Estructura institucional de la discapacidad en el Estado colombiano

El presente artículo plantea la necesidad de modificar la Estructura Institucional de la Discapacidad en Colombia, ajustándose a los nuevos modelos conceptuales que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.Este nuevo dibujo institucional propone la creación de la Consejería Presidencial de la Discapacidad, el Instituto Nacional de la Discapacidad, Observatorio Nacional de Discapacidad, el Fondo Nacional de la Discapacidad y la Procuraduría Delegada para la Discapacidad. DOI: http://dx.doi.org/10.22518/16578953.11

Estructura institucional de la discapacidad en el Estado colombiano

El presente artículo plantea la necesidad de modificar la Estructura Institucional de la Discapacidad en Colombia, ajustándose a los nuevos modelos conceptuales que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.Este nuevo dibujo institucional propone la creación de la Consejería Presidencial de la Discapacidad, el Instituto Nacional de la Discapacidad, Observatorio Nacional de Discapacidad, el Fondo Nacional de la Discapacidad y la Procuraduría Delegada para la Discapacidad. DOI: http://dx.doi.org/10.22518/16578953.11

Estructura institucional de la discapacidad en el Estado colombiano

El presente artículo plantea la necesidad de modificar la Estructura Institucional de la Discapacidad en Colombia, ajustándose a los nuevos modelos conceptuales que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.Este nuevo dibujo institucional propone la creación de la Consejería Presidencial de la Discapacidad, el Instituto Nacional de la Discapacidad, Observatorio Nacional de Discapacidad, el Fondo Nacional de la Discapacidad y la Procuraduría Delegada para la Discapacidad. DOI: http://dx.doi.org/10.22518/16578953.11

El derecho a la igualdad en nuestro estado social

En esta obra se estudian las implicaciones jurídicas y sociales del modelo de Estado Social de Derecho en Colombia, comprendiendo porqué la Corte Constitucional ha conferido en su jurisprudencia una gran importancia normativa a la adopción de esta fórmula política de Estado. En el Estado Social de Derecho, la igualdad material es determinante como principio fundamental que guía las tareas del Estado con el fin de corregir las desigualdades existentes, promover la inclusión y la participación de todas las personas y garantizar a los grupos en situación de desventaja el goce efectivo de sus derechos sociales fundamentales. El Estado Social de Derecho, los principios de dignidad humana y de solidaridad social, el fin esencial de promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos, deberes y principios constitucionales y el derecho fundamental a la igualdad de oportunidades, han guiado mi labor como doctor en derecho, como director del Grupo en Derechos Humanos de las Casas y como autor de diversas publicaciones, todas ellas de carácter social

La discapacidad desde el horizonte de los derechos humanos

“Locos, furiosos y mentecatos” fueron algunas de las palabras utilizadas por el Código Civil colombiano para hacer alusión a las personas con discapacidad. Durante más de cien años estos términos, que en los tiempos recientes se reconocen como ofensivos, estuvieron de boca en boca sin que alguien levantara su voz en contra. Se necesitó un cambio radical de enfoque y una demanda al Código para que se declarara inconstitucional esta terminología. Demanda U. Rosario(...). No obstante la modificación introducida a “ese conjunto de normas”, en el imaginario social aún resuenan con fuerza las expresiones humillantes, persisten las actitudes que hieren la dignidad de las personas y las acciones violatorias de sus derechos humanos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas con discapacidad representan más de la décima parte de la población colombiana, cerca de 12%, que es el promedio para Latinoamérica. Un proceso sutil, silencioso y tradicional de exclusión social, ha vivido esta población que solamente después de la Constitución de 1991 empezó a recibir protección directa y a sentir que tenía derechos, porque en la Carta de 1886 ni siquiera se hizo mención a ella, y menos a la reivindicación de sus derechos humanos como el derecho al trabajo. En estas circunstancias y bajo la dirección del abogado y doctor en Derechos Humanos, Carlos Parra Dussan, quien logró introducir las modificaciones mencionadas al Código Civil, la Universidad del Rosario y Colciencias desarrollaron el proyecto de investigación “Eficacia de los mecanismos judiciales e institucionales de protección a la población con discapacidad en Colombia”(...)

Desarrollo normativo de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en Colombia

En esta obra se analizan los principales desarrollos legales que ha tenido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Colombia. Se parte del actual Plan Nacional de Desarrollo y la Ley Estatutaria de Discapacidad 1618 de 2013, que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de esta población. Este libro es resultado de investigación del nuevo enfoque de los derechos de las personas con discapacidad. Se desarrollan las obligaciones que tiene el Estado colombiano, basándonos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El autor ha mostrado un gran interés en trabajar la discapacidad desde el enfoque de derechos, habiendo consolidado el compendio normativo colombiano como representante en Colombia ante la ONU para la aprobación de la citada convención y como autor del proyecto de la ley 1618 de 2013

Enfoque de derechos humanos en la política pública de discapacidad

La evolución del concepto de discapacidad ha pasado en los últimos años, de un enfoque biomédico a un enfoque de derechos humanos, éste considera los aspectos individuales de la persona con discapacidad en relación con un contexto social, cultural y físico. Las condiciones de interacción entre el individuo y el contexto, así definido, son las que determinan la magnitud de la discapacidad de un individuo su familia y la sociedad. En el presente artículo, se examinan algunos temas que son objeto de debate, tales como la relación existente entre las políticas públicas de orden nacional y su grado de cumplimiento respecto de los estándares establecidos por la comunidad internacional. Así mismo se evalúa la conveniencia de manejar en el tema concreto de la discapacidad un enfoque orientado hacía la defensa de los derechos humanos y finalmente la recepción de estas tendencias en sede de las instancias locales. Así pues, las realidades del contexto social, económico, político, al igual que los compromisos de carácter internacional adquiridos por Colombia, obligan realizar un esfuerzo de comprensión de las políticas públicas nacionales con las locales, las tendencias mundiales junto al desarrollo, la obligación del cumplimiento de convenios y tratados sobre derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con el propósito de tener una visión más integral en el abordaje y solución a los problemas del sector de la discapacidad que afecta nuestro país. El Plan Nacional de Intervención en Discapacidad está fundamentado en varios elementos conceptuales: tales como concepto de Manejo Social del Riesgo (MSR), teoría económica que fundamenta a su vez el nuevo enfoque de protección social a partir del cual se crea el Ministerio de la Protección Social. En el tema de discapacidad, la discusión se centra por tanto en decidir si la construcción de la política se debe desarrollar con un enfoque de Manejo Social del Riesgo o con un enfoque de Derechos y de Participación Ciudadana más compatible con el esquema anterior al Conpes. De manera sucinta, el enfoque de derechos plantea que los individuos deben reconocerse, asumirse y ser considerados como sujetos de derechos fundamentales inalienables e irrenunciables. El desarrollo está en este sentido orientado hacia los intereses del pueblo, a partir de procesos de gerencia y gestión social en los que las comunidades tienen el poder de determinar los derroteros para su progreso. Se considera que el derecho internacional de los derechos humanos constituye un marco conceptual aceptado por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas en el campo del desarrollo. Del mismo modo se constituye como una guía para la cooperación y la asistencia internacional respecto a las obligaciones de los gobiernos con respecto a las personas con discapacidad. En términos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el país ha suscrito una serie de convenios y tratados internacionales, como la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que obligan al Estado a la adopción de una serie de decisiones políticas, administrativas y jurídicas que permitan la efectiva protección a los derechos humanos de esta población. DOI: http://dx.doi.org/10.22518/16578953.76

Enfoque de derechos humanos en la política pública de discapacidad

La evolución del concepto de discapacidad ha pasado en los últimos años, de un enfoque biomédico a un enfoque de derechos humanos, éste considera los aspectos individuales de la persona con discapacidad en relación con un contexto social, cultural y físico. Las condiciones de interacción entre el individuo y el contexto, así definido, son las que determinan la magnitud de la discapacidad de un individuo su familia y la sociedad. En el presente artículo, se examinan algunos temas que son objeto de debate, tales como la relación existente entre las políticas públicas de orden nacional y su grado de cumplimiento respecto de los estándares establecidos por la comunidad internacional. Así mismo se evalúa la conveniencia de manejar en el tema concreto de la discapacidad un enfoque orientado hacía la defensa de los derechos humanos y finalmente la recepción de estas tendencias en sede de las instancias locales. Así pues, las realidades del contexto social, económico, político, al igual que los compromisos de carácter internacional adquiridos por Colombia, obligan realizar un esfuerzo de comprensión de las políticas públicas nacionales con las locales, las tendencias mundiales junto al desarrollo, la obligación del cumplimiento de convenios y tratados sobre derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con el propósito de tener una visión más integral en el abordaje y solución a los problemas del sector de la discapacidad que afecta nuestro país. El Plan Nacional de Intervención en Discapacidad está fundamentado en varios elementos conceptuales: tales como concepto de Manejo Social del Riesgo (MSR), teoría económica que fundamenta a su vez el nuevo enfoque de protección social a partir del cual se crea el Ministerio de la Protección Social. En el tema de discapacidad, la discusión se centra por tanto en decidir si la construcción de la política se debe desarrollar con un enfoque de Manejo Social del Riesgo o con un enfoque de Derechos y de Participación Ciudadana más compatible con el esquema anterior al Conpes. De manera sucinta, el enfoque de derechos plantea que los individuos deben reconocerse, asumirse y ser considerados como sujetos de derechos fundamentales inalienables e irrenunciables. El desarrollo está en este sentido orientado hacia los intereses del pueblo, a partir de procesos de gerencia y gestión social en los que las comunidades tienen el poder de determinar los derroteros para su progreso. Se considera que el derecho internacional de los derechos humanos constituye un marco conceptual aceptado por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas en el campo del desarrollo. Del mismo modo se constituye como una guía para la cooperación y la asistencia internacional respecto a las obligaciones de los gobiernos con respecto a las personas con discapacidad. En términos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el país ha suscrito una serie de convenios y tratados internacionales, como la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que obligan al Estado a la adopción de una serie de decisiones políticas, administrativas y jurídicas que permitan la efectiva protección a los derechos humanos de esta población. DOI: http://dx.doi.org/10.22518/16578953.76

Estatutos antidiscriminación y su desarrollo en Colombia

Transcurridos más de veinte años desde el enfoque de garantizar la Integración Social de los grupos discriminados, sin poner en cuestión la vigencia de estas normas, se considera necesario impulsar otra tendencia que la complemente y que sirva de renovado impulso a las políticas de equiparación de las personas discriminadas o marginadas. Así, lo primero que deben remover estas normas antidiscriminación es la Discriminación, entendida como toda distinción, exclusión o restricción arbitraria que tenga por objeto o resultado, consciente o inconsciente, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales a una persona o grupos de personas en lo político, económico, laboral, social, religioso, cultural y civil o en cualquier otro ámbito. En esta perspectiva se mueven dos estrategias de intervención relativamente nuevas y que desde orígenes distintos van, sin embargo, convergiendo progresivamente. Se trata de la estrategia de «lucha contra la discriminación» y la de impulsar políticas de acción Afirmativa; por esto se afirma que la no discriminación más las acciones Afirmativas dan como resultado la integración socia

Estatutos antidiscriminación y su desarrollo en Colombia

Transcurridos más de veinte años desde el enfoque de garantizar la Integración Social de los grupos discriminados, sin poner en cuestión la vigencia de estas normas, se considera necesario impulsar otra tendencia que la complemente y que sirva de renovado impulso a las políticas de equiparación de las personas discriminadas o marginadas. Así, lo primero que deben remover estas normas antidiscriminación es la Discriminación, entendida como toda distinción, exclusión o restricción arbitraria que tenga por objeto o resultado, consciente o inconsciente, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales a una persona o grupos de personas en lo político, económico, laboral, social, religioso, cultural y civil o en cualquier otro ámbito. En esta perspectiva se mueven dos estrategias de intervención relativamente nuevas y que desde orígenes distintos van, sin embargo, convergiendo progresivamente. Se trata de la estrategia de «lucha contra la discriminación» y la de impulsar políticas de acción Afirmativa; por esto se afirma que la no discriminación más las acciones Afirmativas dan como resultado la integración social.Twenty years aFter the introduction oF the principle oF social integration oF discriminated groups without questioning the rules that support it, it is necessary to promote another tendency which complements it and motivates the creation oF policies For discriminated or marginalized people leveling.The frst obstacle those rules against discrimination should remove is the concept oF discrimination which identifes it with arbitrary distinction, exclusion or restriction which object or result, conscious or unconscious, is to damage or remove one person or group human rights and Fundamental liberties’ recognition, enjoyment or exercise, in political, labor, social, religious, cultural or civil areas.According with this perspective, there are two relative new intervention strategies that, although having diFFerent origins, have converged progressively. They are the strategy “against discrimination” and the strategy which promotes aFfrmative action policies. Those strategies conjunction, in other words, the union oF policies against discrimination and aFfrmative actions leads to social integration