¿Cómo financiar los programas del primer pilar? Protección del riesgo de vejez en Colombia

Las evaluaciones recientes, hechas a las reformas realizadas a los sistemas de pensiones de varios países de América Latina, han resaltado la necesidad de prestar mayor atención a la protección del riesgo de vejez de los más pobres. La fragilidad de la protección de la vejez resulta, en esencia, del desfavorable desempeño del mercado laboral y de su precaria articulación con los sistemas de protección social de los países. El siguiente documento inicia mostrando algunos rasgos del financiamiento de las prestaciones para los ancianos, tanto en los países desarrollados como subdesarrollados. Así mismo, se precisan los interrogantes que plantean los autores alrededor del tema en América Latina y Colombia, bajo una revisión de los diferentes instrumentos introducidos con la reforma al sistema en 1993, para ampliar la cobertura y proteger a los más viejos, y sus ajustes recientes. Finalmente, se concluye la imposibilidad de lograr una mejor protección, sin involucrar el rediseño de instituciones sociales y fiscales.seguridad social, sistema de pensiones, riesgo de vejez, Colombia

Education reform in Colombia

Public education is one of the largest components of the public sector in Colombia, in term of its size, share of public expenditures, and geographic coverage. In 1997, Colombia had 85 thousand educational establishments, 390 thousand teachers, and 8.6 million students. In addition, public school teachersand educational staff comprise the highest percentage of public sector employment. During the last half of the 1980s, the Central government promoted a reorganization of the state administration to give municipalities a greater responsibility in financing and administering most public services. Thispaper examines various aspects of the public education system in Colombia and evaluates the impact of the educational reforms adopted in the last decade. Our empirical analysis suggests that with the exception of teacher salaries, which experienced a significant increase after 1994, the trends in severalmeasures of educational outcomes are roughly similar both before and after 1994. It seems unlikely, therefore, that the education reforms had much impact on Colombia´s education system. The paper concludes by making a number of policy recommendations that could improve the allocation of resources in this large and important sector.Educación, Reforma a la educación, Colombia

Reformas pensionales y costos fiscales en Colombia

Colombia realizó en 1993 una reforma de todo su Sistema de Seguridad Social: pensiones (invalidez, vejez y muerte), salud, y protección contra riesgos profesionales. Se abrió la administración del aseguramiento, la inversión del ahorro, la prevención y la provisión de servicios médicos a firmas privadas así como a entidades públicas, para promover la competencia y mejorar los servicios, bajo regulación y con garantías estatales. En este documento se trata solamente el sistema ordinario de pensiones 1 , describiendo en primer lugar los principales aspectos de la reforma propuesta por el Gobierno en 1992, la aprobada con la Ley 100 de diciembre de 1993 que ha entrado en vigencia a partir de Abril de 1994, y se analizan los temas principales para una nueva ronda de reformas que se está contemplando ahora, motivada en buena parte por preocupaciones fiscales. Con el propósito de enfrentar problemas de dispersión institucional, multiplicidad de regímenes, baja cobertura, inequidad, ineficiencia administrativa, y desequilibrio financiero originado en las bajas tasas de cotización y desproporcionados beneficios, se propuso en 1992 una reforma inicialmente pensional, pero que luego se acompañó también de una profunda reforma del sistema de salud. Aunque la propuesta gubernamental en materia de pensiones era sustituir totalmente en el largo plazo el sistema tradicional de reparto simple por otro de capitalización individual, el acuerdo político que permitió la reforma mantuvo permanentemente el régimen anterior de reparto simple, simultáneamente con el nuevo sistema de capitalización individual. Durante el trámite legislativo se introdujeron otros cambios muy decisivos, como los de relajar los ajustes de beneficios definidos, y sobretodo la continuación de todos los generosos regímenes previos de beneficios por 20 años más, concesión particularmente ventajosa para los empleados y pensionados del sector público. El gobierno propuso excluir de la reforma solamente a la fuerza pública, pero presiones políticas durante el proceso de negociación lograron exceptuar también los regímenes de los maestros públicos y de los empleados de la empresa estatal petrolera. Aunque la ley aprobada introdujo una competencia formal entre el régimen definido por beneficios y el de ahorro o de capitalización individual, definido por contribuciones, los incentivos reales han conducido más bien a una complementariedad entre ellos y a una tendencia de largo plazo hacia la concentración en el régimen de capitalización. Lo que se ha presentado efectivamente hasta la fecha ha sido consecuente con dichos incentivos: una tendencia a la concentración de afiliados en el sistema de capitalización individual, con excepción de los que se vieron más favorecidos por el régimen de transición de beneficios definidos. La evolución ha mostrado luego de cerca de siete años, que los mayores obstáculos a la implementación de la reforma del 93 se han concentrado en el sistema de pensiones para los empleados del sector público, que exigirá en los próximos años un creciente monto de recursos directos del presupuesto, y cuya financiación es uno de los principales retos para las finanzas públicas. Recientemente, con ocasión de un nuevo proyecto de reforma que ha estado contemplando la actual administración, se ha vuelto a estimar los costos fiscales por concepto de obligaciones pensionales: los de la transición parcial del reparto al sistema capitalizado, los subsidios permanentes al sistema residual definido por beneficios, las garantías de pensión mínima para el sistema de capitalización, y el apoyo a los sistemas que no han sido reformados. Aunque era previsible, hoy es más claro que los costos de transición al régimen de capitalización son sólo parte de los déficits que han resultado insostenibles para el fisco en el más largo plazo. La necesidad de ajuste se presenta en este momento principalmente porque no se reformó o porque se ha ejecutado poco de la reforma de las pensiones para el sector público, y por la generosidad de la transición que mantuvo los regímenes anteriores de beneficios. El pago de obligaciones pensionales con funcionarios públicos nacionales y locales constituirá la carga fiscal más difícil de asumir por los gobiernos central y locales en los próximos 15 años. De acuerdo con algunos supuestos plausibles, en el 2007 el ISS habrá agotado sus reservas, y el costo fiscal que representará la atención de sus obligaciones se añadirá desde entonces a la carga por concepto de atención de pensiones de funcionarios públicos, amenazando la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por su parte, los llamados costos de transición hacia un sistema de capitalización solo asumirán el papel principal desde mediados de la próxima década. Por lo anterior, simultáneamente con la definición de la financiación de estos pagos para el sector público, las más importantes tareas que tendría una nueva ronda de reformas en materia pensional serían, en primer lugar, la adopción de un régimen único general con parámetros que guarden un mayor equilibrio entre contribuciones y beneficios, con un reducido período de transición. En segundo término, los sectores excluidos tendrían que ser ajustados, y en lo posible o recomendable deberían comenzar a hacer parte de este régimen general, además de generar mayores ingresos por cotizaciones para pagar sus amplios beneficios. Existen además otros importantes ajustes que deberán ser realizados para reducir los déficits fiscales pensionales : i) suprimir las posibilidades de traslados casi libres entre los dos subsistemas pensionales; ii) adoptar ajustes a la pensión mínima; iii) eliminar las exenciones tributarias para altas pensiones: iv) reformar el mecanismo de solidaridad para el pago de aportes, a favor del pago de pensiones mínimas; entre los más importantes.

Políticas para promover una ampliación de la cobertura del sistema de pensiones en Colombia

Colombia emprendió en 1993 una ambiciosa reforma de su sistema de seguridad social en pensiones, salud y protección contra riesgos profesionales. Entre las razones para ello y dentro de los objetivos de dicha reforma, se contemplaron las limitaciones de cobertura de los sistemas anteriores de seguridad social y de salud pública. Recientemente, la economía colombiana ha sufrido una recesión nunca antes experimentada en su historia contemporánea, que aumentó la tasa de desempleo y afectó la cobertura de la seguridad social. Es necesario por lo tanto advertir que los avances logrados tanto en salud como en pensiones se frenaron con la crisis, sin que por ello pueda desconocerse el éxito de tal reforma. Este documento evalúa los logros y las deficiencias en cobertura de pensiones obtenidos con la reforma. Además de presentar la información sobre cobertura en los diferentes subsistemas existentes, se examinan las principales características del mercado laboral, y se evalúa el impacto de la reforma y de sus principales mecanismos para promover una extensión del seguro del riesgo de vejez. La reciente recesión ha mostrado las deficiencias del sistema de protección social colombiano, que ha encargado a la seguridad social de responsabilidades que pueden cumplir de manera más eficiente una política asistencial, una red de apoyo social y sobre todo mecanismos de protección del ingreso laboral. La experiencia colombiana arroja lecciones interesantes por el contraste entre los desarrollos de la cobertura de la seguridad social en pensiones y en salud, ya que a pesar de la puesta en marcha de instrumentos especiales para aumentarla cobertura de pensiones como los subsidios a cotizaciones y las pensiones asistenciales, ha habido poco éxito. Por el contrario el establecimiento de un régimen de aseguramiento subsidiado en salud ha permitido un aumento notable de cobertura, aunque también se tema por su sostenibilidad. El sistema de pensiones tiene aún que resolver problemas globales de diseño e implementación que afectan su capacidad así como apoyarse en instrumentos complementarios para expandir su cobertura. Entre los primeros está el alto costo de la garantía de pensión mínima, asociada impropiamente al nivel del salario mínimo, lo cual proporciona incentivos inadecuados y resulta en que se le impongan condiciones muy restrictivas. Entre los mecanismos complementarios que se sugieren para lograr una mayor cobertura se encuentra el diseño de un sistema de protección del ingreso laboral que atenúe los efectos temporales de las crisis sobre el empleo y por lo tanto sobre la continuidad de las contribuciones. Así mismo dada la imposibilidad de superar el carácter informal y precario de una parte importante del empleo que se genera y de la volatilidad del mismo, se recomienda desarrollar mecanismos asistenciales organizados mediante redes de protección y apoyo social.

Jóvenes y pensiones en Colombia : ahorro para un futuro mejor

¿Sabe cuánto recibirá de pensión al momento de jubilarse? ¿Cuánto debe ahorrar para su pensión? ¿Qué le implica dejar de cotizar por algún tiempo? ¿Qué diferencias hay entre el sistema de pensiones de los mayores y el de las de las nuevas generaciones? Sin importar la edad, cada vez es más frecuente la solicitud de respuestas a estas preguntas. El Estado y la academia vienen aportando elementos para resolver la incertidumbre sobre las posibilidades de recibir en el futuro una pensión. La urgencia por modificar el sistema de protección social acorde con los cambios demográficos, de implementar una estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad, además de los elevados costos del sistema de pensiones en Colombia, pusieron nuevamente sobre el tapete el tema de las inequidades del sistema pensional y llamaron la atención de los responsables sobre la formulación de políticas para la juventud, pues las nuevas generaciones son las más afectadas debido a que sus intereses no siempre han estado representados. Investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, en desarrollo de su línea de investigación sobre política social, estudian la evolución de la situación de las familias en el país y del impacto que tienen sobre ellas distintas políticas públicas. Una de las áreas de estudio es el sistema pensional: su reforma en 1993, los ajustes realizados en años recientes, su limitada cobertura y el excesivo costo por prestaciones muy generosas acordadas a diferentes grupos de empleados de entidades estatales. Por solicitud del programa Colombia Joven(...), de la Presidencia de la República, se realizó una aproximación de las perspectivas de pensión de los jóvenes, con el fin de complementar al diseño del sistema de protección con que podrán contar los jóvenes de hoy en su vejez(...). Para alinear el sistema de pensiones a los cambios socio-económicos era necesaria la reforma. La reducción del ritmo de crecimiento de la población, su mayor longevidad, la vinculación de la mujer a los mercados de trabajo, son sólo algunos de estos cambios, que exigieron aumentar el tiempo y tasas más altas de cotización y, por supuesto, elevar la edad para el retiro. Con menores tasas de crecimiento demográfico no es posible que la población activa pueda, con sus contribuciones, atender las pensiones de una población mayor que creció a tasas más altas y que vivirá por más años. Tampoco es posible sostener con impuestos, los beneficios desproporcionados en pensiones de personas que disfrutaron altos ingresos a lo largo de su vida(...). El cambio que introdujeron muchos países, entre ellos Colombia, hacia sistemas basados en el ahorro de cada persona en su vida activa, para financiar su pensión, ha exigido el uso de crecientes recursos públicos para pagar las obligaciones por pensiones que no contaban con las suficientes reservas para su atención, hecho que afectará el crecimiento de la economía y el bienestar de los jóvenes

Las redes de protección social: modelo incompleto

La crisis de finales de la década de los años noventa en América Latina mostró la mayor vulnerabilidad de la región y de sus habitantes, y la insuficiencia de los mecanismos tradicionales de protección de las familias. La crisis obligó a diseñar programas de emergencia que, con pocas excepciones, contaron con un financiamiento precario y alcanzaron una cobertura reducida. En este trabajo se propuso elaborar un inventario de los programas recientes puestos en marcha para enfrentar las consecuencias severas de la crisis e identificar las principales debilidades de los esquemas de protección con que cuenta la región. Se analizaron los principales resultados económicos y sociales de finales de los años noventa y las respuestas de las familias latinoamericanas frente a la crisis. El aumento de la pobreza, asociado con una tendencia creciente del desempleo y el incremento de la desigualdad, son los hechos que generan mayor preocupación en materia social. El aumento del gasto social, la mayor eficiencia y su mejor distribución no lograron compensar los efectos de la aguda crisis económica. Las familias pobres, más vulnerables ante una crisis prolongada, se vieron forzadas a retirar sus hijos de la escuela y a reducir su consumo de alimentos, lo que afectó su salud. Los países de América Latina desarrollaron diferentes esquemas de protección que fueron insuficientes para enfrentar los riesgos derivados de una mayor exposición a varios tipos de choques externos. En el contexto de los cambios estructurales adelantados en las últimas dos décadas, los países realizaron varias reformas a los esquemas tradicionales de seguridad social de la región, los cuales, con pocas excepciones, continuaron brindando protección sólo a los trabajadores del sector formal. Asimismo, se aprobaron reformas laborales tendientes a adecuar la legislación laboral a un nuevo tipo de empleo con menor estabilidad. La baja generación de empleo en el sector formal y el consiguiente crecimiento de las actividades informales, cuya principal característica es precisamente carecer de mecanismos de protección, ha mostrado la falta de un sistema de protección de ingresos que comprenda a todos los trabajadores. Las redes de protección social, como se han conocido en América Latina, funcionan como un mecanismo de articulación y ejecución de diversos programas sociales, en general "asistenciales" para diferenciarlos de aquellos que hacen parte de los de la seguridad social o del desarrollo social tradicionales. Los primeros, buscan reducir la vulnerabilidad de las familias ante las crisis. En un principio, se concibieron como programas de emergencia para superar los efectos de la crisis, pero progresivamente se ha tratado de fortalecerlos y darles el carácter de permanentes ante la prolongación de la crisis y la certeza de los ciclos. Entre los nuevos programas de emergencia, se han identificado principalmente tres grandes grupos: programas de generación de empleo (obras públicas, subsidios a la creación de empleo -wage subsidies- y líneas de crédito subsidiado), programas de capacitación (jóvenes desempleados) y programas de subsidios condicionados (transferencias en efectivo). No obstante los logros en el diseño de programas para enfrentar la crisis a finales de los años noventa, los esquemas de protección social de la región tienen una importante tarea si se proponen lograr los principales objetivos del milenio. Estos se refieren, en primer lugar, a superar la baja proporción de la población cubierta con los programas, limitada fundamentalmente por la proporción de recursos disponibles. En segundo término, las posibilidades de avanzar hacia una red integrada de cobertura de todos los riesgos sociales busca resolver tensiones de distinta índole: entre los objetivos de corto y largo plazo en materia de reducción de la pobreza; entre los objetivos de la política macroeconómica y sus efectos sobre los objetivos y metas sociales; entre los programas tradicionales y la red de seguridad social del sector formal frente a la necesaria flexibilidad que requieren los programas orientados a enfrentar coyunturalmente el ciclo económico y su extensión a los trabajadores informales; entre los destacados niveles de gobierno y la variada gama de organizaciones que atienden riesgos sociales. Las principales recomendaciones de este trabajo se dirigen a integrar una verdadera Red de Protección Social que articule los programas existentes de una manera permanente. En diferentes partes de este trabajo se presentan algunos elementos del debate sobre el manejo del riesgo social, motivado por las necesidades crecientes de protección. Se llama la atención sobre la necesidad de construir un conjunto de mecanismos que garanticen cierta estabilidad económica general y condiciones aceptables de vida de la población. Se busca que el funcionamiento de la protección social contenga mecanismos anti-cíclicos. Así se presentan los nuevos enfoques de riesgos para identificar mejor, tanto los eventos y la población expuesta, como los diferentes mecanismos para enfrentarlos. Finalmente se plantea el debate sobre la importancia de enfrentar las causas estructurales de la pobreza, pero también de realizar una política asistencial en condiciones de emergencia.

Una aproximación al financiamiento de un Sistema de Protección Social en Colombia

El documento hace una revisión de las principales fuentes de protección social que hay en Colombia y las características de los sistemas de protección de otros países. Se encuentra que gran parte de lo que se conoce como gasto social se destina al tema pensional y que los resultados de los fondos de solidaridad son muy pequeños frente a la autoprotección de los hogares. Se propone tener en cuenta los esfuerzos individuales y privados que hay en Colombia al diseñar un sistema de protección social, pues de lo contrario se estarían desincentivando estos esfuerzos.***************************************************************************************************************The document is a review of the main financial sources of the Social Protection in Colombia and the features of other Social Protection systems. We find that the social expenditure is focused in pensions and the results from Solidarity Funds are insignificant if we compare it with the autopretection resources used by the housholds. We propose to take into account the individual and private efforts in Colombia if the government choose to create a Social Pension System because it can disinsentive this effort.Protección Social, gasto social, Colombia, finanzas públicas

Efectos de la reforma en salud sobre las conductas irregulares en los hospitales públicos: El caso de Bogotá, Distrito Capital, Colombia

La reforma aplicada en Colombia en el sector salud durante la década de los noventa logró un importante avance en cobertura de la población mediante un nuevo esquema público-privado en la provisión de este servicio. Este trabajo estudia el efecto de las innovaciones institucionales sobre las conductas irregulares en los hospitales públicos de Bogotá. El estudio muestra en primer lugar que hay evidencia de conductas irregulares en los hospitales públicos. Los resultados muestran que en 1998 se perdieron alrededor de un 5% de las horas médicas contratadas como consecuencia del ausentismo injustificado y también que el 60% de las adquisiciones de insumos médicos de una muestra fueron pagadas a precios superiores a los que era posible obtener a través de una organización que ofrece precios negociados con las autoridades del Distrito. Así mismo encuentra que la reforma no logró en todos los casos realizar un verdadero cambio de reglas del juego en el sector. Aquellos hospitales más exitosos en asimilar la reforma muestran menores niveles de conductas irregulares en el indicador construido en este trabajo.

Acceso de los hogares a los principales servicios públicos y sociales y percepciones de calidad sobre estos servicios

Se presentan los principales resultados de la Encuesta de Calidad de Vida de 2003 sobre los servicios públicos domiciliarios y los servicios sociales en Colombia. El análisis se hace comparativo con el año 1993 y 1997 tanto a nivel geográfico como a nivel socioeconómico. Se encuentra que a pesar del decremento en el ingreso que sufrieron los hogares la calidad de estos no ha decrecido. El acceso a los servicios domiciliarios ha mejorado con algunas brechas entre regiones. En educación han disminuido las tasas de analfabetismo junto con incrementos en la cobertura de la educación primaria y secundaria sobre todo en los ingresos bajos y medios. En materia de salud, el regimen subsidiado se convierte en un importante mecanismo anticíclico.Encuenta de Calidad de Vida, Servicios Sociales, Servicios Públicos domiciliarios

Modelo de dimensionamiento del servicio web hosting dirigido a proveedores de la pequeña y mediana empresa colombiana

Infrastructure resource management and capacity planning of a web hosting service, which consists on assigning shared resources of a computer server to run multiple websites [21], are achieved at a high cost in terms of large-scale high-availability servers. This is carried out by monitoring capacity indicators that reactively establish the capacity needs, or else, by using redundant IT infrastructure, which implies increasing the number of hardware components to ensure service availability. When providing services intended for small- and mediumscale businesses, it is necessary to meet certain availability requirements at low cost. This paper presents research results on the design, development and validation of a capacity optimization model that allows sizing and selecting the best combination of server infrastructure resources (hard disk, RAM and processor) in a web hosting service, intended for small- and medium-scale businesses in Colombia.La administración y dimensionamiento de recursos de infraestructura de un servicio web hosting, que consiste en proveer alojamiento para que una página web funcione correctamente [21], se realiza con un alto costo en servidores de elevado tamaño y disponibilidad, mediante el monitoreo de indicadores del nivel de ocupación de la capacidad que establecen reactivamente necesidades de modificación de la misma, o de otra forma, mediante una infraestructura redundante que significa incrementar el número de componentes para garantizar la disponibilidad del servicio. En un servicio dirigido a pequeñas y medianas empresas, se requiere cumplir ciertos niveles de disponibilidad a bajo costo. El presente artículo contiene los resultados de una investigación acerca del diseño, desarrollo y validación de un modelo de optimización de capacidades para el dimensionamiento y selección de la mejor combinación de recursos de infraestructura  (servidor, disco duro, memoria RAM y procesador) en el servicio web hosting dirigido a PYMES colombianas