Los derechos fundamentales en los estados de excepción según el Derecho internacional de los derechos humanos

El objeto de estudio de la presente Tesis doctoral se centra en "Los límites de los derechos fundamentales en los Estados de excepción según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos"(sistema universal y regional europeo e interamericano) Dichos sistemas desarrollan las facultades de suspensión o derogación de derechos, que tienen como fundamento la "estricta necesidad" de superar crisis particularmente graves e insuperables por las vías legales ordinarias, restablecer la normalidad y garantizar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, la vigencia del estado de Derecho y la protección de los Derechos Humanos de la colectividad. El Derecho Internacional convencional de los Derechos Humanos faculta a los estados a suspender temporalmente ciertas obligaciones jurídicas internacionales, pero a su vez les exige cumplir con ciertos principios y disposiciones con el fin de adecuar las medidas excepcionales a lo estrictamente indispensable para el restablecimiento de la normalidad constitucional. La regulación convencional de las facultades de suspensión de derechos de los sistemas universal y regionales, si bien ha alcanzado un desarrollo positivo, no responde en la actualidad a las exigencias de protección de los derechos y garantías fundamentales, por lo que se requiere de una revisión de las normas convencionales y mecanismos de protección internacional

Dinámicas de posconflicto, supuestos para la paz

Desde su fundación, la Universidad Libre se ha concebido como un lugar de paz. No debe olvidarse que fue fundada, en su mayor parte, por liberales que venían de la gran Guerra Civil, o de la “Guerra de los Mil Días”. Por eso puede sostenerse que es, en sí misma, el fruto de un posconflicto. De ahí que, en lo que atañe y concierne con el actual proceso de paz del Presidente Santos, no puede tener otra agenda que la de ser un espacio para el posconflicto, única forma de desarrollar armónicamente su naturaleza y filosofía de servicio social, cuyo principal propósito es el de promover la construcción de una nación en paz, incluyente y con justicia social. Por lo tanto, nuestra alma mater quiere seguir bridándose a la nación, generosamente, como un espacio amplio en donde se traten de modo amplio y profundo, pero pacíficamente, los más complejos asuntos atañederos al posconflicto. Así, ha sido nuestro interés institucional el que nos compromete con el estudio del posconflicto. En ese sentido, más allá de la naturaleza del conflicto armado o de los fenómenos de justicia transicional, del proceso de reparación a las víctimas, de la reinserción de los grupos armados al margen de la ley, que son parte de un escenario de violencia y de los trabajos y dificultades de los diálogos de paz, hay que resaltar que el espíritu de posconflicto al que aludimos tiene que ver con el tratamiento de las causas primarias que dieron origen al conflicto armado en Colombia, es decir: la inequidad social y el cierre de espacios de participación democrática para el pueblo. Consecuencialmente, la lógica del posconflicto debe apuntar a erradicar esas causas primarias que han ensanchado las brechas sociales y han promovido una asimetría radical en diferentes sectores. Asimismo, debe considerarse que posconflicto implica crear las condiciones para que un pueblo educado lidere su propio destino, esto es, se convierta en el agente del cambio social y lidere procesos de desarrollo sostenibles en el tiempo y el espacio. Sobre estas bases, la nación entera ha de saber con certeza que la Universidad Libre está comprometida con el posconflicto desde un plano material para proponer estrategias de superación sostenible de las causas objetivas del conflicto. Desde el mismo momento en que fue dada la buena nueva al país acerca del compromiso entre el Gobierno y las Farc para el inicio del proceso de paz, hemos insistido en la necesidad de que se proyecten con precisión unas adecuadas políticas para la planificación del posconflicto, toda vez que requiere atender asuntos coyunturales y otros de carácter estructural. Entre los asuntos coyunturales que necesitan urgente atención se tiene el tema de las víctimas en todas sus expresiones, para lo cual deberá tenerse en cuenta las violaciones a los derechos fundamentales, a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en el periodo en que padecimos esta guerra fratricida. Y debe considerarse con especial cuidado la transición, para poder acceder a los tiempos de paz que anhelamos, lo que implica una revisión muy sincera del rol del Estado Social de Derecho en los espacios de justicia transicional, valorar la experiencia de los procesos de paz exitosos, puntos que deben estar aherrojados con el cuidadoso estudio de la normatividad nacional y la jurisprudencia internacional; del rol de los tribunales, de las comisiones de la verdad y la reconciliación; el papel de los garantes y de las comisiones de acompañamiento y verificación de los acuerdos de paz. Finalmente, apuntarse a la construcción de un imaginario sobre justicia transicional en donde se clarifiquen los supuestos negativos, los mitos y las realidades. De otra parte, en este espacio de preparación del posconflicto, es menester la construcción de tejido social y la proyección permanente de una agenda para la memoria histórica de los hechos generadores del conflicto que nos garantice el no retorno y la no repetición. Insistir en la verdad tiene el buen sentido de esclarecer el pasado y construir el presente de las víctimas y los victimarios, con lo cual se fortalecerá la institucionalidad de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto a los aspectos estructurales, todos los esfuerzos para recrear el espacio del posconflicto que anhelamos deben enfocarse a los procesos de una nueva democracia participativa, la reconstrucción del ordenamiento territorial, un diseño de políticas de desarrollo y una agenda de gobernabilidad para la buena administración de los recursos y la equitativa distribución de la riqueza que promuevan el despegue de la nación hacia un desarrollo indetenible, modo certero de hacer sostenibles los acuerdos de paz. Por lo tanto, en la hoja de ruta del posconflicto, consideramos imprescindible incluir, en primer lugar, una pedagogía electoral que promueva la participación política de todos los sectores sociales, generando inclusión, seguridad y legitimidad del sistema electoral, en el propósito de erradicar las prácticas corruptas que permanentemente han afectado nuestros procesos electorales. Se requiere el diseño de una cultura de emprendimiento para el desarrollo urbano y rural. Los retos del ordenamiento territorial deben abordar los debates entre la centralización y descentralización como herramientas para fortalecer la labor del Estado Social de Derecho, con lo cual podrán darse condiciones de equidad a todo lo largo de la geografía nacional. Estimamos necesario, de otro lado, enfatizar en el diseño de agendas sostenibles que permitan cubrir aspectos como el acceso, cobertura y calidad de la salud pública, de la educación y la generación de empleo. Una nación educada es la clave para generar ciudadanos competentes en las diferentes áreas de actividad productiva de la nación, puesto que se propiciará la generación de ciencia y tecnología, y de esa manera se impactará positivamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Finalmente, reiteramos la urgente necesidad de promover un discurso sobre la gobernabilidad y confianza en las instituciones democráticas con acciones políticas como la mejor herramienta de concertación para el gobierno, así como para las administraciones regionales y locales. Se tratará de una pedagogía del buen gobierno, que permitirá una nueva relación entre gobernantes y gobernados, lo que seguramente se traducirá en políticas públicas concertadas y promotoras claves de la eficacia de la gestión pública. Con esta obra que publica la Universidad Libre, además de los temas señalados, y los que proponen los diferentes invitados a la Cátedra Gerardo Molina, nuestra institución cumple un compromiso con la nación y desarrolla el propósito institucional de ser pieza clave en la generación de los espacios para el encuentro de los diversos interlocutores que tienen la necesidad y el deber de debatir en medio del conflicto, con lo cual estaremos con seguridad promoviendo un diálogo constructivo en condiciones de igualdad, fraternidad, lo cual resulta del normal ejercicio de las libertades esenciales, que nos permitirán superar las diferencias. Nuestro foro académico, pues, ha querido promover dinámicas que permitan legitimar nuevas opciones de organización social con nuevos discursos y tendencias. Un escenario de paz nos obliga a superar las tensiones, fruto de las divergencias ideológicas y generadoras de conflicto para mirarnos desde los argumentos como contradictores legítimos. Los aportes de diferentes autoridades en temas de paz que presentamos en esta obra, se consideran una pieza esencial en la comprensión de las realidades del conflicto y la superación de sus causas es, en definitiva, el propio espacio del posconflicto. En el texto de doctor Roberto Garretón, se presenta un balance de los aportes que las Comisiones de la Verdad han realizado en posconflicto y posdictaduras, señalando sus esfuerzos por la consecución de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Queremos destacar además, de forma muy especial, el texto del Dr. Alfredo Beltrán Sierra, que trata sobre los medulares temas del llamado “Bloque de Constitucionalidad” y el de los derechos humanos en espacios de guerra y paz; y, sobre todo, del trasegar que tendrá este marco normativo, una vez concluyan los diálogos de La Habana. El Dr. Beltrán Sierra realiza una síntesis histórica de la batalla del hombre de estirpe democrática por la defensa de los derechos humanos, para concluir con la idea de que la educación, como motor de desarrollo y democracia, será la herramienta más eficaz para el logro de la paz. El texto del español Baltazar Garzón sobre los mitos y retos de la justicia transicional, se dirige a una revisión de las implicaciones discursivas y los sentidos desde el lenguaje y los idearios alrededor del concepto de “Justicia Transicional”, para que desde esa realidad discursiva se puedan establecer unos mínimos éticos y legales, dentro de los cuales cada Estado debe operar para alcanzar la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. El doctor Florentín Meléndez acentúa sus comentarios sobre el tema de los Tribunales Internacionales y los aportes de la jurisprudencia internacional del sistema interamericano en materia de derechos humanos, de justicia transicional para la paz y la seguridad, mientras que el texto de la doctora Paula Gaviria centra toda su atención en el tema de las víctimas en diferentes perspectivas que van desde su situación y derechos, hasta el desarrollo normativo y los modelos de asistencia, reparación integral de cara a una nueva institucionalidad en un espacio de posconflicto. En el análisis que hace el Presidente de la Corte Constitucional, doctor Luis Ernesto Vargas, se presenta un balance en clave histórica sobre los fenómenos de desplazamiento forzado de la población civil en escenarios de crisis humanitaria, destacando algunas sentencias de la Corte Constitucional que pueden ser consideradas hoy día como un referente para la jurisprudencia latinoamericana. Como complementario se nos aparece el texto del Dr. Alberto Castillo, en el que contrasta los álgidos temas de la democracia y los procesos de paz, haciendo un recorrido en el tiempo por el concepto de democracia para establecer su relación con la cultura política, la representación, las elites de poder y el tema de la legitimidad de la Paz

Balance de 25 años de jurisprudencia de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional de Colombia ha tenido un importante impacto en la vida social, cultural y política del país, a tal punto que, desde su creación, la jurisprudencia de este tribunal se ha convertido en un referente mundial acerca de las diversas materias sobre las que se ha pronunciado . Este libro presenta un balance de la jurisprudencia que durante sus primeros veinticinco años la Corte ha expedido. Con este fin, el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez y los magistrados auxiliares Miguel Polo Rosero y Claudia Escobar García recogen los trabajos de expertos nacionales e internacionales, funcionarios del Estado y Miembros de la sociedad civil que se presentaron en el XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, realizado en la ciudad de San Juan de Pasto entre el 27 y el 30 de septiembre de 2017. En ese encuentro, se ratificó que la Corte Constitucional tiene la tarea de velar por la integridad de los compromisos de la Constitución. Los capítulos que conforman este libro ofrecen una mirada multidisciplinaria sobre la eficacia y el impacto de las decisiones de la Corte, específicamente en lo que tiene que ver con la democracia y la participación, el sistema de salud, el sistema pensional, el medio ambiente y el fenómeno discriminatorio con la relación al género y a la condición de discapacidad en Colombia.Bogot