La contratación y colocación de la gente del mar en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo

Es preciso contar con unos adecuados servicios de contratación y colocación que sirvan para abastecer de profesionales marinos a los buques, profesionales que deben contar con unas capacidades y unas destrezas náuticas especiales, y que suelen proceder de diferentes nacionalidades. Y ello porque la puesta en contacto entre quien quiere ser contratado en el medio marino y los armadores es una tarea compleja y difícil de llevar a cabo por el armador. El Convenio sobre trabajo marítimo dedica la Regla 1.4., la Norma A.1.4 y las Pautas B1.4 y Pauta B1.4.1. a regular las disposiciones exigibles que deben cumplir los diferentes servicios de colocación y contratación que operan y trabajan para suministrar mano de obra a los armadores. Como ocurre en el resto de las normas del Convenio, algunas de estas reglas tiene un contenido obligacional mínimo y otras tienen carácter voluntario, pero la mayor parte de las mismas se encuentran básicamente inspiradas en el Convenio nº 9 (1920) y en el Convenio nº 179 (1996) y la Recomendación nº 186 (1996), sobre contratación y colocación de la gente de mar. El Convenio de la OIT sobre Trabajo Marítimo reconoce la posible existencia de servicios privados y servicios públicos de contratación en los diferentes países y pretende regular las condiciones y requisitos mínimos que han de reunir estos servicios, sobre todo los de carácter privado .que han de ser controlados y supervisados por los Estados. para que operen de manera ordenada y para que protejan y promuevan los derechos de empleo de la gente de mar. Así, se exige que los servicios privados de contratación y colocación (cuando se dediquen mayoritariamente a la contratación de la gente de mar) deban estar acreditados, de forma que solamente pueden funcionar cuando cuenten con una licencia o certificado emitido por el país en el que están ubicados. El presente trabajo se dedica a estudiar estas cuestiones realizando una comparativa respecto de los contenidos sobre la materia que se incluían en los previos Convenios nº 9 y nº 179 y los que se insertan en el actual Convenio sobre trabajo marítimo para concluir con una exposición del estado de la cuestión en el ordenamiento español así como la posible incidencia que podrían tener los dictados del Convenio en la regulación españolaIt is necessary to ensure that there are suitable recruitment and placement services to supply ships with the professionals they need and those professionals must possess the special capacities and skills required to work at sea, and are usually of different nationalities. Such services are needed because it is not easy for shipowners to make contact with those who wish to be engaged to work at sea. The Maritime Labour Convention dedicates Regulation 1.4., Standard A.1.4 and Guideline B1.4 and Guideline B1.4.1 to regulating the standards of operation that should be fulfilled by the different recruitment and placement services that supply shipowners with the workforce they need. As occurs with the other standards in the Convention, some of these regulations have a minimum mandatory content and others are voluntary, but most of them are essentially based on Convention no. 9 (1920), Convention no. 179 (1996) and Recommendation no. 186 (1996) on the recruitment and placement of seafarers. The ILO Convention on Maritime Labour acknowledges the possible existence of private services and public services in different countries and aims to regulate the conditions and minimum requirements that such services must meet. This is especially true in the case of private services, which must be controlled and supervised by the Member States in order to ensure they operate in an orderly manner that protects and promotes seafarers' employment rights. Hence, private recruitment and placement services (when their primary purpose is the engagement of seafarers) may only be operated if they have a relevant licence or certificate issued by the country in which they are located. This work studies these issues by comparing the contents referring to this subject included in the previous Conventions no. 9 and no. 179 and those introduced in the Maritime Labour Convention currently in force. It concludes with an overview of the current status of the issue in Spanish law, as well as the possible effect the dictates of the Convention could have on the Spanish regulation

Las familias monoparentales tienen derecho a la misma prestación por nacimiento y cuidado de hijos que las familias biparentales. Las normas deben velar por la protección del menor, lo que no cuadra con el diseño de un derecho individual e intransferible de cada progenitor

La reforma operada por el Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, sobre la prestación por nacimiento y cuidado de hijos trae consigo una previsión novedosa para fomentar la corresponsabilidad: el subsidio es de cada progenitor, y son prestaciones independientes e intransferibles. Tal previsión perjudica a las familias monoparentales, quienes pueden adicionar su prestación a la que correspondería al otro progenitor.The reform operated by Royal Decree 6/2019, of March 1, on the benefit for birth and childcare brings with it a new provision, to promote joint responsibility: the subsidy is for each parent, and they are independent and non-transferable benefits. Such a provision harms single-parent families, who can add their benefit to that which would correspond to the other parent

El complemento de pensión por jubilación para mujeres con más de dos hijos -por su aportación demográfica a la Seguridad Social- no se abona a perceptoras de pensión de jubilación anticipada por voluntad propia. El art. 60.4º LGSS no supone una discriminación directa de acuerdo con la Directiva 79/7/CEE, de aplicación progresiva de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social

El complemento por maternidad que tiene por finalidad compensar por la aportación demográfica a la Seguridad Social no se concede si las mujeres son pensionistas de jubilación anticipada voluntaria de acuerdo con lo dispuesto en el art. 60.4º LGSS. El Tribunal de Justicia europeo resuelve cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo social nº 3 de Barcelona y concluye que la norma española no vulnera el art. 4º de la Directiva 79/7 porque dicha regulación no está comprendida en el ámbito de aplicación de la mentada Directiva.The maternity supplement, which is intended to compensate for the demographic contribution to Social Security, is not granted if women are voluntary early retirement pensioners in accordance with the provisions of art. 60.4º LGSS. The European Court of Justice resolves the preliminary ruling from the Social Court No. 3 of Barcelona and concludes that the Spanish law does not violate art. 4 of Directive 79/7 because said regulation is not included in the scope of the aforementioned Directive

Assumption in Spain of the ILO Conventions in the area of employment and placement: An attainable goal?

España tiene ratificado el Convenio nº 122 de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio que obliga a las naciones firmantes a que consigan crear políticas activas de empleo dedicadas a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente escogido. El Convenio nº 122 sobre políticas activas es un Convenio de especial importancia para la gobernanza, y junto a él resultan clave tanto los Convenios nº 181 y nº 88 -que regulan los agentes de intermediación públicos y privados que deben intervenir en el proceso- como el Convenio nº 142-que establece la necesidad de implementar sistemas de orientación y de formación aplicables a los colectivos demandantes de empleo-. Todos estos Convenios han sido ratificados por España. Se estudia en este trabajo su contenido obligacional y, de forma paralela, la evolución normativa sobre la materia en España, sobre todo desde el año 2011 hasta llegar a las últimas normas aprobadas el año 2013 para comprobar de qué modo nuestro país ha asumido el dictado de tales normas internacionales. Asimismo, se pone de manifiesto que la Comisión de aplicación de normas de la OIT viene solicitando a España que aporte datos exactos sobre la efectividad, la eficacia y la evaluación y los resultados de las medidas implementadas. Y también la misma Unión Europea y desde la misma doctrina científica se conmina a España para que finalmente ejecute las medidas que plasma en las sucesivas y numerosas medidas, estrategias y actuaciones que vienen apareciendo en los últimos meses y años. Las últimas medidas promulgadas este mismo año 2013 inciden en los grandes problemas que presentan y que han sido detectados en nuestras políticas de empleo: falta comprobar a partir .de ahora si estas medidas vuelven a quedarse en el papel impreso o pasan a convertirse ya en actuaciones concretas que sirvan para mejorar el nivel del empleo.Spain has ratified the International Labour Organization Convention nº 122, a convention that obliges signatory countries to successfully create active employment policies intended to foment full, productive and freely chosen employment. Convention nº 122 on active policies is a Convention of special importance for governance, and along with it other key Conventions are nº 181 and nº 88 - regulating the public and private mediation agents that should take part in the process - and Convention nº 142 - which lays down the need to implement systems of guidance and training applicable to employment-seeking groups. All these conventions have been ratified by Spain. This study examines their compulsory content and, at the same time, the trend in legislation on the subject in Spain, especially since 2011 up to the latest regulations adopted in 2013, to check to what extent our country has implemented the provisions of such international standards. Likewise, it is stated that the Commission on application of ILO standards has been asking Spain to furnish accurate data both on their effectiveness, efficacy, assessment, and the results of the measures implemented. On the basis of this same scientific doctrine the European Union itself has been pressing Spain to finally execute the measures embodied in the numerous successive measures, strategies and actions that have been appearing in recent months and years. The latest measures announced in 2013 concern the main problems arising that have been detected in our employment policies: it remains to be seen from now on whether these measures just stay on paper again or go on to become specific courses of action that contribute towards improving the level of employment

La cónyuge supérstite tiene derecho a acrecer su pensión de viudedad si fallece la cónyuge histórica-divorciada, con quien compartía ésta

Cuando se comparte la pensión de viudedad entre una cónyuge superviviente y otra cónyuge histórica -lo que ocurre aquí porque el causante se había divorciado previamente y concurren los derechos de dos beneficiarias a la misma- la merma en la pensión que así se obtiene debiera mantenerse mientras la prestación se lucra. No obstante, el Tribunal Supremo resuelve que la pensión de viudedad que obtiene la última esposa sí acrece cuando fallece quien fuera la histórica.When the widowhood pension is shared between the surviving spouse and the historical spouse - which happens here because the deceased had previously divorced and the rights of two beneficiaries to it concur - the reduction in the pension thus obtained should be maintained while the benefit profit. However, the Supreme Court decides that the widow's pension obtained by the surviving spouse does increase when the former spouse dies

El contrato eventual por acumulación de tareas en la Administración originado por un déficit de personal exige aludir a las concretas circunstancias extraordinarias que lo justifiquen

El contrato eventual por circunstancias de la producción en la Administración pública exige prueba precisa y exhaustiva de las circunstancias extraordinarias concurrentes en la plantilla que provocan la no previsibilidad exigida por la norma.The eventual contract due to production circumstances in the Public Administration requires precise and exhaustive proof of the extraordinary circumstances concurring in the workforce that cause the non-predictability required by the norm

La incapacidad temporal generada en situaciones de aislamiento o contagio por COVID-19 no da derecho a la obtención de la mejora convencional prevista en caso de IT derivada de accidente de trabajo

La prestación excepcional por incapacidad temporal que el legislador ha reconocido en situaciones de contagio o aislamiento por COVID-19 se asimila a accidente de trabajo solamente a los efectos del reconocimiento de esta prestación en el sistema de seguridad social, pero no sirve para obtener la mejora convencional prevista en el convenio colectivo si la IT trae por causa el accidente de trabajo.The exceptional benefit for temporary disability that the legislator has recognized in situations of contagion or isolation by COVID-19 is assimilated to a work accident only for the purposes of recognizing this benefit in the social security system, but it does not serve to obtain the improvement conventional provided for in the collective agreement if the IT is caused by the work accident

El contrato de puesta a disposición que sirve para eludir la legislación de la contratación temporal es cesión ilegal y constituye una infracción muy grave

La Inspección de Trabajo sanciona a "Norwegian Shuttle" y la ETT ADECCO por haber suscrito ambas un contrato de puesta a disposición que encubre una contratación eventual sucesiva y fraudulenta de 74 trabajadores eventuales durante más de dos años. Se plantea en este RCUD si esta conducta constituye una infracción grave regulada en el art. 18.2.c) LISOS o bien una infracción muy grave contenida en el art. 8.2º LISOS.The Labor Inspectorate sanctioned "Norwegian Shuttle" and the ETT ADECCO for having both signed a provision contract that conceals a successive and fraudulent temporary hiring of 74 temporary workers for more than two years. It is raised in this RCUD if this conduct constitutes a serious infraction regulated in art. 18.2.c) LISOS or a very serious infraction contained in art. 8.2º LISOS

La Resolución del INSS declarativa de la incapacidad permanente total prevista en el art. 49.1.e) ET extingue el contrato de trabajo sin necesidad de comunicación formal de la empresa, no resultando aplicable lo preceptuado en el art. 55 ET.

La Resolución del INSS que declara a un trabajador pensionista de IPT -ex. art. 49.1.e) ET- es inmediatamente ejecutiva, no siendo exigible lo preceptuado en el art. 55 ET para que el contrato quede válidamente extinguido. Asimismo, la posibilidad de compatibilizar el trabajo con la IPT no obliga tampoco a ofrecer la empresa al implicado una novación del contrato dado que la mentada novación precisa un acuerdo previo o una imposición vía convenio colectivo.The INSS Resolution declaring an IPT-ex. art. 49.1.e) ET- is immediately enforceable. It is not necessary to use the provisions of art. 55 ET for the contract to be validly terminated. Likewise, the possibility of making work compatible with the IPT on the part of the pensioner does not oblige the company to offer the person involved a novation of the contract, since the aforementioned novation requires a prior agreement or an imposition via a collective agreement

El autónomo societario encuadrado en el RETA que compatibilice trabajo y pensión de jubilación no puede ser beneficiario de la jubilación activa con un porcentaje del 100%

El art. 214.2º, segundo párrafo del TRLGSS regula un excepcional privilegio destinado a quien efectúa una actividad por cuenta propia, privilegio que consiste en poder trabajar y compatibilizar una actividad autónoma con la percepción de la pensión de jubilación en un porcentaje del 100%. El Tribunal Supremo resuelve en el presente RCUD que dicha pensión de jubilación activa plena queda reservada a los autónomos personas físicas y no pueden ser beneficiarios de ésta los autónomos societarios.The art. 214.2º, second paragraph of the TRLGSS regulates an exceptional privilege destined to those who carry out an activity on their own, a privilege that consists of being able to work and make an autonomous activity compatible with the receipt of a retirement pension in a percentage of 100%. The Supreme Court resolves in this RCUD that said full active retirement pension is reserved for self-employed individuals and self-employed individuals cannot be beneficiaries of it