Privatización de las cárceles

La crisis que atraviesa el sistema penitenciario constituye una problemática que requiere urgente solución, sin embargo los gobiernos de turno no han concretizado obras o propuestas dirigidas a mejorar la situación de los establecimientos penitenciarios. La crisis se manifiesta en la sobrepoblación y hacinamiento carcelario, así como la mala calidad de la infraestructura de las cárceles peruanas. Estos problemas conllevan a que los servicios brindados a las personas privadas de su libertad no cumplan con los estándares señalados por la normatividad vigente nacional e internacional. Dentro de los establecimientos penitenciarios se manifiestan también constantes violaciones a los derechos fundamentales de los internos, estas vulneraciones se deben a la deficiente actividad desempeñada por el Instituto Nacional Penitenciario, así como por la mala calidad de los servicios brindados que es producto de la crisis que atraviesa el sistema penitenciario. Ante el problema que atraviesa el sistema penitenciario se torna necesario plantear soluciones y/o propuestas de calidad, que permitan mejorar la administración de los establecimientos penitenciarios, así como hacer prevalecer los derechos de las personas privadas de su libertad frente a los abusos y privaciones que padecen. La privatización de las cárceles constituye una propuesta que ha sido discutida años atrás en el Perú, sin embargo por temas de coyuntura, presupuestales o de falta de impulso por parte de los proponentes no se ha llegado a concretizar. La hipótesis que se plantea esta referida a la viabilidad de la privatización de los establecimientos penitenciarios, dirigida a conocer que niveles puede conceder a empresas privadas. Para llegar a ello se analizará la afectación se los derechos fundamentales dentro de los establecimientos penitenciarios, los problemas de hacinamiento y sobrepoblación, así como la labor desempeñada por el INPE. Concluyendo así que la privatización de las cárceles constituye una alternativa eficaz, que permitirá mejorar las condiciones carcelarias, constituirá una solución a la crisis penitenciaria actual, así como permitirá invertir mejor el presupuesto asignado para los establecimientos carcelarios, de forma que estos sean mejor administrados y los internos se vean beneficiados con ello