La inserción de la dicotomía «Seguridad Social/Asistencia Social» en el marco de la distribución competencial del Estado Autonómico resulta ser una cuestión controvertida y todavía de difícil solución, habida cuenta de su conexión con diferentes ramas de la acción protectora a dispensar por los poderes públicos en el marco del Estado Social. En este sentido, parece conveniente la reflexión sobre la estructura que delimita los diversos niveles de la Protección Social y la individualización del régimen de competencias que ostentan en esta materia tanto el Estado central como las Comunidades Autónomas en la medida en que su actuación conjunta y coordinada conforma el fundamento del Estado de las Autonomías que consagra la Constitución Española.
Desde esta perspectiva y tomando como punto de partida el análisis de los perfiles esenciales de los modelos constitucionales de Protección Social y distribución competencial (consagrados principalmente, como se sabe, en los artículos 41, 148 y 149 de la Norma Suprema), el presente estudio pretende poner de manifiesto las consecuencias prácticas que se producen con ocasión del entrecruzamiento de los citados modelos, con el objetivo primordial de arrojar una solución coherente a la controversia planteada que respete los principios que inspiran el Estado de las Autonomías y que fortalezca la necesaria colaboración que debe prevalecer entre éstas y el poder central para la consecución del fin último de todo Estado de Bienestar Social, que no es otro que el de garantizar una Protección Social suficiente que permita satisfacer las necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos