Exigibilidad judicial de los derechos económicos, sociales y culturales de la población desplazada : alternativa a la acción de tutela

La presente monografía, busca evidenciar cómo la población desplazada en Colombia, ha buscado hacer efectivos sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales acudiendo, ante la ineficiencia de la Administración, a diferentes acciones constitucionales, principalmente a la acción de tutela, como mecanismo de protección. No obstante, esta acción no parece ser el único instrumento idóneo para garantizar ese tipo de derechos, por lo que al analizar las otras acciones de carácter constitucional, se encuentra que la acción de cumplimiento es un instrumento adecuado para los requerimientos de estos derechos, ya que impone el cumplimiento de los mandatos normativos en los que se consagran las políticas públicas que los desarrollan.Abogado (a)Pregrad

Parámetros y pautas para una adecuada regulación del trámite del recurso de apelación de sentencias en el marco de un proceso civil oral

El legislador colombiano ha concebido la implementación de la oralidad en el proceso judicial como herramienta fructífera para lograr celeridad y descongestión en la administración de justicia. Sin embargo, con la implementación de la oralidad en aras de la celeridad no pueden desconocerse importantes principios procesales que coadyuvan en la realización de los imperiosos fines del proceso como la resolución de controversias y la efectividad del derecho sustancial. La implementación de la oralidad debe respetar los antedichos principios y tener presente su carácter instrumental de cara a los fines del proceso. Este último reto adquiere especial relevancia tratándose del recurso de apelación de sentencias, instituto con sustento constitucional y al que se le asigna el destacado fin de corregir ciertos errores que eventualmente se cometan en el curso del proceso.Colombian legislator intends the implementation of orality in the judicial procedure as a tool to successfully achieve greater efficiency and to relieve the congestion in the administration of justice. However, the implementation of orality should not ignore important procedural principles that achieve the overriding purposes of civil procedure such as the resolution of disputes and the effectiveness of substantive law. The implementation of orality must respect aforementioned procedural principles and comply with its instrumental connection with the purposes of civil procedure. This challenge is particularly relevant regarding the appeal of decisions, an institution with constitutional support assigned with the objective of correcting errors that may be committed during the course of the process