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Privatización de las cárceles
La crisis que atraviesa el sistema penitenciario constituye una problemática que
requiere urgente solución, sin embargo los gobiernos de turno no han
concretizado obras o propuestas dirigidas a mejorar la situación de los
establecimientos penitenciarios.
La crisis se manifiesta en la sobrepoblación y hacinamiento carcelario, así como
la mala calidad de la infraestructura de las cárceles peruanas. Estos problemas
conllevan a que los servicios brindados a las personas privadas de su libertad no
cumplan con los estándares señalados por la normatividad vigente nacional e
internacional.
Dentro de los establecimientos penitenciarios se manifiestan también constantes
violaciones a los derechos fundamentales de los internos, estas vulneraciones
se deben a la deficiente actividad desempeñada por el Instituto Nacional
Penitenciario, así como por la mala calidad de los servicios brindados que es
producto de la crisis que atraviesa el sistema penitenciario.
Ante el problema que atraviesa el sistema penitenciario se torna necesario
plantear soluciones y/o propuestas de calidad, que permitan mejorar la
administración de los establecimientos penitenciarios, así como hacer prevalecer
los derechos de las personas privadas de su libertad frente a los abusos y
privaciones que padecen.
La privatización de las cárceles constituye una propuesta que ha sido discutida
años atrás en el Perú, sin embargo por temas de coyuntura, presupuestales o de
falta de impulso por parte de los proponentes no se ha llegado a concretizar.
La hipótesis que se plantea esta referida a la viabilidad de la privatización de los
establecimientos penitenciarios, dirigida a conocer que niveles puede conceder a
empresas privadas. Para llegar a ello se analizará la afectación se los derechos
fundamentales dentro de los establecimientos penitenciarios, los problemas de
hacinamiento y sobrepoblación, así como la labor desempeñada por el INPE.
Concluyendo así que la privatización de las cárceles constituye una alternativa
eficaz, que permitirá mejorar las condiciones carcelarias, constituirá una solución
a la crisis penitenciaria actual, así como permitirá invertir mejor el presupuesto
asignado para los establecimientos carcelarios, de forma que estos sean mejor
administrados y los internos se vean beneficiados con ello