Origin and debate of the Escazu Agreement in Peru

El 2020 marca el inicio de la pandemia por COVID-19 y de un ambiente político polarizado en el cual estuvo inserta la ratificación del «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe», más conocido como el Acuerdo de Escazú. Este debate se produjo tanto en redes sociales como en las sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú, la que finalmente archivó el pedido del Ejecutivo de ratificación de dicho tratado internacional de derechos humanos. En el presente artículo nos centraremos en aclarar algunos de los principales argumentos producidos en el debate público sobre la conveniencia o no del Acuerdo de Escazú, desde los principios, regulaciones y prácticas del derecho internacional ambiental. Las críticas, dudas y preocupaciones hacia el acuerdo se centraron en argumentos formales y de fondo, los primeros se centraron en cómo había sido la negociación del acuerdo regional y los roles de los actores involucrados en ese proceso; y los argumentos de fondo estaban alrededor de sus fundamentos normativos, axiológicos y su posible impacto en el principio de la soberanía estatal sobre los recursos naturales. Al distinguir rigurosamente los argumentos políticos y jurídicos a favor y en contra de este tratado internacional, podremos aclarar las dudas sobre su origen y su impacto en el principio de la soberanía de los recursos naturales.2020 marks the beginning of Covid 19 and due to a polarized political environment; in which was inserted the ratification of the “Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean”, or better known as the Escazu Agreement. This debate took place on social networks such as in the Foreign Relations Commission of Congress sessions that finally shelved the executive's request for ratification of said international human rights treaty. This article will focus on clarifying some of the main arguments produced in the public debate about the convenience or not of the Escazu Agreement, from the principles, regulations, and practices of international environmental law. Criticisms, doubts, and concerns towards the agreement focused on formal and substantive arguments. The first ones focused on how the regional agreement had been negotiated and the roles of the actors involved in that process; the underlying ideas were around its normative and axiological foundations and its possible impact on the principle of state sovereignty over natural resources. By rigorously distinguishing the political and legal arguments for and against this international treaty, we will be able to clarify doubts about its origin and its impact on the principle of sovereignty of natural resources

Tensiones entre la visión de desarrollo y conservación de las políticas públicas y los derechos de los pueblos indígenas: pueblos indígenas y políticas sobre conservación y extracción en los andes amazónicos

Los derechos de los pueblos indígenas son considerados como derechos humanos de tercera generación. Derechos que cuestionaron el pensamiento liberal de los derechos humanos, pues su ejercicio es de titularidad y ejercicio colectivo, superando el concepto individualista del ser humano. Poco a poco la legislación internacional y nacional ha ido incorporando los derechos de estos pueblos en las políticas públicas de los Estados. Todo ello se ha venido impulsado por la adopción del Convenio 169 de la OIT sobre derecho de los pueblos indígenas en países independientes (1989), así como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). El primer paso para dicha incorporación en la legislación nacional, es el reconocimiento y desarrollo constitucional sobre el derecho de estos pueblos. Después de experiencias comparadas fallidas (Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela) y un sin número de tensiones normativas y conflictos socioambientales en tierras de comunidades campesinas y nativas, en reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial –ahora reservas indígenas-, etc. es un proceso complejo y dialectico, donde el reconocimiento constitucional y legal expresa dichas tensiones normativas. Del otro lado de esta antípoda, se encuentra una visión de desarrollo de las sociedades contemporáneas que no contempla un espacio coherente, a nivel político, a nivel normativo, al menos de coordinación, con el ejercicio de los derechos antes mencionados. Es más, la opción de desarrollo proviene de la promoción de inversiones extractivas en los Andes Amazonía del Perú. Este modelo que otorga derecho a terceros produce una suerte de tensiones desde su concepción, por ejemplo a nivel constitucional, hasta su implementación en el marco legal nacional y sectorial (inversiones en extractivas, minería, energía, infraestructura). Así, para solucionar las tensiones normativas pasa por analizar, evaluar y recomendar las correcciones necesarias entre el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas y la visión de desarrollo desde la extracción de los recursos naturales (políticas y normativas) en los Andes Amazonía Peruana en la Constitución de 1993, las sentencias del Tribunal Constitucional Peruano y la legislación nacional de comunidades campesinas y nativas, de pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, y del derecho a la consulta previa, libre e informada. Para analizar estas tensiones normativas producidas por la incompleta incorporación de derechos de los pueblos indígenas, se hace necesario identificar en un primer momento la contradicción, por ejemplo, entre el derecho constitucional de la propiedad indígena, y su contradicción con el principio constitucional de la soberanía de los recursos naturales. Un segundo campo de comprobación de esta contradicción es la legislación de comunidades nativas y campesinas y sus restricciones en el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas frente al otorgamiento de derechos de aprovechamiento a terceros (inversiones minerías y de energía); el régimen de protección de pueblos indígenas en aislamiento y la relativa intangibilidad de las tierras de estos pueblos para permitir inversiones extractivas, y la inaplicación del derecho a la consulta previa, libre e informada en proyectos de servicios públicos, procedimiento formal de 120 días sin considerar la diferencia cultural o la restricción de la representatividad indígena, son algunos de los ejemplos de una serie de tensiones y vacíos que la presente investigación pretende presentar con la finalidad de comprobar la hipótesis que no es adecuado el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas frente a las inversiones extractivas, por lo que es necesario reformar el marco jurídico en este campo.Tesi

Rastreando la participación indígena: «Pueblo de peruanos» en la legislación electoral del siglo XIX

Currently there is a serious debate regarding about the historic relationship between indigenous people and the Peruvian state as a result of a conflict in the North Amazon of Peru (Bagua). This debate brought up to discussion the need to reform the national legal framework regarding public participation (previous consultation, access to natural resources, etc.). For this purpose it is necessary to build new consensus based on precise, coherent and effective public policies. It is also necessary to create a new dialogue relationship between the state and the indigenous movement. In this regard, it is important to understand not only the current situation, but also to explore the background issues that defined this relationship. How elections history has taken place beyond laws and regulations, against the juridical doctrine of the 19th century to understand its influence in today's policies.Actualmente, se ha producido un serio debate sobre la histórica relación entre los pueblos indígenas y el Estado peruano. Esto ha ocurrido a raíz del conflicto suscitado en el oriente del Perú (Bagua), planteando la necesidad de reformar el marco legal nacional (consulta previa, acceso a recursos naturales, etc.), especialmente en el tema de participación política. Para ello, se deben producir nuevos consensos sobre la base de políticas públicas precisas, coherentes y efectivas, así como una nueva relación de diálogo entre Estado y el movimiento indígena. En ese sentido, es necesario no sólo comprender el presente sino explorar los antecedentes de esta relación y cómo esta historia, especialmente la electoral, se ha desenvuelto más allá de las normas legales, sino en la doctrina jurídica del siglo XIX para ver su influencia en las prácticas políticas actuales

Reseña del libro: Environmental Law Across Cultures. Comparisons for Legal Practice. Earthscan from Routledge, Junker, Kirk W. (Ed.), 2020

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Los retos ambientales y sociales de la reactivación económica post cuarentena

The COVID-19 pandemic has generated a humanitarian and economic crisis globally, and especially Peru has been hit by this virus. After the quarantine finished (July first), the new normal has imposed new rules of coexistence, such as social distancing. Simultaneously, under pressure from various economic key-actors, the Peruvian Government has been promoting an economic reactivation plan in 4 controlled phases to accelerate economic growth that has fallen by 15% of GDP for the next five years. However, this economic reactivation plan has a potential cost on the investments' environmental and social impacts. In this sense, we will analyze how the antecedents of economic recovery plans (2013), the political context in which we live, and the new legal framework and proposed regulations can contribute to a more significant environmental and social impact. We will not only show that they have a normative inconsistency with the rule that preceded them, but that there is no certainty of the effectiveness of their mission to be able to reactivate the Peruvian economy from sustainability criteria and a human rights approach.La pandemia del COVID-19 ha generado una crisis humanitaria y económica a nivel global, y Perú, especialmente, ha sido golpeado por este virus. Después de la finalización de la cuarentena (01 de julio), la nueva normalidad ha impuesto nuevas reglas de convivencia —como el distanciamiento social—, y bajo la presión de diversos actores económicos, el Gobierno peruano viene impulsando un plan de reactivación económica en cuatro fases controladas para acelerar el crecimiento económico que ha decaído en 15% del PBI. Sin embargo, el costo de esta reactivación se viene centrando en impactos ambientales y sociales de las inversiones. En ese sentido, analizaremos cómo los antecedentes de planes de recuperación económica (2013), el contexto político en el que vivimos y el nuevo marco legal —así como propuestas de normas— pueden contribuir a un mayor impacto ambiental y social. No solo mostraremos que tienen una inconsistencia normativa con la regulación que las precedió, sino que no hay certeza de la efectividad de su cometido, poder reactivar la economía peruana desde criterios de sostenibilidad y un enfoque de derechos humanos