El recargo por declaración extemporánea y el requerimiento previo: un estudio de la doctrina administrativa y la jurisprudencia

The object of the present article is to analyze the doctrine of the Tribunal Económico-Administrativo Central (Central Administrative Tax Court) and the case law regarding the surcharge due in the case of late but spontaneous filing of a tax return and the concept of previous administrative summons, which excludes such spontaneity. The article examines in particular recent administrative rulings and case law concerning the case in which the late filing is a consequence of a tax audit of previous tax periods that did not impose a penalty on the taxpayer, and expresses some criticism on these rulings and court decisions. Finally, the article refers to a proposed rule on this matter contained in the Draft Law for preventing and combatting tax fraud.El objeto del presente trabajo es una exposición de la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central y de la jurisprudencia sobre la aplicación del recargo por declaración fuera de plazo y el concepto de requerimiento previo que excluye la espontaneidad de dicha declaración. El trabajo revisa en especial la nueva doctrina y jurisprudencia relativa al supuesto en que la declaración tardía es consecuencia de una inspección sobre periodos anteriores y la somete a crítica. Concluye con una alusión a la norma sobre esta cuestión incluida en el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal

Derecho administrativo (tributario) y Derecho penal en materia de regularización voluntaria en caso de delito fiscal: (A propósito de la Orden HAC/530/2020, de 3 de junio)

Ministerial Order HAC/530/2020 culminates an evolution by means of which the regularization of the situation of the taxpayer as a cause of exemption from responsibility for tax crimes has come to be governed by rules of both administrative and penal nature. This situation is anomalous, considering that, in the author’s opinion, regularization concerning tax crimes has a different nature from regularization regarding tax administrative contraventions. Consequently, these two types of regularization should be regulated separately by laws according to their respective legal nature. The present law regarding tax regularization is an example of «administrativization» of the criminal law on tax crime, which makes it an instrument of tax collection.La Orden HAC/530/2020 culmina una evolución en virtud de la cual la regularización de la situación fiscal del obligado tributario como causa eximente de la responsabilidad penal por delito fiscal ha pasado a estar regulada en gran parte por normas tributarias, por tanto de carácter administrativo. Esta situación es anómala pues, en opinión del autor, la regularización penal (a efectos del delito) es distinta de la tributaria (relativa a las infracciones administrativas). En consecuencia, estas regularizaciones deben regularse separadamente por normas correspondientes a su respectiva naturaleza. La normativa vigente en materia de regularización es un ejemplo de la «administrativización» del Derecho penal en materia de delito fiscal por la que este se convierte en instrumento de recaudación tributaria

Los «motivos económicos válidos» en el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales

La norma anti-elusión de la Directiva de fusiones, 90/434, permite a los Estados miembros negar la aplicación del régimen especial a las operaciones de reorganización que tengan como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal, y les autoriza para establecer la presunción de que éste es el objetivo de aquellas operaciones que no se efectúen por «motivos económicos válidos». La transposición al Derecho español de esta norma, contenida en el artículo 110.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, recoge en su redacción vigente una alusión a los «motivos económicos válidos» de las operaciones, que presenta, sin embargo, notables variantes respecto a la norma comunitaria. El presente trabajo se propone analizar el significado de ese concepto, a cuyo fin se expone en él la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, contenida fundamentalmente en la sentencia Leur-Bloem de 1997, así como la doctrina judicial norteamericana del business purpose, que constituye el antecedente doctrinal de la noción de «motivos económicos válidos». Se examinan críticamente a continuación las posturas discrepantes sostenidas por los comentaristas sobre la interpretación de la norma interna española y la doctrina formulada por la Dirección General de Tributos en contestaciones a consultas y se analizan finalmente las escasas decisiones judiciales dictadas en relación con esta materia

El modelo legal de retención a cuenta y su ruptura por la jurisprudencia

This article describes in the first place the essential features of the «model of withholding tax» that lies at the base of the legal regulation of this figure, which is characterized by the autonomy of the obligation to deduct the tax from the payment. Subsequently it analyses a recent judicial doctrine that rejects the Administration’s right to require from the payer the unpaid amount of the withholding tax if the taxpayer has deducted from his Income or Corporate Tax only the amount effectively withheld. This doctrine is grounded on the argument that such requirement originates double taxation and consequently an unjust enrichment of the Administration. In the author’s opinion, while this doctrine pragmatically solves a problem caused by the legal system of withholding tax, it nevertheless hardly fits into the law that governs this figure and in addition poses some theoretical and practical questions. In consequence, the author suggests a profound modification of the present withholding tax model.El presente trabajo expone, en primer lugar, los rasgos esenciales del «modelo de retención» en el que se basa la regulación legal de esta figura, caracterizado por la autonomía de la obligación de retener. Analiza seguidamente una reciente doctrina jurisprudencial que niega a la Administración el derecho a exigir al retenedor la cantidad no ingresada cuando el retenido haya autoliquidado su IRPF o IS deduciendo de la cuota únicamente la retención practicada, con el argumento de que tal exigencia produce una doble imposición y el consiguiente enriquecimiento injusto de la Administración. El autor sostiene que esta doctrina, si bien resuelve de manera pragmática un problema ocasionado por el vigente sistema de retención a cuenta, encaja con dificultad en la regulación legal de esta figura y plantea además dificultades teóricas y prácticas. En consecuencia, sugiere una profunda modificación del actual modelo de retención

Non bis in idem y derivación de la responsabilidad por expedición de facturas falsas al sancionado por su utilización: Análisis de la STS de 17 de septiembre de 2020, rec. núm. 325/2019

La Sala sentenciadora se dividió por la mitad acerca de la solución de la cuestión implícita en el título de este comentario: mientras que la mayoría consideró no aplicable el principio non bis in idem, el voto particular señaló algunas especialidades del caso que cuestionan esta solución. La sentencia pone de manifiesto las relaciones que existen entre dicho principio y la teoría penal de los concursos, así como los problemas que plantea la responsabilidad tributaria de naturaleza sancionadora

La declaración previa de operaciones posiblemente constitutivas de elusión fiscal

In the past decade some countries, particularly in the Anglo-Saxon sphere, have developed a new tool against tax avoidance consisting in the obligation to disclose to the Tax Administration certain transactions or schemes whose characteristics make them suspect of being tax avoidance transactions or schemes. The disclosure neither implies nor excludes this quality; its purpose is to provide the Tax Administration with information that will allow a better risk management regarding tax compliance. This new disclosure regime has called the attention of the OECD, which has referred to it in the context first of the so called «co-operative compliance» and later of the fight against «aggressive tax planning» and the BEPS project, in which it is the object of Action 12. The central part of the present paper is dedicated to examine the disclosure regime applied by some countries, with special attention to those of the United States and the United Kingdom, where it is particularly developed. In view of this survey certain considerations are put forward as to the regime’s efficacy and some problems its adoption may face. The discussion draft on BEPS Action 12 submitted by the OECD is examined in an annex.En la última década algunos países, especialmente del ámbito anglosajón, han desarrollado un nuevo instrumento de lucha contra la elusión fiscal consistente en la obligación de declarar a la Administración tributaria determinadas operaciones o esquemas cuyas características las hacen sospechosas de ser elusivas. La declaración no prejuzga ni excluye el carácter elusivo de la operación sino que tiene la finalidad de proporcionar a la Administración una información que le permita una mejor gestión de los riesgos para el cumplimiento de los deberes fiscales. Este nuevo régimen de declaración previa ha llamado la atención de la OCDE, que se ha referido a él primero en el contexto del que denomina «cumplimiento cooperativo» y después de la lucha contra la llamada «planificación fiscal agresiva» y del programa BEPS, en el que dicho régimen es objeto de la Acción 12. La parte central del presente trabajo se dedica a examinar el régimen de declaración previa vigente en algunos países, con especial atención a los de los Estados Unidos y el Reino Unido, en los que se encuentra más desarrollado. A la vista de este examen se formulan algunas consideraciones sobre la eficacia del régimen y algunos problemas que puede plantear su adopción. En un anexo se expone el documento elaborado por la OCDE para el debate público sobre la Acción 12 del programa BEPS

Transparencia Fiscal Internacional y Derecho Europeo: conclusiones del AG en el asunto Cadbury Schweppes

En vista de la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la aplicación de las libertades fundamentales del Derecho comunitario en materia de imposición directa, los comentaristas ya habían advertido de que la transparencia fiscal internacional, como se designa en España a este régimen, era difícilmente compatible con dichas libertades. Sin embargo, recientemente se han publicado las conclusiones del Abogado General en el asunto Cadbury Schweppes, con el que la cuestión se planteó finalmente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y en ellas apunta una flexibilización de dicha jurisprudencia, en la línea iniciada por la sentencia Marks & Spencer. Si, como es muy posible, la sentencia acepta en lo fundamental la propuesta del Abogado General, sentará una nueva doctrina acerca de los límites de la conformidad con el Derecho comunitario de las normas internas para combatir formas específicas de elusión fiscal, cuya importancia excederá con mucho del supuesto concreto de la transparencia fiscal internacional. De aquí el gran interés de estas conclusiones generales incluso para aquellos Estados que, como España, ya han resuelto, en principio, el problema de este régimen por vía legislativa

Algunas consideraciones sobre el principio de seguridad jurídica en la aplicación de las normas tributarias

En tiempos recientes la seguridad jurídica ha tenido un papel especialmente relevante en los debates sobre diversas cuestiones relacionadas con la aplicación del Derecho tributario por la Administración, mientras que los problemas que suscita la creación del Derecho desde esta perspectiva parecen atravesar un periodo relativamente apacible. En el ámbito de la aplicación del Derecho el principio de seguridad jurídica opera a través de subprincipios, especialmente el de confianza legítima, pero también en otros como la prohibición de ir contra los propios actos. A juicio del autor, se ha otorgado en ocasiones un peso excesivo al principio de seguridad jurídica en la argumentación en torno a ciertos problemas originados por la actividad de la Administración tributaria. La causa de ello se encuentra en buena parte en una falta de rigor metodológico en la aplicación del referido principio. En el presente trabajo se exponen algunos ejemplos de invocación insuficientemente fundada de la seguridad jurídica, siempre en opinión del autor, sea por los tribunales sea por la doctrina.2019-2

El concepto catastral de «suelo de naturaleza urbana» y las categorías urbanísticas: la solución judicial de un problema político: Comentario a la STS de 30 de mayo de 2014, rec. núm. 2362/2013

The gradual drifting away of the urban planning legislation from the cadastral legislation concerning the classes of land and their respective valuation has caused that land traditionally classified as building land by the planning legislation and considered urban land by the cadastral legislation is now classified as rural land by the former. Given the great difference between the cadastral valuation of building land as compared with rural land, this different classification has put considerable pressure on the cadastral concept of urban land and as a consequence given rise to considerable litigation. The Supreme Court decision, which is the object of this commentary, was adopted following a special appeal for reversal of the lower court's opinionnot affecting its effects on the case. The court's rulingsolves the problem by declaring the preeminence of the classification according to land planning law. In the author's opinion the court's solution rests on questionable grounds and in reality contains a political decision that should have been adopted by the legislator.El progresivo alejamiento de las normas urbanísticas respecto a las reguladoras del Catastro Inmobiliario sobre la clasificación del suelo y la valoración de cada una de las clases de suelo ha hecho que terrenos calificados, de acuerdo con la terminología urbanística tradicional, como «suelo urbanizable programado», calificados a efectos catastrales como de naturaleza urbana, sean considerados suelo «rural» por la legislación urbanística. Dada la gran diferencia de valoración catastral entre el suelo urbano y el rústico, esa distinta calificación urbanística ha sometido a una elevada presión al concepto catastral de suelo urbano y, en consecuencia, originado numerosos litigios. La sentencia comentada, dictada en un recurso de casación en interés de la ley, ha resuelto el problema, dando prioridad a la calificación urbanística. En opinión del autor esta solución judicial tiene un fundamento jurídico cuestionable y, en realidad, encierra una decisión política que incumbía adoptar al legislador

La aplicación de los convenios de doble imposición a las sociedades personalistas: el informe de la OCDE de 1999

Este artículo pretende esencialmente informar al lector del contenido del reciente e importante informe de la OCDE sobre la aplicación del Modelo de convenio de doble imposición sobre la renta y el patrimonio a las sociedades de personas, una de las cuestiones más difíciles que plantea el Derecho internacional tributario