La ponderación y la neutralidad abierta contra la discriminación religiosa y racial en la decisión del Tribunal Constitucional alemán de 2015 sobre el uso del velo por profesoras

The article analyzes the decision of the German Federal Constitutional Court in January of 2015, related to two constitutional appeals of two Muslim teachers who wanted to use the veil during the exercise of their work in the school. The BVerfG will annul a paragraph of art. 57.4 of the Education Act of the Land of North Rhine-Westphalia, which prohibited teachers from wearing the headscarf, while permitting the use of Christian and Jewish religious symbols, as contrary to the constitutional right to religious freedom (art. 4 of the German Constitution), art. 3 GC, the right to equal treatment and non-discrimination by religion and by race (Article 3 GC), and contrary to equality in access to civil servants (Article 33 GC). This decision is having a great impact in the inclusion in the German society of the Muslim women citizens with origin in the immigration. The article reflects the legal consequences and the immediate application of this doctrine in lower courts. The study focuses on the use that the BVerfG makes of the techniques of legal argumentation, weighting, proportionality principle, and principle of practical agreement, to resolve fundamental rights in conflict. The BVerfG makes an innovative use in the weighting of the DF, on the one hand the rights related to teachers, such as equality of treatment and parity of religions in a social context of growing religious pluralism, the principle of non-discrimination by Religion, equal access to civil service, non-discrimination of women. On the other side of the balance, they will be placed; the right of religious freedom of the pupils and the right of education of the parents, as well as the constitutional educational mandate of the State and the principle of school peace. The BVerfG will bet on a constitutional model to defend the open neutrality of the State towards religions, reinforcing the current constitutional model of separation with friendly cooperation, but insisting on the need for a new opening and flexibility towards the presence of minority religions, granting (Neutrality open to all religions, Toleranzslösung), in turn with respect to German history and tradition, and rejecting a model of strict or distance neutrality with the religions, (strenge Neutralität Lösung or Distanz Neutralität), separating from the sentence of the second senate of the BVerfG, in the Ludin case of 2003, which left this option as possible. The new decision of the first senate also rejects a model of cooperation (positive neutrality), but that privileges Christian (Protestant and Catholic) confessions or the dominant culture (Deutsche Leitkultur) which would end in a return to a certain confesionalidad of State. The ruling concludes that a general law prohibiting the use of the headscarf to the teachers in the German public schools would be contrary to the GC and that could only be prohibited in the concrete cases in which it represents a real danger in certain circumstances and not by a purely abstract danger, granting the constitutional protection to the two appellants. Summary:I. Introduction. The social context in which the German Federal Constitutional Court takes this decision. II. The argumentation in the decision of the German Constitutional Court in 2015 about the use of headscarfs by school teachers. III. The facts and the Education Law of North Rhine Westphalia. IV. The legal arguments of the Constitutional Court. V. The Rights of the Plaintiffs. V.1. The right to religious freedom and the use of religious garments in that space. V.2. The equal access to be civil servant and the discrimination of Muslim women. VI. The other side of the weigh scale: the Rights of the third parties. Examination of the limits to fundamental rights in the present case. Concrete danger versus abstract danger. VI.1. The negative religious liberty of pupils and the limit of prohibition of indoctrination by teachers. VI.2. The right of parents (art. 6.1. German Constitution). VI.3. The open neutrality principle in the public education and the equal treatment of religions. VII. The examination of the constitutionality of the art. 57 of the North Rhine Westphalia Education Law. VII.1. Restrictive interpretation of subsection 1 of the art. 57.4. It can be used only when facing concrete danger. VII.2. Analysis of the subsection 2 of the article 57.4 of the education law of North Rhine Westphalia. VII.3. The clause of the privilege of the Western Christian values of art. 57.4.3 of the education law. VII.4. Discussion on the art. 7 paragraph 1 and art. 12.3 of the Constitution of North Rhine Westphalia. VII.5. The previous legislative drafts. VIII. Conclusions. El artículo analiza la decisión del Tribuna Constitucional Federal alemán de enero de 2015, relacionado con dos recurso de amparo de dos maestras musulmanas que querían usar el velo durante el ejercicio de su trabajo en la escuela. El BVerfG anulará un inciso del art. 57.4 de la Ley de educación del Land de Renania del Norte-Westfalia, que prohibía a las profesoras el uso del velo, mientras que permitía el uso de símbolos religiosos cristianos y judíos, por considerarlo contrario al derecho constitucional de libertad religiosa (art. 4 de la LF), art. 3 LF, al derecho de igualdad de trato y no discriminación por religión y por raza (art. 3. LF), y contrario a la igualdad en el acceso al funcionariado (art. 33 LF). Esta decisión está teniendo una gran repercusión cara a la inclusión de los ciudadanas musulmanes con origen en la inmigración en la sociedad alemana. Reflejaremos las consecuencias legales y la aplicación inmediata de esta doctrina en tribunales inferiores. El estudio se centra en el empleo que el BVerfG realiza de las técnicas de la argumentación jurídica, la ponderación, el principio de proporcionalidad, y principio de concordancia práctica, para resolver los derechos fundamentales en conflicto. El BVerfG realiza una utilización innovadora en la ponderación de los DF, por un lado los derechos referentes a las maestras, como son la igualdad de trato y paridad de las religiones en un contexto social de un creciente pluralismo religioso, el principio de no discriminación por religión, la igualdad de acceso al funcionariado, la no discriminación de las mujeres. En el otro lado de la balanza, se situarán; el derecho de libertad religiosa de los alumnos y el derecho de educación de los padres, así como el mandato constitucional educativo de la escuela y el principio de la paz escolar. El BverfG apostará por un modelo constitucional de defensa de la neutralidad abierta del Estado hacia las religiones, reforzando el modelo vigente de separación con cooperación amistosa, pero insistiendo en la necesidad de una nueva apertura y flexibilización hacia la presencia de las religiones minoritarias, concediendo a éstas el mismo trato jurídico que a las religiones de mayor tradición histórica en el país (neutralidad abierta hacia todas las religiones, Toleranzslösung), a su vez con respeto a la historia y a la tradición alemana, y rechazando un modelo de neutralidad estricta o de distancia con las religiones, (strenge Neutralität Lösung o Distanz Neutralität), separándose de la sentencia del segundo senado del BVerfG, en el caso Ludin de 2003, que dejaba esta opción como posible. La nueva decisión del primer senado rechaza también un modelo de cooperación (neutralidad positiva), pero que privilegiara las confesio nes cristianas (protestantes y católicas) o la cultura dominante (Deutsche Leitkultur) lo que acabaría en un retorno a una cierta confesionalidad de Estado. El fallo concluye que una ley general prohibiendo el uso del velo a las profesoras en las escuelas públicas alemanas sería contrario a la LF y que sólo se podría prohibir en los casos concretos en que ello represente un peligro real en unas determinadas circunstancias y no por un peligro meramente abstracto, otorgando el amparo constitucional a las dos recurrentes.

La negación o justificación del genocidio como delito en el Derecho europeo. Una propuesta a la luz de la Recomendación n.º 15 de la ECRI

En este artículo se analiza la normativa de la UE y del Consejo de Europa, así como la jurisprudencia del TEDH, sobre la penalización de la negación o justificación de los genocidios, concretamente del Holocausto de los judíos a manos de los nazis en la II Guerra Mundial. A la vista de la creciente oleada de partidos neonazis y de la violencia nazi en otros ámbitos, como el del futbol, se concluye que es pertinente la inclusión de la penalización de la justificación del genocidio nazi en los códigos penales europeos, cuando ésta se realiza con intención racista y con ánimo de reinstaurar en el presente prácticas similares o de incitar públicamente a la discriminación y a usar la violencia contra personas por razón de su raza, religión o por su origen nacional o étnico. Examinada la legislación existente en el ámbito del derecho internacional europeo se señalan algunas de sus deficiencias y se propone unas pautas de lege ferenda, en la línea de lo indicado en las Recomendaciones n.º 7 y n.º 15 de la ECRI, que no son textos normativos, sugiriendo en opinión de la autora que el delito debería reducirse a la justificación del Holocausto nazi, según la jurisprudencia sentada en el Tribunal militar de Nuremberg, establecido por el Acuerdo de Londres del 8 de abril de 1945, o como mucho estrictamente a los genocidios reconocidos por Tribunales Internacionales, y que el tipo penal no debería hacerse extensivo ni a los crímenes contra la humanidad, ni a los crímenes de guerra. Se apunta que el término «genocidio», en relación con la penalización de su justificación en la actualidad, debería usarse según su concepción jurídica, referida sólo a los genocidios declarados como tales por Tribunales Internacionales, a partir del Tribunal de Nuremberg, de manera que el delito penal de negacionismo y/o justificación de genocidio no debiera ser aplicado a hechos históricos anteriores a esa fecha. Por un lado el bien jurídico protegido sería la igual dignidad de cada persona humana, en conjunción con otros derechos como la libertad de expresión y de opinión. En este contexto de actuación penal, las recomendaciones de la ECRI distinguen entre el discurso del odio con sus diferentes formas delictivas y la negación del genocidio como un delito encuadrado dentro de los anteriores, pero con un tipo penal específico. El hecho lesivo que se quiere prevenir es la discriminación racial o la lesión de la dignidad de la persona. Se sugiere que los discursos de negación y/o justificación del genocidio se afronten dentro de los delitos de discriminación racial y se consideren como una forma especial de discurso del odio los supuestos en los que dicho discurso adquiera la forma de una negación pública, trivialización, justificación o condonación del crímenes de genocidio, cuya existencia haya sido reconocida por los tribunales, debiendo responder a la intencionalidad de denigrar o estigmatizar a personas o grupos actuales por razón de su raza, religión nacionalidad o por su origen étnico u nacional. La criminalización de este discurso está relacionado con su objetivo, que es herir a individuos o grupos. De lo que se deriva que debe haber incitación o provocación de denigrar a personas o grupos, que se exige dolo con intención racista y que el discurso se realice de modo público. El contenido del injusto es que se genere un peligro cierto de actos ilícitos contra las personas o grupos. Otras dos características que deben confluir para dar lugar a delito de discurso de odio es que ese discurso refleje o promueva una asunción injustificada de que quien lo emite se considera superior a una persona o a un grupo que son objeto de esa crítica. Además ese discurso debe tener como intención el incitar o esperar razonablemente el efecto de incitar a otros a cometer actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación contra quienes va dirigido el discurso crítico, ya que de este modo esto constituye una forma especialmente seria de discurso de odio. In this paper are analyzed the rules of the EU and the Council of Europe and the jurisprudence of the ECHR, on criminalization of denial or justification of genocide, specifically the Holocaust of the Jews to the Nazis in the Second War World. In view of the rising of neo-Nazi parties and Nazi violence in other areas, such as football, it is concluded that it is appropriate to include the criminalization of justification of Nazi genocide in the European criminal codes, when this is done with racist intent and seeking to reopen these similar practices or publicly inciting to discrimination or to use violence against people because of their race, religion or national or ethnic origin. It is examined existing legislation in the field of international and European law and it has been identified some of its deficiences and it is proposed some guidelines as lege ferenda in line as they are indicated in the Recommendation No. 7 of the ECRI, which is not a legislative text, suggesting according to the author''s opinion that the criminal offense of negationism of genocide should be reduced to the justification of the Nazi Holocaust, according to the jurisprudence of the Nuremberg military Tribunal, established by the London Agreement of 8 April 1945, or at most strictly to the genocides recognized by International Courts, and that the crime should not be extended to the crimes against humanity or war crimes. Finally, it is noted that the term «genocide» in relation to the criminalization of their justification nowdays, should be used as a legal concept, referred only to genocide declared as such by international tribunals, since the Nuremberg Tribunal, so that the criminal offense of denial of genocide should not be applied to previous historical events before that date. On the one hand, the legally protected good would be the equal dignity of every human person, in conjunction with other rights such as freedom of expression and opinion. In this context of criminal proceedings, the recommendations of the ECRI distinguish between hate speech with different forms of crime and genocide denial as a crime framed within the previous, but with a specific offense. The wrongdoer that wants to be prevented is racial discrimination or injury to the dignity of the person. It is suggested that discourses of denial and/or justification of genocide will be addressed within the crimes of racial discrimination and considered as a special form of hate speech cases in which such discourse takes the form of a public denial, trivialization, justification or condoning crimes of genocide, whose existence has been recognized by the courts. It must respond also to the intention of denigrating or stigmatizing individuals or current groups because of their race, religion, nationality or ethnic or national origin. The criminalization of this speech is related to its objective, which is hurting individuals or groups. What follows is that there must be incitement or provocation to denigrate individuals or groups, which requires willful misconduct with racist intent and that the speech is made in public. The content of the unjust is that a certain danger of unlawful acts against persons or groups is generated. Two other features that must come together to give rise to crime of hate speech is that speech reflects or promotes an unjustified assumption that emits who is considered superior to a person or a group who are subject to that criticism. Besides that speech shall be intended to incite or reasonably expect the effect of inciting others to commit acts of violence, intimidation, hostility or discrimination against those targeted by the critical discourse, since so this is a particularly serious form of speech of hate

La negación o justificación del genocidio como delito en el derecho europeo. Una propuesta a la luz de la recomendación nº 15 de la ECRI

En este artículo se analiza la normativa de la UE y del Consejo de Europa, así como la jurisprudencia del TEDH, sobre la penalización de la negación o justificación de los genocidios, concretamente del Holocausto de los judíos a manos de los nazis en la II Guerra Mundial. A la vista de la creciente oleada de partidos neonazis y de la violencia nazi en otros ámbitos, como el del futbol, se concluye que es pertinente la inclusión de la penalización de la justificación del genocidio nazi en los códigos penales europeos, cuando ésta se realiza con intención racista y con ánimo de reinstaurar en el presente prácticas similares o de incitar públicamente a la discriminación y a usar la violencia contra personas por razón de su raza, religión o por su origen nacional o étnico. Examinada la legislación existente en el ámbito del derecho internacional europeo se señalan algunas de sus deficiencias y se propone unas pautas de lege ferenda, en la línea de lo indicado en las Recomendaciones n.º 7 y n.º 15 de la ECRI, que no son textos normativos, sugiriendo en opinión de la autora que el delito debería reducirse a la justificación del Holocausto nazi, según la jurisprudencia sentada en el Tribunal militar de Nuremberg, establecido por el Acuerdo de Londres del 8 de abril de 1945, o como mucho estrictamente a los genocidios reconocidos por Tribunales Internacionales, y que el tipo penal no debería hacerse extensivo ni a los crímenes contra la humanidad, ni a los crímenes de guerra. Se apunta que el término «genocidio», en relación con la penalización de su justificación en la actualidad, debería usarse según su concepción jurídica, referida sólo a los genocidios declarados como tales por Tribunales Internacionales, a partir del Tribunal de Nuremberg, de manera que el delito penal de negacionismo y/o justificación de genocidio no debiera ser aplicado a hechos históricos anteriores a esa fecha. Por un lado el bien jurídico protegido sería la igual dignidad de cada persona humana, en conjunción con otros derechos como la libertad de expresión y de opinión. En este contexto de actuación penal, las recomendaciones de la ECRI distinguen entre el discurso del odio con sus diferentes formas delictivas y la negación del genocidio como un delito encuadrado dentro de los anteriores, pero con un tipo penal específico. El hecho lesivo que se quiere prevenir es la discriminación racial o la lesión de la dignidad de la persona. Se sugiere que los discursos de negación y/o justificación del genocidio se afronten dentro de los delitos de discriminación racial y se consideren como una forma especial de discurso del odio los supuestos en los que dicho discurso adquiera la forma de una negación pública, trivialización, justificación o condonación del crímenes de genocidio, cuya existencia haya sido reconocida por los tribunales, debiendo responder a la intencionalidad de denigrar o estigmatizar a personas o grupos actuales por razón de su raza, religión nacionalidad o por su origen étnico u nacional. La criminalización de este discurso está relacionado con su objetivo, que es herir a individuos o grupos. De lo que se deriva que debe haber incitación o provocación de denigrar a personas o grupos, que se exige dolo con intención racista y que el discurso se realice de modo público. El contenido del injusto es que se genere un peligro cierto de actos ilícitos contra las personas o grupos. Otras dos características que deben confluir para dar lugar a delito de discurso de odio es que ese discurso refleje o promueva una asunción injustificada de que quien lo emite se considera superior a una persona o a un grupo que son objeto de esa crítica. Además ese discurso debe tener como intención el incitar o esperar razonablemente el efecto de incitar a otros a cometer actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación contra quienes va dirigido el discurso crítico, ya que de este modo esto constituye una forma especialmente seria de discurso de odio. In this paper are analyzed the rules of the EU and the Council of Europe and the jurisprudence of the ECHR, on criminalization of denial or justification of genocide, specifically the Holocaust of the Jews to the Nazis in the Second War World. In view of the rising of neo-Nazi parties and Nazi violence in other areas, such as football, it is concluded that it is appropriate to include the criminalization of justification of Nazi genocide in the European criminal codes, when this is done with racist intent and seeking to reopen these similar practices or publicly inciting to discrimination or to use violence against people because of their race, religion or national or ethnic origin. It is examined existing legislation in the field of international and European law and it has been identified some of its deficiences and it is proposed some guidelines as lege ferenda in line as they are indicated in the Recommendation No. 7 of the ECRI, which is not a legislative text, suggesting according to the author''s opinion that the criminal offense of negationism of genocide should be reduced to the justification of the Nazi Holocaust, according to the jurisprudence of the Nuremberg military Tribunal, established by the London Agreement of 8 April 1945, or at most strictly to the genocides recognized by International Courts, and that the crime should not be extended to the crimes against humanity or war crimes. Finally, it is noted that the term «genocide» in relation to the criminalization of their justification nowdays, should be used as a legal concept, referred only to genocide declared as such by international tribunals, since the Nuremberg Tribunal, so that the criminal offense of denial of genocide should not be applied to previous historical events before that date. On the one hand, the legally protected good would be the equal dignity of every human person, in conjunction with other rights such as freedom of expression and opinion. In this context of criminal proceedings, the recommendations of the ECRI distinguish between hate speech with different forms of crime and genocide denial as a crime framed within the previous, but with a specific offense. The wrongdoer that wants to be prevented is racial discrimination or injury to the dignity of the person. It is suggested that discourses of denial and/or justification of genocide will be addressed within the crimes of racial discrimination and considered as a special form of hate speech cases in which such discourse takes the form of a public denial, trivialization, justification or condoning crimes of genocide, whose existence has been recognized by the courts. It must respond also to the intention of denigrating or stigmatizing individuals or current groups because of their race, religion, nationality or ethnic or national origin. The criminalization of this speech is related to its objective, which is hurting individuals or groups. What follows is that there must be incitement or provocation to denigrate individuals or groups, which requires willful misconduct with racist intent and that the speech is made in public. The content of the unjust is that a certain danger of unlawful acts against persons or groups is generated. Two other features that must come together to give rise to crime of hate speech is that speech reflects or promotes an unjustified assumption that emits who is considered superior to a person or a group who are subject to that criticism. Besides that speech shall be intended to incite or reasonably expect the effect of inciting others to commit acts of violence, intimidation, hostility or discrimination against those targeted by the critical discourse, since so this is a particularly serious form of speech of hate

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