La castración química como pena en el Perú: Un dilema bioético entre dignidad, autonomía y consentimiento

Abstract

This paper critically analyzes the viability of chemical castration as a penalty for sexual offenders from a bioethical and legal perspective. It argues that this measure is contrary to fundamental principles such as human dignity, personal autonomy, and informed consent, all of which are essential in any medical intervention that modifies a person's body. To this end, all the bills submitted to the Congress of the Republic of Peru between 2016 and 2024 proposing the incorporation of chemical castration as a criminal sanction for sexual offenders have been reviewed and analyzed. The analysis identified eight bills presented during the period under study, all of which exhibit serious normative deficiencies, lack of a clear legal framework, and violate constitutional guarantees. Furthermore, it is noted that these legislative proposals respond more to a logic of social revenge and punitive populism than to a genuine purpose of rehabilitation or social reintegration of the offender, which is openly incompatible with the principles and values governing a constitutional state governed by the rule of law. Moreover, it is argued that chemical castration does not constitute an effective measure to address the structural causes of sexual violence and could even generate counterproductive effects for offenders, victims, and society in general.Este trabajo analiza críticamente la viabilidad de la castración química como pena para agresores sexuales desde un enfoque bioético y jurídico. Se sostiene que dicha medida resulta contraria a principios fundamentales como la dignidad humana, la autonomía personal y el consentimiento informado, esenciales en cualquier intervención médica que modifique el cuerpo de las personas. Con este objetivo, se han revisado y analizado todos los proyectos de ley presentados en el Congreso de la República del Perú entre los años 2016 y 2024 que han propuesto la incorporación de la castración química como sanción penal para violadores sexuales. El análisis permitió identificar que se han presentado ocho proyectos de ley con esta propuesta en nuestro periodo de estudio, los cuales adolecen de graves deficiencias normativas, ausencia de un marco jurídico claro y vulneraciones a las garantías constitucionales. Asimismo, se advierte que estas propuestas legislativas responden más a una lógica de venganza social y populismo punitivo, que, a un verdadero propósito de rehabilitación o reinserción social del infractor, lo cual resulta abiertamente incompatible con los principios y valores que rigen un Estado constitucional de derecho. Por otro lado, se argumenta que la castración química no constituye una medida eficaz para enfrentar las causas estructurales de la violencia sexual, e incluso, podría generar efectos contraproducentes tanto para los infractores como para las víctimas y la sociedad en general