Education reform in Colombia

Public education is one of the largest components of the public sector in Colombia, in term of its size, share of public expenditures, and geographic coverage. In 1997, Colombia had 85 thousand educational establishments, 390 thousand teachers, and 8.6 million students. In addition, public school teachersand educational staff comprise the highest percentage of public sector employment. During the last half of the 1980s, the Central government promoted a reorganization of the state administration to give municipalities a greater responsibility in financing and administering most public services. Thispaper examines various aspects of the public education system in Colombia and evaluates the impact of the educational reforms adopted in the last decade. Our empirical analysis suggests that with the exception of teacher salaries, which experienced a significant increase after 1994, the trends in severalmeasures of educational outcomes are roughly similar both before and after 1994. It seems unlikely, therefore, that the education reforms had much impact on Colombia´s education system. The paper concludes by making a number of policy recommendations that could improve the allocation of resources in this large and important sector.Educación, Reforma a la educación, Colombia

Jóvenes y pensiones en Colombia : ahorro para un futuro mejor

¿Sabe cuánto recibirá de pensión al momento de jubilarse? ¿Cuánto debe ahorrar para su pensión? ¿Qué le implica dejar de cotizar por algún tiempo? ¿Qué diferencias hay entre el sistema de pensiones de los mayores y el de las de las nuevas generaciones? Sin importar la edad, cada vez es más frecuente la solicitud de respuestas a estas preguntas. El Estado y la academia vienen aportando elementos para resolver la incertidumbre sobre las posibilidades de recibir en el futuro una pensión. La urgencia por modificar el sistema de protección social acorde con los cambios demográficos, de implementar una estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad, además de los elevados costos del sistema de pensiones en Colombia, pusieron nuevamente sobre el tapete el tema de las inequidades del sistema pensional y llamaron la atención de los responsables sobre la formulación de políticas para la juventud, pues las nuevas generaciones son las más afectadas debido a que sus intereses no siempre han estado representados. Investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, en desarrollo de su línea de investigación sobre política social, estudian la evolución de la situación de las familias en el país y del impacto que tienen sobre ellas distintas políticas públicas. Una de las áreas de estudio es el sistema pensional: su reforma en 1993, los ajustes realizados en años recientes, su limitada cobertura y el excesivo costo por prestaciones muy generosas acordadas a diferentes grupos de empleados de entidades estatales. Por solicitud del programa Colombia Joven(...), de la Presidencia de la República, se realizó una aproximación de las perspectivas de pensión de los jóvenes, con el fin de complementar al diseño del sistema de protección con que podrán contar los jóvenes de hoy en su vejez(...). Para alinear el sistema de pensiones a los cambios socio-económicos era necesaria la reforma. La reducción del ritmo de crecimiento de la población, su mayor longevidad, la vinculación de la mujer a los mercados de trabajo, son sólo algunos de estos cambios, que exigieron aumentar el tiempo y tasas más altas de cotización y, por supuesto, elevar la edad para el retiro. Con menores tasas de crecimiento demográfico no es posible que la población activa pueda, con sus contribuciones, atender las pensiones de una población mayor que creció a tasas más altas y que vivirá por más años. Tampoco es posible sostener con impuestos, los beneficios desproporcionados en pensiones de personas que disfrutaron altos ingresos a lo largo de su vida(...). El cambio que introdujeron muchos países, entre ellos Colombia, hacia sistemas basados en el ahorro de cada persona en su vida activa, para financiar su pensión, ha exigido el uso de crecientes recursos públicos para pagar las obligaciones por pensiones que no contaban con las suficientes reservas para su atención, hecho que afectará el crecimiento de la economía y el bienestar de los jóvenes

Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República - Marzo de 2023

Introducción En 2023 el Banco de la República celebra 100 años de su fundación. Este es un aniversario de gran significado, el cual ofrece la oportunidad de resaltar el aporte que el Banco ha hecho al desarrollo del país. Su trayectoria como garante de la estabilidad monetaria lo ha consolidado como la institución estatal independiente que genera mayor confianza entre los colombianos por su transparencia, capacidad de gestión y el cumplimiento efectivo de las funciones de banca central y culturales encomendadas en la Constitución y la Ley. En una fecha tan importante como esta, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) hace un reconocimiento a las generaciones de directivos y funcionarios que con su compromiso y dedicación contribuyeron a engrandecer esta institución1. El mandato del Banco de la República se consolidó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, para cuya integración los ciudadanos tuvieron la oportunidad de elegir a las setenta personas que tendrían como tarea redactar una nueva constitución. Los dirigentes de los tres movimientos políticos más votados fueron elegidos presidentes de la Asamblea, y esta presidencia tripartita reflejó la pluralidad y la necesidad de consenso entre las diferentes fuerzas políticas para sacar adelante la reforma. Entre los asuntos considerados, la Asamblea Nacional Constituyente le otorgó especial importancia a la estabilidad monetaria. Por esta razón decidió incluir el tema de banca central y dotar al Banco de la República de la autonomía necesaria para utilizar los instrumentos a su cargo sin injerencia de otras autoridades. El constituyente entendió que velar por la estabilidad de precios es un deber del Estado y que la entidad responsable de este cometido debe estar consagrada en la Constitución y contar con la capacidad técnica y autonomía institucional necesaria para adoptar las decisiones que considere pertinentes para alcanzar este objetivo fundamental, en coordinación con la política económica general. En particular, el artículo 373 estableció que “el Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, disposición que coincidía con el esquema de banca central adoptado por países exitosos en el control de la inflación. En 1999, mediante sentencia 481, la Corte Constitucional indicó que “el deber de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda no solo se predica de la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria, esto es de la Junta del Banco de la República, sino también de quienes tienen responsabilidades en la formulación y ejecución de la política económica general del país” y que “la finalidad constitucional básica del Banco de la República es la protección de la moneda sana, pero esa autoridad debe tomar en consideración en sus decisiones los otros objetivos económicos de la intervención del Estado, como el pleno empleo, pues sus funciones deben coordinarse con la política económica general.” La reforma al Banco de la República concertada en la Constituyente de 1991 y en la Ley 31 de 1992 se puede resumir en los siguientes aspectos: i) asignó al Banco un mandato específico: mantener la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general; ii) designó a la JDBR como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia; iii) otorgó al Banco y a su Junta Directiva un importante grado de independencia frente al Gobierno; iv) prohibió al Banco otorgar crédito al sector privado distinto del financiero; v) estableció que para otorgar crédito al Gobierno se requería del voto unánime de su Junta Directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto; vi) determinó que el legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares; vii) designó al Congreso, en representación de la sociedad, como principal destinatario del ejercicio de rendición de informes del Banco; y viii) delegó en el presidente de la República la función de inspección, vigilancia y control sobre el Banco de la República. Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente entendieron claramente que los beneficios de una inflación baja y estable se extienden a toda la sociedad y contribuyen al buen funcionamiento del sistema económico. Entre los más importantes cabe mencionar que una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos, al permitir que los precios relativos guíen de mejor forma la asignación de recursos, lo cual promueve el crecimiento económico y aumenta el bienestar de la población. Igualmente, una inflación baja reduce la incertidumbre sobre la rentabilidad esperada de la inversión y sobre el precio futuro de los activos, lo que aumenta la confianza de los agentes económicos, facilita la financiación de largo plazo y estimula la inversión. Una inflación baja evita redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, debido a que los estratos de ingresos bajos de la población no pueden protegerse de la inflación mediante la diversificación de sus activos, y concentran una elevada proporción de su ingreso en la compra de alimentos y otros bienes básicos, ítems que generalmente son los más afectados por los choques inflacionarios2. Por otra parte, una baja inflación facilita las negociaciones salariales, lo cual crea un buen clima laboral y reduce la volatilidad del nivel de empleo. Finalmente, una inflación baja contribuye a que el sistema de impuestos sea más transparente y equitativo, al evitar las distorsiones que la inflación introduce sobre el valor de los activos y de los ingresos que componen la base tributaria. Desde el punto de vista de la autoridad monetaria, uno de los beneficios más relevantes de una inflación baja es la credibilidad que los agentes económicos adquieren en la meta de inflación, lo que la convierte en un ancla nominal efectiva sobre el nivel de precios. Al recibir su mandato, y en uso de su autonomía, el Banco de la República empezó a anunciar metas puntuales de inflación anual a partir de 1992. Si bien en esta primera etapa las metas de inflación propuestas no se lograron cumplir de forma precisa, sí se consiguió imprimirle a la inflación una tendencia descendente, que la llevó desde un nivel del 32,4% en 1990 al 16,7% en 1998. Para aquella época la tasa de cambio se mantenía dentro de una banda, lo cual limitaba la efectividad de la política monetaria, que buscaba cumplir simultáneamente una meta de inflación y un objetivo de tasa de cambio. La crisis asiática se contagió a las economías emergentes y afectó de manera importante a la economía colombiana. La tasa de cambio presentó una fuerte presión a la depreciación al cerrarse el acceso al financiamiento externo en condiciones de un elevado desequilibrio externo. Lo anterior, junto con la falta de flexibilidad cambiaria, impidió hacer una política monetaria contracíclica, lo que condujo a una contracción del PIB del 4,2% en dicho año. En este contexto de desaceleración económica, la inflación anual se redujo al 9,2% a finales de 1999, situándose por debajo de la meta del 15% que se había fijado para ese año. Este episodio reveló plenamente lo costoso que podría ser, en términos de actividad económica, el tener simultáneamente metas para la inflación y para la tasa de cambio. Hacia finales de 1999 el Banco de la República anunció la adopción de un nuevo régimen de política monetaria que denominó Esquema de Inflación Objetivo. Este régimen, conocido internacionalmente como ‘Inflation Targeting,’ venía ganando creciente aceptación en países desarrollados, al haber sido adoptado a partir de 1991 por Nueva Zelanda, Canadá e Inglaterra, entre otros, logrando importantes avances en el manejo de la inflación, sin incurrir en costos en términos de actividad económica. En América Latina, Brasil y Chile también lo acogieron en 1999. En el caso colombiano, el último requisito pendiente por cumplir para adoptar dicho esquema de política era la flexibilidad de la tasa de cambio, la cual se materializó hacia septiembre de 1999, cuando la JDBR decidió abandonar las bandas cambiarias para permitir que la tasa de cambio se determinara libremente en el mercado. De forma coherente con el mandato constitucional, el objetivo fundamental de este nuevo esquema de política consistía en “el cumplimiento de una meta de inflación que contribuya a mantener un crecimiento del producto alrededor de su capacidad potencial”3. Dicha capacidad potencial se entendía como aquel crecimiento del PIB que la economía puede obtener si utiliza plenamente sus recursos productivos. Para cumplir este objetivo la política monetaria debe cumplir necesariamente un papel contracíclico en la economía. Ello porque cuando la actividad económica está por debajo de su potencial y existen recursos ociosos, la autoridad monetaria puede reducir la tasa de interés ante la ausencia de presiones inflacionarias para estimular por esa vía la economía y, de manera inversa, cuando el producto supera su capacidad potencial. Este principio de política, que está inmerso en los modelos para guiar la postura de política monetaria, hace que, en el mediano plazo, sean totalmente compatibles los objetivos del cumplimiento de la meta de inflación y de un nivel de actividad económica compatible con su capacidad productiva. Para alcanzar este propósito, en el esquema de inflación objetivo se utiliza la tasa de interés del mercado monetario (a la cual el banco central suministra liquidez primaria a los bancos comerciales), como el instrumento primordial de política. Con ello se sustituyó la cantidad de dinero como meta intermedia de política monetaria, que el Banco de la República, al igual que varios otros bancos centrales, utilizaron por mucho tiempo. En el caso colombiano, el objetivo del nuevo esquema de política monetaria implicaba, en términos prácticos, que la recuperación de la economía, luego de la contracción ocurrida en 1999, debía lograrse al tiempo que se cumplían las metas decrecientes de inflación establecidas por la JDBR. De manera notable este propósito se cumplió. En la primera mitad de la década del 2000 la actividad económica logró una recuperación importante, hasta alcanzar un crecimiento del 6,8% en 2006. Entretanto, la inflación fue descendiendo gradualmente, en línea con las metas de inflación. Fue así como la tasa de inflación se redujo desde el 9,2% en 1999 al 4,5% en 2006, cumpliendo con la meta de inflación establecida para ese año, mientras que el PIB alcanzó su nivel potencial. Después de lograrse este equilibrio en 2006, la inflación repuntó al 5,7% en 2007, por encima de la meta del 4% fijada para ese año, debido a que el crecimiento del PIB del 7,5% superó su capacidad potencial4. Luego de comprobarse la eficacia del esquema de inflación objetivo en sus primeros años de operación, este régimen de política continuó consolidándose a medida que la JDBR y el equipo técnico ganaron experiencia en su manejo y se incorporaron modelos económicos de última tecnología para diagnosticar el estado presente y futuro de la economía, y evaluar la persistencia de los desvíos de la inflación y sus expectativas con respecto a la meta de inflación. A partir de 2010 la JDBR estableció la meta de inflación anual de largo plazo del 3%, que continúa vigente en la actualidad. La menor inflación ha contribuido a crear un entorno macroeconómico más estable, que ha favorecido el crecimiento económico sostenido, la estabilidad financiera, el desarrollo del mercado de capitales y el funcionamiento de los sistemas de pagos. Gracias a ello se lograron reducciones en la prima por riesgo inflacionario y menores tasas de interés de los TES y de crédito. A su vez, la duración de la deuda interna pública aumentó de forma importante pasando de 2,27 años en diciembre de 2002 a 5,86 años en diciembre de 2022 y la profundización financiera, medida como el nivel de la cartera como porcentaje del PIB, pasó de cerca del 20% a mediados de la década de los noventa a valores superiores al 45% en años recientes, en un contexto saludable de los establecimientos de crédito. Los logros tangibles alcanzados por el Banco de la República en el manejo de la inflación al haber contado con la autonomía que le otorgó la Constitución para cumplir con el mandato de preservar el poder adquisitivo de la moneda, junto con los importantes beneficios que se derivaron del proceso de llevar la inflación a su meta de largo plazo, hacen que el reto que actualmente enfrenta la JDBR de retornar la inflación a la meta del 3% sea aún más exigente y apremiante. Como es bien conocido, a partir de 2021, y especialmente en 2022, la inflación en Colombia volvió a convertirse en un serio problema económico, con elevados costos de bienestar. El fenómeno inflacionario no ha sido exclusivo de Colombia y es así como muchos otros países desarrollados y emergentes han visto alejarse sus tasas de inflación de las metas propuestas por sus bancos centrales5. Las razones de este fenómeno se han analizado en los recientes Informes al Congreso, y en esta nueva entrega se profundiza al respecto con información actualizada. La sólida base institucional y técnica que soporta el esquema de inflación objetivo bajo el cual opera la estrategia de política monetaria le da a la JDBR los elementos necesarios para enfrentar con confianza este difícil reto. Al respecto, en su comunicado del 25 de noviembre la JDBR reiteró su compromiso con la meta de inflación del 3,0%, la cual prevé alcanzar hacia finales de 20246. La política monetaria continuará enfocada en cumplir este objetivo, al tiempo que velará por la sostenibilidad de la actividad económica, tal y como lo ordena la Constitución. Las encuestas a analistas llevadas a cabo en marzo mostraron un incremento importante (del 32,3% en enero al 48,5% en marzo) en el porcentaje de respuestas que sitúan las expectativas de inflación a dos años o más en un rango entre el 3% y 4%. Este es un indicativo claro de recuperación de credibilidad en la meta de inflación a mediano plazo, lo cual guarda coherencia con el anuncio de la JDBR de noviembre pasado. La moderación de la tendencia alcista de la inflación que se observó en enero, y especialmente en febrero, contribuirá a reforzar esta revisión de expectativas de inflación, y ayudará a cumplir los objetivos propuestos. Luego de registrarse una inflación del 5,6% a finales de 2021, la inflación mantuvo una tendencia alcista a lo largo de 2022 debido a las presiones inflacionarias tanto de origen externo, asociadas con las secuelas de la pandemia y las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, como de origen interno, resultantes de: el fortalecimiento de la demanda local; los procesos de indexación de precios estimulados por el aumento de las expectativas de inflación; las afectaciones a la producción de alimentos provocadas por el paro de mediados de 2021, y el traspaso de la depreciación a los precios. Los aumentos del salario mínimo del 10% en 2021 y del 16% en 2022, que en ambos casos superaron la inflación observada y el incremento de la productividad, acentuaron los procesos de indexación al haber establecido un elevado referente de ajuste nominal. De esta forma, la inflación total aumentó al 13,1% a finales 2022. La variación anual de alimentos, que subió del 17,2% al 27,8% entre esos dos años, fue el factor que más influyó en la aceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Otro rubro que contribuyó de manera importante a las alzas de precios fue el de regulados, cuya variación anual aumentó del 7,1% en diciembre de 2021 al 11,8% a finales de 2022. Por su parte, la medida de inflación básica sin alimentos ni regulados subió del 2,5% al 9,5% entre finales de 2021 y finales de 2022. El aumento sustancial de la inflación básica muestra que la presión inflacionaria se extendió a la mayoría de los rubros de la canasta familiar, lo cual es característico de procesos inflacionarios con una indexación de precios generalizada, como ocurre en Colombia. La política monetaria empezó a reaccionar tempranamente a estas presiones inflacionarias. Fue así como a partir de su sesión de septiembre de 2021 la JDBR inició un cambio progresivo de la postura de la política monetaria a partir del mínimo histórico del 1,75% de la tasa de interés de política al cual se había llegado para estimular la recuperación de la economía. Este proceso de ajuste prosiguió sin interrupción a lo largo de 2022 y hasta inicios de 2023, cuando la tasa de política monetaria alcanzó el 12,75% en enero pasado, con lo cual acumuló un incremento de 11 puntos porcentuales (pp). El público y los mercados se han mostrado sorprendidos de que la inflación continuara aumentando, a pesar de los significativos incrementos de la tasa de interés. Pero como lo ha explicado la JDBR en sus diversas comunicaciones, la política monetaria actúa con rezago. Así como en 2022 la actividad económica se recuperó hasta alcanzar un nivel superior al de prepandemia, impulsada, entre otros factores, por el estímulo monetario otorgado durante el período de pandemia y de los meses subsiguientes, así también los efectos de la actual política monetaria restrictiva se irán dando paulatinamente, lo que permite esperar que hacia finales de 2024 la tasa de inflación converja hacia el 3%, como es el propósito de la JDBR. Los resultados de la inflación en enero y febrero de este año mostraron incrementos marginales decrecientes (13 pb y 3 pb respectivamente), en comparación con la variación observada en diciembre (59 pb). Esto sugiere que se aproxima un punto de inflexión en la tendencia de la inflación. En otros países de América Latina, como Chile, Brasil, Perú y México, la inflación llegó a su techo y ha empezado a descender lentamente, aunque con algunos altibajos. Es previsible que en Colombia ocurra un proceso similar durante los próximos meses. El descenso previsto de la inflación en 2023 obedecerá, entre otros factores, a las menores presiones de costos externos por cuenta de la progresiva normalización de las cadenas de suministro, a la superación de los choques de oferta por razones de clima y por los bloqueos viales de años anteriores, lo que se reflejará en menores ajustes en los precios de los alimentos, como ya se observó en los primeros dos meses del año y, por supuesto, al efecto rezagado de la política monetaria. El proceso de convergencia de la inflación a la meta será gradual y se extenderá más allá de 2023. Dicho proceso se facilitará si se revierten las presiones a la devaluación, para lo cual resulta esencial que se continúe consolidando la sostenibilidad fiscal y se eviten mensajes en diferentes frentes de la política pública que generan incertidumbre y desconfianza. _______________________________________ 1 Este Informe al Congreso contiene el recuadro 1 que resume la trayectoria del Banco de la República en estos 100 años. Adicionalmente, con auspicio del Banco, varios libros que profundizan diversos aspectos de la historia de esta institución fueron publicados en años recientes. Véase, por ejemplo: Historia del Banco de la República 1923-2015; Tres banqueros centrales; Junta Directiva del Banco de la República: grandes episodios en 30 años de historia; Banco de la República : 90 años de la banca central en Colombia. 2 Es por ello que una menor inflación se ha reflejado en la reducción de la desigualdad del ingreso medida a través del coeficiente de Gini al pasar de 58,7 en 1998 a 51,3 en el año previo a la pandemia. 3 Véase Gómez Javier, Uribe José Darío, Vargas Hernando (2002). “The Implementation of Inflation Targeting in Colombia”. Borrador de Economía, núm. 202, marzo, disponible en: https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5220 4 Véase López-Enciso Enrique A.; Vargas-Herrera Hernando y Rodríguez-Niño Norberto (2016). “La estrategia de inflación objetivo en Colombia. Una visión histórica”, Borrador de Economía, núm. 952. https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6263 5 Según el FMI, la variación porcentual de los precios al consumidor entre 2021 y 2022 pasó del 3,1 % al 7,3 % para las economías avanzadas, y del 5,9 % al 9,9 % para las economías de mercados emergentes y en vías de desarrollo. 6 https://www.banrep.gov.co/es/noticias/junta-directiva-banco-republica-reitera-meta-inflacion-

Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República - Julio de 2023

En el transcurso del primer semestre de 2023 la economía colombiana continuó avanzando en el proceso de ajuste requerido para corregir los desequilibrios macroeconómicos y controlar las presiones inflacionarias acumuladas tras los diversos choques de oferta y la rápida expansión de la demanda durante 2021 y 2022, la cual superó el crecimiento potencial de la economía. El ajuste económico en curso ha sido posible gracias a la moderación del crecimiento de la demanda interna y a la progresiva disolución de los choques de oferta que elevaron los costos de producción. La demanda interna comenzó a desacelerase en los últimos meses de 2022 y se contrajo un -0,2 % en el primer trimestre de este año, debido al menor crecimiento del consumo de los hogares y a la caída de la formación bruta de capital. Por su parte, los menores precios internacionales de las materias primas, la paulatina normalización de las cadenas de suministro y la apreciación de la tasa de cambio han contribuido a disipar los choques de oferta, lo cual se ha reflejado en una disminución de la inflación anual de precios al productor desde un nivel del 19,2 % a finales de 2022 al 4,7 % en junio de 2023 1. El menor dinamismo de la demanda interna se ha venido reflejando en una desaceleración progresiva de la actividad económica. Es así como en el primer trimestre de 2023 el PIB registró un crecimiento anual del 3,0 %, ritmo equivalente a una tercera parte del crecimiento promedio anual que se observó durante los tres primeros trimestres de 2022 (9,1 %). Según el indicador de seguimiento de la economía (ISE) que elabora el DANE, esta pérdida de dinamismo continuó en abril y mayo, al registrarse variaciones de ese indicador del -0,8 % y 0,6 %, respectivamente, frente a los mismos meses de 2022. Estos resultados fueron inferiores a lo observado en marzo (1,4 %), en la serie del ISE ajustada por efecto estacional y calendario. Ello apunta a que el crecimiento del PIB seguirá declinando en el segundo trimestre, lo cual es coherente con el pronóstico de crecimiento del PIB ligeramente inferior al 1,0 % para 2023 elaborado por el equipo técnico. A pesar de la desaceleración económica en curso, el mercado laboral sigue mostrando fortaleza, como se deduce del continuo descenso de la tasa de desempleo en el agregado nacional hasta el trimestre móvil terminado en mayo (10,4 %), su valor más bajo desde el inicio de la pandemia del covid-19 2. La desaceleración de la actividad económica es un fenómeno que se anticipaba, en parte, como resultado de la política monetaria restrictiva que adoptó el Banco de la República para controlar las presiones inflacionarias. A la menor actividad económica también estaría contribuyendo una política fiscal menos expansionista que en 2022, según se contempla en los pronósticos presentados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023 (MFMP-23). A esto se añadió una desaceleración de la demanda externa relevante para el país debido al menor crecimiento de los socios comerciales, en un contexto internacional de altas tasas de interés de política monetaria, tasas de inflación por encima de sus metas y elevada incertidumbre generada por la prolongación de la invasión de Rusia a Ucrania. La Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) ha sido reiterativa en sus diversas comunicaciones sobre la necesidad de adelantar este proceso de ajuste, para lograr el retorno gradual de la inflación a la meta del 3 %, corregir los desequilibrios macroeconómicos y asegurar la sostenibilidad del crecimiento económico en el largo plazo. La responsabilidad constitucional que recae sobre el Banco de la República, sobre la cual se hizo énfasis en el pasado Informe al Congreso, exige mantener una inflación baja y estable en consonancia con la política económica en general, de manera que permita apoyar un crecimiento económico sostenible y un balance externo financiable. Las decisiones de política monetaria se han adoptado con el respaldo de la sólida base institucional y técnica que soporta el esquema de inflación objetivo, cimentada en la experiencia acumulada durante más de dos décadas por el banco central. Los motivos específicos que ha tenido la JDBR para emprender un proceso de ajuste monetario, el más fuerte desde que el Banco de la República adoptó la estrategia de inflación objetivo, han sido complejos y de diversa índole. Las presiones inflacionarias provinieron inicialmente de choques de oferta de origen externo e interno que presionaron al alza los costos y precios de los alimentos y otros productos de consumo, a las cuales se agregaron presiones de origen cambiario. Estos choques llevaron a un incremento de las expectativas de inflación, lo cual desató un proceso de indexación de precios, que se exacerbó debido a los excesos de demanda que surgieron en 2022. La respuesta de la política monetaria mediante el incremento de las tasas de interés buscaba reducir los excesos de demanda, contener el aumento de las expectativas y limitar los efectos de la indexación de precios. Todo ello crea las condiciones propicias para permitir que, a medida que los choques de oferta cedan y se alivien, y con ello las presiones de costos, la inflación empiece a reducirse. Este es un proceso que se cumple con cierto rezago, pero que, dado el tiempo que la política monetaria lleva actuando, ya se ha empezado a producir, como lo mostró la reciente disminución de la tasa de inflación y la revisión a la baja de sus expectativas a diferentes plazos. Acorde con el mandato constitucional de asegurar una coordinación de la política monetaria con la política económica general, además de mitigar las presiones inflacionarias, el ajuste monetario viene cumpliendo el propósito de corregir los desequilibrios macroeconómicos que ponen en riesgo la estabilidad de la economía colombiana. Al respecto, no cabe duda de que el crecimiento del PIB del 7,3 % en 2022 fue sobresaliente, al haber más que duplicado el crecimiento mundial (3,5 %) y superado ampliamente la expansión de América Latina y el Caribe (3,9 %), según cifras del FMI. Un dinamismo económico tan elevado trae importantes ganancias de bienestar, en particular cuando permite reducir las tasas de desempleo, como ha venido ocurriendo en Colombia; sin embargo, es un crecimiento insostenible en tanto se fundamenta en una situación fiscal ampliamente deficitaria y en un preocupante incremento en el endeudamiento de los hogares. Ello generó un exceso de demanda agregada que no solo presionó al alza la inflación y sus expectativas, sino que también amplió el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos a niveles históricamente altos durante varios años. El déficit de la cuenta corriente aumentó desde un nivel del 5,6 % del PIB en 2021, que ya era elevado, a uno del 6,2 % del PIB en 2022, uno de los más altos observados en Colombia. La ampliación del desbalance externo en 2022 se produjo en un año en el que los precios internacionales del petróleo, el carbón y el café se mantuvieron en niveles favorables, lo que contribuyó al buen desempeño de las exportaciones. No obstante, para cubrir los faltantes de oferta, la economía incrementó de manera importante su demanda de importaciones, impidiendo una reducción del desbalance externo. Como consecuencia, la economía colombiana recurrió a un mayor endeudamiento externo, bien sea como flujo de inversión de portafolio o como endeudamiento directo. Todo esto muestra la vulnerabilidad que significa para la economía mantener un nivel de gasto que supera significativamente sus ingresos. La política monetaria restrictiva, junto con el aumento en la carga tributaria, han venido induciendo un ajuste progresivo de estos desequilibrios. La desaceleración de la demanda interna iniciada a partir del cuarto trimestre de 2022 ocurrió de la mano de una moderación del consumo de los hogares, cuyo crecimiento en el primer trimestre de 2023 fue del 3,0 %, comparado con un incremento del 9,5 % en 2022. Esto último se ha reflejado en una desaceleración del crédito de consumo, que pasó de crecer desde un ritmo cercano al 23 % anual a finales del tercer trimestre del año anterior, a algo menos del 7,0 % anual a mediados de junio de 2023. De haberse continuado con una expansión tan rápida del crédito de consumo, se habría podido generar una situación insostenible sobre la capacidad de pago de los hogares. Asimismo, la formación bruta de capital, que tuvo un desempeño sobresaliente en 2022, empezó a mostrar ajustes en sus principales componentes. La principal fuente de dicha corrección ha sido la inversión en maquinaria y equipo, que en el primer trimestre del año presentó caídas tanto en términos trimestrales como anuales, principalmente en el rubro de equipo de transporte. A la par con el avance en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, la inflación total interrumpió la tendencia creciente que mantuvo hasta marzo de 2023. En efecto, luego de alcanzar un nivel del 13,1 % al cierre del año anterior, la inflación total se mantuvo estable alrededor del 13,3 % durante los primeros tres meses de 2023, y a partir de abril empezó a descender, para ubicarse en 12,1 % en junio. Los alimentos han sido el rubro que más ha contribuido a este cambio de tendencia, al haber reducido su variación anual del 27,8 % en diciembre pasado al 14,3 % en junio. Esta variación ha sido compensada en alguna medida por el incremento de la inflación de regulados, debido a los sucesivos aumentos en los precios de la gasolina. Por su parte, la inflación básica (sin alimentos ni regulados) continúa mostrando rigidez, al ubicarse en el 10,5 % en junio, lo que refleja procesos de indexación de precios. La subcanasta de servicios ha sido especialmente afectada por el fenómeno de indexación, a lo cual se han agregado las presiones de costos laborales, el aumento en los precios de los alimentos que han presionado al alza las comidas fuera del hogar y la elevada demanda por servicios de entretenimiento. Este comportamiento debería ir cediendo a medida que los efectos de la política monetaria terminen por transmitirse a la economía, y la tendencia decreciente de la inflación se refleje en una revisión a la baja de las expectativas de variación de precios por parte del público. Así lo prevén los pronósticos del equipo técnico y las expectativas del mercado que anticipan una inflación decreciente durante los próximos dos años. ____________________________________________________________ 1 Corresponde a la variación anual del IPP de oferta interna. 2 Al cierre de este Informe se conocieron los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de junio, con los cuales la tasa de desempleo se mantuvo estable en su medición desestacionalizada del agregado nacional para el trimestre móvil (10,3 %), aunque con una reducción para el dato puntual de juni

Globalización laboral y de la seguridad social

Este libro es fruto de una de las reflexiones académicas de mayor importancia en los últimos años, en lo que a derecho laboral se refiere: la Jornada Internacional Sobre Globalización Económica y su Impacto en el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, realizada en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Dicho acontecimiento aglutinó a eminentes expertos y tratadistas de América Latina y de Europa, encabezados por el grupo Bolonia Castilla La Mancha. La globalización económica, hecho inevitable en el mundo moderno, ha aparejado un cambio significativo y vertiginoso en las instituciones y prácticas laborales. A su turno, muchos abogan hoy por la necesidad de una globalización social. Esta interesantísima temática es, sin duda, la más relevante en esta disciplina del derecho porque comporta un nuevo examen de su identidad y una visión de su futuro. En este libro se tratan aspectos trascendentales de esta rama del derecho, como el empresario frente a la transnacionalización laboral, la tercerización de las relaciones laborales, el trabajo informal, el impacto de los tratados de libre comercio y las cláusulas sociales de los mismos en el mundo laboral y la fuerza vinculante de los convenios de la OIT y la globalización, entre otros

Immigrant IBD Patients in Spain Are Younger, Have More Extraintestinal Manifestations and Use More Biologics Than Native Patients

BackgroundPrevious studies comparing immigrant ethnic groups and native patients with IBD have yielded clinical and phenotypic differences. To date, no study has focused on the immigrant IBD population in Spain. MethodsProspective, observational, multicenter study comparing cohorts of IBD patients from ENEIDA-registry who were born outside Spain with a cohort of native patients. ResultsWe included 13,524 patients (1,864 immigrant and 11,660 native). The immigrants were younger (45 +/- 12 vs. 54 +/- 16 years, p < 0.001), had been diagnosed younger (31 +/- 12 vs. 36 +/- 15 years, p < 0.001), and had a shorter disease duration (14 +/- 7 vs. 18 +/- 8 years, p < 0.001) than native patients. Family history of IBD (9 vs. 14%, p < 0.001) and smoking (30 vs. 40%, p < 0.001) were more frequent among native patients. The most prevalent ethnic groups among immigrants were Caucasian (41.5%), followed by Latin American (30.8%), Arab (18.3%), and Asian (6.7%). Extraintestinal manifestations, mainly musculoskeletal affections, were more frequent in immigrants (19 vs. 11%, p < 0.001). Use of biologics, mainly anti-TNF, was greater in immigrants (36 vs. 29%, p < 0.001). The risk of having extraintestinal manifestations [OR: 2.23 (1.92-2.58, p < 0.001)] and using biologics [OR: 1.13 (1.0-1.26, p = 0.042)] was independently associated with immigrant status in the multivariate analyses. ConclusionsCompared with native-born patients, first-generation-immigrant IBD patients in Spain were younger at disease onset and showed an increased risk of having extraintestinal manifestations and using biologics. Our study suggests a featured phenotype of immigrant IBD patients in Spain, and constitutes a new landmark in the epidemiological characterization of immigrant IBD populations in Southern Europe

Clonal chromosomal mosaicism and loss of chromosome Y in elderly men increase vulnerability for SARS-CoV-2

The pandemic caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2, COVID-19) had an estimated overall case fatality ratio of 1.38% (pre-vaccination), being 53% higher in males and increasing exponentially with age. Among 9578 individuals diagnosed with COVID-19 in the SCOURGE study, we found 133 cases (1.42%) with detectable clonal mosaicism for chromosome alterations (mCA) and 226 males (5.08%) with acquired loss of chromosome Y (LOY). Individuals with clonal mosaic events (mCA and/or LOY) showed a 54% increase in the risk of COVID-19 lethality. LOY is associated with transcriptomic biomarkers of immune dysfunction, pro-coagulation activity and cardiovascular risk. Interferon-induced genes involved in the initial immune response to SARS-CoV-2 are also down-regulated in LOY. Thus, mCA and LOY underlie at least part of the sex-biased severity and mortality of COVID-19 in aging patients. Given its potential therapeutic and prognostic relevance, evaluation of clonal mosaicism should be implemented as biomarker of COVID-19 severity in elderly people. Among 9578 individuals diagnosed with COVID-19 in the SCOURGE study, individuals with clonal mosaic events (clonal mosaicism for chromosome alterations and/or loss of chromosome Y) showed an increased risk of COVID-19 lethality

La renovación de la palabra en el bicentenario de la Argentina : los colores de la mirada lingüística

El libro reúne trabajos en los que se exponen resultados de investigaciones presentadas por investigadores de Argentina, Chile, Brasil, España, Italia y Alemania en el XII Congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística (SAL), Bicentenario: la renovación de la palabra, realizado en Mendoza, Argentina, entre el 6 y el 9 de abril de 2010. Las temáticas abordadas en los 167 capítulos muestran las grandes líneas de investigación que se desarrollan fundamentalmente en nuestro país, pero también en los otros países mencionados arriba, y señalan además las áreas que recién se inician, con poca tradición en nuestro país y que deberían fomentarse. Los trabajos aquí publicados se enmarcan dentro de las siguientes disciplinas y/o campos de investigación: Fonología, Sintaxis, Semántica y Pragmática, Lingüística Cognitiva, Análisis del Discurso, Psicolingüística, Adquisición de la Lengua, Sociolingüística y Dialectología, Didáctica de la lengua, Lingüística Aplicada, Lingüística Computacional, Historia de la Lengua y la Lingüística, Lenguas Aborígenes, Filosofía del Lenguaje, Lexicología y Terminología

¿Cómo financiar los programas del primer pilar? Protección del riesgo de vejez en Colombia

Las evaluaciones recientes, hechas a las reformas realizadas a los sistemas de pensiones de varios países de América Latina, han resaltado la necesidad de prestar mayor atención a la protección del riesgo de vejez de los más pobres. La fragilidad de la protección de la vejez resulta, en esencia, del desfavorable desempeño del mercado laboral y de su precaria articulación con los sistemas de protección social de los países. El siguiente documento inicia mostrando algunos rasgos del financiamiento de las prestaciones para los ancianos, tanto en los países desarrollados como subdesarrollados. Así mismo, se precisan los interrogantes que plantean los autores alrededor del tema en América Latina y Colombia, bajo una revisión de los diferentes instrumentos introducidos con la reforma al sistema en 1993, para ampliar la cobertura y proteger a los más viejos, y sus ajustes recientes. Finalmente, se concluye la imposibilidad de lograr una mejor protección, sin involucrar el rediseño de instituciones sociales y fiscalesRecent evaluation on pensional reforms in Latin America has shown the need to put more attention on elderly poor protection risk. Weak protection to elder people is a result of the poor performance of labor market and its feeble connection with other system of social protection existing in each country. The following paper discusses financing characteristics of pay contributions for elder people in both developed and developing countries. Then the paper discusses some of the questions made by scholars for the Latin America and Colombian cases (in the case of Colombia we analyze the 1993 pensional reform). Finally, we conclude the impossibility to achieve a better protection without redesign social and fiscal institutions

Diálogo 2 el modelo social

En esta presentación Olga Lucía Acosta, experta en la oficina de Cepal, nos comparte el informe sobre el desarrollo humano de 2011, los elementos del Plan de Desarrollo 2010 -2014 de Colombia, así como La Misión Para la Transformación del Campo (2014-2015) y nos presente un panorama sobre la condición rural del paí