
Por “participación ciudadana” entenderemos en este artículo exclusivamente
los mecanismos por los cuales los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos son
convocados para influir en la toma de decisiones del poder público. No consideraremos
los mecanismos electorales convencionales; es decir, ni el voto para elegir
representantes, ni la convocatoria a plebiscito o referéndum. Tampoco consideraremos
“participación” al derecho de los ciudadanos a presentar individual o colectivamente
sus quejas, opiniones o sugerencias a las instituciones públicas. Esa
posibilidad se encuentra más bien incluida, en lo que a nosotros concierne, en el
derecho de petición o de expresión
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