La inserción de la dicotomía «Seguridad Social/Asistencia Social» en el marco de la distribución competencial del Estado Autonómico

La inserción de la dicotomía «Seguridad Social/Asistencia Social» en el marco de la distribución competencial del Estado Autonómico resulta ser una cuestión controvertida y todavía de difícil solución, habida cuenta de su conexión con diferentes ramas de la acción protectora a dispensar por los poderes públicos en el marco del Estado Social. En este sentido, parece conveniente la reflexión sobre la estructura que delimita los diversos niveles de la Protección Social y la individualización del régimen de competencias que ostentan en esta materia tanto el Estado central como las Comunidades Autónomas en la medida en que su actuación conjunta y coordinada conforma el fundamento del Estado de las Autonomías que consagra la Constitución Española. Desde esta perspectiva y tomando como punto de partida el análisis de los perfiles esenciales de los modelos constitucionales de Protección Social y distribución competencial (consagrados principalmente, como se sabe, en los artículos 41, 148 y 149 de la Norma Suprema), el presente estudio pretende poner de manifiesto las consecuencias prácticas que se producen con ocasión del entrecruzamiento de los citados modelos, con el objetivo primordial de arrojar una solución coherente a la controversia planteada que respete los principios que inspiran el Estado de las Autonomías y que fortalezca la necesaria colaboración que debe prevalecer entre éstas y el poder central para la consecución del fin último de todo Estado de Bienestar Social, que no es otro que el de garantizar una Protección Social suficiente que permita satisfacer las necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos

La aplicación del principio de igualdad al contrato de trabajo a tiempo parcial

La protección de los derechos de los trabajadores en el supuesto específico del contrato de trabajo a tiempo parcial constituye una de las cuestiones que mayores problemas plantea en cuanto a su proyección práctica. Ello se debe a la manifiesta confluencia que existe en la actualidad de distintas categorías de trabajadores que desarrollan su actividad laboral en una misma entidad mercantil, a la que se encuentran vinculados mediante diferentes modalidades de contrato de trabajo. Si bien, tal diversidad de relaciones contractuales existente respecto a los sujetos integrantes de la plantilla de una empresa no es óbice para que puedan establecerse diferencias en la configuración del estatuto jurídico de los asalariados a tenor del principio constitucional de igualdad que inspira a todo el ordenamiento jurídico español. El presente estudio pretende poner de relieve una serie de cuestiones controvertidas que se suscitan en la aplicación del mencionado criterio de igualdad en relación al reconocimiento y/o disfrute de determinados derechos laborales inherentes a la condición de trabajador por cuenta ajena, tomando en consideración las peculiaridades que pueden originarse en cuanto a la jornada reducida de trabajo que ostentan los empleados a tiempo parcial

La competencia judicial internacional en el contrato individual de trabajo

La determinación de la competencia judicial internacional en el supuesto específico del contrato individual de trabajo constituye una de las cuestiones que mayores problemas plantea en cuanto a su proyección o aplicación práctica. Ello se debe a la existencia de una diversidad de normas de carácter internacional (Convenios de Bruselas y Lugano y Directiva 96/71/CE del Consejo sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios), que, junto con las disposiciones de producción interna (en el caso de España, el art. 25.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley 45/1999 de transposición de la Directiva anterior), consagran un amplio abanico de criterios o foros competenciales aplicables a los litigios de tráfico jurídico externo que se suscitan en el seno de las relaciones laborales y, concretamente, en materia de contrato individual de trabajo. El presente estudio pretende exponer con claridad los supuestos de aplicación de cada uno de estos instrumentos reguladores de la competencia judicial internacional, a fin de determinar el órgano jurisdiccional competente para el conocimiento y resolución de la controversia planteada. Para lograr este objetivo, resulta necesario el análisis detallado de los criterios atributivos de competencia que integran cada una de dichas regulaciones. Todas ellas encaminadas, con carácter general, a establecer un sistema tutelador del trabajador en cuanto que es la parte más débil de esta relación contractual