La solución del problema retributivo en las sociedades cotizadas

La retribución de los administradores en las sociedades cotizadas es también un problema jurídico: el ordenamiento no ha establecido reglas claras en referencia a quién y cómo determinar lo que deben percibir los consejeros y quién está legitimado para conocer y decidir sobre esa retribución. Se trata de uno de los aspectos en los que el movimiento de buen gobierno corporativo más ha mejorado la práctica empresarial. Los cambios recogidos en los Informes y Códigos españoles a este respecto determinan que la solución pasa por imponer al Consejo de Administración una especial transparencia en la determinación de la retribución de cada uno de sus miembros y en someter esa retribución inicial al conocimiento y votación de la Junta General. Ésta es la línea nuevamente adoptada por el Código Unificado de Buen Gobierno, que va a permitir mitigar el carácter problemático de la retribución. Executive remuneration in stock-listed companies is also a legal problem: there are no clear rules with respect to whom and how retribution of directors should be determined and who is legitimized to know and decide over this remuneration. This is one of the aspects in which the corporate governance movement has been more effective. The main changes established by the Spanish Reports and Codes to this respect have indicated that the solution must be attained through the imposition of a special duty of transparency to the Board on the determination of its remuneration and to subordinate it to the knowledge and vote of shareholders. This is the rationale underlying of the Unified Code of Good Governance, which will definitely improve the problematic character of executive compensation

Grupos de sociedades y deber de lealtad de los administradores (una aproximación a partir de la sentencia del Tribuna Supremo de 11 de diciembre de 2015)

La sentencia de 11 de diciembre de 2015 se ocupa del interés del grupo. Un concepto relevante en el debate sobre los grupos y cuya aplicación inspira la doctrina de las ventajas compensatorias

El Profesor Sánchez Calero y el Derecho Marítimo

Con ocasión de un acto de la Asociación Española de Derecho Marítimo, las páginas que siguen sirvieron para un repaso de la actividad del Profesor Fernando Sánchez Calero en relación con el Derecho Marítimo

Los grupos dependientes de entidades de crédito: una revisión a partir de la ley concursal

Durante el Siglo XX, los principales grupos empresariales españoles tenían como sociedades dominantes a bancos privados. Esta situación mereció alguna respuesta normativa tratando de limitar el poder económico que implicaba el control de esos grupos, así como atenuar los riesgos de conflictos de interés que podían surgir en el seno de esos grupos. Sin embargo, en los últimos años el ordenamiento jurídico ha hecho poco atractivo el mantenimiento de esos grupos bancarios. Así sucedió con las disposiciones dictadas desde el punto de vista de la supervisión. El argumento definitivo para el desmantelamiento de esos grupos ha venido provocado por la entrada en vigor de la Ley Concursal que penaliza al accionista dominante en el concurso de una de sus sociedades filiales. El resultado de ello ha sido la desaparición de esos grupos bancarios, que en algún caso se han visto sustituidos por grupos dominados por cajas de ahorros. In the XXth Century, private banks were the dominant companies of the main Spanish business groups. These circumstances provoked the adoption of certain normative provisions which tried to limit the economic power that could be derived from the control of these groups, and to moderate the risk of conflicts of interest that could appear within them. However, in the last years, the normative system has not been favourable to the maintenance of these bank groups. This can be illustrated by the adoption of different provisions which refer to domain of supervision. The ultimate reason for the dismantling of these groups has been the new Bankruptcy Act which sanctions the controlling shareholders in case of insolvency of any of its subsidiary companies. The main consequence has been the disappearance of these bank groups, which occasionally have been substituted by groups dominated instead by savings banks

La reforma de los deberes de los administradores y su responsabilidad

La Ley 31/2014 ha pretendido una revisión de los principales aspectos del gobierno corporativo. Ese propósito se ha traducido en una profunda revisión de la delimitación normativa de los deberes inherentes al cargo de administrador en una sociedad de capital

La armonización disgregante: La Directiva de OPAS y el principio de neutralización de medidas defensivas

La Directiva de OPAs de 2004 es el resultado de un largo esfuerzo por armonizar estas operaciones. Se trata de favorecer un marco regulador común a los Estados miembros en relación con los aspectos principales de estas operaciones como forma de que todos los accionistas puedan participar en un eventual cambio de control. La Directiva pretendía limitar la utilización de medidas defensivas, que proliferan en los distintos mercados europeos. Con esa finalidad, su artículo 11 introdujo el principio de neutralización de esas medidas, como una especie de ineficacia temporal de las mismas ante la presentación de una OPA. Se trata de una orientación acertada si se quiere fomentar la utilidad de las OPAs como instrumentos de control corporativo. Pero esa orientación se ve debilitada por el régimen opcional que la propia Directiva tolera, de manera que tanto los Estados miembros, como las sociedades cotizadas pueden eludir la neutralización. El trabajo critica ese resultado, examinando los aspectos principales de la neutralización de medidas anti-OPA y de su posible elusión. También se aborda la eventual transposición de la Directiva al ordenamiento español y sus dificultades

El deber del deudor de iniciar el concurso

El trabajo pretende exponer de forma breve una de las principales novedades de la fase inicial del concurso voluntario. En éste, el deudor no sólo puede, sino que debe de iniciar oportunamente. El cumplimiento de ese deber no resulta, sin embargo, sencillo, sobre todo en la insolvencia de sociedades mercantiles. En ésta, la iniciación del concurso se relaciona, y así se apunta en el trabajo, con cuestiones de responsabilidad y de colaboración entre los órganos sociales. Todo ello se fundamenta y parte del conocimiento del estado de insolvencia, inminente o actual, por el deudor o sus administradores y socios.The present paper aims to briefly describe one of the main new features of the initial phase of the voluntary insolvency procedure. At this stage, debtor is not just allowed, but obliged to properly initiate the procedure. However, this obligation is not easy to fulfil, mainly with respect to the insolvency of corporations. In this type of cases, the initiation of the procedure is related to liability and collaboration of the corporate bodies. All this is based and departs from the accurate understanding of the insolvency state, imminent or actual, by the debtor or its managers and partners

Financial swaps, distribution of equity units and preferential parts pursuant to the Supreme Court’s Plenary Case-law

El trabajo analiza determinadas sentencias del Tribunal Supremo en relación con instrumentos financieros de variada difusión en el mercadoThis paper assesses certain judgments issued by the Spanish Supreme Court regarding financial instruments of varied distribution in the market.Depto. de Derecho Mercantil, Financiero y TributarioFac. de DerechoTRUEpu

El presupuesto subjetivo en la Ley Concursal

Una de las novedades más significativas de la Ley Concursal es la unidad de la disciplina concursal. El procedimiento concursal se aplica a todo deudor insolvente. El trabajo aborda de manera breve el contenido del artículo 1.1 de la Ley y los problemas principales que conlleva aplicar el procedimiento concursal a las distintas categorías de deudores personas físicas o jurídicas.Depto. de Derecho Mercantil, Financiero y TributarioFac. de DerechoFALSEpu

La impugnación de las juntas generales inexistentes

La inexistencia de la junta general constituye una causa de nulidad cuya alegación y estimación no estaba exenta de dificultades. Los cambios en el régimen de impugnación de acuerdos facilitan esa declaración