Genealogia dels Palou de Montfullà i Bescanó

Estudi genealògic de la familia Palou. A finals del segle vivien a Montfullà. després es traslladen a Bescanó i funalment a Santes, llavors poble i avui barri de barcelon

Motion Tomography of a single trapped ion

A method for the experimental reconstruction of the quantum state of motion for a single trapped ion is proposed. It is based on the measurement of the ground state population of the trap after a sudden change of the trapping potential. In particular, we show how the Q function and the quadrature distribution can be measured directly. In an example we demonstrate the principle and analyze the sensibility of the reconstruction process to experimental uncertainties as well as to finite grid limitations. Our method is not restricted to the Lamb-Dicke Limit and works in one or more dimensions.Comment: 4 pages, Revtex format, 4 postscript figures, changed typographical error

Quantum gates with "hot" trapped ions

We propose a scheme to perform a fundamental two-qubit gate between two trapped ions using ideas from atom interferometry. As opposed to the scheme considered by J. I. Cirac and P. Zoller, Phys. Rev. Lett. 74, 4091 (1995), it does not require laser cooling to the motional ground state.Comment: 4 pages, 2 eps figure

Reconstruction of Liouvillian Superoperators

We show how to determine (reconstruct) a master equation governing the time evolution of an open quantum system. We present a general algorithm for the reconstruction of the corresponding Liouvillian superoperators. Dynamics of a two-level atom in various environments is discussed in detail.Comment: 4 pages, revtex, 1 eps figure, accepted for publication in Phys. Rev.

Juzgando con perspectiva de género el complemento de maternidad: Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 904/2019, de 11 de septiembre

Mediante el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), se renumera el complemento por maternidad, que pasa a estar regulado en el artículo 60.Mediante el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), se renumera el complemento por maternidad, que pasa a estar regulado en el artículo 60

El derecho a la salud laboral con perspectiva de género: Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2 de julio de 2019 (rec. 369/2019)

El derecho a la salud laboral dispone en nuestro siglo de una protección multinivel reforzada. Ello ha sido el resultado de una larga andadura jurídica y social, muchas veces empedrada, iniciada a principios del siglo pasado, que ha ido evolucionando hasta nuestros días. Por suerte, en la actualidad, una nueva cultura laboral ha colocado el derecho de las personas trabajadoras a la prevención de riesgos en un lugar prevalente en coherencia con un Estado social y democrático de derecho. Así, el mandato constitucional del artículo 40.1 de la Constitución española (CE) que ordena a los poderes públicos velar por la «seguridad e higiene» en el trabajo ha sido desarrollado por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL), que traspuso la Directiva Marco 89/391/CEE y engarza a efectos sancionadores con el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (LISOS). Las sanciones se configuran con una clara función jurídica, social y disuasoria que se extiende al ámbito de la prevención de riesgos, al afectar a la salud de la persona trabajadora (art. 15 CE), que puede ser vulnerada no solo cuando se daña efectivamente, sino también cuando se pone en peligro (Sentencias del Tribunal Constitucional 62/2007 y 160/2007). Tal protección se reproduce a nivel de la Unión Europea (UE), del Consejo de Europa, y a nivel internacional, desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT).El derecho a la salud laboral dispone en nuestro siglo de una protección multinivel reforzada. Ello ha sido el resultado de una larga andadura jurídica y social, muchas veces empedrada, iniciada a principios del siglo pasado, que ha ido evolucionando hasta nuestros días. Por suerte, en la actualidad, una nueva cultura laboral ha colocado el derecho de las personas trabajadoras a la prevención de riesgos en un lugar prevalente en coherencia con un Estado social y democrático de derecho. Así, el mandato constitucional del artículo 40.1 de la Constitución española (CE) que ordena a los poderes públicos velar por la «seguridad e higiene» en el trabajo ha sido desarrollado por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL), que traspuso la Directiva Marco 89/391/CEE y engarza a efectos sancionadores con el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (LISOS). Las sanciones se configuran con una clara función jurídica, social y disuasoria que se extiende al ámbito de la prevención de riesgos, al afectar a la salud de la persona trabajadora (art. 15 CE), que puede ser vulnerada no solo cuando se daña efectivamente, sino también cuando se pone en peligro (Sentencias del Tribunal Constitucional 62/2007 y 160/2007). Tal protección se reproduce a nivel de la Unión Europea (UE), del Consejo de Europa, y a nivel internacional, desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Juzgando el derecho a conciliar familia y trabajo con doble perspectiva: infancia y género: Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 1 de septiembre de 2020 (rec. 197/2020)

El actual redactado del derecho de las personas trabajadoras a la adaptación horaria, contenido en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores (ET), tras la reforma introducida por el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, pretende asegurar el ejercicio de un derecho laboral con impacto constitucional, que en su anterior redacción parecía quedar condicionado a la negociación colectiva.El actual redactado del derecho de las personas trabajadoras a la adaptación horaria, contenido en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores (ET), tras la reforma introducida por el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, pretende asegurar el ejercicio de un derecho laboral con impacto constitucional, que en su anterior redacción parecía quedar condicionado a la negociación colectiva