PROBLEMAS DEL DESARROLLO: LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL EN EL ESTADO DE MORELOS

Este reporte resulta del proyecto de investigación Saber ambiental, reapropiación del territorio y movimientos sociales, que desde 2013 se ha venido implementando. Al tener como uno de sus propósitos identificar los nuevos actores sociales en la lucha por la preservación ambiental, se ha vinculado al seguimiento de movimientos sociales opuestos a la implementación de proyectos gubernamentales que buscan reactivar el comercio trasregional y la expansión del capital. Así, se propiciaron reflexiones sobre las condiciones de las personas que viven en el estado de Morelos, que como se sabe en la actualidad se encuentra en una crisis de seguridad; por lo que el estudio de los contextos en la que viven las familias permitió el análisis de la violencia estructural que resulta de condiciones, jerarquías de diferente orden y naturaleza al interior de la sociedad (Mead: 1995). En el estado de Morelos la violencia ha estado presente al menos desde los procesos revolucionarios de 1910 hasta nuestros días, con diferentes matices y connotaciones; lo que se ha mantenido y prevalece aún después del violento estallido revolucionario son estructuras sociales de exclusión, opresión y segregación; observando en éstas condiciones estructurales el origen de la violencia que se vive en la entidad. Con el fin de aportar evidencia que sustente este supuesto se aplicó el Cuestionario Único de Información Socioeconómica (SEDESOL: 2014) a 400 familias de diferentes regiones del estado de Morelos a propósito de alcanzar un nivel de confiabilidad de 95% con un margen de error de 3.8% de acuerdo a la formula para muestras finitas. De esta manera, se realizó un análisis de frecuencias además de una correlación de Pearson a fin de encontrar una relación entre condiciones socioeconómicas y violencia estructural en los núcleos familiares de la entidad

Factores regionales de presión de la participación democrática durante pandemia en México

Las democracias latinoamericanas se encuentran en proceso de consolidación con bajos niveles de participación ciudadana, en las condiciones de la pandemia por Covid-19 se transforman en un factor de presión en contra de la participación ciudadana, ya que disminuyó las reuniones masivas y los mítines políticos. Las elecciones mexicanas de 2021 se desarrollaron durante la pandemia por Covid-19, por lo que el proceso electoral empleó formas inusuales de promoción electoral, pero la participación ciudadana se mantuvo dentro de las tendencias características de votación en México en una elección intermedia al llegar a poco más del 50% de participación. En 2022, aún en condiciones de pandemia por Covid-19, el régimen de gobierno impulsó una consulta de revocación de mandato del titular del poder ejecutivo, lo que generó un debate en torno a la participación ciudadana a favor y en contra de la revocación de mandato, los ciudadanos fueron convocados a la participación política aún en condiciones de pandemia con resultados de participación análogos a otros procesos electorales. La pandemia, así como la crisis económica que propició, se erigieron como factores externos de presión que debieron inhibir el voto de los ciudadanos en un ejercicio de revocación de mandato, considerando que en las elecciones del año anterior solo el 52% de los electores participaron en la elección. Con el propósito de identificar los alcances de los factores que inhiben la participación política, surge la pregunta ¿cuáles son los factores determinantes en la percepción de la realidad, así como en la construcción de discursos solucionadores y cómo inciden en las decisiones político-electorales? ¿Cómo contribuyen el discurso solucionador del presidente Andrés Manuel López Obrador en la percepción de la realidad político-social mexicana en el proceso de revocación de mandato convocado por el Instituto Nacional electoral en México? ¿Es posible diferenciar regionalmente el manejo mediático de la información a través de la opinión pública a la democracia deliberativa y a la formación de consensos sobre la gestión de la pandemia y la participación política? Este trabajo parte del supuesto de investigación que vincula el posicionamiento de un discurso solucionador como un instrumento de comunicación política capaz de orientar la percepción de la realidad social, que permite reconocer dicha realidad, además de propiciar el surgimiento de nuevos proyectos político-sociales, sobreponiéndose a temas coyunturales como la cobertura mediática de la pandemia de Covid-19. Con el propósito de comprobar el supuesto de investigación, se empleó la metodología de análisis de datos de la encuesta de percepción política aplicada en 2022 a 2,400 personas con credencial para votar en 4 de los distritos federales electorales del estado de Morelos, estos resultados se confrontan con los resultados de la revocación de mandato de 2022. Se encontró que las personas que deciden ejercer su voto lo hacen de manera deliberativa aún en condiciones de pandemia, tratan de construir consenso en torno a las principales demandas sociales de intervención, por lo que el discurso gubernamental es una pieza de comunicación política que orienta las acciones sociales

Machismo y violencia de género en la impartición de justicia para adolescentes

A finales de 2018 se realizó un ejercicio del Laboratorio de masculinidades con el personal del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) del estado de Morelos, durante 12 sesiones realizadas a lo largo de tres meses se compartió con el personal del tribunal una reflexión crítica sobre la masculinidad hegemónica desde la perspectiva de los estudios de los hombres. En las sesiones de trabajo resultaba recurrente la idea de que la masculinidad socialmente aceptada y relacionada con los (anti) valores de la masculinidad hegemónica, no constituía un elemento determinante en la desigualdad entre los varones con las mujeres; de hecho, muchos de los participantes compartían la idea que las políticas de igualdad de género eran discriminatorias para los varones. En este contexto, surgió la duda por conocer si el personal del tribunal conocía e implementaba los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de impartir justicia con perspectiva de género, fue así como surgió la inquietud por conocer ¿qué efectos tiene en la identidad de género de los jóvenes adolescentes en conflicto con la ley la invisibilización de la violencia patriarcal? Por lo que se planteó la pregunta de investigación ¿qué tipo de sentencias viven jóvenes adolescentes del estado de Morelos considerando que en muchas de ocasiones los conflictos con la ley de las personas adolescente obedecen a acciones por afirmar su identidad de género? A fin de responder la pregunta de investigación, se decidió hacer un estudio exploratorio cuasi experimental con el personal que participó en las sesiones del Laboratorio de masculinidades además de emplear como grupo de contraste a estudiantes de la Facultad de Derecho de la UAEM. Con el propósito de recabar información se aplicó el instrumento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de equidad de género; a fin de determinar si las personas que administran justicia poseen mayores herramientas en la gestión de la violencia de género. La muestra es representativa para población del tribunal al ser el universo con una confiabilidad de 97% y un error muestral de más-menos 3.8 % empleando la formula n=((p*q)*z^2)/e^2 . Mediante la sistematización de los cuestionarios, se construyeron escalas, se calculó la correlación y se corroboró el supuesto de investigación. Se encontró que las variables exógenas no inciden en los actos de machismo y violencia de género en contra de las mujeres, toda vez que entre los encuestados se identificaron actitudes machistas, por lo que se encontró que las variables exógenas no resultan críticas en la asimilación de los (anti) valores de la masculinidad hegemónica que invisibilizan la violencia patriarcal, así como los prejuicios y estereotipos de género

Cambio Climático: La (In)Justicia Ambiental del Capitaloceno

El Antropoceno es una categoría que inaugura una nueva era geológica, en la cual la huella de las actividades humanas sobre todos los ecosistemas, y, en consecuencia, en los seres vivos del planeta tiene un impacto determinante, al punto de convertirse en la piedra angular de las extinciones de especies animales y vegetales. Pero el concepto encubre las responsabilidades de los diversos actores sociales, al decir antropoceno pareciera que es la humanidad en su conjunto la responsable del cambio climático mundial (CC), del agotamiento y contaminación de los ecosistemas, así como de las extinciones masivas de seres vivos, pero esto no es así, no todos los seres humanos son igualmente responsables de estos impactos ambientales ni se exponen de igual manera a las amenazas ambientales. Es por ello que es más preciso conceptualizar el fenómeno como capitaloceno, ya que es el modo de producción capitalista que transmuta vida por capital y que sea consolidado como el modo de producción hegemónico a escala planetaria, es el responsable de la devastación ambiental; la racionalidad que transmuta vida por capital es la responsable de la pérdida de ecosistemas, especies animales, así como vegetales. Es por ello que la justicia ambiental revela la tensión entre los responsables de la degradación además de la contaminación ambiental con la defensa del ambiente, los derechos civiles, la justicia social y la equidad. Los efectos del CC en los seres humanos y en los ecosistemas de los que depende su bienestar son múltiples, las regiones donde el capitalismo es dependiente de los centros financieros son territorios con afectaciones de los procesos globales de contaminación y deterioro ambiental. A fin de demostrar estos efectos en las diversas regiones de México se descargó la base de datos del Covid-19 donde se registraron más de 41,280 decesos entre, la base de datos se exportó a IBM-SPSS agregando los índices de vulnerabilidad ambiental por municipio del Instituto Nacional de Cambio Climático, así como la pobreza y marginación por municipio de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas. Se realizó una prueba de análisis de medias, así como un análisis de Chi-cuadrada a fin de determinar la relación entre las muertes por contagio de Covid-19 con la degradación ambiental. Los resultados corroboran que las muertes se vinculan con los municipios con mayor nivel de vulnerabilidad climática y ambiental

La administración educativa de los menores infractores en los Estados Unidos Mexicanos

The delinquent children is the page forgot of the Office of the secretary of Education Publishes. At present, the delinquent children the Public Office of the secretary of Security administers them. By which, the adaptation is an educational failure. Is nonexistent the education specialized for the delinquent children. Therefore, it is necessary that the delinquent children the Public Office of the secretary of Education educate them.Los menores infractores son la página olvidada de la Secretaría de Educación Pública. Su educación está a cargo, fundamentalmente, de la Secretaría de Seguridad Pública. Por lo cual, la supuesta adaptación es un fracaso, ya que la educación es asistemática e impartida por entes que no están diseñados para tal fin

La administración educativa de los menores infractores en los Estados Unidos Mexicanos

Los menores infractores son la página olvidada de la Secretaría de Educación Pública. Su educación está a cargo, fundamentalmente, de la Secretaría de Seguridad Pública. Por lo cual, la supuesta adaptación es un fracaso, ya que la educación es asistemática e impartida por entes que no están diseñados para tal fin

La administración de justicia de menores en México. La reforma del artículo 18 de la constitución política de los estados unidos mexicanos

Las últimas reformas que ha tenido la regulación sobre menores infractores en México han abierto un terreno fértil para la discusión jurídica, pues existen varias posturas al respecto. Los autores de este artículo nos muestran la evolución del artículo 18 constitucional encargado de la regulación en la administración de justicia para menores, y explican la interacción que habrá de darse entre el Poder Judicial de la Federación y la Secretaría de Educación Pública, pues en concordancia con los lineamientos internacionales el menor no es un delincuente sino un infractor que requiere de supervisión y educación. Es decir, requiere de un tratamiento de tipo preventivo y formador, más que de tipo correccional, lo cual representa un gran avance en nuestro sistema de impartición de justicia