la construction de la tolérance dans l'ère post–séculaire

La libertad de expresión es el cauce para la formación de la opinión pública libre, que es el fundamento del pluralismo político y de la democracia misma. El reverso de la libertad de expresión son los discursos del odio, que se dirigen contra un grupo determinado de personas a los que se asignan rasgos denigratorios que persiguen el rechazo social. En nuestro contexto global y tecnológico, el eco de este tipo de discursos se multiplica a través de internet y de las redes sociales, donde la palabra agiganta su potencial destructivo para sembrar el odio. La primera pregunta que surge ante esta realidad es si la libertad de expresión ampara la difusión de cualquier idea, incluso de aquellas que ultrajen la dignidad. La segunda gran cuestión es cómo distinguir entre los discursos del odio, no protegidos por la libertad de expresión, y el discurso crítico o procaz que sí ampara dicha libertad. Los fenómenos de escala global como la inmigración, el pluralismo cultural y religioso o el terrorismo internacional, propician la aparición de nuevas tensiones ante las que el Derecho titubea y se contradice. Las fricciones no encuentran un mecanismo de respuesta satisfactorio porque las visiones culturales del problema son muy diferentes. Como consecuencia de ello, la construcción del bien jurídico de la tolerancia encuentra serias dificultades en la realidad pluricultural de la globalización. En este trabajo se describen los modelos jurídicos a escala comparada que, desde distintos planteamientos, sirven para enfocar la resolución de conflictos entre la libertad de expresión y la libertad religiosa. Se analizan, así, el paradigma norteamericano, caracterizado por la idea de tolerancia a partir de la interpretación de la Primera Enmienda a la Constitución de los EE. UU.; y el modelo europeo, tradicionalmente más restrictivo con la libertad de expresión como consecuencia de la mayor protección que brinda a otros derechos que entran en conflicto con aquélla, como el honor, la no discriminación o la libertad religiosa. Junto a ello, se analiza el modelo islámico, el progresivo acercamiento de los paradigmas norteamericano y europeo, así como la posición de NNUU, el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante el problema de la difamación religiosa. Tras ello, se apuesta por una construcción activa de la noción de tolerancia interreligiosa, inspirada en la posición de la UNESCO, que entiende la tolerancia como valor cívico comprometido activamente con los derechos universales inherentes a todo ser humano. Un concepto de tolerancia que no nos hace indiferentes frente a cualquier idea porque sólo acepta las que respetan esos derechos y parten del reconocimiento de los mismos. A partir de este concepto se enuncian dos propuestas jurídicas para orientar los conflictos entre la libertad de expresión y el hecho religioso: la incorporación de los sentimientos religiosos como elemento protegible de la libertad religiosa, de un lado; y, de otro, la justificación de mecanismos jurídicos de reacción frente al odio religioso que, en última instancia, se amparan en el principio de interdicción del abuso del Derecho

Public procurement of innovation: challenges and opportunities for the development of R&D&I from public demand

La compra pública de innovación (CPI) es una modalidad de compra que pretende aumentar la inversión en I+D+i y la mejora de los servicios públicos desde el lado de la demanda, y constituye una apuesta estratégica de la OCDE y de la Unión Europea, especialmente impulsada en los últimos años. Los contratos de CPI presentan una serie de peculiaridades jurídicas en su tramitación que los hacen singularmente complejos, tanto en su fase de preparación y adjudicación como de ejecución, lo que requiere un proceso de aprendizaje y de adaptación para los gestores públicos y para el propio mercado, cuyas claves jurídicas se destacan y comentan pormenorizadamente en este trabajo.Public procurement of innovation (PPI) is a purchasing modality that aims to increase investment in R&D and the improvement of public services from market demand side. It is a strategic commitment of the OECD and the European Union, especially promoted in recent years. PPI contracts present legal peculiarities in their processing that make them uniquely complex, from their preparation til their execution, which requires a learning and adaptation process for public managers and for the market itself , whose legal keys are highlighted in this paper

Derecho, técnica y riesgo: el principio de precaución en el ámbito medioambiental

El factor que actualmente condiciona y determina el ejercicio de las funciones públicas de prevención y corrección del riesgo es la existencia de un presupuesto de hecho de naturaleza científica y técnica como un factor incontrolable para la Administración, cuyo dominio directo está en manos de sujetos privados especializados, de profesionales y del propio mercado. La ordenación jurídica se vuelve más procedimental y formalista, pero también más principialista y finalista que son las notas que caracterizan a un Derecho orientado antes a los resultados que a los medios. La mayor labilidad del principio de legalidad alcanza su mayor intensidad en supuestos de riesgos graves y desconocidos por la emergencia del llamado principio de precaución como cláusula habilitadora de medidas excepcionales frente a los riesgos ambientales e industriales

Claves para la definición de un Estatuto del directivo público profesional

This paper analyzes the figure of the professional civil service manager, barely developed in Spain yet, exposing the incipient regulation of the figure in some Autonomous Communities and in Comparative Law. It also purpose the keys to performance a Civil service management Code based on the recent OECD recommendations, from which Spain is still quite far away.Este trabajo analiza la figura del directivo público profesional, escasamente desarrollada en España a partir de las previsiones del Estatuto Básico del empleado público, exponiendo la incipiente regulación de la figura en algunas Comunidades Autónomas y en el Derecho Comparado. Asimismo desbroza propositivamente las claves de conformación de un Estatuto del directivo profesional a partir de las recientes recomendaciones de la OCDE, de las que nuestro país está aún bastante alejado

El Consell Audiovisual d'Andalusia

La Llei andalusa 1/2004, de 17 de desembre, va crear el Consell Audiovisual d’Andalusia. La naturalesa, l’entitat i l’abast de les funcions atribuïdes al Consell Audiovisual d’Andalusia per la seva Llei de creació doten aquesta institució del perfil de les autoritats reguladores de l’audiovisual establert a Europa, investint-la de l’auctoritas d’influència i de regulació i de la suficient potestas executiva de decisió. I si bé és cert que la Llei andalusa no ha esgotat totes les possibilitats del model «maximalista» que empara la Recomanació del Consell d’Europa de 2000, tampoc no pot negar-se que ha conferit a aquest organisme les potestats executives i reguladores suficients per considerar-lo inclòs de ple en la genealogia d’aquest tipus d’autoritats independents en l’àmbit comparat europeu i nacional. Amb l’esmentat objectiu, el Consell Audiovisual andalús es configura com a autoritat independent, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al desenvolupament de les seves funcions, encarregada de vetllar pel respecte dels drets, les llibertats i els valors constitucionals i estatutaris, així com pel compliment de la normativa vigent en l’àmbit dels mitjans audiovisuals a Andalusia, en relació amb els continguts de les emissions audiovisuals. Certament, la legitimitat democràtica derivada de l’elecció dels seus membres pel Parlament d’Andalusia, la durada del seu mandat, l’important elenc de funcions que la Llei li confereix i la seva actuació independent del Govern i de l’Administració autonòmica són aspectes que atorguen al Consell Audiovisual d’Andalusia el caràcter d’una verdadera «administració independent», que és cohonesta amb la personalitat jurídica pública atribuïda a l’entitat i amb la plena capacitat d’obrar i el règim d’autonomia orgànica i funcional que presideix l’exercici de les seves competències. Aquest caràcter d’autoritat independent de regulació és ratificat i eleva al seu màxim reconeixement formal en el projecte de reforma de l’Estatut d’autonomia per a Andalusia aprovat el Ple del Congrés dels Diputats el 7 de novembre de 2006. La funció de regulació atribuïda al Consell Andalús inclou l’exercici de clàssiques potestats de policia com són la reglamentació, l’autorització o la sanció, però afegeix un plus d’ordenació que es manifesta mitjançant altres activitats (com elaboració d’informes, recomanacions, propostes, mediacions i arbitratges) més lligades a la idea d’auctoritas que de potestas