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Conflictos socioambientales, derechos de los pueblos indígenas, nativos y comunidades campesinas
Antes de tratar el tema es necesario hacer una serie de precisiones acerca de los conceptos de “pueblo”, “indígenas”, “nativos” y “comunidades campesinas”. Pueblo proviene del latín populus, que tienen varios significados pero para nuestros efectos hace referencia a los habitantes de cierta región, nación o país, estos constituyen una comunidad que comparte una misma cultura. Indígena, es un término relativo a la población originaria de un territorio; pueblo indígena, por lo tanto, está vinculada a una comunidad originaria de una cierta región. En América del Sur, por ejemplo, encontramos a los aymara, los guaraníes, los mapuches, los incas y los aztecas estos fueron pueblos indígenas que existieron e incluso sus descendientes aún existen a lo largo y ancho del territorio americano.
Por lo tanto cuando hablamos de pueblos indígenas nos estamos refiriendo a las sociedades precoloniales, estas poblaciones suelen anteceder al desarrollo del Estado moderno, generalmente regidos por normas legales, políticas, económicas, creencias religiosas y culturales de tipo europeo, producto de la colonización que enfrentaron
EL PERÚ COMO ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y SU AFECTACIÓN POR LA CORRUPCIÓN.
El presente artículo jurídico se realizó utilizando el diseño no experimental descriptivo, y versa sobre la forma como la corrupción afecta al Estado Constitucional de Derecho como garantía de seguridad jurídica.
Este estudio parte de un análisis histórico de la forma como ha evolucionado el estado de derecho y a partir de allí determinar si el Perú es actualmente un Estado Constitucional de Derecho es decir se encuentra actualmente en el último y más moderno estadio evolutivo del estado e iniciando de ello analizar como los detentadores del poder han utilizado el mismo para beneficio personal y lograr fortunas con actos de corrupción atentando contra la seguridad jurídica., es decir sin como la corrupción enquistada desde de la colonia en todos los niveles de la sociedad ha arremetido contra este modelo de estado que tiene como fundamento jurídico el irrestricto respeto a un orden constitucional y legal