El ámbito del poder de representación del apoderado general del empresario

En el presente trabajo se estudian las disposiciones del Cco y del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil sobre el ámbito del poder de representación del apoderado general del empresario, o factor, a partir de los dos rasgos que lo caracterizan: El alcance general y el contenido legalmente tipificado

Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea [DOUE L 349,

La plena eficacia y el efecto útil de las disposiciones de competencia de la Unión Europea, en particular de los artículos 101 TFUE (sobre conductas colusorias) y 102 TFUE (sobre abuso de posición dominante), exigen garantizar a cualquier persona perjudicada el derecho a reclamar una reparación eficaz del perjuicio sufrido como consecuencia de las conductas realizadas por los operadores económicos en infracción de esas disposiciones (STJUE de 20-IX-2001, As. C-453/99, Courage; STJUE de 13-VI- 2006, As. C-295/04 a C-298/04, Manfredi). Dado que no existe normativa de la Unión Europea en la materia, corresponde a los Estados miembros configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar ese derech

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), n.º 693/2016, de 24 de noviembre de 2016 [ROJ STS 5163/2016]: Complemento de convocatoria de Junta General de accionistas y actos propios

La normativa reguladora de la sociedad anónima reconoce a determinadas minorías cualificadas de socios el derecho a presentar un complemento a la convocatoria de la Junta general de accionistas para incluir uno o más puntos en el orden del día. En el contexto de la sociedad anónima general, las condiciones para el ejercicio de este derecho se establecen en el artículo 172 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), según el cual «deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria» (en el caso de la sociedad anónima europea y de la sociedad cotizada, véanse, respectivamente, los artículos 494 y 519 LSC). El complemento debe publicarse al menos quince días antes de la fecha de la reunión. La falta de publicación en el plazo establecido es causa de nulidad de la Junta. En la presente Sentencia se pone de manifiesto la incidencia que puede tener en los requisitos del artículo 172 LSC el principio general de que nadie puede ir contra sus propios actos

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), n.º 1145/2021, de 17 de septiembre de 2021. Cártel de los coches

La presente sentencia del Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto por un fabricante de automóviles (Honda Motor Europe) contra la Sentencia de la Audiencia Nacional (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 19 de diciembre de 2019 que desestimó la acción que había planteado contra la Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CnMC) de 23 de julio de 2015 (Expte. S/0482/13, Fabricantes de automóviles), en la cual se sancionó con 171 millones de euros a 21 fabricantes y distribuidores de marcas de automóviles en España,, entre ellos al recurrente, así como a dos empresas consultoras, por prácticas restrictivas de la competencia.......

Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estado

La plena eficacia y el efecto útil de las disposiciones de competencia de la Unión Europea, en particular de los artículos 101 TFUE (sobre conductas colusorias) y 102 TFUE (sobre abuso de posición dominante), exigen garantizar a cualquier persona perjudicada el derecho a reclamar una reparación eficaz del perjuicio sufrido como consecuencia de las conductas realizadas por los operadores económicos en infracción de esas disposiciones (STJUE de 20-IX-2001, As. C-453/99, Courage; STJUE de 13-VI- 2006, As. C-295/04 a C-298/04, Manfredi). Dado que no existe normativa de la Unión Europea en la materia, corresponde a los Estados miembros configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar ese derech