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    THE POLITICS OF LEGAL REFORM

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    As a result of the emerging market crises of the last decade and a large body of academic research on the influence of investor protection in the development of capital markets and economic growth, there is a growing consensus that reforming the legal infrastructure supporting business should be an important component of reforms in many developing countries. But the consensus is unwieldy, as there are still many forces against reform and little agreement about what constitutes feasible legal reforms. This paper has two parts. In the first, we identify the forces for and against legal reform and review the role these forces play in episodes of reform. In the second, we seek to further our understanding of what constitutes good laws and regulatory mechanisms, and more importantly how to make them enforceable in different countries. If legal reform is to succeed, the commonly advocated principles of corporate governance in the international community must be brought down to the local political and judicial realities. Translating international corporate governance initiatives into clear and enforceable rights for creditors and shareholders that incorporate these constraints will be difficult but necessary. Bankruptcy law and corporate law reform need to be politically feasible and enforceable. Legal reforms should be complemented with carefully drafted judicial reforms, as well as market-based mechanisms that foster a culture of corporate governance.

    La privatización y la reestructuración de la fuerza laboral en todo el mundo

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    (Disponible en idioma inglés únicamente) Los críticos de la privatización sostienen que una reestructuración insuficiente de la fuerza laboral es una inquietud clave y que los gobiernos deberían crear mejores programas de reducción. Ponemos a prueba, empleando datos nuevos de una muestra aleatoria de 400 compañías de todo el mundo, las teorías en pugna acerca del acierto de los programas de reducción y sus repercusiones sobre los precios que pagan los compradores y las políticas de reenganche de los propietarios privados a continuación de una privatización. Nuestros resultados demuestran que los programas de reducción que llevan a cabo los gobiernos antes de una privatización están plagados de problemas de selección adversa. Al controlar la naturaleza endógena, varias políticas de reducción laboral tienen efectos negativos sobre los precios netos de la privatización. A modo de confirmación del argumento a favor de la selección adversa, varios tipos de redimensionamiento voluntario conducen a una mayor frecuencia de reenganche de los mismos trabajadores por parte de los nuevos dueños de la empresa privatizada. Los programas obligatorios basados en la capacitación son el único tipo de programas que guardan algún tipo de relación con precios más elevados y niveles más bajos de reenganche tras la privatización, pero los costos políticos y económicos de esta política pueden hacerla poco práctica. Lo más adecuado con respecto a la reducción laboral antes de una privatización parece ser una decisión moderada de no intervenir.

    The Truth About Privatization in Latin America

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    Privatization is under attack. Criticisms run from corrupt deals to abuse of market power and social welfare losses. We evaluate the empirical record on privatization relying on recent comprehensive studies from Latin America. There are four main results. First, the increased profitability of privatized firms is not explained by sample selection biases. Second, in the quest to identify the sources of increased profitability after privatization, we find little evidence that validates concerns of generalized market power abuses, exploitation of workers and lack of fiscal benefits. Third, the manner in which privatization is carried out matters. Transparency and homogeneity in procedures, speed, and limited restructuring prior to privatization lead to better outcomes and less room for corruption and discretion. Finally, privatization’s success is enhanced by two complementary policies: re-regulation or deregulation of industries previously shielded from competitive forces; and an effective corporate governance framework that facilitates privatized firms’ access to capital at lower costs. Overall, the empirical record shows that privatization leads to increased profitability and productivity, firm restructuring, fiscal benefits, output growth and even quality improvements. Most cases of privatization failure can be linked to poor contract design, opaque processes with heavy state involvement, lack of re-regulation and a poor corporate governance framework.

    Corporate Governance and Firm Value in Mexico

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    The objective of this paper is twofold. On one hand, we undertake an analysis of the recent evolution of capital markets and their effect on the availability of external financing in Mexico in the last two decades. On the other hand, based on a newly assembled firm-level data set on corporate governance and firm performance, we show that better firm-level corporate governance practices are linked to higher valuations, better performance and more dividends disbursed to investors. These results hold after controlling for endogeneity. Overall, the evidence shows that the Mexican legal environment poses serious problems for access to capital.

    Privatización en México

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    (Disponible en idioma inglés únicamente) Durante los últimos 20 años, México ha redefinido el papel del Estado en su economía a través de un vigoroso programa de apertura del comercio, promoción de la eficiencia y reducción del tamaño y alcance del sector propiedad del Estado. La privatización condujo en México a una mejora significativa del desempeño del empresariado y la rentabilidad aumentó 24 puntos porcentuales, acercándose así a niveles comparables a los de las empresas privadas. Como máximo, cabe atribuir un 5% de ese aumento a un aumento de los precios y 31% a traspasos de trabajadores, mientras que el 64% restante representa incrementos de productividad. Hay elementos que indican que la privatización aporta otros beneficios sociales, tales como un mayor acceso a los servicios, que normalmente se producen a continuación de una privatización, y que conduce al mejoramiento de la asistencia social a los consumidores más pobres que compensan con creces cualquier aumento de los precios. Además, un aspecto de la privatización que se suele pasar por alto es el de sus efectos fiscales, en los que el producto de la venta se ve magnificado mediante la reducción de subsidios y el aumento de impuestos, y puede ayudar a pagar deuda o servir de fondos para el gasto social. El programa de privatización de México puede proporcionar una valiosa guía de lo que conviene y no conviene hacer en una privatización: En primer lugar, el proceso de privatización debe diseñarse cuidadosamente y ejecutarse de manera transparente. Hay requisitos especiales, tales como las prohibiciones de inversión extranjera directa o de pagos exclusivamente en efectivo, que conducen a descuentos considerables de los precios de las compañías vendidas, al tiempo que la simplicidad fomenta la competencia y conduce a precios más elevados. Además, un programa transparente puede contribuir a refrenar la tendencia de los políticos de favorecer a sus amigos mediante ajustes de las reglas del juego. En segundo lugar, la reestructuración de las empresas que se hallan en la antesala de su privatización resulta contraproducente para aumentar los precios netos de venta y por lo tanto se debe evitar. Los gobiernos invierten recursos considerables en inversiones políticamente motivadas o en programas de eficiencia que no son valorados por los postores y que rara vez se pueden justificar desde el punto de vista social desde el cual se promueven. Además, los programas de reestructuración alargan considerablemente el proceso de privatización y hacen bajar los precios de venta de las empresas; en el caso de México, cada mes de demora ocasiona una disminución de 2,2% del precio de venta. Por último, en este trabajo se sostiene que es fundamental desregular y volver a regular cuidadosamente a las empresas privatizadas, a fin de asegurar que se comporten adecuadamente, así como para proporcionar un marco de conducción empresarial que permita que las compañías financien sus operaciones sin depender de la ayuda del gobierno.

    Gobierno Corporativo en América Latina

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    Este documento analiza las recientes tendencias del desarrollo institucional de América Latina en relación a la protección del inversionista. A pesar del subdesarrollo de los mercados financieros de la región, hay un movimiento lento hacia reformas legales con la intención de proteger a los inversionistas y hacer que los mercados regionales sean más atractivos para ellos; deficiencias actuales en las instituciones legales de la región generan altos niveles de concentración de propiedad, escaso acceso a financiamiento de capital extranjero y mercado de capital poco activo. La evidencia en este trabajo, basada en la información a nivel de empresa en seis países, muestra que asi como la protección legal para inversionistas, el gobierno corporativo a nivel de empresas está vinculado a disminuir los gastos de capital, mejor valuación, ejecución, y pagos de dividendos. Las firmas pueden compensar por las deficiencias legales de sus países, distinguiéndose a través del mejoramiento de prácticas de gobierno corporativo, asímismo aumentando la transparencia y limitando un potencial conflicto entre los grandes y pequeños accionistas. Adicionalmente, las empresas pueden buscar capital emitiendo ADR`s como lo han hecho en años recientes, aunque esta práctica debilita los mercados locales de capital. Al final, las firmas y los reguladores deben mejorar su estructura de gobierno y protección a los accionistas si quieren alcanzar los estandares mejorados de los países desarrollados,ocasionados por los recientes escándalos en Asia, Europa y Estados Unidos.

    Presencia de la Trinidad en la liturgia según el Vaticano II

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    Privatization and labor force restructuring around the world

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    Some critics of privatization argue that poor labor force restructuring is a key concern and that governments should establish better retrenchment programs. Using new data from a sample of 400 companies in the world, Chong and Lopez-de-Silanes test competing theories about the wisdom of retrenchment programs and theireffect on prices paid by buyers, and rehiring policies by private owners after privatization. The results show that adverse selection plagues retrenchment programs carried out by governments before privatization. Controlling for endogeneity, several labor retrenchment policies yield a negative impact on net privatization prices. In confirmation of the adverse selection argument, various types of voluntary downsizing lead to a higher frequency of rehiring of the same workers by the new private owners. Compulsory skill-based programs are the only type of program that is marginally associated with higher prices and lower rehiring rates after privatization, but the political and economic costs of this policy may make it somewhat impractical. While a qualified non-intervention policy appears to be the safest bet in labor retrenchment before privatization, another one might be to set up a social safety net or labor reallocation program before privatization, and then let the new private owners decide who is redundant and who is not. Setting up the program before privatization may help with the political viability of the process and letting the new owners manage the retrenchment may help avoid adverse selection.Environmental Economics&Policies,Banks&Banking Reform,Labor Policies,Municipal Financial Management,Financial Crisis Management&Restructuring,Banks&Banking Reform,Municipal Financial Management,Environmental Economics&Policies,Financial Crisis Management&Restructuring,Health Economics&Finance

    Opening the Black Box: Internal Capital Markets and Managerial Power

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    We analyze the internal capital markets of a multinational conglomerate to determine whether more powerful unit managers enjoy larger allocations. We use a new dataset of planned and actual allocations to business units to show that, although all unit managers systematically over-budget capital expenditures, more powerful and better connected managers obtain larger shares of cash windfalls and increase investment about 40% more than their less powerful peers. Results survive robustness tests and are not explained by differences in managerial abilities or an endogenous allocation of managers across units. Our findings support bargaining-power theories and provide direct evidence of a source of capital allocation frictions.Internal Capital Markets, Corporate Investment, Capital Budgeting, Managerial Power, Agency, Influence Activities, Corporate Politics
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