Trata de personas y prácticas sexuales ilícitas: un problema sociogubernamental en México

La trata de personas es conocida actualmente como la esclavitud del siglo XXI. Consiste en un fenómeno delictivo que afecta a miles de personas, particularmente mujeres, niñas y niños, que son captados, trasladados, vendidos, comprados y mediante el sometimiento son llevados a la prostitución, al trabajo forzado, a matrimonios obligados, a servidumbre, a la explotación sexual y a prácticas esclavistas de distinta naturaleza. Detrás de este tipo de comportamientos se ubican la impunidad y la corrupción de algunas autoridades, así como diversos factores de vulnerabilidad a los que se encuentran expuestos.   Hoy en día este delito ocupa el tercer lugar en la lista de crímenes trasnacionales, situado después del tráfico de drogas y el de armas, aunque las estimaciones señalan que en la presente década la trata de personas va a ocupar el primer lugar por las increíbles ganancias y los beneficios económicos que reporta, ya que se calcula que en todo el mundo la industria del sexo (mujeres, hombres, niñas y niños) mueve anualmente más de 77 mil 500 millones de dólares y sigue creciendo

LA JUSTICIA RESTAURATIVA ANTE LOS DELITOS GRAVES

Los delitos graves, como la Trata de Personas, lastiman de manera significativa la dignidad del ser humano, por lo que se puede considerar el empleo de la Justicia Restaurativa con la finalidad de que la víctima pueda encontrar respuesta a sus interrogantes y contribuir con la superación del daño que se la ha causado. Asimismo, la Justicia Restaurativa da la posibilidad de que el ofensor pueda recapacitar con relación al daño generado a la víctima y plantear alternativas de reparación del daño, sin eludir la sanción que el Estado le impondrá por cometer tal delito. La reparación del daño se contempla en la propia Ley y va más allá de la reparación física, económica, procurando atender lo relativo a lo psicológico y lo moral, por lo que la Justicia Restaurativa es una posibilidad para poder logar dicha reparación, para lo cual es necesario personal debidamente capacitado y la supervisión correspondiente

Las políticas públicas para la solución de los conflictos familiares en el Estado de México

La violencia intrafamiliar es una conducta aprendida a partir de modelos familiares y sociales que la entienden como un recurso válido para resolver conflictos; en ese sentido, se reconocen tipologías y ambientes familiares que establecen dentro de sus costumbres, valores y reglas, la instauración de una cultura fundamentada en pautas de agresión que va deteriorando, afectando y fortaleciendo la dinámica familiar disfuncional. Es decir, donde todos los miembros de la familia se encuentran prisioneros de un juego disfuncional y son participantes activos.   Hoy en día el Estado ha implementado políticas públicas para la resolución de estos conflictos a través de la justicia alternativa de solución de conflictos en específico la mediación como un medio en la que una de sus finalidades es regresar el empoderamiento positivo de los directamente involucrados en el conflicto; a través de un mediador que facilitara el dialogo y la escucha activa entre las partes para llegar a un acuerdo que beneficie a todos.   &nbsp

Seguridad Ciudadana: Visiones compartidas

Desde su origen, el gobierno tiene como objeto principal de su existencia la protección de la vida y los bienes de sus ciudadanos. Así lo describe, entre otros muchos pensadores, Juan Jacobo Rousseau en su clásica obra: “El Contrato Social”. En los últimos años como consecuencia del incremento de delitos, de la inseguridad pública, esta atribución y obligación del Gobierno ha destacado como uno de los temas relevantes de Administración Pública: la “Seguridad Ciudadana”. Como sabemos el Estado es permanente, en tanto el gobierno cambia, precisamente para adaptar sus órganos ejecutores conforme a las necesidades de su población y los cambios en su espacio y territorio. La obra que hoy edita el Instituto de Administración Pública del Estado de México, A. C. constituye un esfuerzo de sus autores para contribuir con su información, sus propuestas y sus conclusiones a mejorar la percepción y la realidad de la lucha contra la delincuencia, sus resultados y para aumentar la seguridad ciudadana.Esta publicación presenta un balance de la discusión y el conocimiento acumulado sobre el tema de la seguridad vinculado al Estado de derecho y, actualmente, al nuevo paradigma de la seguridad y los derechos humanos, la función policial y las investigaciones en torno al origen de la conducta delictiva que, en conjunto, han dado pie a la construcción del concepto de seguridad ciudadana. El objetivo es retomar planteamientos teóricos y prácticos sobre el tema, a partir de múltiples disciplinas, estudios y análisis de caso. La revisión crítica a cargo de los autores del proyecto Seguridad Ciudadana: visiones compartidas, parte de una meta ambiciosa: abonar a la construcción de ciudadanía para rescatar la legitimidad del Estado mediante la promoción de prácticas democráticas en las políticas públicas relativas a la seguridad. Asimismo, el trabajo responde al interés creciente de la población y los actores gubernamentales de entender el fenómeno social transversal que estamos viviendo caracterizado por el incremento de los distintos tipos de violencia, que exige un análisis más detallado de sus causas y naturaleza. De igual forma, los textos incluidos ofrecen información y evidencias empíricas que permiten elaborar diversas hipótesis y argumentar a favor o en contra de las políticas aplicadas para combatir la delincuencia